Así, el responsable nuclear de la OCDE consideró que la mayoría de los Estados siguen teniendo en cuenta el programa nuclear y «poco a poco» se está retomando esta energía, «tras la pausa» causada por accidente.

Echávarri explicó que aún se continúan refrigerando los reactores, cuya temperatura bajó notablemente, y que tres años después del accidente hay «cierto sentimiento» de que los reactores están «a buen nivel de control» por lo que la mayor preocupación aún sigue siendo el control del agua radiactiva.

En este contexto, manifestó que el impacto actual en la salud pública es «mínimo» y apuntó que 3.000 personas trabajan en la planta a diario para tratar de avanzar en la descontaminación y el desescombro.

Respecto a informaciones que señalan que personas de bajos recursos e indigentes son quienes realizan las tareas más peligrosas, Echávarri estimó que estas afirmaciones son «extrañísimas» porque, tras visitar la central, explicó que cada persona lleva un dosímetro y son labores «muy especializadas que no puede realizar cualquiera». En todo caso, dijo que no sabe lo que sucede en todos los pueblos de la zona.

En cuanto al florecimiento de programas nucleares en varios países que se vivía hasta el momento de este accidente «grave e importantísimo», reconoció que había un «gran interés» que llevó a «repensar» pero «poco a poco, la mayor parte de los Estados asimiló el accidente y está retomando sus planes».

De hecho, Echávarri apuntó que, de los reactores que operaban hace tres años, «solo se pararon dos reactores en Japón por razones de seguridad», mientras que el resto continúan y otros pararon por razones políticas, a pesar de que no había necesidad inmediata de clausura.

Asimismo, recordó que en esa fecha había 65 centrales en construcción en todo el mundo mientras en la actualidad hay 71 plantas en marcha. «Ha habido una pausa en las nuevas construcciones. Pero tres años después y con nuevos criterios de seguridad hay interés en mantener los reactores existentes y en nuevas plantas«, manifestó.

Sin embargo, más allá del accidente, el responsable nuclear de la OCDE estimó que el factor Fukushima se está empezando a superar y ahora «el gran obstáculo» son la crisis económica y la falta de crecimiento de demanda eléctrica provocada por esta y las condiciones para los inversores, que ven nuevas oportunidades en otras alternativas como el fracking.

En este sentido, señaló que Asia es el continente con mayor número de reactores en construcción, con China a la cabeza, ya que en este país se alzan 31 plantas, casi la mitad de las que están en construcción en este momento en el mundo.

Además, Echávarri destacó que España participó en la evaluación en profundidad de Fukushima y de su parque atómico. Igualmente, agregó que la concatenación de circunstancias que acaecieron en el accidente de Japón «no tienen una cierta realidad en España» y, a pesar de ello, se incorporaron algunas mejoras adicionales de seguridad.

Por este motivo, manifestó que «las centrales españolas están en la mejor posición para extender su vida útil», como en Estados Unidos, donde podrán operar hasta 60 años. «Es una alternativa muy factible y atractiva en España. Pero en base a los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», valoró.

En concreto, sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) dijo que se trata de un caso «muy especial» con más de 40 años de operación y en una situación de cambios de normativa importantes para el rendimiento económico.

De este modo, recordó que para una central atómica necesita que el propietario vea «atractivo» producir electricidad y que tenga todos los permisos del CSN. Así, Echávarri apuntó que tras las condiciones en que se debe operar hubo varios cambios en la retribución e impuestos que llevaron al titular a pensar en que quizá «no sea tan interesante».

En todo caso, opinó que «lo importante» es que si Garoña vuelve a operar sea «bajo el control riguroso del CSN y de las condiciones de sus técnicos».

Finalmente, defendió la energía nuclear como una electricidad de base «fundamental» que no compite con las renovables, sino con el gas y el carbón y que, a diferencia de estas no emite CO2, algo «fundamental para evitar el cambio climático».

Los ecologistas califican la situación en Fukushima de «catastrófica»

Por su parte, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideraron que la situación en la central nuclear de Fukushima y en su entorno, es «catastrófica», tres años después del accidente que sufrió la planta a raíz del tsunami que siguió a un terremoto de 9 grados de magnitud.

