La energía nuclear es «insustituible» en España, según el Foro Nuclear

Así se pronunció durante la inauguración en Madrid de las «XXXI Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación« junto al presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, Emilio Mínguez.

Cornadó explicó que este encuentro, que organiza anualmente el Foro Nuclear dirigido a profesionales de la enseñanza, se centrará este año en torno a «Energía y el Medio Ambiente«, y a la importancia de cumplir con la protección del medio ambiente y de las personas.

El presiente del Foro se refirió a cómo la Unión Europea incluye la energía nuclear como una de las opciones para lograr la sostenibilidad energética en la región de cara a 2030.

«La energía nuclear es una fuente esencial que genera el 20% de nuestro consumo eléctrico y representa más del 34% de la electricidad libre de emisiones que se produce en el sistema eléctrico español», dijo, contribuyendo así de forma «significativa» a su sostenibilidad.

La obra civil del ATC comenzará entre febrero y marzo de 2015

Por su parte, el presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, defendió la labor de su empresa, que gestiona 1.500 toneladas de residuos nucleares al año, como instrumento fundamental para garantizar la protección al medio ambiente y a las personas, en su labor de gestión y custodia de los residuos nucleares, que de otra manera acabarían peligrosamente esparcidos.

El presidente de Enresa estimó que la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) dé comienzo con una fase previa de movimiento de tierras «a últimos de febrero o primeros de marzo» de 2015, cuando se obtenga la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y se continúe con la construcción en sí «a partir de septiembre» de ese año.

De este modo, el ATC, cuya obra civil fue sacada a concurso el pasado 4 de septiembre, podría estar «perfectamente operativo» hacia 2018. Para ello, a su vez, sería necesario que la construcción del almacén de espera de contenedores, al que serán trasladados los residuos nucleares procedentes de Francia, estuviese finalizada antes de 2016.

Asimismo, con anterioridad al propio almacén, se están levantando en estos momentos estructuras como el vivero de empresas o un laboratorio que se encuentran a un «70%» de su construcción completa, cuyo fin está previsto para noviembre y diciembre de este año. Además, se están haciendo «algunas adaptaciones por razones de seguridad» en la obra proyectada para aumentar la resistencia a seísmos desde los 0,3 grados actuales hasta 1 grado.

Ante las críticas vertidas por sectores ecologistas a raíz del anuncio del concurso público del ATC, el presidente de Enresa recalcó que el pliego de condiciones presentado es «perfectamente legal» y está «visto por el abogado del Estado» e inspeccionado por la empresa pública del Ministerio de Fomento, Ineco, que «corrobora y da fe» del proceso que se está siguiendo.

«No tenemos ningún miedo»

Asimismo, la secretaria interventora del Ayuntamiento de Villar de Cañas, Carmen Barco Díaz, aseguró que en el municipio conquense no existe «ningún miedo» ante el riesgo de radiación «peligrosísima», pero que saben cómo contener la generada por el combustible gastado que se almacenará en el ATC.

Según Barco Díaz, el consenso de la gente de Villar de Cañas en torno al proyecto ha sido «absoluto», con plataformas como la bautizada «Sí queremos el ATC en Villar de Cañas«, blogs, grupos de Facebook, que «se volcaron» en cuanto se entendió que el pueblo «tenía posibilidades».

«La oposición nació desde fuera, desde ámbitos como el gobierno socialista de José María Barreda. En cualquier caso, ni uno de los municipios del entorno de Villar de Cañas ha estado entre los que han presentado las 2.017 alegaciones registradas contra la construcción del ATC», resaltó.

La secretaria interventora, que cifró entre 2,4 y 3 millones los euros que recibirá el municipio como consecuencia de la construcción del almacén, ha explicado que el dinero será invertido para crear una economía «productiva y sostenible al largo plazo», para garantizar así que cuando el ATC desaparezca, la comarca pueda sostenerse económicamente de «forma independiente».

