El CSN exige la revisión del 100% de los accionadores de las barras de control de la central de Garoña

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Según el acuerdo del Pleno este requerimiento responde al cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y requisitos adicionales en relación con la solicitud de renovación de la autorización de explotación y relativa al plan de inspección base de referencia así como al plan de contingencia de los accionadores de barras de control de la planta de Burgos.

En la actualidad, Garoña se encuentra en situación de cese de explotación desde que expiró su licencia en julio de 2013. Sin embargo, mediante una modificación en la normativa que permitía a una central en su misma situación solicitar una renovación de licencia en el plazo de un año a contar desde el final de su licencia, cuando el cierre de la planta se hubiera debido a motivos no derivados de la seguridad o la protección radiológica, sino por motivos de índole económica.

Así lo hizo su titular, Nuclenor, que pidió una renovación de su licencia por 17 años más, hasta 2031, poniendo como condición a seguir produciendo electricidad que el CSN otorgara ese plazo, hasta los 60 años de vida, lo que convertiría a esta central en la primera en llegar a esa edad en España y reabriendo en la práctica el debate de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.

Respecto a la decisión tomada por el Pleno del Consejo, la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear propuso que se inspeccionen el 100% de las penetraciones de los accionadores, esto significa que se revisarán las 97 frente a la propuesta inicial de examinar 12 de ellas, a modo de muestra.

Por su parte, la consejera Cristina Narbona, votó en contra, no porque no esté a favor de tal inspección sino porque estima que esto forma parte del proceso de renovación del permiso de explotación de Garoña, un asunto incluido en el pleno del CSN del 4 de febrero.

La consejera vino a reafirmar el voto particular que ya emitió a finales de julio de 2014, cuando se opuso que el regulador analizase una renovación de autorización por 17 años, puesto que en la práctica regulatoria en España las concesiones se dan por diez años y que van sujetas a las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS).

ACLARAR LA SOLICITUD DE NUCLENOR

Por ello, reiteró su petición de que el Pleno «delibere y decida cuanto antes» sobre la vigencia o no de la buena práctica actual que asocia las RPS con el periodo de autorización de explotación. De este modo, estimó que si el regulador decide cambiar esta práctica, rompiéndola para la renovación de Garoña, «debería explicar» las mejoras técnicas y jurídicas que en materia de seguridad nuclear y radiológica introduciría esta disociación, así como las «implicaciones» técnicas derivadas de operar un reactor nuclear hasta los 60 años.

A su juicio, el Pleno del CSN «sigue sin aclarar» si acepta o no evaluar la solicitud cursada por Nuclenor, en los términos en los que fue presentada, a pesar de que se trata de una «circunstancia inédita en la historia» del organismo regulador español.

De este modo, recordó que «nunca» un titular había presentado al CSN una renovación de una autorización de explotación por un periodo de tiempo superior a 10 años y, en segundo lugar, porque «nunca» se había pedido operar una central nuclear hasta los 60 años en España.

En este sentido, subrayó que «desde 1999» los permisos o autorizaciones de explotación concedidos a las centrales nucleares requieren la presentación de una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) asociada a la solicitud de un nuevo permiso o autorización de explotación por un periodo de 10 años, tal y como reconoce explícitamente la Guía de Seguridad del CSN, relativa a las revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares.

Por ello, según figura en su voto discrepante del acta del Pleno, destacó que esta asociación de las RPS y las autorizaciones fue el resultado de numerosas y prolongadas deliberaciones del Pleno del CSN, tal y como quedó reflejado en las actas de diversos meses de 1999, cuando por vez primera se concedió (precisamente a Garoña) una autorización de explotación por 10 años.

Además, recordó que en 2005, el Pleno del Consejo reconoció esta asociación entre las RPS y el periodo de autorización de explotación como «una mejora de la seguridad y de la eficiencia del proceso regulador».

En la misma línea, insistió en que en 20008, en el marco del Servicio Integrado de Examen de la Situación Reguladora (IRRS) del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OlEA), realizado a España se describió y reconoció que «la autorización de explotación para centrales nucleares se concede por períodos de 10 años, tal como aparece en la propia Licencia de Explotación (LE), que establece que, para ser renovada, debe presentarse una Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), en los términos dispuestos por el CSN, por medio de una Instrucción Técnica Complementaria.

A su juicio, la calidad de los procesos de regulación son «inherentes y consustanciales a las garantías de seguridad» y por ello, la consejera «no identificó el objetivo general de la mejora de la seguridad nuclear y radiológica en este inédito proceso de renovación que el CSN está siguiendo con la central nuclear Santa María de Garoña» puesto que ya se ha iniciado la evaluación para su renovación «aparentemente orientada» a operar hasta 2031.

Finalmente, aclaró que su voto «discrepante» no cuestiona en absoluto la calidad del trabajo del cuerpo técnico del CSN, sino que al contrario, «felicita» a la Dirección Técnica de Seguridad por «el rigor y el alcance del programa de inspección» de inspección de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, que amplía la evaluación de los 12 puntos de muestra inicialmente propuestos por Nuclenor, al 100% de los mismos (incluyendo así la inspección de la totalidad de las 97 penetraciones.

Fundación Renovables exige que la nuclear internalice sus costes

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La fundación reclamó que, «tras la escandalosa externalización de costes de la energía nuclear», los titulares de centrales nucleares se hagan cargo de la totalidad de costes que conlleva su actividad, incluyendo la gestión de los residuos durante toda su vida y la cobertura de la totalidad de los daños derivados de un accidente nuclear, entre otros.

