Así se refleja en el acta del Pleno del CSN en la que a juicio de Narbona es «relevante» que el titular del reactor burgalés en su solicitud de renovación haya especificado que el plazo para el que pide reabrir la planta es de 17 años y que uno menor no justificaría la rentabilidad de sus inversiones.
Además, en el pleno manifestó que esta predictibilidad a la que tienen derecho tanto Nuclenor (titular de Garoña) como los ciudadanos se vería «comprometida» si, junto con este acuerdo, el organismo regulador atómico no se manifestara previamente sobre si acepta o no el plazo de solicitud planteado por la central, antes de contestar a Nuclenor requiriéndole la información y los requisitos adicionales.
La exministra de Medio Ambiente se opuso así al resto de miembros del pleno al intentar que el CSN conserve la práctica regulatoria habitual desde junio de 1999 de ligar la duración de la autorización de explotación al plazo máximo de realización de la Revisión Periódica de Seguridad (RPS). Por ello, quería que el regulador aclarara esta cuestión en el momento inicial, antes de pedir nuevos requisitos a Nuclenor, porque cree que una posible disociación de estas es una «cuestión directamente ligada a la seguridad».
Por su parte, el consejero Fernando Castelló apuntó en el debate que esta cuestión no es el objeto del pleno y que en el marco del proceso de evaluación se pueden exigir más requisitos al titular de Garoña según avance el análisis de la documentación.
Mientras, el consejero Antonio Gurguí pidió a Narbona que aclarara si está a favor de la documentación adicional que se iba a pedir en ese pleno a Garoña pero en descuerdo de que esta futura renovación se hiciese por un plazo superior a diez años.
En concreto, formuló tres preguntas a su compañera de pleno en las que le pidió su valoración sobre si creía que a la documentación adicional le faltaba o le sobraba algo y si alguno de los requerimientos debía plantearse de otra forma. A estas cuestiones Narbona respondió de forma negativa pero aclaró que, si bien considera adecuada la información requerida, no le parecía «correcto» el mensaje que se emite tanto al titular de la planta atómica como al público, al no decir «claramente y desde el principio» si se acepta la solicitud de Nuclenor en los términos que plantea la empresa.
El titular de Garoña solicitó una renovación de su licencia de operación por 17 años, que vencerán en 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años de vida útil.
También contrarios a la valoración de la consejera se mostraron en el último pleno de julio la senadora Rosario Velasco que votó a favor del acuerdo por considerar que incorporaba requisitos «altamente garantes» de la seguridad nuclear.
Velasco manifestó a su compañera que vincular la vigencia de la licencia al plazo máximo para realizar una RPS es una «buena práctica regulatoria» que, sin embargo, por lo que respecta a su modo de aplicación a Santa María de Garoña, «necesita un debate a fondo desde el estricto punto de la seguridad nuclear».
En este contexto, la consejera puso de ejemplo a Estados Unidos, donde se conceden las autorizaciones de explotación por una vigencia indefinida aunque sujetas a estrictas condiciones regulatorias sin que ello suponga una mala práctica del regulador norteamericano.
Por eso, en su opinión «no es este momento» para analizar en qué forma debe vincularse la necesidad de hacer una RPS y en qué plazos, con el plazo de vigencia de la autorización de explotación, sino que deberá hacerse «más adelante», cuando los consejeros cuenten con «suficiente» información.
Por último, Castelló corroboró la opinión de Velasco y calificó de «extemporáneo» el deseo de Narbona de pronunciarse en ese momento sobre el plazo de la renovación de la autorización. Asimismo, agregó que eso no está «en absoluto justificado» por el deseo de dar al titular de la central burgalesa un mensaje de predictibilidad en cuanto a la rentabilidad futura de sus inversiones.
Tras el intenso debate, finalmente se aprobó una Instrucción Técnica Complementaria sobre documentación y 22 requisitos adicionales con el voto en contra de Narbona y a favor de los otro cuatro consejeros, todos ellos presentaron un voto particular en los que explicaron de forma pormenorizada el sentido de su voto.
Nuclenor tiene de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para presentar la documentación requerida.