Las jornadas de «Energía y Medio Ambiente» están dirigidas a los profesionales de la enseñanza y se celebran en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

En ellas hablarán expertos como Luis Balairón, meteorólogo del Estado y experto en Cambio Climático; Luis E. Toro, de la División Mixta FAO-OIEA, que pronunciará una conferencia sobre «La Gestión de Recursos Hídricos mediante Hidrología Isotópica«; o Cristina Rivero, jefa del departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Unesa, quien hablará del «Cambio Climático en el Sector Eléctrico«.

La fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) lleva a cabo su simulacro de emergencia anual

El simulacro se llevó a cabo conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior y con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN, que realizó un seguimiento integral del simulacro tanto desde su Sala de Emergencias (Salem) como desde el propio emplazamiento.

El ejercicio comenzó con la declaración de alerta de emergencia en la instalación (Categoría 1) debido a un incendio con explosiones en la nave de fabricación de pastillas de combustible, cuando estaba la fábrica en operación normal. El fuego fue sofocado por la brigada contra incendios de la fábrica salmantina.

Asimismo, se simuló la evacuación de los trabajadores del emplazamiento. Durante estas labores, se detectó la contaminación superficial de dos personas, que fueron asistidas por los servicios médicos de la fábrica. También la Brigada contra incendios rescató a dos trabajadores heridos que estaban inconscientes y que evacuaron en ambulancia al Hospital Virgen de la Vega.

La plataforma contra el ATC dice que Enresa no posee ninguno de los permisos para su construcción

Así reaccionó la Plataforma después de que el Consejo de Administración de Enresa haya aprobado los pliegos preceptivos para sacar a concurso la contratación de la obra civil principal de la instalación nuclear del ATC.

La Plataforma advirtió de que en la actualidad, se siguen realizando sondeos de caracterización de los terrenos, «debido sus elevados riesgos geológicos».

Según estimaciones de la Plataforma, «podrían pasar entre un año y medio y dos hasta que se resuelvan las autorizaciones» y siempre que «los terrenos sean determinados como aptos», según afirmó.

Para la Plataforma, estas prisas tienen dos motivos: «Seguir con las maniobras propagandísticas de cara a la población local y asegurarse tener el control sobre la adjudicación de la obra, ante el posible cambio político en las próximas elecciones, que incluso podrían suspender el proyecto».

La Plataforma inició otra nueva recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir que se pare este «derroche».

Enresa saca a concurso la obra civil principal del almacén nuclear por 217,7 millones de euros

Según informó Enresa, el objeto de la licitación es la contratación de la ejecución de la obra civil principal de las instalaciones nucleares de la instalación del ATC y aquellas otras instalaciones auxiliares requeridas situadas dentro o fuera de las denominada «área protegida» (doble vallado) excepto el edificio de oficinas.

De este modo, el alcance de la obra a contratar incluye las siguientes edificaciones: Edificio de Recepción, Edificio de Procesos, Módulos de Almacenamiento fases 1 y 2, Almacén de Espera de Contenedores, Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales, Taller de mantenimiento de Contenedores, Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos, Edificio de tratamiento de residuos radiactivos, Edificio de Servicios Generales, Edificio de Servicios Auxiliares, Edificio de Servicios Técnicos, Edificio Eléctrico, Edificio de Seguridad Física, Edificio de Control de Acceso, Almacén de gases, Área de aparcamiento de contenedores vacíos, Vallado de seguridad y otras instalaciones auxiliares definidas en el proyecto de construcción.

En la licitación, se prevé una duración de la construcción de la obra civil principal del ATC de 58 meses a partir de la firma del Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato prevista para el 1 de febrero de 2015 condicionada a la obtención de la licencia Municipal de obras y la obtención de la Autorización Previa y de construcción que concede el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Los plazos e hitos más significativos de la obra son los siguientes: la terminación de la construcción del Almacén de Espera de Contenedores en 12 meses desde la autorización de la construcción, la terminación de los Módulos de Almacenamiento 1 y 2 en 24 meses desde la Autorización de Construcción y la terminación de la Fase 1 en 27,5 meses desde dicho permiso.

