En la concentración, que tendrá lugar a las 12,00 horas del próximo viernes, está previsto que participen los alcaldes de los cuatro municipios. Los cuatro regidores mantuvieron recientemente un encuentro en el que acordaron solicitar una reunión a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero, hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta, lo que les lleva a concentrarse ante la sede de Enresa para exponer sus reivindicaciones.

Además, de no ser atendidas sus peticiones, los regidores tomarán la decisión de movilizarse con sus vecinos, «paralizando la actividad de la instalación de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad del Cabril de manera indefinida». Los municipios de entorno de El Cabril llevan semanas protagonizando protestas y reclamando la atención del Ministerio de Industria por la supresión de la Fundación Enresa y el incumplimiento de sus convenios en vigor con los municipios afectados, que permitían desarrollar diversas iniciativas sociales en las poblaciones próximas a las instalaciones de Enresa.

Los regidores de los cuatro municipios dieron por rotas las relaciones con la empresa y reclaman la dimisión del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al considerar que muestra una «ineptitud y falta de sensibilidad» total al no aportar ni una solución a las demandas de los pueblos ni información sobre la futura Orden Ministerial que regulará la entrada de residuos de baja y media actividad en dicha instalación.

Así, reiteró que la planta atómica cumple «con todos los requisitos» de seguridad y está preparada para operar a largo plazo, de acuerdo a la renovación de licencia hasta 2031 que ha solicitado al Gobierno.

Además, en un comunicado en respuesta al pacto firmado este jueves en el Congreso de los Diputados por todos los grupos de la oposición excepto PP, UPyD y CiU con el fin de evitar la reapertura de la central burgalesa e iniciar un plan para suprimir la energía nuclear en España, Nuclenor subrayó que «todos» los estudios realizados hasta el momento demuestran que la vasija del reactor y los elementos más importantes de la instalación disponen de márgenes de seguridad para operar «más allá de los 60 años».

En este sentido, destacó que el conjunto de medidas adicionales que Nuclenor incorporó y va a incorporar en distintos equipos, sistemas y procedimientos refuerzan la seguridad y dan robustez a la planta para hacer frente a las situaciones más extremas (terremotos, inundaciones, pérdidas de suministro eléctrico y gestión de accidentes severos).

Además, señaló que pese a que la central nuclear está parada desde diciembre de 2012, Garoña ha mantenido un «programa exhaustivo de mantenimiento y conservación de la instalación que asegura su perfecto estado».

Asimismo, añadió que la planta se ha ido actualizado tecnológicamente desde el inicio de su operación con inversiones que superaron los 430 millones de euros para cumplir con las exigencias «al mismo nivel que las central más modernas».

Por otro lado, recordó que Garoña genera más de 1.600 empleos directos e indirectos y el impacto económico se cifra en unos 279 millones de euros anuales con una repercusión fiscal del orden de 75 millones de euros.

El titular recordó que en estos 40 años Garoña siguió «la misma práctica que en Estados Unidos, país de origen de la tecnología de la nuclear burgalesa, para lograr la operación a largo plazo. En el caso estadounidense, el organismo regulador americano concedió la licencia de operación a largo plazo (60 años) a un total de 73 reactores nucleares, de los cuales 38 superan los 40 años de funcionamiento y 27 son similares en edad y diseño a Santa María de Garoña.

Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 la renovación de su permiso de funcionamiento hasta 2031 y está elaborando documentación adicional requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, para su envío y evaluación por parte de este organismo.

En definitiva, el titular garantizó que Garoña «reúne todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales para una operación segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente a largo plazo» y que, como parte del parque atómico, contribuye a mantener un mix energético equilibrado y diversificado.

Finalmente, recalcó su papel como «elemento dinamizador» de la economía y el empleo en el entorno y en Castilla y León, y su papel «relevante» en el desarrollo de la industria nuclear española.

En la actualidad está «ultimando» la documentación relativa a los proyectos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear en la ITC complementaria que condiciona la obtención de la licencia solicitada.

«Los grupos políticos firmantes de esta declaración nos comprometemos a no reabrirla tan pronto las circunstancias legislativas lo permitan, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un periodo de transición hacia ese nuevo modelo energético», reza la declaración que todos ellos firmaron al término del acto.

