La sentencia, firmada por los magistrados Pedro José Yagüe, Manuel Campos, Eduardo Espín, José Manuel Bandrés y María Isabel Perelló, impone a los ayuntamientos recurrentes el pago de las costas de su recurso, por una cifra máxima de 6.000 euros, a satisfacer a la parte contraria, según figura en la sentencia de este tribunal del pasado 27 de mayo. Los ayuntamientos alegaban en sus recursos que el acuerdo del Consejo de Ministros carecía de la «motivación necesaria» en cuanto no permitía a los municipios candidatos conocer con «exactitud y precisión» los motivos de la elección del municipio de Villar de Cañas «a pesar de haber sido clasificado en cuarta posición». Esto, a su juicio, dificulta la defensa de los candidatos porque desconocen las razones «ocultas» del Gobierno para la elección de ese municipio».

Los demandantes alegaban que el acuerdo del Ejecutivo infringe las bases de la convocatoria, así como los principios generales de buena fe, confianza legítima e igualdad y aseguran que es arbitrario porque está «ausente de toda justificación». A su juicio, el procedimiento de elección no estaba pensado para la designación del emplazamiento pro concurrencia, sino que se trataba de un «procedimiento constreñido al solicitante que pretende ser titular de la instalación», a quien se le acaba otorgando o denegando la autorización.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que, si bien la decisión de designación será «susceptible de control jurisdiccional como cualquier otra y puede ser puesta en tela de juicio», los demandantes afirman «indebidamente» que el acuerdo carezca «total y absolutamente de motivación» hasta el punto que impida a los interesados «comprender su contenido para su posible impugnación». Respecto a la alegación sobre la designación de Villar de Cañas como emplazamiento del ATC a pesar de haber quedado cuarto en la puntación otorgada, el alto tribunal opina que «no tiene razón» afirmar que la decisión no estaba justificada y era arbitraria.

En este caso, el Tribunal Supremo cree que «no tiene razón» decir que la decisión del Consejo de Ministros era arbitraria porque «nada obligaba al Gobierno a ello» y añade que, dentro de los cuatro con mejor puntuación global, se ha valorado «especialmente el factor del consenso social», un aspecto que considera «sin duda alguna de gran relevancia en instalaciones que despiertan posiciones contrapuestas en la opinión pública y, especialmente, en los territorios en los que se localizan«.

En consecuencia, añade que la función de la Comisión Interministerial era establecer los criterios necesarios para albergar el ATC y su centro tecnológico asociado sin que la designación ulterior de uno de los municipios entre las candidaturas aceptables quedara determinada «matemáticamente de antemano» en función «únicamente del informe» que realizaba una valoración técnica.

Esa escalada de los costos -se ha pasado de 49,6 euros por megavatio a 59,8 euros- tiene que ver, sobre todo, con las inversiones de mantenimiento para permitir que las centrales puedan operar más de 40 años y con las de seguridad, en aplicación de nuevas reglas, tras el accidente de Fukushima en Japón.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas encargado por una comisión de investigación de la Asamblea Nacional dirigida por los diputados François Brottes (socialista) y Denis Baupin (ecologista).

Las inversiones dieron un salto del 117% hasta 3.800 millones en 2013 porque para que los reactores puedan funcionar más allá de los 40 años inicialmente previstos «necesitan un aumento de los gastos de compras y de logística, así como una fuerte evolución de los efectivos», indicaron los autores del estudio.

La mitad de esa cantidad corresponde a medidas para reforzar la seguridad a la vista de las enseñanzas de Fukushima, y la otra mitad al mantenimiento «normal» y a la renovación o sustitución de equipos con una duración de vida de menos de 40 años.

El Tribunal de Cuentas, además, prevé «una evolución probablemente al alza de los costos futuros del parque actual».

Hay que recordar que mediante el Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, se introdujo la modificación legal necesaria que permite a Nuclenor solicitar ahora la licencia. El titular de Garoña disponía hasta el 6 de julio próximo, al haber parado su actividad por razones económicas y no de seguridad, para pedir la renovación de la explotación y finalmente decidió pedir al departamento que dirige José Manuel Soria un permiso que finalizaría el 2 de marzo de 2031, fecha en la que se cumplirían 60 años de explotación de la planta.

Nuclenor considera que un marco temporal de explotación de los 60 años propuestos es «necesario» para hacer «viable» el proyecto y «proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas». «Este período de operación es consistente con la práctica regulatoria existente en Estados Unidos, país origen de la tecnología de la planta», señaló Nuclenor, que indicó que ha sido utilizada como referencia en las evaluaciones técnicas de operación a largo plazo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

La solicitud presentada ante el Ministerio de Industria va acompañada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de explotación, tal y como figuraba en la última solicitud presentada. La documentación incluida demuestra que se dispone de un «adecuado» control del comportamiento de las estructuras y equipos de la central y «permite asegurar su capacidad» para realizar las funciones de seguridad a largo plazo. También se incluye el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las pruebas de resistencia y las Instrucciones Técnicas Complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear.