En este sentido, manifestaron que, a pesar del tiempo transcurrido y de que Japón es una potencia tecnológica, la situación en Fukushima «sigue siendo catastrófica» se siguen produciendo sucesos nucleares como fugas de agua radiactiva, que están llegando al agua y al suelo y en la zona hay una radiación de 1 sievert a la hora, lo que significa que si alguien entra en contacto con ese agua moriría en pocas horas.

En cuanto a la situación de la población, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, manifestó que esta es la tarea de descontaminación más grande de toda la historia porque se está tratando de limpiar un área enorme de todos los radioisótopos, mientras que unas 52.000 personas siguen viviendo fuera de sus casas, en viviendas prefabricadas y que los niños de las poblaciones cercanas tienen limitado el tiempo de juego al aire libre, lo que influye en su salud física y psíquica.

Además, estimó que «lo peor de lo que queda por delante» es el desmantelamiento de la planta, ya que no hay precedentes de desmontaje en reactores total o parcialmente fundidos, como es el caso de los reactores 1, 2 y 3. Hasta ahora, los precedentes en esta situación se cubrieron con un sarcófago, como en el caso de Chernóbil (Ucrania), o se sellaron con hormigón, como en el caso de Three Miles Island (Estados Unidos). En este caso no es uno reactor, sino tres y el recinto es bastante mayor.

De este modo, Castejón consideró que aún faltan dos o tres años para que la descontaminación sea efectiva y los niveles de radiación puedan estar por debajo de lo permitido y la población pueda volver a sus casas. En todo caso, añadió que en un radio de tres kilómetros de radio de la planta atómica seguirá siendo inhabitable durante

Asimismo, aún se deberá seguir inyectando agua de mar para mantener los reactores fríos porque el accidente aún sigue sin controlar. El recinto de la central, de tres kilómetros de radio, va a resultar inhabitable durante miles de años. Así, puso de ejemplo que en España hay municipios situados a menos de tres kilómetros de centrales nucleares, como en Trillo (Guadalajara).

De este modo, el portavoz ecologista concluyó que después de cada accidente se extraen conclusiones y se aplican lecciones, pero «siempre habrá algo que se escape al conocimiento y las consecuencias son catastróficas». Además, recordó que en Fukushima el iniciador del accidente fue el tsunami, un suceso externo, lo que demuestra que, por mucho que se controle la central, no es posible el control absoluto.

Tras el accidente, según recordó algunos países «se empeñaron» en mantener sus programas nucleares y otros cerraron sus plantas o las cerrarán progresivamente. Sin embargo, Finlandia sigue adelante con la construcción de su quinto reactor, Francia mantiene todas sus empresas y Reino Unido está planificando una nueva central.

Respecto a España, lamentó que el Gobierno se empeñe «más que los dueños» en reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y criticó que el Gobierno haya legislado varias veces para intentar que Garoña vuelva a operar, lo que significa que el Ejecutivo está «legislando a la medida de una empresa privada».

Por su parte, la responsable del programa de energía y cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, aseguró que «las cosas están igual o peor» porque las víctimas llevan «tres años abandonadas en el limbo» y sigue habiendo 30.000 personas habitando viviendas «provisionales» de dos habitaciones.

Asimismo, lamentó que la población no está cobrando unas indemnizaciones que, por otro lado, son insuficientes y no volverán a sus casas por mucho que el Gobierno que es seguro, ya que no se fían de sus mediciones.

En este contexto, calificó de «escandaloso» que los fabricantes de componentes y equipos nucleares sigan sin tener responsabilidad civil ante cualquier tipo de fallo o accidente y que la legislación señale que no se puede reclamar de un país a otro, de acuerdo con el Convenio sobre indemnización suplementaria por daños nucleares.

Respecto a las pruebas de resistencia efectuadas en el parque atómico español tras el accidente en el país nipón, se calculó que las plantas francesas deberán invertir unos 50.000 millones de euros para adaptarse a los nuevos requerimientos de los estrés test. En estas mejoras no se incluye las pertinentes por envejecimiento de cada reactor.

A su juicio, Europa debería plantearse la edad de su parque nuclear e ir cerrando las centrales a medida que van cumpliendo 40 años porque los fallos pueden llegar desde fuera y porque Fukushima, que «desbordó todas las previsiones», ha demostrado que el riesgo «no es nunca cero».

