En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Nadal explicó que en la actualidad el Real Decreto está propuesto en el Consejo de Estado para su análisis. «Hemos creado el marco para que la decisión de la empresa sea la más adecuada», explicó el secretario de Estado, que recordó que, en todo caso, la decisión «última» corresponde a Nuclenor, la empresa titular de la central burgalesa, participada al 50% por Iberdrola y Endesa.
«No existen motivos para pensar que Garoña no tenga por qué seguir funcionando. Deseamos que la central siga funcionando, pero lo que hace el gobierno es fijar el marco para que sea una realidad«, apostilló.
La central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su licencia de operación, aludiendo razones económicas. Sin embargo, la planta no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba «inasumible».
A la espera del informe sobre Castor
Por otro lado, respecto al almacén subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Vinarós (Castellón), cuya actividad está parada desde el 26 de septiembre a raíz de los seísmos detectados coincidiendo con la inyección de gas en la planta, Nadal reiteró que el Gobierno está esperando al informe definitivo de los técnicos para ver qué acciones hay que tomar a partir de entonces.
A partir de entonces, agregó, se acometerán las medidas necesarias aunque apuntó que «seguramente los informes no consigan responder a las preguntas que tenemos planteadas», advirtió.
En cualquier caso, el secretario de Estado de Energía coincidió con la postura manifestada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al insistir que Castor no reanudará su actividad «hasta que exista un 100 por 100 de seguridad». «Vamos a seguir los criterios que nos den los técnicos sobre seguridad de la planta y su impacto sobre las formaciones de la zona» antes de afrontar cualquier decisión, concluyó.
ICV pide a Soria dé cuenta del «despropósito» de reabrir Garoña
Por su parte, la portavoz de Energía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Laia Ortiz, registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria para que dé cuenta en sede parlamentaria sobre su decisión de permitir la reapertura de la central nuclear burgalesa, que fue cerrada el pasado mes de junio.
La diputada catalana criticó la decisión del Ejecutivo, y señaló que es imperativo que Soria dé explicaciones ante la Cámara Baja sobre la reforma legal que planea, que «parece está siendo redactada al dictado de los grupos empresariales más poderosos de este país, en lugar de hacerlo al servicio de los ciudadanos».
«El Gobierno pone el Boletín Oficial del Estado (BOE) al servicio de las grandes compañías eléctricas y en contra de la seguridad de la ciudadanía», acusó la diputada de ICV, para quien «éste no es más que el último despropósito de un ministro que no está a la altura de su responsabilidad, que basa su actuación en ponerse a disposición de los poderosos y al que no le importa desoír a la ciudadanía y desautorizar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».
Los ecologistas critican el «empecinamiento» del Gobierno en reabrir Garoña
También, el portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, afirmó que, «de tapadillo», el Gobierno pretende reformar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, «que es la piedra angular de la seguridad nuclear española».
Castejón consideró «inadmisible» este cambio legal y aseguró que el Gobierno hará «un gravísimo daño a la seguridad nuclear» si finalmente aprueba el real decreto.
No obstante, Castejón auguró que Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, no reabrirá la central nuclear salvo que el Gobierno le garantice que puede invertir unos 150 millones de euros hasta 2019, si bien, a su modo de ver, «no hay ninguna garantía de que pueda recuperar esas inversiones». «No pensamos que a Nuclenor le dé por reabrir Garoña en esas condiciones porque no le interesó anteriormente», añadió.
Por su parte, el coordinador de la Campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, José Luis García, consideró «vergonzoso» que el Gobierno pretende «forzar algo absurdo y, además, imposible» como es, a su juicio, reabrir la central nuclear de Garoña.
«El empecinamiento en que esté abierta obedece a una hipótesis ideológica del Gobierno a favor de la energía nuclear, ya que esta central está fuera de juego y estamos en una situación de sobrecapacidad total, es decir, hay más del doble de potencia instalada que nunca se ha llegado a utilizar y ahora, con la crisis, menos todavía», explicó.