Por otra parte, Nuclenor se compromete a desarrollar, antes de cargar combustible en el reactor de la central, las modificaciones de diseño que fueron requeridas con anterioridad por el CSN en su informe a Industria, relativas a modificaciones sobre el aislamiento de contención, la independencia de sistemas eléctricos, protección contra incendios y nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva (SBGT). En la carta remitida al departamento de José Manuel Soria, Nuclenor manifiesta su «plena disposición» para completar o aclarar cualquier aspecto de la documentación presentada para la reapertura de la central nuclear de Garoña.

Reacciones de los grupos políticos

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados advirtió del «riesgo» y el «gravísimo error» que supondría la reapertura de la central nuclear de Garoña y criticó el «traje a medida» del Gobierno a las eléctricas a quienes, dijo, «ha perdonado 150 millones de euros en impuestos» mediante modificaciones «a medida» de las leyes. Luis Tudanca alertó del riesgo que supone que la central se encuentre ubicada «en un sitio que van a sembrar de pozos de fracking que generan seísmos». Así, este diputado defendió que no hay que priorizar el «arreglar las cuentas de resultados de las empresas eléctricas» de España ni de las petroleras extranjeras, y reprochó el «trato favorable» a Garoña, frente a otros proyectos propuestos en Miranda de Ebro, que crearían 700 puestos de trabajo.

El portavoz económico de PNV en el Congreso de los Diputados, Pedro Azpiazu, reconoció que su grupo parlamentario y el Gobierno vasco estudian «qué pasos se pueden dar o qué cosas se pueden hacer» porque al PNV le «preocupa enormemente» que la central nuclear de Garoña siga en funcionamiento «con lo obsoleta que es». «En Vitoria hay un movimiento del PNV pidiendo el amparo, no sé de qué manera, a la Comisión Europea», apuntó Azpiazu. El portavoz económico del PNV insistió en que Garoña «no genera apenas energía eléctrica» y que con la crisis económica, estamos ante «una demanda energética» en la que no es necesaria «la generación» de esta central. «No es necesaria, simplemente, por un capricho del Gobierno y por voluntad de los propietarios que se ponga esta central de nuevo en marcha, nos parece muy mal», afirmó.

Por su parte, el diputado de Amaiur Mikel Errekondo censuró que se modifiquen las leyes para ponerlas «a merced» de las eléctricas, y sostuvo que Garoña «quizá sea la infraestructura energética de Europa contra la que más manifestaciones se han realizado jamás». Errekondo denunció el «negocio redondo» de Garoña y sostuvo que Endesa e Iberdrola son «gánsteres que trafican con la vida de cientos de miles de personas». «Las familias saben defender su futuro y la gente sabe defender su tierra y al Estado español solo le corresponde respetar a la sociedad vasca», apostilló Errekondo, que calificó de «normal» y «natural» que se haga «boicot» a Endesa e Iberdrola, así como escraches «a los responsables».

Los ecologistas lo consideran «delirante»

Diversas organizaciones ecologistas mostraron su preocupación por la decisión de Nuclenor de solicitar al Ministerio de Industria la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031. El portavoz para campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, tildó de «delirante» y «verdadera insensatez» esta petición de Nuclenor porque Garoña «reúne muy malas condiciones de seguridad y está pendiente de una serie de reparaciones: en concreto, el circuito primario está afectado de corrosión, que puede extenderse y dar disgustos en el futuro».

Francisco Castejón añadió que el fabricante de la vasija del reactor de Garoña fue la compañía holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, que también hizo las de las centrales de Doel y Tihange (Bélgica), en las que se han detectado «miles de fisuras». «No debe descartarse que en Garoña pueda aparecer el mismo problema», apostilló. Castejón aseguró que Nuclenor «está asumiendo un riesgo altísimo, pero también nos lo hace asumir a todos nosotros en forma de aumento de riesgo de accidente nuclear».

Por su parte, la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que España carece de normativas y protocolos para que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) atienda una petición como la de Nuclenor respecto de la central de Garoña. «Las licencias se han dado cada 10 años, no cada 15, y nunca en un caso tan singular como éste, de una central de más de 40 años que ha estado parada«, recalcó.

Montón mostró su temor de que el CSN conceda la licencia a «una central que lleva más de 40 años» cuando los conocimientos y las medidas de seguridad exigibles actualmente son mucho más exigentes, y no existe «garantías» de que se cumplan en este caso. «Investigar y hacer un informe técnico de cuál va a ser el comportamiento de una central nuclear durante los próximos 15 años es un nuevo riesgo para el que deberían preguntar a los ciudadanos», concluyó.