En cuanto a las repercusiones sociales apuntó que, de acuerdo con un informe de Cruz Roja, hay más muertes por el estrés provocado por el accidente, la evacuación y no poder volver a sus casas que las propias del propio accidente. Según el periódico japonés «Manichi«, en diciembre de 2013 en la prefectura de Fukushima, el número de muertes indirectas de la evacuación, que asciende a 1.605 personas, superó los directamente causadas por el terremoto y tsunami.

A nivel local, manifestó que la realidad nuclear en España «es el colmo» porque se intenta dar una tercer oportunidad a los dueños de Garoña (Burgos), cuyo reactor es «exactamente igual» al de Fukushima y tiene «los mismos problemas» que aquel. «Si algo aprendimos de Fukushima, igual que en Garoña, es la existencia de la connivencia de operadores, regulador y el Gobierno», denunció.

Finalmente, quiso dejar patente que en España el Ejecutivo hace «leyes al dictado de las eléctricas, siguiendo el guión de Fukushima. Montón valoró que es fácil hacer un paralelismo» con lo que ocurría en Japón antes «del peor accidente nuclear de la historia que se produjo por fallos humanos», y concluyó que la nuclear no es inocua ni tiene riesgo cero.

«Me gustaría reactivar (los reactores) cuya seguridad haya sido confirmada por los estrictos estándares de la Autoridad de Regulación Nuclear, ganando así el entendimiento de la gente», dijo Abe en una intervención ante el Parlamento recogida por la agencia Kyodo.

El primer ministro se pronunció así el día antes de que se cumplan tres años desde el terremoto y el tsunami que causaron graves daños en la central de Fukushima Daiichi, el accidente nuclear más importante desde el de Chernóbil.

«Nuestra premisa básica es asegurar la seguridad nuclear teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de Fukushima», afirmó Abe, quien llamó a la oposición a entablar «discusiones constructivas» sobre el uso de este tipo de energía del país.

El primer ministro destacó la necesidad de poner en marcha «una política energética responsable, que evite cualquier problema para la vida de los ciudadanos y para la actividad económica».

Los 48 reactores nucleares del país se encuentran desactivados a raíz del accidente de marzo de 2011 por motivos de seguridad, aunque el Gobierno prevé que la mayoría de ellos se ajuste a las nuevas regulaciones y puedan volver a funcionar hacia finales de año.

Antes de la crisis de Fukushima, aproximadamente el 30% de la producción energética de Japón venía de plantas nucleares, mientras que en años sucesivos esta fuente de energía fue sustituida principalmente por centrales térmicas.

La reactivación de centrales nucleares en Japón es un tema que aún suscita polémica entre los ciudadanos, y algunas encuestas aseguran que en torno un 30% de la población se opone al plan de Abe.

Miles de personas se manifestaron este domingo en Tokio en contra de la energía nuclear, en una protesta convocada por una plataforma de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones cívicas antes del tercer aniversario de la catástrofe.

291 ONG se concentrarán ante Industria por el aniversario de Fukushima

Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, formada por 291 entidades, entre colectivos sociales, organizaciones ambientales, sindicatos y partidos políticos, convocó, junto a Ecologistas en Acción, una concentración frente a las puertas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para este martes, cuando se cumple el tercer aniversario del accidente nuclear de Fukushima (Japón).

El objetivo del acto es conmemorar el accidente, denunciar los peligros de la energía nuclear y exigir el cierre de todas las centrales nucleares de España, según destacaron en la convocatoria de la concentración.

Los activistas reclamarán el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, que el resto de las instalaciones nucleares españolas echen el cerrojo de forma paulatina y la apertura de un debate social sobre la gestión de los residuos radiactivos.

Por la tarde, Ecologistas en Acción celebrará en Madrid la mesa redonda «Fukushima, tres años después«, en la el coordinador de Energía Nuclear de esta organización, Paco Castejón, presentará un informe al respecto.

Además, Ecologistas en Acción convocó actos en otras localidades, como la «ocupación de puentes atómicos» en Cuenca o la celebración del «primer mercado radiactivo» en Gijón.

Así, se realizarán debates, proyecciones y otras actividades y se presentará un informe sobre las consecuencias y experiencias que se deben extraer y en el que se expone el panorama de la energía nuclear en la actualidad. Las ciudades elegidas son Reus, Cuenca, Gijón, Logroño y León.

Según la organización, el accidente se produjo en «plena ofensiva internacional de la industria nuclear para intentar revertir su declive», sobre todo con nuevos reactores en países emergentes, con China a la cabeza y tratando de lograr la prolongación de la vida de las centrales en los países industrializados. Sin embargo, Fukushima recordó al mundo que la energía nuclear «es peligrosa» y que «por muchas precauciones que se tomen no todo se puede prever ni domesticar».

