Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.