En este sentido, indicó que el informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de la Gestión realizada por Enresa sobre el fondo para la financiación de las actividades del Plan General de residuos Radiactivos volvió a poner de manifiesto «la incapacidad de esta tecnología de internalizar sus costes de gestión de los residuos nucleares.

Así, la fundación consideró que el asumir los costes de gestión de los residuos nucleares no debe ceñirse meramente a lo dictado por el Plan General de Residuos Radiactivos (hasta el año 2085), sino a la totalidad del coste durante los miles de años de necesidad de confinamiento y blindaje de los residuos de alta actividad generados por la industria nuclear.

El mismo documento denunció que «se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas». Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas recomendó subir la tasa que recae sobre ellos para cubrir los costes que debe asumir Enresa en la gestión de estos residuos.

«La energía nuclear se presenta como barata porque esconde sus costes debajo de la alfombra. Incluso sin contabilizar sus costes externos, hoy en día la generación nuclear tiene unos costes tan elevados que es inviable la construcción de centrales sin un fuerte apoyo estatal», reprobó el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez.

Por ello, desde la fundación también pidieron el abandono de la energía nuclear «por un modelo energético 100% renovable, eficiente e inteligente antes de 2050» y la creación «urgente» de un marco regulatorio estable y favorable al desarrollo de las energías renovables y en especial del autoconsumo con energías renovables.

También solicitaron que la Comisión Europea haga prevalecer el principio de Sostenibilidad que figura en el Tratado Unión Europea como objetivo de la Unión Europea sobre la «Neutralidad Energética«, impidiendo así a los Estados miembros recurrir a la nuclear.

El CSN revisó la fabricación de las vasijas de Cofrentes y Garoña al conocerse los fallos de la belga Döel

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En una respuesta parlamentaria del organismo regulador a diputados del Grupo Mixto, tras conocerse los fallos en el reactor belga en agosto, el CSN decidió en septiembre acometer una revisión de las inspecciones realizadas durante la fabricación de estas vasijas, puesto que ambas procedían del mismo fabricante.

En concreto, las «primeras medidas pertinentes» para conocer si las plantas atómicas españolas podían estar también afectadas fueron esas revisiones así como las inspecciones realizadas durante la fabricación. Con posterioridad, el regulador participó en grupos de trabajo internacionales, constituidos por organismos de distintos países para asesorar al regulador belga (FANC) y compartir con todos ellos sus conocimientos y prácticas reguladoras.

Según informó el CSN, este grupo, «de forma preliminar» y coincidiendo con las actuaciones que se propusieron meses más tarde por parte de la Asociación de Autoridades Reguladoras de Seguridad Nuclear de Europa Occidental (WENRA), valoró que las vasijas afectadas fueron las fabricadas mediante el proceso de forja.

Además, añadió que el resto de las plantas fueron «descartadas preliminarmente» y que esta decisión fue después respaldada por las conclusiones de los grupos de expertos como por las recomendaciones de
WENRA.

En definitiva, tras estas inspecciones del CSN a los titulares de Cofrentes y Garoña, concluyeron que hay «ciertas diferencias» en el proceso de fabricación y en el material de las virolas de las vasijas
españolas respecto de las vasijas belgas, como un mayor diámetro practicado sobre el lingote inicial, que reducen la probabilidad de aparición de defectos por hidrógeno.

Asimismo, señaló que está «garantizado» que los métodos de inspección en servicio de la vasija habrían podido detectar estos defectos si existieran. Al mismo tiempo, subrayó que los tratamientos térmicos practicados durante la fabricación, minimizan la aparición de defectos de tipo laminar debido al hidrógeno. Esto llevó al CSN a «no requerir ninguna actuación adicional» a los titulares de las centrales nucleares españolas en operación.

En todo caso, el CSN recordó tras la solicitud de renovación de la licencia de explotación presentada por el titular de Garoña, que se emitió una Instrucción Técnica Complementaria sobre la documentación y los requisitos adicionales asociados.

Esta ITC requiere al titular que elabore y remita al CSN un plan de inspección de la vasija del reactor, a la luz de los fenómenos degradatorios detectados en las centrales de Döel 3 y Tihange 2. Este plan de inspección deberá haberse completado antes de la carga de combustible.

Controles «inmediatos» a todas las nucleares del mundo

Por su parte, la organización Greenpeace reclamó «controles inmediatos en todas las centrales nucleares del mundo» tras una alerta que emitió el organismo regulador de Bélgica, que encontró «miles de grietas nuevas» e «inesperadas» en componentes críticos de los dos reactores de este país.

Para la ONG, el riesgo mayor es el de las centrales envejecidas, de las que seis son españolas. Las grietas se hallaron en las vasijas de presión de Doel 3 y Tihange 2. Estos componentes son «el corazón» de un reactor nuclear y contiene combustible nuclear altamente radiactivo. Así, advirtió de que un fallo de este componente «puede causar un accidente nuclear de grandes dimensiones».

El pasado viernes, dos científicos expertos en materiales anunciaron que el agrietamiento «generalizado e inesperado» podría estar relacionado con la corrosión debida al funcionamiento normal, con potenciales implicaciones para los reactores en todo el mundo.

Ante esta información, el director general de la Agencia Federal de Control Nuclear (FANC), Jan Bens, advirtió de que esto «puede ser un problema global para toda la industria nuclear». De este modo, apuntó que la solución es poner en práctica en todo el mundo, inspecciones precisas de las 430 centrales nucleares.

«Lo que estamos viendo en Bélgica es muy grave y significa que el riesgo de un fallo nuclear catastrófico posiblemente esté aumentando, en especial para los reactores nucleares envejecidos, como los españoles, con una media de 31 años», declaró la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, España Raquel Montón.