En el escrito, los firmantes aseguraron que «ha llegado el momento de ser desmantelada» esta central, cerrada desde hace dos años y con más de 40 años, «presenta graves déficits de seguridad y es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear» en 2011. «Nunca debe volver ponerse en marcha».

Igualmente, acordaron que el desmantelamiento, de producirse, contará con un calendario no inferior a siete años, tiempo «más que suficiente» para desplegar el plan de reactivación de la zona al 100%.

Así, reclamaron que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno para reabrir Garoña no presuponga la adopción de «decisiones irreversibles» desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre.

Este compromiso fue suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), La izquierda Plural, ERC, Compromis, Equo, Nueva Canarias, Amaiur, BNG y Geroa Bai.

Para los firmantes, la decisión en diciembre de 2012 de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa, de paralizar la actividad de la central, demostró «desde el punto de vista energético», que es «innecesaria» porque «durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético».

En la presentación de este escrito en la Cámara Baja, el diputado burgalés del PSOE y secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, explicó que la declaración firmada este jueves «supone un buen paso que tiene como objetivo el compromiso de no permitir la reapertura de la central de Garoña y alcanzar un compromiso de consenso en esta materia para ir hacia un modelo de transición energética; modelo en el que vayamos prescindiendo paulatinamente de las centrales nucleares y en todo caso y principalmente, la central de Santa María de Garoña».

Tudanca lamentó que el Gobierno está utilizando el caso de la nuclear para avanzar en su agenda de alargar la vida de las atómicas hasta lo 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña. Igualmente, consideró que el plan de cierre debe ir acompañado de un plan de reactivación económica de la zona.

Pedro Azpiazu, del PNV, consideró que esta decisión responde a un «empecinamiento del Gobierno» ni desde el punto de vista técnico ni de suministro. «Si el Gobierno no tiene a bien este cambio que proponemos que cuando las mayorías cambien» llegar al compromiso de no reabrirlo.

Desde Compromis, Joan Baldoví, destacó que este pacto responde «al sentido común» que a su juicio ha perdido el Ejecutivo porque sus intereses priman por encima de la seguridad de la gente. «Es ser irresponsable con los ciudadanos», apostilló.

El portavoz de Equo, Juan López de Uralde, señaló que se trata de una declaración viva y que quiere buscar adhesiones también en la sociedad porque el objetivo es enviar un mensaje al Gobierno y a Nuclenor de que Garoña no se va a abrir en cuanto haya un Ejecutivo distinto.

«Por tanto no vamos a aceptar el chantaje de asumir como ha ocurrido con Castor, asumir costes posteriores sobre presuntos beneficios que se dejarían de obtener si Garoña se hubiera reabierto«, aseguró.

El diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, estimó que reabrir la central responde a un ataque frontal a la salud de las personas y al medio ambiente, energéticamente es «innecesario», y económicamente es «una ruina» que beneficia a ciertas empresas energéticas.

En opinión de la diputada del BNG, Rosana Pérez, destacó que el PP en política energética gobierna «sólo para unos pocos» y va «en contra» de la inmensa mayoría social, como pasa en Canarias y con otras cuestiones relacionadas.

Finalmente, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, criticó que reabrir la instalación atómica responde a intereses particulares. «El Estado español tiene tres veces más capacidad instalada de sus necesidades energéticas. En vez de quedarnos con las energías menos contaminantes a lo que se vuelve es una decisión disparatada como la presente», sentenció.

Castilla y León insiste en que Garoña funcione

Por su parte, la Junta de Castilla y León insistió en que mientras la central nuclear de Garoña, en Burgos, sea segura debe seguir funcionando porque su producción de energía es necesaria para España y de su actividad depende el empleo de unas mil familias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, contestó a una pregunta sobre la declaración que firmaron en el Congreso todos los grupos parlamentarios, salvo PP, UPyD y CiU, en la que se comprometen a clausurar Garoña si llegan al poder en la próxima legislatura.

De Santiago-Juárez dirigió su crítica a Tudanca y le pidió que, como diputado por Burgos, «explique a las mil familias afectadas por qué quiere cerrar Garoña».

Asimismo, insistió en que el anterior Gobierno socialista defendió el cierre de esta central nuclear por «un capricho político e ideológico del presidente Zapatero».