Se trata de una proposición no de ley, cuyo objetivo es que el Gobierno lleve «a cabo todos los trámites necesarios para instaurar una auténtica y eficaz cultura de seguridad nuclear en el parque nuclear español y para garantizar la explotación de las centrales nucleares en los máximos niveles de seguridad nuclear».
Se trata de una iniciativa que fue registrada por los diputados de ICV, Laia Ortiz y Joan Coscubiela, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Según alertaron, el parque nuclear en España ha tenido diversos incidentes en los últimos años y los dos más significativos fueron los ocurridos en Vandellós en 2005, sobre la «degradación del sistema de agua de servicios esenciales», y Ascó-1, en 2008, con la emisión al exterior de partículas radiactivas.
«Tras este incidente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se vio en la necesidad de pedir a las propietarias de la central una investigación de la situación y un plan de actuación para corregir las deficiencias detectadas y posibilitar una mejora de la seguridad nuclear de estas instalaciones y de la cultura de seguridad del explotador de las mismas», recalcó la formación ecosocialista.
Es más, recordó que en la investigación que se llevó a cabo se detectaron un «sinfín de anomalías, una falta manifiesta de inversiones en el mantenimiento y explotación de la planta y una carencia de los recursos humanos necesarios para su correcto y seguro funcionamiento».
Asimismo, ICV indicó que en dicha investigación se detectó que la «cultura empresarial del beneficio estaba por encima de los criterios de seguridad», lo cual había llevado a una situación de desafección de la plantilla, una situación que dice que había sido denunciada por parte de la coordinadora de los comités de empresa de las ocho plantas nucleares españolas frente al CSN.
Ante esta situación, recordó que las empresas propietarias de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs pusieron en marcha el «Plan Procura«, un plan de refuerzo organizativo, cultural y técnico, que «evidenciaba todas las carencias y puntos débiles de las centrales», y para su solución se pusieron en marcha planes concretos de actuación en inversiones, tanto materiales como humanas, así como procedimientos de revisión, mantenimiento y control.
En el ámbito de las inversiones humanas ICV dijo que se detectó la necesidad de crear conciencia de grupo y de servicio público, para ello era necesario plantillas estables, seguras y fidelizadas, y en ese sentido sindicatos y empresa firmaron un acuerdo de estabilidad de empleo.
Actualmente, lamentaron que la empresa propietaria mayoritaria de estas centrales nucleares, Enel, empresa pública de Italia con sede en Roma, que tiene el 93,8% de las acciones de Endesa, anunció y puso en práctica una política empresarial, «donde nuevamente la maximización del beneficio lleva a que la rentabilidad esté por encima de la seguridad».
En consecuencia, Ortiz y Coscubiela criticaron que en el ámbito de los recursos humanos planteó la no aceptación de unir la estabilidad de empleo a la vida útil de las centrales, la suspensión de nuevas contrataciones y la paralización del «Plan de Relevo Generacional« que permite la renovación de plantilla y el traspaso del conocimiento.
Es más, sostuvieron que esta situación no es exclusiva de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs sino que afecta al conjunto de centrales nucleares en España, y en muchas de ellas, al no existir un plan de actuación similar al «Plan Procura«, la situación actual es de una «escasez manifiesta tanto en recursos materiales como humanos».
Así, la formación ecosocialista indicó que la dotación de las centrales nucleares de Trillo, Almaraz o Cofrentes, su plantilla es aproximadamente un 25% menor que la plantilla óptima. Además, resaltó que la media de edad es «elevadísima» y no existe ningún plan de renovación y traspaso del conocimiento.
«Es por ello la petición realizada de alargamiento de la vida útil de las centrales y la pretensión de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores; lo siguiente será reducir la inversión material en el mantenimiento de las plantas. Si a ello le sumamos la pretensión empresarial de realizar contrataciones a bajo precio, la explotación segura y fiable de las plantas se verá cada vez más comprometida», denunciaron los diputados de ICV.
