Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

La demanda eléctrica crece un 1,1% en octubre con la energía nuclear y la eólica como principales fuentes de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en octubre alcanzó los 20.391 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 1,1% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda eléctrica aumentó un 0,3% con respecto a octubre de 2017.

La producción de origen eólico alcanzó los 4.322 GWh en el mes, un 35,6% superior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso el 20,6% de la producción total. Por su parte, la nuclear fue la fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 24,5% de la generación. El carbón representó el 16,2% de la generación, los ciclos combinados el 12,2%, la cogeneración el 11,9%, la hidráulica el 7,1%, la solar fotovoltaica el 2,6% y la solar térmica el 1,4%.

En los 10 primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 221.487 GWh, un 1% más que en el 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda se mantiene un 1% superior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 22% del total, seguida de la eólica (19,5%), hidráulica (14,4%), carbón (13,8%), cogeneración (11,6%), ciclos combinados (10%) y solar fotovoltaica (3,2%).

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

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Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

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Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

El ATI de la central nuclear de Almaraz alojará en diciembre su primer contenedor y se saturará en unos 5 años

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Europa Press. – El Almacén Temporal Individualizado (ATI) que la Central Nuclear de Almaraz ha construido en sus instalaciones se encuentra «en proceso de carga del primer contenedor», que se prevé que en diciembre de este año pueda estar alojado en su posición final en el nuevo recinto, que dará un plazo de cinco años a la planta cacereña hasta su saturación.

Así, este almacén cuenta ya con todos los permisos necesarios, después de que el pasado 4 de julio de 2018 recibiera la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, y el 27 de julio, del Ministerio de Transición Ecológica. El nuevo ATI de Almaraz tiene capacidad de veinte contenedores de 32 elementos de combustible cada uno, por lo que una vez que comience a albergar contenedores, ofrecerá a la Central Nuclear «un margen de cinco años», que es lo que tardaría en saturarse de contenedores de combustible gastado.

De esta manera lo ha explicado el director de la Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos Remiro, a preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata, en la que ha explicado que la planta va a ser «pionera» en cargar el modelo de contenedor ENUN 32P, un proceso en el que van «con tranquilidad», ya que «esta primera carga es importante porque marcará el resto de futuras cargas de contenedores».

En su intervención, Rafael Campos ha explicado que las próximas cargas de contenedores en el ATI se realizarán «a lo largo del año que viene» una vez que se vayan realizando las recargas de combustible de los reactores I y II de esta planta cacereña, tras lo que ha señalado que cada recarga supondrá llenar dos nuevos contenedores de combustible.

«Eso nos da en el ATI un margen de cinco años», ha calculado el director de la Central Nuclear de Almaraz, quien ha destacado que por tanto la planta cacereña podrá «continuar perfectamente» con su actividad durante este tiempo, «con independencia» de que se construya el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que estaba proyectado en Villar de Cañas, y que «desde luego cae fuera de nuestro ámbito».

Finalmente, y en caso de que la Central Nuclear de Almaraz siguiera funcionando más allá de los cinco años que da de plazo el ATI hasta que se sature, y no estuviera construido el ATC, entonces se plantearía «una ampliación» del Almacén Temporal Individualizado, ha destacado Campos.

 

Cualquier escenario para Almaraz

La Central Nuclear de Almaraz está «preparada para cualquier escenario» a la espera de que las empresas propietarias de la planta tomen la decisión de solicitar o no la renovación de su licencia de explotación, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2019.

Así lo ha expresado, en otro orden de cosas, Campos Remiro. También ha explicado que desde la planta están «trabajando intensamente, todo el equipo, para operar de forma segura y fiable», y están «preparando el dossier documental» sobre la revisión periódica de seguridad.

Aún así, Campos ha reiterado que «el solicitarla o no solicitarla es un aspecto que nuestras propietarias tomarán en su momento la decisión», que son Iberdrola, con una participación del 52,68 por ciento, Endesa (36,02%) y Naturgy (11,29%).

«Nosotros desde luego en la Central Nuclear de Almaraz estaremos preparados para cualquier escenario que se pueda plantear en el futuro», ha reafirmado el director de la planta.

