José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

El PP denuncia que Sánchez condena a la Alcarria a ser cementerio nuclear por los ATIs de Trillo y Zorita

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EFE.- La diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña, ha asegurado que los presidente de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page «condenan a La Alcarria a convertirse en un cementerio nuclear al paralizar el ATC».

En este sentido, Valmaña ha criticado decisiones «están perjudicando claramente los intereses de la provincia de Guadalajara», como la paralización por parte del Gobierno de España de la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), donde se guardarían los residuos radiactivos de alta actividad procedentes de todas las nucleares españolas.

«La paralización de esa instalación condena a la comarca de la Alcarria de Guadalajara a convertirse en un cementerio nuclear con dos Almacenes Temporales Invidualizados (ATI) en Trillo y Almonacid de Zorita, junto a la central José Cabrera actualmente en su última fase de desmantelamiento», ha afirmado Valmaña.

Asimismo, ha apuntado que la paralización del ATC «ha supuesto también la paralización de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la seguridad del almacén de residuos de Villar de Cañas, que ya estaba elaborado al 98%».

«Han sido 43.000 horas de trabajo que se han dilapidado. Se ha dilapidado el dinero de todos los españoles, exclusivamente por la conveniencia de Page y de Sánchez, para pagar los peajes radicales de los que los dos son tributarios por su pacto de sillones» ha lamentado la parlamentaria popular.

También se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que anula el acuerdo del Gobierno autonómico por el que se ampliaba la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito y afectaba a la zona donde estaba previsto construir el almacén nuclear.

«En esa sentencia, el Tribunal de Albacete apunta que la Junta de Page ha actuado arbitrariamente, e incluso deja entrever que ha sido todo un intento de poner trabas a una competencia asumida por el Estado», ha señalado Valmaña.

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

La central nuclear Vandellós II inicia una secuencia de parada tras detectar una incidencia

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Europa Press.- La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha iniciado la secuencia de parada para intervenir en uno de los canales de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido, tras detectar una incidencia sin afectación para las personas ni el medio ambiente. Según indicaron, se ha detectado una desviación superior al 5% en una de las indicaciones de flujo neutrónico de rango extendido durante una vigilancia periódica de los parámetros de la Sala de Control.

Esta señal forma parte de la instrumentación de vigilancia, es de naturaleza pasiva y no tiene ninguna acción automática de control ni función alguna en operación normal. Se ha verificado que las lecturas del canal redundante de instrumentación de flujo neutrónico de rango extendido son correctas y que se encuentra en estado operable. Para la resolución de la incidencia se debe situar la planta en un modo en el que dicha instrumentación no es requerida, motivo por el que la central se desacopló de la red. Una vez reestablecida la instrumentación y comprobado su correcto funcionamiento, Vandellós II volverá a sincronizarse a la red eléctrica.

Endesa gana 752 millones en el primer semestre, un 15% más, y ve imposible cerrar las nucleares a medio plazo

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Europa Press.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado. Respecto al futuro de las centrales nucleares, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha considerado «imposible» que se pueda cerrar todo el parque nuclear español cuando expire la vida útil de diseño de 40 años ya que tendría impactos negativos.

En este sentido, Bogas advierte que el «temprano cierre» de las nucleares entre 2023 y 2028, tal y como desea el Gobierno socialista cuando las centrales operativas actualmente en España cumplan los 40 años desde su entrada en funcionamiento, afectaría a la seguridad de suministro, supondría un mayor precio de la electricidad y tendría un impacto negativo en términos de emisiones. Además, consideró que alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 50 años permitiría solucionar el problema del agujero de Enresa, la empresa estatal que tiene asignada la función de desmantelar las nucleares y gestionar los residuos atómicos.

Impulsada por el mercado liberalizado

Respecto a otras cifras de Endesa, sus ingresos en el periodo de enero a junio ascendieron a 9.934 millones de euros, prácticamente en línea con los 10.004 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 1.804 millones de euros a cierre de junio, con un incremento del 12%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) en el primer semestre fue de 1.053 millones de euros, un 17% más.

Así, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que, a mitad de ejercicio, el grupo puede afirmar que está «en la senda de alcanzar los objetivos comprometidos para 2018», en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.400 millones de euros. La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido a la compañía eléctrica incrementar un 19% el margen de este negocio, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 42%.

Este aumento se ha producido en un escenario en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista cayeron un 2,3%. Además, el negocio del gas experimentó una mejora significativa que le ha permitido aportar 65 millones de euros al margen bruto de Endesa durante el primer semestre. Así, teniendo en cuenta el Ebitda en términos ajustados, sin contar con los elementos no recurrentes, el resultado bruto de explotación liberalizado de la energética creció un 26%. Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 0,4%, un 4% en términos ajustados, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 1,4% en Ebitda regulado.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

El PP acusa al Gobierno de paralizar el ATC «de tapadillo» y pedirá explicaciones a la ministra en el Congreso

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, criticó la decisión «de tapadillo» del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) y ha asegurado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique esta decisión.

Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando, según ha recordado, existe en la Cámara baja una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión. De hecho, ha señalado que Ribera «hurtó al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

En cuanto a la paralización del ATC, el diputado ha mostrado su preocupación porque desconoce cómo va a garantizar el Ejecutivo la seguridad y la protección radiológica del país sin un almacén así. «Y si la pueden garantizar, me gustaría saber cuáles son las alternativas», ha apuntado. Del mismo modo, alerta del sobrecoste que supondrá que, sin ATC, todas las centrales nucleares tengan que tener su propio Almacén Temporal Individual (ATI) para los residuos nucleares.

«Estamos hablando de una instalación promovida por el PSOE y que contó con el acuerdo casi unánime de ambas Cámaras», ha recordado Mariscal, para señalar que el Ejecutivo socialista ha contravenido ahora el acuerdo parlamentario para tomar una decisión que, a su juicio, «carece de argumentos» y que se toma «por motivos políticos«. El portavoz popular quiso responder, además, a los que rechazaban el ATC por ser contrarios a las centrales nucleares. Para el diputado, el ATC «no tiene relación directa con el futuro o no» de estas plantas, sino con la gestión de residuos.

“Para hacer las cosas bien”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, destacó, sobre la decisión del Ejecutivo central, que es una «gran noticia» y que a partir de este momento se analizará la situación «para hacer las cosas bien». En este sentido, ha señalado que hay que analizar las posibilidades de «presente y futuro de los residuos nucleares«, al tiempo que ha considerado necesario que se cumpla la declaración de impacto medioambiental del proyecto. Asimismo, criticó que la decisión de elegir Villar de Cañas para almacenar residuos nucleares fue «política», algo que tocó «los corazones de los castellano-manchegos», a los que ha reconocido su «tesón» en la voz del presidente regional, Emiliano García-Page.

“Insuficiente” para la plataforma anti-ATC

Por otro lado, la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC «es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto». Según reiteró la plataforma, «los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos», es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes «para dar el carpetazo definitivo al proyecto inmediatamente».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la «autorización previa o de ubicación», para así «impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar el almacén nuclear en Villar de Cañas». El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la «autorización de construcción» del ATC. Pero «nada ha decidido», sobre la «autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas», apuntaron desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene «un argumento de peso» para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, «se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo«. Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, «la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida». Por ello indicó que están «satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto».

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

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Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.