Para Montón, el CSN debe revisar «cuanto antes» las centrales nucleares en España a la luz de las declaraciones del director general de la Agencia Federal para el Control Nuclear belga.

Según recordó la ONG, los dos reactores belgas se cerraron en verano de 2012 tras detectarse 8.000 y 2.000 fisuras respectivamente. Se pensó que podían deberse a un problema de fabricación, sin embargo, no se encontraron pruebas que lo corroboren o desmientan. Las centrales belgas reabrieron y siguieron con los estudios.

Finalmente, la representante de Greenpeace subrayó que el parque nuclear español está «envejecido» y que dos de los reactores, Garoña y Cofrentes, han sido fabricados por la misma empresa que los belgas. «El Consejo de Seguridad Nuclear debe asegurarse de que están en perfecto estado de mantenimiento y descartar defectos similares», defendió.

Los residuos radiactivos de alta actividad atravesarán más de 200 municipios, incluido Madrid, hasta llegar al ATC de Villar de Cañas

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De acuerdo con la ruta establecida para los transportes desde las plantas atómicas hasta el almacén temporal centralizado (ATC) que figura en la Memoria del Estudio de Impacto Ambiental de Enresa, los residuos pasarán por carretera a través de municipios como Navalmoral de la Mata, Torralba de Oropesa, Talavera de la Reina, Fuenlabrada, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid, Perales de Tajuña, Tarancón, Villarubio, Saélices, en su trayecto de los reactores de Almaraz (Cáceres).

En su viaje desde Ascó y Vandellós, los camiones pasarán por Mora de Ebre, L’Atmetlla de Mar, El Perelló, Amposta, Torreblanca, Benicassim, La Almenara, Sagunto, Paterna, Buñol, Requena, Utiel, Minglanilla, Castillejo de Iniesta, Honrubia, Hinojosa hasta Villar de Cañas.

Desde Cofrentes, sin embargo, la ruta es diferente, pese a que podrían compartir gran parte del trayecto, y los camiones con los bidones radiactivos pasarán por Jalance, Zarra, Ayora, Almansa, Bonete, La Jineta o La Roda.

Por su parte, los de Garoña llegarán tras pasar por Sobrón, Lantarón, Ameyugo, Pancorbo, Briviesca, Burgos, Sarracín, Cogollos, Lerma, Aranda de Duero, Somosierra, Robregordo, Buitrago de Lozoya, La Cabrera, El Molar, Fuente el Fresno, Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.

Los de la central en desmantelamiento, José Cabrera, más conocida como Zorita, tienen el trayecto más corto, que es compartido en gran parte con otros transportes. Su viaje pasa por Albalate de Zorita o Barajas de Melo.

Desde Trillo, los residuos pasarán por Cifuentes, Masegoso de Tajuña, Cogollor, Alaminos, Almadrones, Ledanca, Torija, Taracena, Guadalajara, Alcalá de Henares, Mejorada del Campo, Arganda del Rey o Belinchón.

En este contexto, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, mostró su preocupación por que estos transportes no han sido informados a los municipios afectados y que muchos de los residuos atravesarán Madrid, lo que debido a su densidad de población es «inquietante».

También mostró su sorpresa por que los residuos de Cofrentes y los de Ascó y Vandellós no sigan la misma ruta y por que Trillo y Zorita tampoco comparten itinerario.

Montón destacó que a lo largo de 60 años viajarán por las carreteras españolas 6.700 toneladas de residuos radiactivos. «Son muchos miles de kilos de residuos altamente peligrosos y, aunque los embalajes cumplen las normas de la Organización Internacional de la Energía Atómica, estos requisitos son garantizan la seguridad en caso de accidente», advirtió.

Los bidones en los que se transporta este tipo de residuos deben soportar una caída libre de 9 metros y, en caso de incendio soportar 800 grados centígrados durante 30 minutos, algo que para la portavoz de la ONG es «facil de superar». «El riesgo cero no existe. La historia está plagada de encubrimientos y en Estados Unidos se han contabilizado hasta 58 accidentes en traslados», valoró Montón que insistió en que no se puede asegurar que no se va a producir un accidente, ni tampoco que no vaya a pasar nada en caso de accidente.

Por ello, consideró que los 210 municipios más cercanos a las rutas por las que viajarán los residuos atómicos deberían ser conocedores de esta situación porque en caso de accidente se exponen a la radiación, ya que las normas son las mismas que para cualquier otro residuo peligroso.*

En total, según los cálculos de Enresa se prevén unos 40 transportes anuales, lo que significa unos 3 transportes cada mes por las carreteras con tráfico y cercanas a poblaciones.

En este sentido, advirti de que como el miedo es libre, en los pueblos dentro de la ruta puede disminuir el precio de las viviendas o de los suelos agrícolas por «una cuestión de confianza» en las reglas del mercado. Por ello, teme que los itinerarios perjudicarán a la economía de estos municipios y «la población no estará compensada en absoluto».

Ante esta situación, la portavoz de Greenpeace subrayó que para la organización, la situación más adecuada sería la aprobación de un plan de cierre para las centrales nucleares para que no se generen más residuos y que en vez de un almacén temporal centralizado, cada planta disponga de un almacén temporal individualizado (ATI), donde se pudiera albergar in situ los residuos radiactivos.

A su juicio, es más barato almacenar de manera individual los residuos en cada central porque se ahorra el coste de la construcción y, «sobre todo» el riesgo del transporte hasta que se halle una solución definitiva es mucho menor.

Finalmente, apuntó que la OIEA debería elevar los estándares mínimos de seguridad de los bidones para el transporte de estos residuos. Mientras tanto, anunció que si el Gobierno o Enresa no informan a los municipios afectados, al menos Greenpeace les remitirá una carta a los 210 pueblos para que conozcan la circunstancia y puedan actuar.

