Durante su comparecencia en la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el presidente de la patronal nuclear, Antonio Cornadó, explicó que la operación a largo plazo implica el mantenimiento del nivel de seguridad de las plantas, «más allá del periodo inicial considerado en su diseño».
La opción sólo es posible tras evaluarse la seguridad de las estructuras, sistemas y componentes de cada planta, resaltó Cornadó a los diputados de la Ponencia, que se reunió para abordar el informe anual del CSN correspondiente a 2013.
En España, la operación a largo plazo es «una alternativa viable, razonable y posible para colaborar en el logro de los objetivos de la política energética de la Unión Europea».
Por ley, las plantas no tienen una vida limitada y es el CSN quien determina la capacidad técnica de cada planta para operar.
Alargar la vida útil de las nucleares «está avalada técnica y regulatoriamente por la experiencia acumulada en Estados Unidos, donde al 75% de su parque nuclear ya se le han concedido autorizaciones de explotación hasta 60 años», dijo Cornadó, que señaló a Estados Unidos como el país de referencia en este campo, ya que es el origen tecnológico de casi todas las nucleares españolas.
Entre las ventajas de prorrogar la vida útil, Cornadó citó un ahorro de materias primas energéticas equivalentes a 100 millones de barriles de petróleo anuales, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando la emisión anual de entre 30 y 40 millones de toneladas de CO2.
Se trata de un punto en el que coincidió el representante de UNESA, José María Grávalos, quien también apostó por alargar la vida útil de las centrales al tratarse de un activo del que España no puede prescindir.
El presidente de ENUSA, José Luis González, valoró, por su parte, la actividad de las centrales nucleares a lo largo de 2013, defendió la necesidad de la energía nuclear en el mix energético, al mismo tiempo que confirmó que trabaja con ENRESA, en varios proyectos sobre cómo gestionar el combustible nuclear gastado de cara a la próxima construcción del ATC.
La dependencia energética
Por otra parte, el presidente de la patronal nuclear se refirió al asunto de la dependencia energética, que en la Unión Europea es cercana al 55%, mientras que en el caso de España esa cifra supera el 72%.
A su juicio, ese factor «continúa siendo una amenaza para la competitividad de nuestra economía», ya que «la factura por la importación de materias primas energéticas supone más de 41.000 millones de euros anuales».
Durante 2013, la energía eléctrica producida por el parque nuclear español fue de 56.734 GWh, lo que representó casi el 20% del total de la producción eléctrica del país. El pasado año la producción eléctrica nuclear supuso más del 32% de la electricidad libre de emisiones generada en el sistema eléctrico español, según apuntó.
A finales de diciembre del año pasado, la potencia instalada del parque de generación eléctrica en España era de 108.146 MW, de los que 7.864 MW correspondían a la potencia del parque nuclear, es decir, «únicamente el 7,27% del total instalado en el país generó la quinta parte de la electricidad consumida», según Cornadó.
Ecologistas y AMAC lamentan la «escasa comunicación» del CSN
Por su parte, los representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace, así como de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) lamentaron en el Congreso de los Diputados la «escasa comunicación» que mantiene actualmente el CSN con el sector.
Así lo confirmaron los diversos representantes, que se reunieron a puerta cerrada en la Cámara Baja con los portavoces parlamentarios en materia de energía nuclear. Entre otros temas valoraron la actividad nuclear de 2013, la situación de posible reapertura de Garoña, así como la próxima construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.
En cuanto al CSN, el gerente de AMAC, Mariano Vila, fue crítico con la «escasa relación» que su asociación mantiene con el órgano regulador y que «antes era fluida». Así lo puso de manifiesto a los diputados, lamentando que se ha perdido el contacto permanente y ya apenas existe colaboración con ellos, especialmente tras la desaparición de la Fundación ENRESA. Sobre el ATC, que AMAC está a favor de la construcción del almacén, trasladaron a los diputados su preocupación ante el retraso en su construcción.
Mientras, Raquel Montón, de Greenpeace criticó especialmente que el CSN haya dado su visto bueno para la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), una instalación atómica que estaba cerrada y, más si cabe, tras el accidente nuclear de Fukushisma, cuyo reactor es similar al de Garoña.
Junto con el representante de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, criticaron que el órgano regulador permita la concesión de licencias de las nucleares a 17 años cuando hasta ahora era de diez.
«Falta participación pública por parte del CSN, especialmente en el tema de Garoña, que es obligatoria según el ordenamiento jurídico internacional y nacional», remarcó.
«A nadie se les escapa que hay elecciones y si cambia el Gobierno puede que no se reabra la central», señaló Castejón, en referencia a la reapertura de la instalación burgalesa.
Sobre CSN, el representante de Ecologistas en Acción estimó que «falta independencia política», se ha «pegado a la presión del Gobierno» y no ha rechazado esta petición de 17 años, además de que falta un plan de comunicación y la información que proporciona es «defectuosa», sobre todo la referida al ATC.
«No ha hecho un estudio sobre su propia reputación tal y como le ha pedido el Congreso. Alguien debería explicar por qué ese emplazamiento, cuando era el cuarto de la lista. Creemos que por motivos políticos y así Cospedal tiene control absoluto de las obras. El CSN acaba de enviarle a ENRESA una petición de información adicional donde le pide que caracterice el terreno, cuando en marzo de 2015 van a empezar ya las obras. No va a darle tiempo de hacer los estudios necesarios», rechazó.