Sin embargo, lamenta que «la memora vuelve a fallar» en España, donde el Gobierno ha aprobado recientemente un real decreto que abre la puerta a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, y se pretende construir un «cementerio nuclear» en Vilar de Cañas así como ampliar el almacén de residuos de El Cabril (Córdoba).

Además, denuncia que estas actuaciones se enmarcan en una nueva apuesta por los combustibles fósiles, con prospecciones y proyectos de fractura hidráulica «como última moda» así como una persecución de las energías renovables.

Finalmente, Ecologistas considera fundamental volver la vista atrás para analizar lo ocurrido en Fukushima, cuyo reactor es gemelo a Garoña y Vandellós I, para tratar de evitar que la historia se repita.

Plataforma contra el ATC ocupará seis puentes de Cuenca

Por su parte, la plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de la provincia de Cuenca, en la que está presente Ecologistas en Acción, ha presentado una campaña para rechazar la instalación del silo en Villar de Cañas, en la que ocuparán seis puentes de la provincia sumándose a una campaña internacional que recuerda el tercer aniversario del desastre de Fukusima.

El presidente de Ecologistas en Acción, Carlos Villeta, ha detallado que el próximo domingo a lo largo de la mañana se ocuparán seis puentes repartidos entre la provincia y la capital que tendrán como eje el río Záncara por estar muy cerca del emplazamiento del ATC.

En la capital, la manifestación está convocada a las 12.00 horas del domingo 9 de marzo en el Puente de San Pablo y tendrá sus réplicas en el puente sobre el río Záncara en la carretera que une Las Pedroñeras con La Alberca de Záncara y en los viaductos sobre la A-3 en Tarancón y las salidas de Zafra de Záncara, Belinchón y Atalaya del Cañavate.

Villeta ha destacado que la organización en Cuenca ha elegido el domingo para sumarse a esta iniciativa internacional para lograr una mayor respuesta entre los vecinos aunque ha asegurado que no tienen marcados objetivos de participación porque lo que es importante es la movilización en los pequeños núcleos de población.

Además, ha remarcado el presidente de los Ecologistas conquenses, estarán presentes también en una mesa redonda que se celebrará el próximo miércoles en Madrid para analizar la situación tras el accidente nuclear ocurrido en Japón.

Villeta también ha destacado que en el proceso de construcción y licitación del ATC se está actuando con prisas «para esconder una chapuza», acusando a los responsables de acelerar los trámites cuando todavía Enresa no tiene los informes definitivos sobre el terreno «según ha reconocido la propia empresa pública por escrito».

Para el presidente de Ecologistas en Acción en la provincia estas prisas están motivadas por un doble motivo, «esconder los riesgos geológicos que esconden unos terrenos que no son aptos para esta instalación y por otro lado por el temor a que en las próximas elecciones haya un cambio de gobierno que desarticule el proyecto».

Por ello asegura que «están adjudicando obras de manera acelerada», y ha acusado a Enresa de «estar arruinando el prestigio de la empresa».

Durante la rueda de prensa con motivo de la celebración de la jornada de experiencias y perspectivas de las centrales nucleares en 2013, López manifestó que 2019 está a la vuelta de la esquina y que cree que sería un plazo corto de tiempo, por lo que entiende que «Garoña va a solicitar un plazo superior».

En todo caso, de acuerdo a sus informaciones, la decisión de Nuclenor sobre Garoña «no está tomada» ya que primero deberá analizar el Real Decreto para la Gestión del Combustible Gastado aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de febrero, una vez que éste sea publicado por el Boletín Oficial del Estado. Concretamente, opinó que Nuclenor primero analizará la reforma normativa y a continuación analizará la viabilidad de cumplimiento de las condiciones así como la viabilidad económica.

«Garoña está disponible a desenvolverse en cualquier situación en el futuro», defendió.

Así, recordó que las centrales del parque nuclear español realizan inversiones de 40 millones de euros anuales, al tiempo que defendió la estabilidad que proporcionan al sistema eléctrico, al igual que el carbón y el gas, pero sin generar emisiones de CO2 y con un coste de combustible que no llega al 10% de los costes totales.