Los ecologistas critican la decisión y piden diálogo

Por su parte, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Greenpeace coincidieron en criticar el anuncio de Enresa de sacar a concurso la contratación de la obra civil principal para el ATC y pidieron «diálogo con la ciudadanía» durante todo el proceso.

La decisión constituye el «último cúmulo de desatinos» que ha marcado la trayectoria del ATC, según manifestó el portavoz de Ecologistas en Acción y experto en energía nuclear, Paco Castejón.

A su juicio, la elección de este municipio conquense para el ATC responde a «motivaciones políticas» y está creando una serie de «problemas intrínsecos, derivados de su localización» que ahora Enresa busca solucionar «pisando el acelerador» con estas licitaciones, lo que terminará generando «más sobrecostes».

Asimismo, el director de conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, señaló que aunque su organización no se opone en principio a la existencia del ATC, la construcción de una instalación de estas características hubiera requerido una evaluación «al detalle», basada en criterios técnicos, científicos y ambientales y «no políticos, que son los que han terminado prevaleciendo».

En opinión del responsable de área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, la toma de decisiones durante todo el proceso se ha hecho «a espaldas de la ciudadanía», que se expresó en contra «cientos de veces» en manifestaciones y alegaciones formales y se ha atendido, en cambio, a «los intereses de la industria nuclear».

Por ello, la «única solución» es, a su juicio, el «cierre inmediato» de «todas las centrales nucleares» para dejar de producir residuos y, a continuación, buscar de «forma consensuada» un «mal menor» para que la «herencia nefasta» que éstos suponen para generaciones venideras sea «lo menos dañina posible».

Thales dará soporte a los sistemas de control de las centrales nucleares de EDF Energy en Reino Unido durante diez años por 38 millones de euros

En el marco del acuerdo, Thales también entregará 5 conjuntos de contenedores de despliegue de comunicaciones y sistemas de información, en el marco de los planes de EDF Energy para fortalecer aún más la capacidad de resistencia de las centrales nucleares del Reino Unido.

Este contrato de soporte a largo plazo ayudará a asegurar el futuro inmediato de las necesidades de energía del Reino Unido, al permitir que EDF Energy cumpla sus planes para extender el funcionamiento seguro de sus centrales nucleares, destacó Phil Naybour, vicepresidente de comunicaciones seguras y sistemas de información de Thales UK.

«La estrategia de EDF Energy es extender la vida de nuestras centrales nucleares existentes mientras que sea seguro y económicamente viable hacerlo», declaró por su parte Nigel Houlton, responsable de programas de vida útil de EDF Energy.

La eléctrica finlandesa TVO anuncia un nuevo retraso en la construcción de su central nuclear hasta 2018

El grupo constructor informó a TVO de que las obras de la nueva central, iniciadas en 2005 en la costa oeste de Finlandia, no finalizarán previsiblemente hasta mediados de 2016, por lo que su puesta en marcha se demorará hasta el último trimestre de 2018.

Según el proyecto original, el nuevo reactor, el primero que se construye en Europa después del accidente nuclear de Chernobil (Ucrania), debía empezar a operar a finales de 2009.

El consorcio Areva-Siemens culpó de este enésimo retraso a la lentitud en la aprobación del sistema de instrumentación y control de la planta, que se demoró cuatro años, aunque la explicación no convenció a la eléctrica finlandesa.

«Es difícil para nosotros aceptar una previsión de puesta en marcha tan tardía como la anunciada por el contratista, ya que el proyecto está casi terminado, las obras cumplen con altos estándares técnicos y sabemos qué trabajos faltan para completar la obra», afirmó Jouni Silvennoinen, vicepresidente de TVO.