«Este proyecto conlleva un transporte radiactivo y consideramos que los municipios afectados deberían estar siendo informados y tener derecho a la participación pública en esta cuestión», concluyó Montón que añadió que «si nadie informa a los municipios, Greenpeace lo hará».

El Consejo de Administración de Enresa nombra presidente a Juan José Zaballa, director de Paradores

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Zaballa era hasta este jueves director general de Paradores y se convierte en el quinto presidente de la Enresa tras los mandatos de Francisco Gil-Ortega (2012-2015), Juan Manuel Kindelán (1985-1994), José Alejandro Pina (1994-1996 y 2004-2012) y Antonio Colino (1996-2004).

El nuevo presidente de la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado de las instalaciones radiactivas españolas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Administración de Empresas y Diploma de Estudios Avanzados.

Además, es técnico Comercial y Economista del Estado y ocupó diversos puestos en la Administración tanto en España como en el extranjero.

Según consta en su currículum, fue nombrado presidente-director General de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y posteriormente pasó al sector privado, donde gestionó dos fondos de capital-riesgo.

Asimismo, tiene experiencia académica ya que ha impartido y dirigido cursos de postgrado en materias de economía y administración de empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos.

Zaballa sustituye en el cargo a Gil-Ortega, quien presentó su dimisión al vicepresidente del Consejo de Administración, Cayetano López, y al Ministerio de Industria, Economía y Turismo.

En el comunicado publicado por la empresa para comunicar su dimisión se indicaba que ésta se haría «efectiva transcurrido el plazo de preaviso previsto en el contrato mercantil del señor Gil-Ortega», lo que podría haberse prolongado durante quince días. Sin embargo, el plazo no llegó a tres jornadas.

Zaballa tiene por delante proyectos como el desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara), que este miércoles cumplió cinco años desde que comenzaron los trabajos y, sobre todo, el cometido de llevar a buen término el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

Este proyecto, ubicado en Villar de Cañas (Cuenca), está pendiente de las autorizaciones de emplazamiento y de construcción solicitadas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además, en este proceso, se deben licitar las obras, a las que aspiran ocho candidatos. Los contratos pendientes de adjudicar o adjudicados para el ATC suman un importe cercano a los 240 millones de euros.

El ATC almacenará un total de 12.816 metros cúbicos de material durante, al menos, 60 años, hasta que se encuentre una solución definitiva para albergar los residuos radiactivos.

Los ecologistas lamentan que Zaballa no tenga formación nuclear

Por su parte, Ecologistas en Acción y Greenpeace calificaron de «error» la decisión de Enresa de nombrar a Zaballa presidente de la empresa encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles porque carece de formación nuclear.

Así, el responsable de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, consideró que «no es adecuado» por parte del Gobierno coger a todos los gestores de empresas públicas y moverlos «como comodines». «No es adecuado. No es lo mismo gestionar paradores que un cementerio nuclear», subrayó.

Además, valoró como «catastrófica» la gestión de Gil-Ortega, de quien cree que fue colocado por motivos políticos, para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «tuviera el control del ATC».

Sobre la etapa de Gil Ortega explicó que tuvo que lidiar con «dos cosas graves». La primera, a su juicio, que los terrenos son «inadecuados» para albergar el «cementerio nuclear» porque no se puede garantizar la cimentación del edificio durante al menos 60 años, porque los terrenos tienen debajo un acuífero muy superficial y oquedades que son dolinas y pueden dar al traste con el edificio, al tiempo que el terreno tiene arcillas expansivas que pueden crecer con la lluvia.

Castejón añadió que el segundo problema fueron «las prisas» en este año con «varias citas electorales» en las que cree que Gil Ortega tuvo presiones para tener adjudicada una empresa antes del mes de mayo. «Era insensato y además ilegal querer licitar incluso sin los permisos del CSN y sin conocer sus exigencias», apuntó.

Por ello, opinó que el nuevo presidente, pese a su perfil, debería paralizar la adjudicación de las obras hasta esperar a «los designios» del CSN, algo que podría pasar del mes de mayo. «Será la primera batalla electoral con el ATC como protagonista», comentó.

Respecto al nombramiento de Zaballa, manifestó que se puede ser muy buen gestor de Paradores, pero no de algo «tan técnico» como la gestión de los residuos radiactivos, el diseño del ATC y la ampliación de El Cabril. «Nos parece que Gil ortega fue contestado dentro de Enresa por su bajo perfil y Zaballa será contestado igual o más. No se puede dejar en manos de criterios políticos estas decisiones. Es claramente un error», sentenció.

Por último, Castejón señaló que su candidato ‘ideal’ sería un presidente de Enresa «con solvencia técnica, que conozca el sector nuclear, que desde el punto de vista político fuera transparente y que fuera dialogante y escuchara a los técnicos, la población y las ONGs».

En definitiva, vaticinó que a partir del mes de mayo, la vida de Zaballa al frente de la empresa estatal «será mucho más complicada» y que su final en Enresa será el final de esta legislatura».

Por su parte, la portavoz del área de energía de Greenpeace, Raquel Montón manifestó la «preocupación» de la ONG por el nombramiento de Zaballa porque «no está técnicamente formado, ni tiene conocimiento ni capacidad para la empresa que va a presidir».

Igual que Castejón, Montón consideró una «evidencia» que Gil Ortega fue colocado para gestionar el proyecto del ATC y cree que ahora la vicepresidenta del Gobierno le obliga a dimitir por «las prisas que se estaba dando en adjudicar las obras, con un montón de inconvenientes, entre otros, que el proyecto no tiene estudio de impacto ambiental».

