Nuclenor, sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola, recurrirá ante la Audiencia Nacional la resolución adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la que le impone una multa de 18,4 millones de euros por el cierre «sin autorización» de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en diciembre de 2012. Competencia fundamentó la sanción a Nuclenor en la infracción de un artículo de la Ley del Sector Eléctrico, consistente en «la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica» como consecuencia del cierre de Garoña.

Como respuesta a la CNMC, Nuclenor subraya que la decisión de extraer el combustible en diciembre de 2012, tomada a raíz de la aprobación para 2013 de un impuesto sobre el combustible nuclear gastado en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, fue «responsable» y «la única salida viable» a la situación de «insolvencia» en que habría entrado la planta tras la aprobación de dicha normativa que le suponía desembolsar unos 153 millones de euros en enero de 2014 por el nuevo tributo.

De este modo, el titular anunció que recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución adoptada por la CNMC que considera responsable a la empresa de una infracción de lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, vigente entonces. Asimismo, Nuclenor explica que su recurso se basará en los argumentos que ya ha defendido durante el proceso administrativo que comenzó el 25 de julio del año pasado y en el que la CNMC acordó iniciar un expediente sancionador por la parada del reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Entonces, la empresa alegó que la parada que realizó en diciembre de 2012 estaba «incluida en sus competencias» y que no se requería de una autorización especial para dicha acción. En este sentido, recuerda que sus argumentos se basan en que Nuclenor cumplió con lo exigido en la Ley de Energía Nuclear, que es una legislación especial que «prevalece» sobre la Ley del Sector Eléctrico y en que el cese de explotación, comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 28 de diciembre de 2012, «cumplía además la condición de deberse a causas imprevistas», contemplada en la autorización vigente en esa fecha.

De este modo, Nuclenor sostiene que la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que establecía el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, «se consideró una causa del todo imprevisible e imprevista» y de «entidad suficiente» como para justificar la decisión adoptada. Por ello, Nuclenor asegura que la decisión de parar la central de Garoña el 14 de diciembre de 2012 se adoptó para cumplir con sus obligaciones societarias dado que el quebranto económico que suponía para la sociedad la nueva fiscalidad y el riesgo de incumplir lo establecido en la Ley de Energía Nuclear, que requiere que el titular cuente con medios económicos-financieros para garantizar un explotación segura.

«Lejos de ahorrarse 150 millones de euros, lo que hizo Nuclenor fue salvaguardar el patrimonio de la sociedad y los derechos de los trabajadores, permitiendo de esta manera mantener una plantilla de más de 600 personas entre empleados de Nuclenor y de empresas colaboradoras», subrayó la sociedad propietaria de Garoña. En este sentido, añadió que este hecho se produjo en un año en el que la central «no ha tenido un solo ingreso por estar parada», por lo que a su juicio muestra que «Nuclenor no trató de eludir el pago de un tributo, sino salvaguardar su situación económico-financiera cumpliendo así con la normativa nuclear«.

«Que no permita la reapertura»

Equo reclamó al Gobierno que no permita la reapertura de la central nuclear de Garoña a raíz de la multa de la CNMC. Así, la formación política calificó de «oscuras» las «maniobras» de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, ya que cerraron la planta en diciembre de 2012 «sin autorización» y casi seis meses antes de la fecha fijada por orden ministerial. Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, «en ningún caso puede permitirse la reapertura de la central de Garoña». «La sanción de la CMNC por el cierre ilegal es la punta del iceberg de una forma de actuar en Garoña inaceptable por parte de Nuclenor durante los últimos años», aseguró Uralde.

Ante la solicitud de Nuclenor para la reapertura de la central nuclear de Garoña hasta 2031, fecha en la que cumpliría 60 años de actividad, el fundador de Equo insistió en que reabrir este reactor supone un «riesgo inaceptable para la ciudadanía y el medio ambiente». Finalmente, Uralde calificó de «disparate» el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años de vida y recordó que es una de las reclamaciones del «oligopolio eléctrico» que ha sido atendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; también advirtió que el Consejo de Seguridad Nuclear admitió que las incidencias en las centrales nucleares han aumentado.

«Ha estado toreando al Gobierno»

Ecologistas en Acción aseguró que la sanción de 18,4 millones de euros por la CNMC a Nuclenor, titular de la central nuclear, es «merecida, en tanto que ha estado toreando a la Administración«. Desde esta organización subrayaron que desconectar la planta atómica y sacar el combustible «sin permiso» es un hecho de fuerza que «no se puede aceptar». «Es un chantaje inaceptable, más aún con todas las veces que el Gobierno le ha puesto en bandeja la continuidad y lo ha rechazado», afirmaron. No obstante, a su juicio, la actuación del Gobierno, que ha cambiado las leyes «a la medida de Garoña» para facilitar que vuelva a generar electricidad, «también necesitaría sanción porque es inadmisible«.

Respecto a la actuación de la CNMC, que ha impuesto la multa máxima que podía imponer, celebraron que «al menos alguien pone un poco de sensatez sobre este proceso loco» y confiaron en que, aunque Nuclenor recurrirá, sus argumentos son «muy sólidos». En todo caso, descartan que la multa pueda echar atrás a Nuclenor en su intención de reanudar su actividad ya que, en el caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear lo considere posible y que el Gobierno lo autorice, consideran que Nuclenor podría recuperar el dinero que van a tener que desembolsar.

