Redacción / Agencias.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido sentar las bases para conseguir un Pacto de Estado en materia de energía que permita a las empresas españolas «lograr una posición de liderazgo competitivo», para lo cual ha mostrado su «máxima colaboración y predisposición para conseguirlo», y ha abogado por la extensión de la vida de las centrales nucleares, ya que su cierre elevaría el recibo de la luz entre un 10% y un 15%.
En este sentido, la directiva de la patronal aprobó el documento Energía y competitividad: Propuestas del sector empresarial, en el cual presenta las propuestas que las empresas y organizaciones empresariales consideran «imprescindibles» para mejorar la competitividad industrial de España, conseguir una fiscalidad de la energía coherente y en línea con el resto de países de la Unión Europea y ayudar y colaborar con las instituciones con el objetivo de alcanzar un Plan Energético Nacional que proporcione «estabilidad y certidumbre al sector energético», apuntó la patronal.
CEOE entiende que la discusión en sede parlamentaria, con la participación de expertos en la materia de las líneas de la política energética plasmadas en un Plan Energético Nacional, facilitaría la realización de un Pacto de Estado si los principales partidos se inclinasen por consensuar la política energética a medio y largo plazo. Según la patronal, este plan debería contener las medidas para cumplir con los objetivos 2020-2030, junto con un análisis de su impacto, los escenarios con las proyecciones de demanda, los balances de cobertura, las infraestructuras energéticas para garantizar la seguridad de suministro y la cohesión territorial necesarias y el impacto que dichas medidas supondrán en las tarifas.
Además, estima que las empresas y el Gobierno deben plantear las políticas y estrategias más adecuadas con el propósito de alcanzar los objetivos acordados a nivel europeo, «de forma coherente y sensata, y teniendo en cuenta el impacto económico de las medidas que se establezcan». Entre las propuestas de la patronal de empresarios se encuentra la defensa de la extensión de la vida de las centrales nucleares, siempre y cuando reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que el cierre del parque nuclear supondría un incremento de entre el 10-15% en la factura eléctrica para los consumidores, «con la consiguiente pérdida de competitividad para el país».
Según la CEOE, el cierre de las centrales nucleares supondría tener que invertir en nueva generación térmica de respaldo, aspecto que choca con las políticas de descarbonización del sector eléctrico y supondrá en el medio-largo plazo un gran coste. Para alcanzar dicho objetivo, según CEOE, «España precisa de un mix equilibrado, que posibilite disponer de precios finales competitivos». En este sentido, afirma que «mantener y promover el uso de la energía nuclear es vital, ya que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la competitividad de la industria». Asimismo, estima que, en el largo plazo, se necesitarían aproximadamente 50.000 millones de euros para la sustitución de las centrales nucleares por nueva generación libre de emisiones de carbono.
En lo que se refiere a la tarifa eléctrica, la patronal pide eliminar todos los costes ajenos al suministro eléctrico que desincentivan la competitividad industrial y encarecen el gasto del consumidor doméstico. De esta manera, considera que el 100% de los costes derivados de la actividad de producción del sistema extrapeninsular deberían ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y pide que, de forma escalonada, los costes relacionados con las energías renovables y las anualidades del déficit sean trasladados a los PGE o a otras vías de financiación.
En lo que se refiere a los sistemas de apoyo a las renovables, señala que deben estar fundamentados principalmente en el uso de mecanismos de mercado con el objetivo de perseguir la eficiencia en costes utilizando el principio de neutralidad tecnológica. Este apoyo, según la CEOE, debe realizarse principalmente por medio de los PGE, pudiéndose utilizar otros mecanismos de financiación y analizar el uso de estímulos fiscales adecuadamente diseñados. También aboga por desarrollar un marco jurídico estable para el autoconsumo, que simplifique el procedimiento y garantice la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, la CEOE también cree necesario propiciar un diálogo con las administraciones y los agentes interesados, basado en «criterios técnicos y científicos», para poder avanzar en la concesión de autorizaciones de exploración y permisos de investigación, para evaluar la cantidad de recursos disponibles. En el tema del gas, entre otras medidas, propone la elaboración de una planificación gasista que de una visión a largo plazo y pide completar el desarrollo del hub gasista, asegurando su liquidez y favoreciendo la participación de nuevos entrantes y de los consumidores industriales.
Además, la CEOE advierte de que «es importante resolver satisfactoriamente y de forma definitiva los problemas existentes en relación a la construcción del Almacén Temporal de Residuos Centralizados». Pide también la liberalización del mercado eléctrico y del mercado minorista del gas; desarrollar la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; eliminar los impuestos autonómicos; la mejora de las interconexiones eléctricas y gasistas, y la consecución del mercado único de la energía. Otras de las iniciativas recogidas en el documento son modificar la regulación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la puesta en marcha de un plan Renove de equipos de cogeneración o la armonización de la política fiscal de los hidrocarburos.