La compañía nórdica encargó al consorcio Areva-Siemens la construcción de Olkiluoto 3, la quinta planta nuclear de Finlandia y la primera del mundo equipada con un Reactor Europeo Presurizado (EPR), en diciembre de 2003.

Según los términos del contrato, el consorcio franco-alemán debía entregar en mano la central terminada, con una potencia de generación eléctrica de 1.600 megavatios, a un precio prefijado en 3.000 millones de euros.

Las obras se iniciaron en 2005 y, según los planes originales, el reactor debía empezar a producir electricidad en 2009, pero los numerosos errores de cálculo y fallos técnicos en la construcción provocaron varios retrasos y multiplicaron su coste inicial.

Mientras finalizan las obras, TVO y el consorcio contratista se culpan mutuamente de que el proyecto se haya eternizado y han llevado el conflicto a la Cámara Internacional de Comercio (ICC).

Areva-Siemens exigió a TVO una compensación cercana a los 2.600 millones de euros, mientras que TVO demandó que el grupo franco-alemán se haga cargo de las pérdidas derivadas del retraso en el inicio de la producción eléctrica.

Ecologistas en Acción convoca una manifestación para este sábado en Miranda de Ebro contra la posible reapertura de la central de Garoña

La manifestación, que consistirá en un descenso por el río Ebro a su paso por el municipio, pretende también mostrar el rechazo del colectivo al «chantaje de las eléctricas» al Gobierno central para el reinicio de la actividad de la planta burgalesa, según aseguró la organización.

Las mismas fuentes calificaron de «auténtica salvajada» la posibilidad de que Garoña mantenga su actividad hasta 2031, al considerar que «hipoteca» el futuro de la comarca y sus habitantes.

Con esta manifestación, Ecologistas en Acción también quiere mostrar su desacuerdo a otras «amenazas» para el Ebro, como los vertidos que realizan en la actualidad determinadas empresas, o la implantación de proyectos de fracking, con el consiguiente riesgo que esta técnica de extracción de gas tiene para los enclaves en los que se practica.

La jornada reivindicativa comenzará a las 14.30 horas con una paellada popular en la Plaza del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y continuará a las 18.30 con el descenso del río Ebro, desde la zona conocida como ‘Los pinos’ hasta el puente de Carlos III.

La mayoría de los polacos, a favor de contar con energía nuclear

El sondeo, realizado por el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, revela un notable incremento del apoyo a la energía nuclear, ya que en previas encuestas similares el respaldo no alcanzaba el 50%.

La encuesta se llevó a cabo con el conflicto en Ucrania como escenario de fondo, una crisis que ha hecho crecer el número de polacos conscientes de la importancia de reforzar la seguridad energética del país, explicó la responsable del estudio, Zuzana Nowak.

Polonia, que recibe gran parte del gas y petróleo importado desde Rusia, ve ahora cómo las tensiones geopolíticas en Ucrania y las desavenencias con Moscú pueden afectar su suministro de combustible.

Para reducir la dependencia energética, en enero de este año el Gobierno aprobó un programa de energía nuclear que parte de la construcción de la primera planta nuclear del país por el grupo energético PGE para el año 2024.

Según este programa gubernamental, en 2050 las plantas nucleares deberían generar el 15% del abastecimiento energético de Polonia.

Hasta el momento el carbón es el carburante más popular en el país centroeuropeo, que cuenta con una gran producción propia de este mineral, altamente contaminante y cada vez más limitado por las normativas medioambientales de la Unión Europea.

Esta situación de dependencia del carbón, insostenible a largo plazo, hace que los encuestados también se muestren a favor de diversificar las fuentes de energía.

Ante la pregunta de qué tecnologías energéticas deben desarrollarse en Polonia, un 58% de los consultados apunta a las renovables; un 48% opta por la energía nuclear; un 21%, por la extracción de gas de esquisto; un 16% se decanta por la reducción del consumo energético; y el 8%, por mejorar la efectividad de las centrales eléctricas de carbón.