Por otro lado, el director de la Central Nuclear de Almaraz ha asegurado que se ha celebrado la reunión que se mantiene periódicamente con los alcaldes de la zona de influencia de la planta, quienes les transmitieron sus «preocupaciones».

Según el director, uno de los asuntos tratados en este encuentro fue la contratación de personal para la próxima recarga de combustible, que comenzará el próximo 29 de octubre para la Unidad I, y ante la que la Central Nuclear prevé que «gran parte» de las 1.200 personas adicionales que se contratan sean de la comarca.

Además, cabe destacar que recientemente se ha convocado la primera asamblea para la creación de la Plataforma ‘Almaraz no se cierra’ para exponer «propuestas enfocadas a promover la prórroga de la actividad» en esta planta nuclear, según se recoge en la convocatoria.

 

El sector eléctrico pide no penalizar a la energía nuclear y la hidroeléctrica ante el acuerdo del Gobierno con Podemos

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Europa Press.- El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como la nuclear y la hidroeléctrica, ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, que pretenden realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica y nuclear, y que denominan como windfall profits.

Fuentes del sector comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, «que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad». Consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser «general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica, que generará cada vez menos pero garantizará el suministro». Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen para la energía nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.

Concretamente, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la Unión Europea, «por lo que se generaría una nueva judicialización del sector cuando lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica» y, además, señalan que van en contra de la acción climática, «desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la energía sostenible».

En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables», como se constata «con el cierre de Garoña por parte de los operadores». En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de «cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento».

Señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años. Asimismo, recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, «tan elevados que no tienen parangón en nuestro entorno».

Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España, conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno, es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el «simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico».

Finalmente, recuerdan que estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, «la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático», y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que «no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover«.

Gobierno y Podemos versus eléctricas

Por su parte, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar lo que denominan como la sobrerretribución que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado «sobradamente» sus costes de inversión. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos para 2019 que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, enmarcado en las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita para abaratar el precio de la luz.

De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que «se limiten a medidas condicionales, transitorias, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad», excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

Dentro de estas reformas estructurales, también acordaron modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

Por otra parte, han pactado la creación, de manera inmediata, de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar este año, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año. En lo que se refiere al real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética, han acordado iniciar de «forma inmediata» la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley.

La demanda eléctrica crece un 3,4% en septiembre con la nuclear y el carbón como principales fuentes de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en septiembre alcanzó los 20.821 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 3,4% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En los 9 primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 191.279 GWh, un 1% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 1,2% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 21,7% del total, seguida de la eólica (19,4%), hidráulica (15,2%), carbón (13,5%), cogeneración (11,6%), ciclos combinados (9,7%) y solar fotovoltaica (3,3%).

En lo que atañe a septiembre, la producción de origen eólico alcanzó los 2.396 GWh en el mes, un 15% inferior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso tan sólo el 12,1% de la producción total. Por su parte, la nuclear fue la fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 25,2% de la generación, seguido del carbón (20,8%), mientras que la cogeneneración cubrió el 11,9%, los ciclos combinados el 11,1%, la solar fotovoltaica el 3,4% y la solar térmica el 2,5%. Con datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 29,8% de la producción en septiembre. El 55,2% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Casado ve inasumible su cierre

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, considera «inasumible» suprimir «al mismo tiempo» el carbón y las fuentes nucleares del mix energético nacional, al tiempo que demanda que no se apueste por la «demagogia» y sí por la «sostenibilidad«. Asimismo, el presidente del PP reclama que el aislamiento energético del país se vea ayudado por las interconexiones energéticas a través de los Pirineos y el Golfo de Vizcaya.

La central nuclear de Trillo realiza un simulacro de emergencia mientras Greenpeace pide que el CSN recoja “la aritmética parlamentaria”

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Europa Press.- Greenpeace insta al Gobierno a que la próxima renovación de consejeros en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recoja la «aritmética parlamentaria» actual ya que, en su opinión, «no atiende diligentemente» las responsabilidades que exige proteger a la población y al medioambiente y considera «urgente que se renueve«. Por su parte, la central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha realizado su preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI).

En el simulacro ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN. La actuación del CSN se ha desarrollado desde su Sala de Emergencias (SALEM), realizando el seguimiento del estado de planta y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad. El simulacro ha comenzado con la declaración de un incendio de duración superior a 10 minutos, que ha afectado a los sistemas de seguridad de la instalación.

