No obstante, el Gobierno japonés apostará de manera paralela y «en mayor cantidad» por las energías renovables, recalcó Satoh durante un desayuno informativo celebrado en Madrid.

El consumo energético de Japón proviene en un 30% de las centrales nucleares, en un 60% de las energías convencionales –gas natural, petróleo y carbón– y en un 10% de las renovables, principalmente de la energía hidráulica.

Desde el desastre de la central nuclear de Fukushima, los 50 reactores nucleares de Japón permanecieron apagados en diversas ocasiones para poder proceder a las tareas de evaluación de seguridad. «Ahora, ese 30% procedente de la nuclear proviene de las energías convencionales y eso cuesta mucho dinero», aseguró.

«La importación de hidrocarburos está costando casi 22.000 millones de euros anuales», aseguró el embajador. «No se puede sostener (económicamente) un sistema con estas instalaciones sin utilizar», añadió. «Japón no va a abandonar el uso de energía nuclear (…) pero apostará paralelamente y en mayor cantidad por las energías renovables», ha concluyó el embajador.

El debate de la energía nuclear cobró importancia tras el terremoto y el tsunami de 2011. A pesar de que la central Fukushima estaba preparada para un terremoto ya que Japón se asienta sobre una falla, no lo estaba para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

Poco antes de las elecciones de 2012, que ascendieron al Partido Liberal Democrático de Shinzo Abe al poder, el ex primer ministro Yoshihiko Noda incluyó entre sus promesas electorales eliminar la dependencia de las nucleares para 2030. Su predecesor, Naoto Kan, propuso que para 2020 el porcentaje de la energía que procede de las renovables pasara del 10% al 20%.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, remarcó que la decisión de cerrar temporalmente la planta correspondió a los titulares de la empresa (Nuclenor), en base a una «estimación errónea» sobre la «repercusión negativa» que a su juicio iba a tener el nuevo impuesto sobre el combustible que entró en vigor en 2013.

«Hoy en día los dueños han estimado que el impacto no es el que estimaban. Ha cambiado su perspectiva y han sugerido la opción de reabrirla«, indicó Hernando.

Según insistió el dirigente popular, la energía nuclear es «barata» y, dada la época de crisis económica, «hay que encender la bombilla de las industrias todos los días», frente al modelo diseñado por los socialistas que ha hecho que, mientras que en 2004 la tarifa de la luz era de las «más baratas de la Unión Europea», en la actualidad la española sea de las «más caras».

«Me parecen muy bien estas cuestiones ideológicas, pero desgraciadamente la economía se mueve con energía y tiene que ser barata. Hicieron experimentos para energía para ricos y este país no se lo puede permitir si queremos salir de la crisis», subrayó en crítica al PSOE.

Por otro lado, puntualizó que la central burgalesa genera 300 empleos, 471 indirectos, y cuesta 190 millones de euros, mientras que la energía fotovoltaica supone un gasto de 2.755 millones de euros.

Desde el PSOE, Jesús Caldera criticó que si se reabre Garoña y se prolonga la vida de las centrales a los 60 años, como así anunció el Ejecutivo que está estudiando, supondría una decisión «controvertida», a la par que «un freno» al futuro desarrollo de las renovables.

Es más, sostuvo que la construcción de nuevas centrales «no es rentable», su seguridad no se puede garantizar, como se vio tras el accidente nuclear de Fukushima, además de que su aportación al mix energético es «inferior» al de las renovables, que son energías «limpias, sostenibles y que generan más empleo».

En este punto, precisó que las energías limpias pueden suponer hasta 370.000 puestos de trabajo indirectos, mientras que el parque nuclear ofrece 10.000 puestos de trabajo.

«Reabrir Garoña supone un riesgo importante y ningún beneficio. Supone el 1,5% de la energía de España. No va a bajar el recibo eléctrico de los consumidores. Está ya amortizada, igual que las centrales restantes de España», subrayó, al mismo tiempo que avisó de que la nuclear tampoco es una alternativa dada la escasez del uranio, el combustible que se utiliza en esta energía.

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural, subrayó que la central atómica está «obsoleta», está «amortizada», aporta «poquísimo» al mix energético y aumenta los riesgos con reactores similares al del accidente de Fukushima. Con todo ello, exigió que «se eche doble llave al sepulcro de Garoña».