El coste de la crisis de Fukushima ascenderá al doble de lo previsto

El cálculo se basa en datos oficiales del Gobierno y de la propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), según los autores del informe, Kenichi Oshima y Masafumi Yokemoto, titulares respectivamente de Economía y de Política Medioambiental en las universidades de Ritsumeikan y de Osaka.

La cifra total incluye 35.817 millones de euros destinados a pagar compensaciones a los evacuados por la catástrofe, 18.093 millones de euros para las tareas de descontaminación radiactiva y 15.830 millones de euros para desmantelar la planta accidentada.

A esto se añaden 7.733 millones de euros para costear el almacenamiento de los residuos y materiales radiactivos recogidos durante las tareas de descontaminación.

Un primer cálculo realizado por el Gobierno nipón en diciembre de 2011 situaba el coste mínimo de la crisis de Fukushima en 42.305 millones de euros.

El estudio de las universidades niponas incluye gastos que el Ejecutivo descartó en su cálculo inicial por considerarlos difícil de estimar, como el del almacenamiento temporal de los residuos radiactivos.

No obstante, según los autores la factura final podría ser aún mayor si se tienen en cuenta los futuros gastos para construir un depósito permanente para los residuos radiactivos, o el previsible aumento del presupuesto para las tareas de desmantelamiento debido a su dificultad técnica.

Otro estudio del Instituto Nacional de ciencias y tecnologías avanzadas de Japón (AIST) situaba el coste de los trabajos de descontaminación radiactiva en unos 39.000 millones de euros, cuatro veces más de lo presupuestado por el Gobierno y el doble de lo calculado por las universidades niponas.

El Gobierno nipón financia actualmente el coste de las tareas de desmantelamiento y de descontaminación, y creó un fondo especial para ayudar a TEPCO a pagar las compensaciones que reciben los habitantes de la zona que se vieron obligados a abandonar sus hogares.

La compañía deberá reembolsar en el futuro las cantidades aportadas por el Estado, lo que podría tener repercusión en las facturas eléctricas de los consumidores.

Más de 50.000 habitantes de la prefectura de Fukushima viven todavía evacuados de sus hogares cuando se han cumplido más de tres años de la catástrofe nuclear, la peor desde la de Chernóbil (Ucrania) en 1986 y que también ha afectado gravemente a la agricultura, la ganadería y la pesca local.

El Consejo de Garantías Estatutarias cree que el impuesto a las plantas termonucleares del gobierno catalán supone «una doble imposición»

En su dictamen, el Consejo analizó si el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica es o no contrario a la prohibición de doble imposición que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, la normativa establece que una comunidad autónoma sólo puede establecer impuestos donde el Estado no haya gravado previamente un determinado hecho imponible.

Al comparar el impuesto catalán cuestionado y el estatal, el Consejo de Garantías Estatuarias señaló que hay «un parecido sustantivo» entre ambos, en la medida que ponen el acento en la producción de energía eléctrica.

Este organismo consideró además que no queda acreditada la supuesta finalidad ambiental del impuesto catalán, por lo que «no se puede diferenciar claramente» del español.

Es por ello que el Consejo estimó que el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica es contrario al artículo 6.2 de la LOFCA, en tanto que se produce una doble imposición tributaria.

El resto de artículos examinados del proyecto de ley no son contrarios al bloque de la constitucionalidad, según indicó el Consejo de Garantías Estatuarias en el dictamen, adoptado por unanimidad.

Este impuesto es uno de los tres tributos ambientales que el gobierno de CiU y ERC pactaron crear, junto con el que grava el despegue de aviones comerciales y un tercero por la emisión de gases, con los que se preveía recaudar 49,1 millones de euros.

De los tres impuestos, el de la producción termonuclear de energía eléctrica es el que previsiblemente iba a aportar mayor recaudación, con 43,2 millones de euros, ya que el objetivo era gravar con 0,0018 euros el kilovatio hora de las empresas que realicen esa actividad.