Con motivo de la conmemoración del accidente, el Foro Nuclear ha manifestado que entonces se dieron «una serie de circunstancias irrepetibles en las centrales occidentales» que condujeron al accidente.

Así, han destacado la falta de cultura de seguridad, el hecho de no disponer de un organismo regulador atómico y que entonces «prevaleciera el poder político frente al conocimiento tecnológico».

Además, ha enumerado otras causas como que el reactor de Chernóbil, de tipo RBMK no disponía de un recinto de contención donde habría quedado confinada la radiactividad puesto que el diseño no permitió recuperar el control del reactor par evitar la emisión de productos radiactivos a la atmósfera.

El sector opina que un reactor de este tipo «nunca» habría obtenido la autorización para funcionar en los países occidentales. Este tipo de reactores en la actualidad, o bien se han parado «definitivamente» o bien se han perfeccionado con los programas de mejora de la Unión Europea.

En este contexto, el Foro Nuclear destaca que estos proyectos de mejora han participado también empresas nucleares españolas junto con Estados Unidos y Japón.

Un total de 435 centrales nucleares funcionan en todo el mundo a fecha de 31 de diciembre de 2013 en 31 países. Este parque atómico produjo 2.353,41 TWh, lo que representa aproximadamente el 13,5 por ciento de la electricidad total consumida en el mundo. Al mismo tiempo, existen 71 reactores nuevos en 14 países.

El accidente que comenzó el 26 de abril de 1986 en Chernóbil produjo 50 muertes atribuidas directamente a la radiación liberada tras la explosión de la planta. La mayoría de estas fueron trabajadores de los servicios de emergencia, que sufrieron una exposición intensas y fenecieron a los pocos meses del accidente.

Estos son los datos de la evaluación de organismos internacionales como la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se recogen en el informe de la OMS ‘Chernóbil, la verdadera escala del accidente’ y que se publicó en 2005.

Según la OIEA, el número total de defunciones «ya» atribuidas a Chernóbil, junto con las muertes de trabajadores de servicios de emergencia y residentes de las zonas más contaminadas que se sucederán en el futuro a consecuencia del accidente se eleva a unas 4.000.

La cifra incluye a los 50 agentes de servicios de emergencia que murieron por síndrome de irradiación aguda; nueve niños muertos de cáncer de tiroides y 3.940 fallecidos por cáncer y leucemia provocados por la radiación entre los 200.000 trabajadores de los servicios de emergencias que intervinieron entre 1986 y 1987. También se incluye en esta cifra a los 116.000 evacuados y 270.000 residentes en las zonas más contaminadas.

Estos tres grupos principales recibieron dosis de radiación más altas que el resto de las personas que se expusieron a la radiación de Chernóbil. Según la OIEA, se calcula que estas 4.000 muertes entre las 600.000 personas afectadas porque una cuarta parte de estas morirán por cánceres espontáneos no causados por la radiación de la planta atómica. Sin embargo, el aumento en un 3 por ciento provocado por la radiación será «difícil de observar», según el organismo.

Junto con estas cifras de defunciones, el citado informe considera que los efectos de Chernóbil en la salud mental fueron «el mayor problema de salud pública creado por el accidente» y atribuye este fenómeno a la falta de información exacta. De este modo, añade que estos problemas se manifiestan en evaluaciones negativas de la propia salud y su bienestar porque los habitantes creen que tienen una esperanza de vida menor, lo que les provoca una falta de iniciativa y mayor dependencia de la asistencia del Estado.

«Dos decenios después del accidente de Chernóbil, los residentes en las zonas afectadas todavía no cuentan con la información que necesitan para llevar la vida sana y productiva que podrían llevar», manifestó la coordinadora de asuntos relativos de Chernóbil del PNUD, Louisa Vinton.

Ecologistas en Acción reclama el abandono de la energía nuclear

La organización Ecologistas en Acción reclamó el abandono de la energía nuclear en el mundo con motivo del 28º aniversario del accidente en la central de Chernóbil (Ucrania), un accidente que, a juicio de esta organización. demostró que la atómica es una energía «sucia, cara y peligrosa» y que, con la nuclear, «nunca se podrá lograr un nivel de seguridad adecuado».

La ONG señaló que Chernóbil se añade a otros siniestros de gravedad a lo largo de los sesenta años desde la instalación de la primera central nuclear en el mundo. Además, subrayó que las consecuencias «devastadoras» del accidente de Chernóbil «siguen teniendo efecto en la actualidad».

