Tras la aprobación, en el último Consejo de Ministros, del Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) para establecer la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación antes del 6 de julio y siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, Villanueva desveló que mantuvo una reunión con responsables de Nuclenor, la empresa que gestiona las instalaciones.

A «Nuclenor le corresponde la decisión para que puedan tramitar las autorizaciones correspondientes a lo largo de 2014 para poder abrir en 2015. Están trabajándolo», precisó el consejero de Economía en declaraciones a los periodistas.

El titular de Economía castellanoleonés vio de manera «positiva» la decisión del Gobierno de España, porque «siempre» ha considerado que el cierre de Garoña correspondió a una decisión «errónea» y «equivocada», sobre todo, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la calificó de «plenamente segura».

Villanueva, que visitó en Arévalo (Ávila) las instalaciones de la empresa Plastic Omnium, dedicadas a la fabricación de componentes para automóviles, confió en que la modificación del reglamento permita «corregir aquel error» y que la central esté en explotación «en 2015».

Asimismo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, celebró el cambio que aprecia en la postura del Gobierno respecto a Garoña.

«Este cambio puede indicar que se trabaja no sólo en la línea energética, sino también en el mantenimiento de los puestos de trabajo ligados a la central nuclear», declaró a los periodistas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Silván afirmó que Garoña es «un elemento esencial en el mix energético de España» y que Castilla y León «siempre ha apostado por ella», no sólo por la cuestión energética sino, «muy especialmente, por el mantenimiento de los puestos de trabajo». «Tenemos una obligación, una responsabilidad y un compromiso», subrayó.

«Únicamente se referiría a la capacidad volumétrica de su instalación, nunca a la capacidad radiactiva», ha respondido el ministro a la pregunta del senador del grupo mixto José Manuel Mariscal respecto a los planes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y el Gobierno para el futuro del «cementerio nuclear» de El Cabril.

Así, Soria ha recordado que el almacén situado en Hornachuelos (Córdoba) es la única instalación en España para el «almacenamiento definitivo» de residuos de baja y media actividad procedentes de las centrales nucleares «pero también» los resultantes de las actividades de la medicina, la investigación o la industria, como el reciclado de metales.

Además, ha afirmado que ENRESA está «evaluando las necesidades de celda» para los residuos de baja y media actividad y ha añadido que el Ministerio actuará «siempre» conforme a los criterios que marque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En este contexto, cabe recordar que cuando se autorizó la construcción del almacén de El Cabril se diseñó teniendo en cuenta los residuos radiactivos de estas características que se preveía producir en el parque atómico español considerando una vida de 40 años de actividad en cada una de ellas, y el resto de residuos radiactivos no procedentes de las centrales.

En este sentido, el ministro considera que «la modificación que se está planteando debería ser autorizada» por el Ministerio de Industria, siempre previo informe del CSN y ha precisado que «únicamente» se referiría a la capacidad volumétrica de su instalación y nunca a la capacidad radiactiva.

Por su parte, el senador Mariscal le ha advertido de que su respuesta es la «típica» de un gobernante a punto de tomar una decisión «grave» como sería, a su juicio, ampliar el «cementerio nuclear» de El Cabril. Por ello, le ha reclamado que explique lo que tiene previsto hacer el Gobierno y si esta posible ampliación se enmarca en la posibilidad de ampliar la vida útil de las centrales de 40 a 50 ó 60 años.

Además, ha culpado al «dictador Franco» de llevar a Andalucía la «basura nuclear» y ha defendido que esta comunidad autónoma ya ha cumplido «sobradamente» en solidaridad con el resto del país en materia nuclear, al tiempo que ha recordado que las compensaciones económicas de 2014 aún no han llegado. Para el senador, la solución es cerrar El Cabril.

Al mismo tiempo ha denunciado que en España es el oligopolio eléctrico nuclear el que ordena y el ministro obedece. A esta acusación, Soria ha respondido que supone que el senador no se referirá al impuesto al almacenamiento de residuos nucleares; al cambio del sistema de precios por el que se prescinde de la subasta y ha conminado al senador del grupo mixto a preguntar a las empresas eléctricas su valoración de estas medidas.

En todo caso, Soria ha reiterado que la postura del Gobierno será «partidario» de ampliar la vida útil de las centrales nucleares mientras el CSN determine que las condiciones de seguridad nuclear son las precisas aunque si determina lo contrario también respetará su posición.

«El equipo de la OIEA cree que es necesario encontrar soluciones sostenibles al problema de la gestión de las aguas contaminadas. Lo que requiere considerar todas las opciones, incluida la posible reanudación de los vertidos controlados al mar«, apuntó el organismo en un informe enviado a las autoridades de Japón

El agua usada para enfriar los rectores de la central pueden contener tritio, el único isótopo radiactivo que hasta ahora no se está eliminando al tratar el agua, pero el informe de la OIEA aseguró que su capacidad contaminante tras ser arrojada al mar es «casi insignificante».

El informe fue elaborado tras la segunda visita a Japón de un equipo de este organismo encabezada por el español Juan Carlos Lentijo que, durante diez días, el pasado noviembre revisó la planta y zonas afectadas por el accidente de 2011.

La misión del OIEA, formada por 19 miembros, se centró en analizar los avances en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, golpeada por un terremoto y un tsunami.

En su informe, Lentijo alabó la «buena estrategia» de Japón pero advirtió de que «la situación aún es muy compleja, y se seguirán presentando problemas difíciles que deben resolverse para asegurar la estabilidad de la planta a largo plazo».

Unos 1.000 tanques en las instalaciones de Fukushima almacenan el agua contaminada con la que se enfrían los reactores en el largo y complicado proceso de desmantelamiento de la central. Algunos de estos tanques sufrieron fugas graves, como las que se detectaron el pasado verano, cuando se filtraron 300 toneladas de líquido muy radiactivo, parte del cual fue a parar al mar.

El Gobierno estimó que el volumen de agua contaminada almacenada en depósitos alcanzará en el futuro las 800.000 toneladas. Controlar las fugas en esas cisternas y también del líquido contaminado que se acumula en los sótanos de los reactores supone el principal desafío para los 3.500 técnicos que trabajan en la planta.