A su juicio es «totalmente irresponsable» que se primen intereses económicos y políticos en un proyecto cuya duración mínima son 60 años. En este sentido, insistió en que el ATC es un proyecto «muy costoso» que lleva «muchos retrasos» y que «atañe a la seguridad nuclear de este país» y lamentó que de momento se han obviado las condiciones técnicas y de seguridad radiológica.

El proyecto del ATC requiere de dos autorizaciones del CSN, que serán vinculantes si son negativas

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Según explicaron fuentes próximas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pese a que Enresa, la empresa estatal de residuos radiactivos pidió las dos autorizaciones al mismo tiempo, en el regulador atómico se están tramitando por separado y no hay previsión de fechas o plazo para terminarlas. El Reglamento de Instalaciones Nucleares permite a Enresa a solicitar estas dos autorizaciones de forma simultánea.

En la actualidad, la de emplazamiento es la que está más avanzada y se prevé que el CSN se pronuncie en este primer semestre del año. En cuanto a la de construcción, han indicado que ya se han iniciado algunas cuestiones, pero en todo caso será posterior a la primera. «Van en paralelo, pero son distintas», señalaron.

Respecto a la de emplazamiento, trata de analizar la calidad e idoneidad de los terrenos y para ello, el CSN solicitó más información a Enresa para hacer el análisis de los terrenos. En este sentido, indicaron que la cuestión está en manos de los técnicos y que las solicitudes de información añadida son «parte del proceso normal».

Asimismo, una vez esté tomada la decisión, que corresponde al Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, los informes respecto a ambas solicitudes de autorización son, igual que en el caso de una central nuclear, vinculantes si la valoración es negativa y preceptivos, si es favorable.

Esto significa que si el CSN estimase que no se puede dar una autorización a los terrenos del emplazamiento, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no podría dar luz verde a la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). De todas formas, subrayaron que no se puede empezar a construir hasta que no tenga las dos autorizaciones y, el proyecto no tiene aún concedida la autorización municipal.

Estas fuentes valoraron que «lo normal en la lógica» es licitar el proyecto una vez se tengan las autorizaciones pertinentes que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear cuya misión es «garantizar» la seguridad del emplazamiento y de la instalación.

Así consta en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que explica que las autorizaciones requeridas para las instalaciones nucleares son la autorización previa o de emplazamiento, que es un reconocimiento oficial del objetivo propuesto y de la idoneidad del emplazamiento elegido, cuya obtención faculta al titular para solicitar la autorización de construcción de la instalación e iniciar las obras de infraestructura preliminares que se autoricen.

Además, se necesita una autorización de construcción, que faculta al titular, en este caso Enresa, a iniciar la construcción de la instalación y solicitar la autorización de explotación.

Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Ejecutivo «actuará con especial atención a la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear» antes de tomar las decisiones respecto al ATC.

Un día antes, el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, presentó su dimisión «por razones personales», aunque detrás de los motivos podría estar, según apuntaron distintas fuentes, al proceso de licitación del silo atómico.

La dimisión, según confirmaron fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, fue comunicada a José Manuel Soria, que se remite a las informaciones facilitadas por Enresa y que respecto al nombramiento de nuevo presidente en la empresa estatal de residuos radiactivos, señaló que «habrá que esperar a que lo comunique oficialmente Enresa».

El ATC es la construcción donde se albergarán, al menos durante 60 años, los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas, incluido el de Vandellós, que actualmente está alojado en Francia. En ese plazo, se deberá encontrar una solución definitiva para alojar estos residuos hasta que pierdan definitivamente la radiactividad que emiten hasta llegar a los niveles normales de la naturaleza.

El proyecto fue acordado en 2004 por unanimidad en el Parlamento. En 2009, el Ministerio de Industria abrió el plazo para que se presentaran municipios voluntarios a acoger el ATC. De entre los 12 candidatos, 8 fueron calificados como idóneos pero el Gobierno no eligió entre ellos hasta el último Consejo de Ministros de 2011. El lugar elegido fue Villar de Cañas (Cuenca) y, en principio, el objetivo era que el proyecto estuviera concluido a finales de 2017.

«No hay alteración» en la construcción del almacén

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró que «no hay alteración» en la construcción del ATC y que no tiene ninguna noticia de que el Gobierno central vaya a terminar con el proyecto, después de que el grupo socialista manchego haya anunciado que volverá a pedir la comparecencia en este órgano del presidente y del director técnico de Seguridad Nuclear del CSN y del director de la División Técnica de Enresa, para «dar la máxima transparencia» a la situación del almacén nuclear y conocer «de primera mano» todos los datos sobre el proyecto.

«En este asunto lo único que se persigue es la nada, no hay nada, lo único que hay es que la construcción va a continuar y no va a sufrir alteraciones«, y aportará «importantes beneficios» en términos de desarrollo a una zona de la región que «falta le hace» después de «tantos años de socialismo, que la tuvo en el abandono», manifestó el también consejero de Presidencia y Administraciones Públicas.

En esta misma línea, advirtió que «nada tiene que ver una dimisión por razones personales con la construcción de unas obras que llevan un procedimiento perfectamente normal, transparente y lógico».

Por lo tanto, recalcó, «el PSOE en Castilla-La Mancha sólo está en contra de las cosas buenas que le pueden suceder a esta región y está muy a favor de mentir a los ciudadanos de manera contumaz e importante».