La multa «es una minucia»

La organización Greenpeace aseveró que la multa de 18,4 millones de euros impuesta por la CNMC es «una minucia» para Nuclenor, titular de la central de Santa María de Garoña, que con la extracción del combustible evitó tener que pagar 153 millones de euros. «Cerraron la central para ahorrarse 153 millones de euros, por lo que 18,4 millones es una minucia que no va a echar para atrás a Nuclenor en su petición de reabrir Garoña», manifestó el portavoz de energía de Greenpeace, Julio Barea. Además, ante el anuncio de Nuclenor de recurrir la sanción, Barea pronosticó que al final se le exonerará del pago que tiene que hacer, del mismo modo que «ya se le han perdonado» otras obligaciones económicas porque «el Gobierno está empeñado en que siga abierta«.

Por ello, reclamó al Consejo de Seguridad Nuclear que no autorice la reanudación de actividad hasta 2031 de Garoña, de la que recordó que actualmente es la central atómica más antigua de Europa y la quinta más vieja del mundo. «Tiene que cerrar ya», sentenció. En este sentido, subrayó que antes de su reapertura, la planta tendría que acometer numerosas obras de reparación, algunas de las cuales «inviables». Por ello, indicó que desde Greenpeace seguirán trabajando para lograr su cierre. «Queremos que por seguridad, coherencia y porque no necesitamos más centrales nucleares, se cierre esta y todas las demás», concluyó.

El consejo de administración de Nuclenor, titular de la planta participada al 50% por Endesa e Iberdrola, acordó el pasado 27 de mayo pedir la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031, una fecha con la que la planta atómica burgalesa se situaría en los 60 años de edad. Dos días más tarde, el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo.

La empresa consideró que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

Para operar hasta 2031, Nuclenor necesita un informe técnico del CSN que, si es negativo, obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Consejo de Ministros.

El Pleno del CSN informó favorablemente en mayo de 2013 sobre la posibilidad de que el Industria modificase la orden ministerial de 29 de junio para permitir una prórroga de un año a la central nuclear de Garoña, aunque en ese tiempo, la planta debería permanecer en parada segura y sin combustible en el reactor.

El Pleno del CSN condicionó la autorización a que Garoña mantuviera durante ese tiempo «en cualquier caso» la situación de «parada segura y sin combustible en el reactor». Además, para reforzar la seguridad de la planta atómica, el regulador impuso la condición de que Nuclenor no pueda introducir combustible en el reactor sin la autorización previa del CSN, en el caso de que se modificara la orden ministerial.

Asimismo, para que Garoña pudiera realizar una hipotética carga del combustible, además de solicitar ese permiso tendría que realizar las modificaciones de diseño requeridas y establecidas en los anteriores informes del CSN, así como en las instrucciones técnicas complementarias.

Las medidas que se exigirán a Garoña son «insuficientes»

Por su parte, el físico nuclear Francisco Castejón aseguró que los dos paquetes de medidas que solicitará el CSN a Garoña para volver a operar resultan «insuficientes», ya que no solucionarán cuestiones como la corrosión de su circuito primario ni los problemas de su vasija, según explicó .

Según Castejón, que trabaja en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y es portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción, el CSN pedirá aplicar las medidas derivadas de las pruebas de estrés, impulsadas tras el accidente de Fuskushima, y las emanadas de las inspecciones de 2009 a raíz de la renovación de su permiso de explotación hasta 2013.

A su juicio ello resulta «insuficiente», ya que obvia cuestiones como la corrosión del circuito primario (sistema de circulación del fluido refrigerante usado para extraer el calor del núcleo de un reactor) y los problemas de su vasija.

Básicamente, el CSN pedirá a Nuclenor el cambio de «prácticamente todo el cableado de la central, mejorar los sistemas de vigilancia de gases radiactivos de la sala de sala de control y del sistema contra incendios».

A estas modificaciones se suma otro paquete de medidas que tienen que ver con las pruebas de estrés, entre ellas la mejora del sistema de venteo (garantiza la integridad de la contención ante un accidente severo); de los sistemas sísmicos, instalar un segundo panel de control para ser operado remotamente, un edificio de emergencia en el exterior, y dotarse de sistemas de alimentación y refrigeración portátiles.

Sobre la corrosión de su circuito primario, «aunque se haya intentando paliar, no hay solución. Ha afectado al barrilete, a las penetraciones inferiores y a algunas tuberías del circuito primario».

El barrilete, un elemento situado en la vasija, que sujeta los elementos combustibles y canaliza el flujo de refrigerante dentro del núcleo de la central, «tiene una fisura de prácticamente 360 grados y tiene soldados unas cinchas para que aguante».

A ello se suma el problema de las dos centrales belgas Doel 3 y Tihange 2, paralizadas por el Gobierno de Bélgica tras hallarse miles de pequeñas fisuras en el acero de la vasija, y cuyo fabricante es el mismo que el de Garoña.

En vez de meterse en todas estas reparaciones «lo más sensato sería el cierre. Pueden aparecer nuevas averías, por eso Nuclenor pide seguir operando hasta el 2031 y así poder recuperar las inversiones que tiene que realizar, en torno a 150 millones de euros«.

El pasado mes de junio, la Unión Europea respaldó la revisión de las normas sobre seguridad nuclear, como la revisión obligatoria cada seis años a las centrales, llevadas a cabo por expertos de otros países europeos.

«Esto tampoco beneficia a Garoña, ya que en España las revisiones son cada diez años», concluyó Castejón.