Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que defiende su «independencia y autonomía» como «único» organismo regulador encargado de la seguridad nuclear y la protección radiológica en España, y acusa a la ASTECSN, una nueva asociación de técnicos, de «filtraciones» e «informaciones» interesadas cuyas repercusiones legales está estudiando.

En un comunicado poco habitual emitido por el regulador, los consejeros exponen su posición «ante circunstancias e informaciones que se han venido produciendo» sobre varios asuntos y respecto del funcionamiento y gestión del CSN en «temas de su competencia durante estos últimos meses». En concreto, defiende el ejercicio de sus competencias y asegura que las seguirá haciendo «con total independencia y autonomía» según exige la ley. Además, explica que en los procesos de licenciamiento, como la de la solicitud de renovación de licencia de la central de Garoña que estudia en la actualidad, su labor regulatoria está «reglada» y «se limita» a emitir un informe preceptivo y vinculante si es negativo al Ministerio de Industria.

«En dichos procesos el CSN sólo y exclusivamente puede informar de las cuestiones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, sin emitir opiniones o conclusiones que puedan ser materia de política energética o que estén fuera de sus competencias», insiste. Por tanto, traslada al Ministerio la responsabilidad de «analizar o tener en cuenta cuestiones de oportunidad política, criterios económico-financieros, sociológicos o de política energética». En este contexto, se refiere expresamente a la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), creada hace unos meses. Así, los consejeros opinan que las actividades que realizan «no han contribuido a potenciar el ambiente de neutralidad y reposo en los análisis y evaluaciones técnicas, que son propias del CSN”.

´”Acciones criticables y nada transparentes”

Según el CNS, ASTECSN es una asociación privada de la que ha solicitado información a la Junta Directiva, pero que desconoce su composición. De este modo, señala que conoce por comentarios internos que está formada por algo más de una veintena de técnicos. En este contexto, denuncia sus actuaciones «criticables» porque la organización se ha pronunciado “en paralelo” sobre cuestiones que están siendo evaluadas, «unas veces dirigiendo al Pleno su opinión fuera de los procedimientos establecidos y con clara inobservancia de los cauces de tratamiento de discrepancias técnicas, que existen en el organismo; otras veces, la información interna y de trabajo fue publicada incluso antes de su conocimiento por el Pleno y de que finalizasen los procesos internos de evaluación».

A su juicio, estas actuaciones desde el punto de vista regulador son «cuanto menos muy criticables» y las califica de procedimiento inorgánico y «nada transparente» pues sus valoraciones «aparentemente técnicas, se realizan bajo la cobertura de la asociación, pero desde el anonimato de su autor o autores«. El pleno del CSN insiste en que «desconoce la identidad» de los miembros de la asociación salvo de los miembros de su junta directiva y, por tanto de los funcionarios internos del regulador atómico que están elaborando estas opiniones que se dirigen al pleno «o que son recogidas por los medios de comunicación». En este contexto, el regulador atómico insta a que se canalicen orgánicamente mediante los procedimientos establecidos para dichas discrepancias técnicas.

Gota que colma el vaso

El último episodio de estas actuaciones ha sido una información que alertaba de posibles fallos en el sistema de agua y, en consecuencia, de la seguridad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), de la que el pleno finalmente concluyó que no es necesario requerir actuaciones adicionales al titular y que sus garantías de expectativa razonable de operatividad son «suficientes». Sin embargo, advierte de que la normativa existente indica que cuando se vierten “informaciones personales o privadas”, bajo el paraguas «técnicos del CSN» y que no suponen «en ningún caso» la posición oficial del CSN, «pueden provocar una alarma social no justificada que socava la credibilidad del regulador y ocasiona un daño moral a los ciudadanos totalmente inmerecido e injustificado».

A juicio de los cinco consejeros, esto es lo que pasó con la cuestión de Almaraz, de cuya situación de seguridad el CSN se reitera y aunque no considera requerir al titular actuaciones adicionales, informa de que está realizando un seguimiento detallado de los resultados del plan de actuaciones del titular así como una evaluación de la información adicional que este suministre en virtud de los compromisos adquiridos con el CSN. Por último, el CSN indica que se está reservando la posibilidad de iniciar acciones legales que pudieran derivar de «los hechos y las cuestiones que pudieran ser contrarios a ley» para proteger las actuaciones del cuerpo técnico con el máximo rigor, igual que los procedimientos establecidos en el organismo.