Según informó el partido, el diputado nacional del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, que firma dicha solicitud en representación de los parlamentarios castellano-manchegos, explicó que con esta nueva iniciativa pretenden «arrojar luz» sobre un asunto tan delicado como es la instalación del silo nuclear en unos terrenos en los que, después de los seísmos registrados esta misma semana, «han vuelto a saltar todas las alarmas sobre su idoneidad».

«Resulta incomprensible que no se priorice la seguridad en un asunto tan delicado como la construcción de una infraestructura de estas características», insistió Sahuquillo, que preguntó «qué otros intereses hay y quiénes se benefician de que el silo nuclear se construya en Villar de Cañas».

Dicho esto, defendió que «al contrario de lo que dicen los dirigentes del PP, nunca hubo consenso para albergar el ATC en la provincia de Cuenca», sino «una decisión política clara de Mª Dolores de Cospedal, que nos vendió por seguir siendo secretaria general del PP».

Además, desde el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados solicitaron por escrito numerosa información relativa al cementerio nuclear y, «ante la falta de respuestas sobre dicha documentación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy», desde la propia Mesa del Congreso autorizaron al PSOE a hacer estas preguntas de forma oral en la próxima Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso.

Por último, el parlamentario conquense lamentó que los diputados nacionales del PP por Cuenca votaran en contra de la propuesta de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación de los socialistas en la que se instaba a la paralización del proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que cuestiona la idoneidad de los terrenos y, ahora también, la actividad sísmica de la zona.

Para Sahuquillo, resulta «lamentable» que los diputados ‘populares’ «defiendan antes los intereses de Cospedal y del PP que la propia seguridad de un proyecto que afecta a su provincia, y en el caso de Bonilla incluso a su comarca, aunque ambos parlamentarios no estén mucho en ella».

En el texto, señaló que la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares deberá ser concedido en su caso en el ámbito de las correspondientes renovaciones de las autorizaciones de explotación de cada una de ellas y dependerá de su cumplimiento de los requisitos que les imponga el Consejo de Seguridad Nuclear.

La respuesta parlamentaria, con fecha de 30 de diciembre de 2014, subrayó que el CSN es el «único» organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y que éste es «independiente» del Gobierno.

En todo caso, en su respuesta al diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, respecto a la ampliación de las plantas atómicas hasta 50 años, el Ejecutivo recordó que su política energética se basa en la existencia de una diversificación, equilibrada y sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, en la que se cuente con todas las fuentes energéticas y las capacidades disponibles.

En consecuencia, insistió en su criterio de que mientras una central cumpla con los criterios de seguridad que le imponga el CSN, «en las circunstancias económicas actuales y siendo España uno de las Estados miembros de la Unión Europea con una mayor dependencia energética
del exterior, no se puede prescindir ni infrautilizar ninguna fuente energética«.

Así, para el Gobierno «la energía nuclear debe seguir contribuyendo a la seguridad del suministro energético, la optimización de los costes energéticos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero».

El Ejecutivo central tenía previsto empezar a trasladar estos residuos a los nuevos almacenes nucleares en enero pasado, un plazo que no se cumplió por las dificultades para encontrar una ubicación segura.

Tokio y los gobiernos locales decidieron construir depósitos temporales para los materiales radiactivos en las localidades costeras de Futaba y Okuma, las más cercanas a la planta, pero hasta ahora no se logró un acuerdo con los propietarios de los terrenos elegidos.

El gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, anunció el acuerdo alcanzado y señaló que los residuos radiactivos empezarán a trasladarse a estos depósitos el próximo 11 de marzo, según declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

Las autoridades eligieron esta fecha simbólica en la que se cumplen cuatro años del terremoto y el tsunami que azotaron el nordeste de Japón y provocaron el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Los materiales radiactivos permanecerían en estas instalaciones durante 30 años y después se trasladarían a depósitos permanentes de alta seguridad, cuya ubicación aún está por decidir.

Según el plan del Gobierno japonés, las instalaciones de almacenamiento temporal ocuparán 16 kilómetros cuadrados en torno a la central y tendrán capacidad para almacenar unos 30 millones de toneladas de tierra, cenizas y otros residuos recogidos durante de las tareas de descontaminación.

Los materiales hasta ahora retirados se depositan actualmente en varios terrenos próximos a la central.