En este contexto, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, recordó que el 26 de abril de 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia en la central Chernóbil, a 90 kilómetros de Kiev (Ucrania).

En este sentido, subrayó que el accidente nuclear puso en evidencia la peligrosidad de esta fuente de energía, puesto que «tuvo y tiene todavía unos efectos devastadores».

Asimismo, recordó que la nube radiactiva surcó Europa y llegó hasta el norte de España y resultó contaminado, en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, un territorio equivalente a la tercera parte de la península Ibérica con plutonio . El número de víctimas directas e indirectas alcanza los 200.000 muertos según la Academia de Ciencias Rusa y 165.000 según la aseguradora Swiss Re.

Castejón insistió en que el accidente demostró que la inseguridad de las centrales nucleares no solo afecta al país que se aprovecha de su energía sino que los efectos de un accidente pueden afectar a territorios y personas situados a miles de kilómetros, lo que «convierte en más peligroso el intento de extender la energía nuclear en el mundo».

En este contexto, advirtió de que la central ucraniana supone una amenaza «dado el mal estado en que se encuentra el sarcófago, que ha sufrido derrumbes y amenaza con dejar al descubierto el combustible gastado con la consiguiente fuga de radiactividad. La construcción de un nuevo sarcófago que cubra al actual, costaría unos 1.000 millones de euros y se demoraría hasta más allá de 2020.

Por otro lado, Castejón recordó que en 2014 se cumplen 60 años de la puesta en marcha de la primera central nuclear y que en este periodo se han registrado 30 accidentes de niveles 3 a 7 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). En concreto ha citado los más graves como Fukushima (Japón 2011), Chernóbil (Ucrania, 1986); Harrisburg (Estados Unidos, 1979) y Winscale (Reino Unido, 1954) así como los de Tokaimura (Japón) con al menos cuatro muertos o Tricastin (Francia) donde pereció un trabajador.

«Esta peligrosidad es motivo suficiente para abandonar la energía nuclear y apostar por fuentes de energía más limpias y seguras. Las renovables están ya en condiciones de jugar un papel decisivo en el suministro energético», reclamó el portavoz de Ecologistas en Acción.

Finalmente, apostilló que en España las renovables aportan el 40% de la electricidad consumida y que hay exceso de potencia instalada, lo que permitiría cerrar las plantas atómicas sin desatender el suministro.

Así, aunque el Ejecutivo negó que la empresa comprara los terrenos sin hacer informes previos, sí reconoció que estos estudios deberán de ser ampliados, conforme al Plan de caracterización que ENRESA concretó con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que servirá para elaborar la documentación que la normativa, tanto nuclear como medioambiental, establece, para que esta instalación pueda contar con las autorizaciones necesarias.

El diputado de izquierdas cuestionaba al Gobierno sobre la gestión de Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, al frente de la empresa pública dedicada a la gestión de residuos radiactivos (Enresa). A su juicio, Gil-Ortega está realizando una serie de actuaciones «muy discutibles» y su perfil al frente de esta empresa «no parece el adecuado».

En su opinión, carece de cualquier tipo de vinculación con el sector nuclear y con el energético, un aspecto que opinión de Cayo Lara, rompería una norma no escrita de 28 años de presidentes, con formación y trayectoria profesional altamente vinculados a los sectores de la energía y a la tecnología nuclear, así como de la protección radiológica.

Lara destacó que la primera decisión que tomó fue la compra de los terrenos para implantar el ATC en ‘Los Boleos’, «realizando buena parte de las negociaciones personalmente» y «sin conocer si sus características eran adecuadas y a escasos 2.000 metros del casco urbano de Villar de Cañas (justo en el límite legal) y en plena vega del río Záncara».

Eso sí, Cayo Lara sostuvo que la Comisión Interministerial para la elección del emplazamiento del ATC calificó de «prioritario» el emplazamiento del ATC en la finca ‘La Carbonera’, una pamela «más alejada» del casco urbano de Villar de Cañas y del río Záncara, y «más elevada».

«La única diferencia es que la finca ‘La Carbonera’ pertenece a una sola persona no residente en Villar de Cañas, mientras que el Paraje de ‘Los Boleos’ tiene 14 parcelas pertenecientes a otras tantas personas, la mayoría de las cuales reside en Villar de Cañas», agregó.