Por ello, valoró que la energía nuclear es positiva para el país, pero no puede con toda la carga impositiva, por lo que para garantizar su viabilidad, «a cambio, podrían operar en un plazo de tiempo más largo, a 60 años» y confió que los impuestos al combustible que impuso el Gobierno hace un año se retiren cuando la situación económica mejore, ya que las empresas eléctricas pagaron 1.600 millones de euros más en impuestos en 2013 que en el ejercicio anterior.

Respecto a cuanto tiempo puede operar un reactor recordó que aunque el plazo inicial de vida se diseña para 40 años, las condiciones en las que se operó el parque atómico son muy conservadores y se fueron introduciendo mejoras y añadió que en Estados Unidos «ya hay más de 75 centrales con permiso para 60 años y se están planteando superar ese plazo».

Además, subrayó que la nuclear es una energía de largo plazo por lo que se requiere un marco regulador «estable y predecible» ya que la seguridad de las centrales españolas «no está en cuestión».

De acuerdo con los datos del sector en 2013, en la actualidad hay 434 centrales nucleares en operación en todo el mundo, 69 en construcción y cerca de 180 en proyecto. En ese ejercicio se inició la construcción de 5 nuevos reactores, mientras que se están desmantelando tres centrales. El país con mayor crecimiento es China, según apuntó el presidente de la SNE, que dijo que en el país oriental hay 26 centrales en construcción y otras 59 en proyecto porque ese país quiere situarse en el segundo puesto del ranking mundial.

En cuanto a España, López precisó que el consumo eléctrico bajó un 2,2%en 2013, según datos de Red Eléctrica Española, que son similares a los de 2003 o 2004, aunque advirtió de que se espera un cambio de tendencia en 2014.

Casi el 20% de la electricidad es nuclear

En total, la nuclear aportó el 19,8% de la electricidad, más o menos el mismo nivel que la energía eólica, en un año en que la hidroeléctrica experimentó un alto crecimiento. Igualmente, apuntó que en total, más del 61% de la energía eléctrica generada en España en 2014 no generó emisiones de CO2. «Las centrales han funcionado de forma excelente en 2013 han producido algo menos por la parada de Garoña y porque algunas tuvieron que recargar combustible», manifestó.

En este contexto, agregó que los reactores implantaron muchas de las mejoras surgidas de las pruebas de resistencia practicadas al parque nuclear español a raíz del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi (Japón).

Por otro lado, destacó que en 2014 se conmemora el 60 aniversario de la SNE y que dentro de las actividades para celebrar esta conmemoración el Congreso internacional de los Jóvenes Nucleares se desarrollará en Burgos el mes de julio próximo. Este evento se realiza cada dos años y las anteriores ediciones se hicieron en Washington y Corea del Sur.

PSOE, Izquierda Plural y PNV insisten en no reabrir Garoña

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV volvieron a reclamar en el Congreso de los Diputados que no se prorrogue la vida útil de la central de Garoña entre las propuestas de resolución presentadas al Debate del Estado de la Nación.

Así, el Grupo Socialista reclamó al Gobierno que adopte las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor en el año 2028.

Según apuntó, la central nuclear burgalesa se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación.

Sin embargo, señaló que dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba «inasumible».

«En definitiva, no quería hacerse cargo del coste de la gestión de sus propios residuos debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental«, sentenció.

Por su parte, el PNV presentó una proposición de resolución al Debate sobre el Estado de la Nación para que el Gobierno proceda al cierre «inmediato» y desmantelamiento de la central de Garoña.

Según la propuesta de los nacionalistas vascos, el Gobierno pretendió en julio de 2013, fecha en la que se fijo el cierre definitivo de la central, que la explotación de la misma continuara, encontrándose con la «sorpresa» de que Nuclenor paralizó la explotación por motivos de rentabilidad.

El PNV señaló que si el Gobierno considera que el cierre es «ilegal» o «anómalo» se debe a su «capricho personal», y no a la «racionalidad» económica y política.

Así, advirtió de los riesgos de una central «anticuada» y «obsoleta» que supera los 40 años y es de primera generación, y recordó que el actual exceso de capacidad de generación eléctrica y la «escasa» potencia de la central hacen que sea «perfectamente prescindible».

La Izquierda Plural instó al Gobierno a mantener el cese definitivo de la explotación de la central, derogando a estos efectos las disposiciones del real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radioactivos, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero de 2014.