Durante el ejercicio se ha simulado también la emisión de material radiactivo al exterior, situación ante la cual el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) la declaración de la Situación 3 del Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara (PENGUA), en la zona de atención preferente especificando la evacuación y profilaxis radiológica. Además, el organismo regulador especificó las medidas de protección a la población de confinamiento y profilaxis radiológica en el municipio de Trillo, así como el establecimiento del control de accesos en 10 km alrededor de la central.

La central simuló la declaración de Emergencia General, Categoría IV de su Plan de Emergencia Interior. Por su parte, el CSN mantuvo a todos los grupos de apoyo de la SALEM, tal y como establece el «modo 2» de su Organización de Respuesta ante Emergencias. Un suceso de esta naturaleza sería clasificado como accidente de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Renovación de consejeros del CSN

Por su parte, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha exigido la renovación de consejeros en el CSN dadas las «deficiencias de seguridad radiológica» en España. En este momento, la ONG señala que se debería estar iniciando ya la renovación de cargos que caducan en los próximos meses. Asimismo, Greenpeace denuncia la «inconcebible inacción» del CSN y recuerda que el Parlamento es quien debe exigirle responsabilidades.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

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Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.

ENUSA, a la espera de la decisión del Gobierno sobre el futuro nuclear, apuesta por su digitalización

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Europa Press.- El presidente de la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), José Vicente Berlanga, ha manifestado estar a la espera de las decisiones que adopte el Gobierno respecto al futuro de las centrales nucleares en España en el marco de la transición energética para adoptar, en consecuencia, las decisiones que se requieran en su empresa.

Berlanga ha subrayado que el Gobierno «de momento no se ha pronunciado» en el sentido de cerrar las centrales nucleares, sino que ha dicho que «tiene que hacerse un informe«. «Tiene que valorar la situación, tiene que situarse y después de ese nivel de información, tomar decisiones. Hoy por hoy en lo que se está trabajando es, obviamente, en mejorar el medio ambiente», ha apostillado.

Las declaraciones del presidente de ENUSA contrastan con el anuncio en el Congreso de los Diputados de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en julio confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan 40 años en consonancia con el programa del Partido Socialista. Si bien, posteriormente, a principios de septiembre Ribera matizó que el Gobierno tenía «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre, de modo que la fecha final de las plantas nucleares en 2028 dependerá de los escenarios climáticos.

Asimismo, Berlanga ha destacado que una de las cosas «más importantes» que ha observado a su llegada a ENUSA es la «alta» cualificación del personal. «Para mí eso es un valor y lo estamos poniendo sobre la mesa con todas las consecuencias», ha apostillado. Además, ha dicho que de momento además de potenciar el medio ambiente no se dejará de producir energía, en la recuperación ambiental a través de EMGRISA (de recuperación de suelos contaminados) y a transportar residuos nucleares con un nivel de «seguridad absoluta«. En este contexto, ha garantizado el mantenimiento «de momento» de todos los contratos que se tenía «previsto firmar» y mantener los actuales porque «no hay nada que diga que hay que hacer lo contrario».

«Probablemente estamos en un momento muy importante para la empresa y en esa línea estamos trabajando», ha valorado sobre el futuro de ENUSA, en el que tras su reciente llegada a la compañía ha dicho que está «apostando» por la parte tecnológica«. Berlanga atisba «nuevos nichos de trabajo y colaboración» en el corto y medio plazo «sin menospreciar» lo que ya está en marcha. En esa línea, ha anunciado que ha llevado al Consejo de Administración de ENUSA, con el «visto bueno» de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de la que depende, la «nueva transformación digital» de la compañía, una «faceta» en la que quiere trabajar «al 300%».

Para potenciar estos cambios, introducirán «unos cambios en la dirección» de modo que ahora habrá una directora de recursos nueva con dos direcciones técnicas. Finalmente, ha precisado que una de estas direcciones técnicas trabajará en los sistemas de calidad y, «sobre todo» en la transformación digital que, a su juicio, será la herramienta que permitirá a ENUSA «afrontar los nuevos retos que se avecinan en 2019 y los años siguientes«.