Es más, afirmó que, a día de hoy, tras muchos estudios, siguen las dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico y así lo reconocen los propios técnicos de ENRESA en sus informes. Por ello, Cayo Lara denunció que las actuaciones de Gil-Ortega se han demostrado «irresponsables, contrarias a los criterios técnicos de seguridad, opacas, motivadas por los intereses políticos de quien le nombró y con vistas a la compra de voluntades».

En este contexto citó la actuación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca (donde está representada IU) que solicitó públicamente el cese de Francisco Gil-Ortega en la presidencia de ENRESA, puesto que «sus decisiones tendrán como consecuencia más riesgos para la población, añadidos a los riesgos altísimos que conlleva el silo nuclear».

Así las cosas, el Gobierno defendió en primer lugar que las funciones de ENRESA son las establecidas en el decreto de 2003 sobre ordenación de las actividades de la empresa de gestión de residuos radioactivos, así como por la Ley de 1964 de Energía Nuclear, que le permite el desarrollo de actividades complementarias que tengan como objeto el facilitar dicha gestión.

«Estas actividades pueden consistir, en su caso, en el desarrollo de infraestructuras en las áreas geográficas involucradas en la gestión de los residuos radiactivos, o en facilitar el asentamiento de empresas que puedan contribuir a crear un ambiente socioeconómico adecuado en el entorno de las instalaciones destinadas al cumplimiento de las funciones de ENRESA», agregó el Ejecutivo en su respuesta.

En este sentido y en relación con el Almacén Temporal Centralizado (ATC), recordó la resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectuaba la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento de esta instalación y de su centro tecnológico asociado.

En el apartado dedicado a la descripción del proyecto, según sostuvo el Ejecutivo, se señalaba que como apoyo a la instalación ATC y el centro tecnológico asociado, el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas cinco hectáreas.

Por lo que respecta a la actitud del presidente de ENRESA con relación a la energía nuclear, el Gobierno indicó que ni en el referido decreto de 2003, ni en el resto del ordenamiento jurídico en el que se enmarca la actividad de ENRESA, se prescribe cual ha de ser la actitud de la persona que ostenta este cargo en relación con la energía nuclear.

En cuanto a la compra de los terrenos para ubicar esta instalación, señaló que, tras la selección por parte del Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011 del municipio de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado, ENRESA, al objeto de llevar a cabo este proyecto, realizó unos trabajos iniciales en los tres terrenos propuestos por dicho municipio, con el fin de disponer de información específica de los mismos para dar soporte a la compra de terrenos.

«Dichos trabajos consistieron en un reconocimiento geológico preliminar, la realización de varios perfiles geofísicos y la perforación de 1 o 2 sondeos en cada parcela para disponer de información real del subsuelo», agregó.

Asimismo, defendió que los resultados obtenidos no inhabilitaban a ninguna de las parcelas propuestas, adquiriéndose por parte de ENRESA las parcelas conocidas como ‘Balanzas-Boleos’ y ‘Blancares’ y, posteriormente, ‘El Chaparral’.

El proyecto no tiene desviaciones de presupuesto

Por otra parte, el director de Ingeniería de ENRESA, Pablo Zuloaga, aseguró que el proyecto de ATC no tiene desviaciones de presupuesto ni tampoco variaciones respecto al calendario, puesto que ha cumplido los plazos previstos en el licenciamiento.

Zuloaga expuso los antecedentes del proyecto, desde las primeras resoluciones emitidas por la Cámara baja hace ya casi diez años, hasta el pasado mes de enero, cuando la empresa presentó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud previa y de construcción.

Finalmente, recordó las infraestructuras que conlleva este proyecto, como son el propio almacén, el centro tecnológico asociado, el parque empresarial u otras actuaciones externas como pueden ser acometidas varias y mejoras de accesos.

Por otro lado, el presidente de ENRESA, Francisco Gil-Ortega aseguró que la empresa está «totalmente volcada» con el ATC, del que dijo que es un «gran proyecto de Estado» y destacó las «magnificas relaciones» que ENRESA mantiene con todas las instituciones y actores implicados.

El representante del departamento de Calidad de ENRESA, Manuel Acacio, subrayó que uno de los aspectos «clave» en el licenciamiento de una estructura compleja reside en la Declaración de Impacto Ambiental.

El encuentro reunió a representantes de los accionistas de ENRESA, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre y el director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López. A la cita asistieron también diputados miembros de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, así como representantes de diversos ministerios que tienen relación directa con este proyecto.