Por parte de Amaiur (Grupo Mixto), Xabier Mikel Errekondo criticó la actitud «irresponsable» del Gobierno al reabrir la instalación atómica, mientras que potencias como Alemania o Japón están dando la espalda a la energía nuclear, tras el desastre de Fukushima.

«Garoña es innecesaria. Su aportación es irrisoria y no tiene sentido energético, además de un obstáculo para la generación de miles de puestos de trabajo y el desarrollo de las renovables. No es barata porque hay que añadir el gasto del tratamiento de los residuos radioactivos, intratables aún», subrayó.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reiteró que es un «auténtico riesgo innecesario» reabrir la central «más antigua» de España, que fue programada para 25 años, superados «con creces» dado que ha funcionado 41 años y que se está planteando su reapertura hasta los 60 años de actividad.

«Por ello, la urgente necesidad de que el ministro venga», remarcó, al mismo tiempo que subrayó que reabrirla conllevaría una inversión «muy importante, de hasta 150 millones euros» para llegar a las condiciones de seguridad establecidas por Europa tras Fukushima, y para dar un rendimiento «similar a la de una luciérnaga», puesto que su producción está asegurada por otras vías y es «escasa» frente al reparto del mix energético.

Por último, Toni Cantó, de UPyD, estimó que sí debería comparecer Soria porque hay que hablar del coste de la factura eléctrica que está afectando a la generación de empleo de España, un debate en el que se aporten alternativas cuando las energías renovables no pueden aportar energía «ante la falta de sol o de aire».

Durante el Foro de la Nueva Energía, organizado por Nueva Economía Fórum, Gil Ortega dijo que Enresa ya inició los trámites con el ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) y la Junta de Andalucía para solicitar los permisos para construir otras 28 celdas, es decir otras tantas como las actuales, que están ocupadas al 70% de su capacidad.

Así, precisó que las 28 celdas de residuos de media actividad son las que se duplicarán y que el espacio para los residuos de baja actividad, que alberga la celda 29, también serán ampliados próximamente, ya que se iniciará la celda 30 entre los meses de abril y mayo de este año.

Según añadió, el Cabril asume el 80% del desmantelamiento de las centrales y otro 20% de otras actividades generadas en España, para lo que dispone de una capacidad de 50.000 metros cúbicos, de los que ya están ocupados 30.000.

Gil-Ortega explicó que estos residuos van acondicionados en bidones de 120 litros, que se introducen en contenedores fabricados en El Cabril, y a su vez en celdas de almacenamiento definitivo, con una capacidad de alrededor de 5.760 barriles de 220 litros cada uno.

Asimismo, aseguró que España tiene resuelta «totalmente» la gestión de los residuos de baja y media actividad, mientras que «no podemos decir lo mismo en aquellos de alta actividad», por lo que abogó por la necesidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

«Es una instalación pasiva, no es una instalación nuclear, no sufre reacciones en su interior, sólo emite calor, no hay ningún riesgo de situarlo en Villar de Cañas ni en ningún sitio de España», apostilló.

Por ello, Gil Ortega defendió la idoneidad de los terrenos elegidos en el municipio conquense, puesto que «reúne todas las condiciones de suelo, arcilla y arenisca», y de los beneficios sociales y económicos que supondrá para el entorno el futuro ATC. De hecho, apuntó que Villar de Cañas creció en 2013 un 15%, lo que aventura la nueva etapa que está por llegar, una vez que el ATC comience su construcción.

Así, dijo que el emplazamiento, de 54 hectáreas, se empezó a vallar este mismo lunes, con el objetivo de cumplir plazos y que los primeros residuos nucleares puedan empezar a almacenarse para los próximos 60 años en el primer trimestre de 2018. «Contar con un ATC es imprescindible y urgente si se quiere hacer sitio para que las centrales nucleares actuales sigan funcionando», apostilló.

En este contexto, manifestó que la ubicación dependió de la decisión del Gobierno de España y manifestó que la instalación debe hacerse con el mayor consenso y transparencia, así como con una política de puertas abiertas, como ocurre en El Cabril, donde los cordobeses pudieron comprobar que la radiactividad ambiental actual es «idéntica» a la que había antes de construir el almacén, tras 900 muestras al aire, agua, animales y peces.