«Evidentemente, aquí hay tomate»

En este sentido, el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, se preguntó «qué hay detrás de las prisas que ha tenido María Dolores de Cospedal y su entorno por adjudicar contratos millonarios en la construcción del ATC, «que hasta la propia vicepresidenta del Gobierno de España ha tenido que parar esas obras para que prevalezca la seguridad». «Evidentemente, aquí hay tomate», añadió.

El líder socialista reaccionaba así después de que Soraya Sáenz de Santamaría asegurara que el Ministerio de Industria presentará «especial atención a la opinión del CSN para nombrar al nuevo presidente de Enrersa.

«Me llama la atención de las prisas de Cospedal en colocar a mucha gente para toda la arquitectura de los contratos del ATC y en adjudicar contratos millonarios. Es como disparar primero y apuntar después», dijo el líder del PSOE en la región, que criticó que se empiece a construir un «vertedero» en un sitio del que todavía no hay informes «válidos sobre su idoneidad».

Y es que el también candidato socialista a la Junta de Comunidades, consideró «elemental» que «antes de empezar un «basurero nuclear» que afecta al futuro de generaciones enteras de castellano-manchegos y cuyas obras valen 900 millones de euros, más que todos los hospitales de la región juntos, se disponga de los informes de solvencia técnica y de seguridad necesarios».

Tras precisar que esta infraestructura se ha empezado a hacer sin informes de seguridad y en contra de informes de consultores privados que lo cuestionan, se preguntó «quién va pagar esta obra y las adjudicaciones si finalmente se echa para atrás» y quiénes son los adjudicatarios.

«No hablamos de un parque ni un jardín, a lo mejor de un huerto», advirtió García-Page, que redundó en valorar que el Gobierno de España haya antepuesto el concepto de «seguridad al concepto de mercantil instalado en el negocio del parque temático este».

«El único negocio que ha traído a Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal es un vertedero, y ya veremos si solo de residuos nucleares», finalizó.

Asimismo, el portavoz de este Grupo, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que la dimisión de Gil-Ortega, que calificó de «forzada», pone de manifiesto que el Gobierno regional «antepone sus intereses electorales a la seguridad» y opinó que su nombramiento «se impuso para controlar el proceso de adjudicación de las infraestructuras».

El portavoz manifestó que «existen informes encargados por el CSN que siembran dudas sobre la idoneidad de la construcción del cementerio nuclear», razón por la que aseguró que su partido cree que el proyecto se debe paralizar hasta que existan informes favorables.

Cospedal afirma que la dimisión de Gil-Ortega no afecta, «de ninguna manera», al futuro del silo nuclear

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En una entrevista a Radio Nacional de España, Cospedal indicó que la ubicación del ATC en la localidad conquense fue aprobada por el Gobierno central antes de que Gil-Ortega fuera nombrado presidente de Enresa.

«Las decisiones del Gobierno pasan por todos los requisitos de legalidad, como no puede ser de otra forma. No dependen de una persona o de otra sino de decisiones que tienen que ver con lo técnico y lo científico», manifestó.

Sobre la dimisión del Gil-Ortega, la presidenta de Castilla-La Mancha señaló que no puede dar ningún dato sobre esta decisión. «Es lo que él ha dicho, por razones personales, no puedo dar ninguna clave», apuntó.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santa María, aseguró que el Ministerio de Industria prestará «especial atención» a la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para nombrar al nuevo presidente de Enresa, tras la dimisión de Francisco Gil Ortega.

Saénz de Santamaría recordó que esos nombramientos corresponden a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que «llevará a cabo el relevo y, en este punto, el Ministerio de Industria tiene una especial atención prioritaria a los informes de Consejo de Seguridad Nuclear, los cuales ya se han pedido y algunos están en marcha».

El PSOE pide la comparecencia de Soria y Martí Scharfhausen

El portavoz socialista de Energía y miembro de la Ponencia encargad de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, José Segura, solicitó en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que explique la situación de Enresa, tras la dimisión de su presidente «por razones personales».

Además, quieren que el titular de Industria proporcione a la Cámara Baja su posición respecto a las actuaciones realizadas en Villar de Cañas (Cuenca) para la construcción del futuro ATC.

Asimismo, el grupo parlamentario socialista solicitó la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para que explique los informes relativos a la viabilidad del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El emplazamiento fue cuestionado por distintas organizaciones ecologistas y el propio organismo regulador, en el marco del proceso de licenciamiento del proyecto, solicitó a Enresa más datos respecto a la idoneidad de la ubicación, las características del terreno y las consideraciones respecto a la seguridad de cara a acoger durante al menos 60 años los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

Mientras se construye el ATC, los residuos están «seguros»

Por último, el Foro de la Industria Nuclear precisó que, «mientras» se construye el ATC, los residuos de alta actividad están «almacenados y vigilados de manera segura en las centrales nucleares», bien en piscinas diseñadas para almacenar temporalmente el combustible utilizado o en almacenes en seco.

Además, destacó que el ATC, al ser una solución centralizada, permitirá almacenar «todo» el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, lo que permitirá que estos permanezcan en «un solo lugar y con una gestión única».

Asimismo, defendió que España dispone de «experiencia, tecnología y recursos» para llevar a cabo el proyecto, que es una instalación similar a otras ya instaladas en Europa.

Como ejemplo, se refirió al almacén holandés Habog, que es el que el ATC toma como referencia. La mayoría de países del entorno adoptaron una solución como la española, que consiste en almacenar los residuos de alta actividad en una instalación centralizada.

Por otro lado, la organización que representa a la industria valoró que la construcción de un ATC elimina la dispersión de almacenes temporales de residuos de alta actividad, optimiza los recursos destinados a la vigilancia de este material y, también, independiza la operación de las centrales nucleares de sus procesos de desmantelamientos futuros.