Los depósitos temporales de Futaba y Okuma no servirán para albergar otros residuos altamente radiactivos generados en la planta, como el combustible gastado, que irá a parar a cementerios nucleares que también están por construir.

La fusión parcial sufrida por los reactores de Fukushima tras el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 generó grandes cantidades de materiales radiactivos que fueron a parar al aire y se dispersaron en torno a la central.

Estas emisiones mantienen evacuadas a unas 46.000 personas que residían en torno a la central y han afectado gravemente a la agricultura, la ganadería y la pesca local.

El diseño del almacén de Villar de Cañas sigue el modelo del HABOG, un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Holanda, donde alberga los de baja, media y alta actividad para los próximos 100 años.

En el diseño de seguridad, el ATC holandés está preparado para mantener sin ningún tipo de afectación los residuos en el caso de un terremoto de magnitud 6 en la escala Ritchter y puede afrontar el impacto de un avión militar tipo F-16A Falcón fighter, inundaciones de 10 metros sobre el nivel del mar, una explosión de gas y vientos severos de 125 metros por segundo.

El ATC de Cuenca tendrá una estructura modular dividida en tres zonas; la primera de ellas el área de recepción, a donde llegan los bidones con los residuos, la segunda la de procesamiento de los bidones y la tercera la del almacenamiento.

Por su parte, la Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca alertó de que el terremoto aumenta las dudas sobre la ubicación del ATC, ya que aunque el epicentro no ha sido cercano a la localidad conquense «echa por tierra la afirmación de que en Villar de Cañas no hay riesgo sísmico».

«El seísmo se dejó sentir en Villar de Cañas y su comarca», aseguró esta plataforma, quien añadió que los vecinos de la comarca se han puesto en contacto con ellos «para dar testimonio de la fuerza del movimiento sísmico, que movió la tierra y dejó sin luz durante unos minutos la localidad».

No afectó a ninguna de las nuclear próxima al epicentro

El movimiento sísmico no afectó a ninguna de las centrales nucleares ubicadas en las proximidades del epicentro, en la localidad de Ossa de Montiel, según informó el CSN.

Las centrales nucleares de José Cabrera, en Almonacid de Zorita y en fase de desmantelamiento, la de Trillo, en Guadalajara, y la de Confrentes, en Valencia se ubican a algo más de 200 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto, que se dejó sentir en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El resto de instalaciones nucleares ubicadas en España tampoco comunicó ningún tipo de incidente al CSN, aunque en estos casos la mayor distancia a la zona epicentral hacía más improbable la afectación de las instalaciones. Es el caso de las centrales I y II de Almaraz (Cáceres), Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I y II y Ascó I y II (Tarragona).

Siguiendo el procedimiento establecido, los titulares de las centrales nucleares José Cabrera, en fase de clausura, y de Trillo, ambas en Guadalajara, notificaron este incidente al CSN y pusieron en marcha el procedimiento habitual de comprobación y evaluación de posibles daños en las estructuras de la instalación.

En ambos casos, no hubo impacto en los trabajadores, el público o el medioambiente y el incidente fue clasificado de manera preliminar con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Por su parte, el titular de Cofrentes (Valencia) informó tras el terremoto en su página web que la central nuclear continuaba operando con «plena normalidad, sin haber observado anomalía alguna».

Las nucleares no cumplen las reglas sobre terremotos

Por su parte, Greenpeace aseguró, tras el terremoto, que el CSN no realizó todavía la caracterización sísmica requerida por la Comisión Europea en las centrales nucleares españolas.

La organización ecologista señaló que después del accidente de Fukushima, Europa recomendó en 2012 la actualización de la amenaza sísmica mediante la caracterización de las fallas activas de la Península Ibérica, pero tres años más tarde España todavía no lo ha hecho, pese a que el CSN también consideraba que se debía iniciar un programa de actualización siguiendo la normativa más reciente del Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

«En estos cuatro años hemos visto terremotos de gran intensidad en Lorca, en la costa de Vinaroz y, ahora, en Ossa de Montiel. Pero el CSN está trabajando para revisar la vieja nuclear de Garoña en vez de cumplir con las recomendaciones sobre seguridad sísmica«, declaró Raquel Montón, responsable de la Campaña Antinuclear de Greenpeace.

La organización ecologista recordó que el proyecto de ATC se encuentra a unos 140 kilómetros del epicentro del terremoto de Ossa de Montiel. «Este proyecto, con graves deficiencias de todo tipo, tampoco valora este riesgo en profundidad«, indicó.