«No ocurre nada en El Cabril que no lo sepa inmediatamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Industria», puesto que «si pasara algo habría sospecha», dijo

Respecto a la pedagogía e información a los ciudadanos en materia nuclear, aseveró que se está haciendo un «esfuerzo fundamental», y que las actuaciones en materia nuclear «no se pueden hacer si la sociedad no está bien informada». Por ello, consideró que el rechazo inicial que ocasionó el ATC, «se volverá colaboración social si las cosas se hacen con puertas abiertas y transparencia».

En cuanto a las protestas de los colectivos ecologistas, opinó que «pueden manifestarse como quieran», pero «deben dar una solución a los residuos radiactivos».

Ampliar la vida de las nucleares a 50 o 60 años

El presidente de Enresa aseguró que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «está pensando en prolongar» la vida de las instalaciones nucleares de los 40 años actuales a «50 ó 60 años», en la línea de otros países como Estados Unidos que podrían ampliar el periodo hasta los «70 u 80 años» de actividad, tal y como apuntó hace unos meses el ministro del ramo, José Manuel Soria.

Gil Ortega consideró que puesto que los residuos radiactivos son «una realidad» es preciso tratarlos de una forma «segura y eficaz». «Todos los españoles hemos generado residuos radiactivos» y ahora «es nuestro deber darles solución», aseguró.

Además, también recordó que el ATC no es cementerio, porque no es definitivo, sino un almacén casi en superficie que tendrá una altura de 25 metros más una chimenea de unos 23 metros por la que saldrá aire y en el que se guardarán los residuos y el combustible de las plantas atómicas españolas durante al menos los próximos 60 años, para posteriormente ser trasladados a un Almacén Geológico Profundo (AGP), para cuya finalización «quizá hagan falta 50 años».

En este sentido, adelantó que durante 10 años Enresa realizó sus propios trabajos de investigación para conocer distintos emplazamientos posibles en el territorio y que no quiso desvelar antes de dárselos a conocer al Gobierno cuando éste se lo solicite. En todo caso, consideró que será una decisión de Estado que habrá que tomar en los próximos 50 años o 60 años.

Vandellós I y Garoña

Por otro lado, sobre los residuos de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), alojados en la actualidad en Francia, dijo que tendrán que volver a España a mediados de 2017, para lo que junto al futuro ATC, se buscó una solución de cara a ese medio año de antelación al inicio de su funcionamiento.

Concretamente, explicó que las 1.000 toneladas de residuos de Vandellós I que se enviaron a reprocesar a Francia, una operación que ha tenido un coste de 600 euros, debían haber regresado en 2011 y, por ello, Francia puso una especie de multa de 65.000 euros a España por cada día de demora. Entonces, según añadió, se debían traer 14 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 670 metros cúbicos de baja y media actividad en 90 transportes por carretera.

Sin embargo, en 2012, recién llegado a la presidencia de Enresa, se aprobó un proyecto para reducir este volumen, por un importe de 194 millones de euros. De este modo, se devolverán a España 14 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 37 metros cúbicos de media y baja actividad en dos o tres transportes por carretera. «Dejarlos allí este tiempo tal cual estaban costaba 200 millones de euros y con esta operación ya no estamos pagando los 65.000 euros diarios», justificó.

Gil Ortega resumió que, en total los residuos de Vandellós habrán costado a España 800 millones de euros, que «es más de lo que cuesta construir el ATC». Sobre el traslado, dijo que Francia los llevará hasta la frontera y desde ahí llegarán al ATC por carretera. Son tres transportes en contenedores seguros y defendió la experiencia de Enresa en esta operación.

Sobre la posible reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos), Gil-Ortega reconoció tener «incertidumbre de ver qué va a ocurrir», aunque defendió la «obligación» y las «ganas» de un plan al respecto.

«Estamos hablando con los dueños de Garoña desde hace bastante tiempo por si no entra en funcionamiento saber qué hacemos», aclaró, puesto que «el combustible en piscinas hay que sacarlo» a pesar de que «en cualquier caso el desmantelamiento no empezaría hasta dentro de tres años».

No obstante, Gil-Ortega destacó que aunque desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «han puesto el mercado adecuado» con respecto a Garoña, «otra cosa es que los empresarios lo vean».