«El ATC permite la centralización de la gestión y vigilancia de todos los residuos radiactivos de alta actividad que se generan en España, y permite cumplir las cláusulas de repatriación de residuos y materiales del reprocesado de combustible gastado en el extranjero, a la vez que reduce el impacto ambiental», concluyó.

El presidente de Enresa dimite «por razones personales» y los ecologistas piden cancelar el almacén nuclear

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Según confirmó Enresa, la dimisión ya ha sido comunicada también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y añadió que la dimisión se hará efectiva transcurrido el plazo de preaviso que se fija en el contrato mercantil de Gil-Ortega, que fue nombrado presidente en junio de 2012.

Anteriormente, Gil-Ortega desempeñaba la función de vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y había sido alcalde de Ciudad Real, senador, formando parte de la Comisión de Industria y Energía de la cámara alta durante tres legislaturas, y diputado autonómico.

De esta forma, Gil-Ortega abandona su cargo como presidente de Enresa, el cuarto tras los mandatos de Juan Manuel Kindelán (1985-1994), José Alejandro Pina (1994-1996 y 2004-2012) y Antonio Colino (1996-2004).

En una de sus últimas decisiones como presidente, Gil-Ortega cesó el pasado 27 de enero a su director de Administración, Eugenio Alejandre Siscart, por «extinción de vida laboral», según informaron fuentes de la compañía estatal. Pocos meses atrás, también fue cesado el responsable jurídico de la empresa estatal, Jesús Moreno Vivas, por presuntas desavenencias con el presidente.

El cese fue recibido con «satisfacción» por parte del Comité de la empresa en Madrid que, sin embargo, lamentó que no se hubiera producido con anterioridad.

En una comunicación interna del comité de empresa de ENRESA en Madrid, estimó que este cese era «congruente» con lo que el comité llevaba solicitando desde hace meses y, por ello, lamentó también que la decisión «no haya tenido lugar hace tiempo».

Enresa es la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares españoles así como del proyecto del ATC en Villar de Cañas, que albergará los residuos atómicos de alta actividad y el combustible gastado durante casi un siglo, hasta que éstos sean trasladados al almacén definitivo.

Según el VI Plan General de Residuos Radiactivos, el ATC almacenará «todo» el combustible gastado que se genere en el país (unas 6.700 toneladas); los residuos procedentes del reproceso del combustible de Vandellós I realizado en Francia (68 cápsulas de elementos vitrificados) y residuos de media actividad procedentes de ese mismo reproceso), así como los residuos del desmantelamiento de los componentes internos de las centrales (20.000 metros cúbicos) que no puedan guardarse en el almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba).

Respecto a los residuos que están en Francia, España pagaba a Francia por que le mantenga estas cápsulas vitrificadas una elevada suma anual, del orden de 65.000 euros diarios como penalización por mantener allí estos residuos. Sin embargo, el convenio fue renegociado y en la actualidad estas penalizaciones ya no se pagan, precisamente por los avances en el ATC en ciernes, al menos hasta finales de 2015. Sin embargo, la fecha prevista para la entrada en funcionamiento del silo atómico es principios de 2018.

El proyecto es fruto de una decisión parlamentaria, por acuerdo de todos los grupos, que se adoptó en 2004. Sin embargo, el proceso de elección de emplazamiento no comenzó hasta que julio de 2006 aunque se fue posponiendo hasta 2009, cuando el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, abrió el concurso de presentación de municipios candidatos a albergarlo. La legislatura terminó a finales de 2011 sin que el Consejo de Ministros tomara una decisión respecto al emplazamiento definitivo por falta de acuerdos dentro del Gobierno y con las comunidades autónomas.

El siguiente Ejecutivo, con José Manuel Soria como titular en la cartera de Industria, acordó en el primer Consejo de Ministros que el silo atómico se ubicara en el municipio conquense que, sin embargo, no partía como pueblo favorito en las quinielas.

Los problemas del ATC han podido con Gil Ortega

Por su parte, Paco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, afirmó que la salida de Gil Ortega se debe a las dudas técnicas y políticas sobre el ATC.

En primer lugar, «se le colocó allí por una clara motivación política para que un sector del PP, encabezado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tuviese el control sobre el ATC» y esto «lo ha «dificultado todo mucho porque no tenía ninguna preparación», añadió.

Ahora parece que su dimisión «está relacionada con su debilidad política», puesto que los enfrentamientos políticos dentro del PP, entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal, le han dejado sin sus apoyos.

La vicepresidenta y Cospedal no compartían la elección del emplazamiento, señaló el físico nuclear, que pidió reiniciar todo el proceso. «No pensamos que ha sido por motivos personales, sino por otros motivos», indicó.

En segundo lugar, «las enormes dificultades e imposibilidad de llevar a cabo el proyecto del ATC en los terrenos de Villar de Cañas, que la consultora americana URS calificó de inadecuados» y el CSN pidió información adicional sobre la seguridad del emplazamiento en el marco del proceso de licitación de la obra.

A este respecto, añadió que en la zona existe un acuífero muy superficial que «a menudo aflora a la superficie» y el terreno es propicio para que se produzcan grandes oquedades, «características que harían imposible una cimentación con garantías del almacén nuclear».

«La forma de llevar el proyecto, con muchas prisas, le ha llevado a cometer errores grandes», el más ‘sonado’ de ellos el de intentar de asignar la obra principal antes de contar con un informe previo del CSN y antes de tener el conocimiento técnico necesario de los terrenos», denunció Castejón.

«Así no se puede hacer un proyecto técnico solvente y con un presupuesto asociado adecuado para llevarlo a cabo». Además, la organización valoró también que la salida de Gil Ortega se produce «en un mes decisivo» para la adjudicación de la obra del ATC, después «de una cadena de ceses sospechosos» y en un año de citas electorales que «podrían dar al traste con el proyecto si triunfa alguna opción política que se oponga a él».

La conclusión, a su juicio, es que se debería reiniciar todo el proceso de gestión de residuos de alta actividad en España, es decir, si optar por un ATC, los ATIs (almacenes de residuos individuales) o un AGP (almacén geológico profundo).

«Si no hubieran seleccionado Villar de Cañas, seguramente se habría hecho todo con mas facilidad», por eso puede suponer la «oportunidad» de enterrar definitivamente el cementerio nuclear, un «proyecto peligroso, innecesario y politizado», afirmó.

«No es el lugar indicado, y este no es el momento adecuado para construir un cementerio, ahora que la mayoría de las centrales han construido o proyectan almacenes individualizados», dijo Castejón.

En definitiva, Ecologistas en Acción estimó que las presiones del sector nuclear, intereses de empresas particulares, enfrentamientos internos del Partido Popular han resultado «un cóctel que propicia la salida de Gil-Ortega».

El Tribunal de Cuentas recomienda a Enresa revisar cada año las tasas que se aplican a las centrales nucleares en concepto de la gestión de residuos

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Según el Informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal, estas tasas se deberían actualizar en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones socio-financieras de las previsiones contenidas en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que Enresa comunica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El objetivo de esta recomendación es «garantizar» que las dotaciones anuales al Fondo se distribuyan a lo largo del periodo que queda de vida útil de las centrales nucleares.

Además, para adecuar los recursos acumulados en el fondo para los costes futuros que deberá afrontar Enresa tras el cierre de las centrales nucleares actualmente en explotación, el Tribunal sugiere que podría plantearse «como alternativa» al incremento de la cuantía de las tasas que recaen sobre los titulares de las plantas atómicas, la «internalización por estas empresas» de los costes por asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la generación de energía nucleoeléctrica, se han cargado anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de actividades del PGRR.

Asimismo, también considera que Enresa «debería cargar» al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la «totalidad de los costes soportados» por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de actividades del PGR, a pesar de que la Ley de 1997 no les otorgó la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

Además, añade que «sería conveniente» establecer un procedimiento formal de comunicación entre Enresa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que la empresa estatal de gestión de residuos pueda «contrastar» los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares y los registros correspondientes del sistema eléctrico. Esto debería ser sin perjuicio de las potestades de control que correspondan a la Agencia Tributaria con arreglo a la naturaleza de estos ingresos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas aconseja que se complete la regulación de la gestión y financiación de los residuos generados en la utilización de radiosótopos en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación, recogida actualmente de forma residual en la regulación eléctrica, dada la insuficiencia histórica de los recursos dispuestos para esta finalidad. Así considera que se garantizaría la cobertura total de los costes en que se incurra con posterioridad al cese y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas.

A juicio del Tribunal, teniendo en cuenta las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados para afrontar los costes de la gestión de los residuos radiactivos, tras el cambio regulatorio de 2009 «no garantizaría como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional» que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas. Esto se debe a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que en la financiación de esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.

En esta línea, el tribunal concluye también que mediante la implantación del nuevo modelo de financiación de tasas, Enresa «ha dejado de tener una capacidad directa de control» sobre los ingresos que recibe por la recaudación de estos tributos. Sin embargo, señala que mientras el control directo de estos pasó a la Agencia Tributaria, en la regulación de este Fondo «no se ha previsto un procedimiento alternativo» para que Enresa «pueda contrastar» con la CNMC las cifras recibidas por la recaudación de las tasas con las cifras de ingresos por peajes o generación de energía.

El estudio del Tribunal de Cuentas, analiza y contrasta con el PGRR los ingresos previstos para gestionar los residuos radiactivos actuales y futuros en base a distintos escenarios: la vida útil media de 40 años y vida útil media de 48 años. En función de esos cálculos, las estimaciones de Enresa que se extienden hasta 2085 se sitúan en más de 19.700 millones de euros, una cifra que aumentaría a más de 20.477 millones de euros si se considerara una vida útil de 48 años para las centrales en operación.

Ecologistas en Acción estudia denunciar una posible adjudicación irregular del ATC de Villar de Cañas

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Desde la organización señalan que los recientes ceses en la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) son «un claro indicio de tensiones en el seno de la empresa pública». «Los cargos de las empresas cesadas, el director de administración y el responsable jurídico, indican presiones para acelerar el proceso de adjudicación», añaden. Ecologistas en Acción afirma que el CSN recibió la semana pasada las respuestas a su petición de información adicional con respecto a la construcción del cementerio nuclear, que técnicamente se conoce como ATC.

Al respecto, los ecologistas destacan que los expertos nucleares necesitan «despejar dudas sobre la idoneidad del terreno» y «decidirán, en función del volumen de información a estudiar, cuándo comunicar si se concede el permiso y, en caso afirmativo, qué condiciones se imponen a la obra». «La lógica apunta a que sería necesario esperar la comunicación del CSN y sus posibles instrucciones adicionales para dar el siguiente paso pero la realidad es otra», critica la organización.

Ecologistas en Acción también explica que la adjudicación de la obra, que asciende a más de 260 millones de euros, «podría perjudicar seriamente a las arcas públicas: si se adjudica el contrato, pero finalmente no se lleva a cabo la construcción, la empresa adjudicataria recibiría una cuantiosa indemnización por lucro cesante. Algo parecido a lo ocurrido con Castor». Por ello, Ecologistas advierte de que estudia ya las posibles acciones legales.