El Gobierno de Castilla-La Mancha traslada a la Comisión Europea la necesidad de proteger la Laguna de El Hito

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, confirmó que se han puesto en contacto, vía carta, con el comisario europeo de Medio Ambiente para explicar la situación de la comunidad autónoma y transmitir la necesidad de asegurar la protección del espacio natural alrededor de la Laguna de El Hito, en Cuenca, que obstaculizaría la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) nuclear en la población de Villar de Cañas.

«Se tiene la obligación de protegerlo, no solamente la administración competente a nivel regional que es la Junta, sino también las instituciones europeas que tienen que preservar esos espacios naturales y también el incumplimiento de la directiva Hábitat que está en vigor, y en la que tenemos que trabajar todos», explicó el consejero, que defiende la ampliación del espacio protegido Laguna del Hito, «porque lo dicen los técnicos, los que tienen interés en el territorio y obliga la Comisión Europea».

Es necesario, ha afirmado Martínez Arroyo, proteger esos espacios naturales. «Ese en concreto es de los más necesitados de protección», ha dicho. A su juicio, el Gobierno regional «no entiende, aunque respeta, la posición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la cual se pone por delante la prioridad nuclear frente al medio ambiente«. «Desde el Gobierno regional se va a dejar muy claro que el medio ambiente está muy por delante de cualquier prioridad nuclear». De ahí que apoyaran la 8ª marcha convocada por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca.

El consejero ha asegurado que está convencido «de que la razón y el sentido común va a imperar y el medio ambiente va a estar por delante de cualquier interés nuclear». La Junta, subrayó, sigue apostando por un modelo energético basado en formas de obtención «renovables, sostenibles», y destacó que la región es la primera «en la generación de energía eólica y la segunda comunidad autónoma en la generación de energía solar. Hay métodos alternativos para la obtención de energía».

La Diputación de Álava pide al Gobierno decidir ya sobre Garoña y el PP quiere que prevalezcan los informes técnicos

Europa Press / EFE.- La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, es partidaria de «depositar y residenciar la base de las decisiones» en torno al futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) «en aquellos informes que emitan los técnicos». Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado su «profunda decepción» tras la decisión de Endesa de rechazar la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña, e instó al Gobierno central a «resolver de una vez por todas esta cuestión».

Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta general en las que Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, según indicó la sociedad. Sin embargo, los consejeros de Endesa, socios de la eléctrica vasca en la central nuclear, rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Al respecto, González ha asegurado que mantenía la «esperanza» o el «deseo» de que, finalmente, Iberdrola y Endesa «se pusieran de acuerdo para no optar a la reapertura de la central nuclear». «Yo creo que era más deseo que otra cosa», ha dicho. El diputado general señaló que «lo que plantea» ahora Endesa es que «se debe esperar» a que, «finalmente», el Gobierno central «tome su decisión». Según explicó, él mismo defiende «desde hace tiempo» que es el Ejecutivo de España el que «tiene que resolver esta cuestión de una vez por todas«. «La verdad es que es una profunda decepción, tengo que reconocerlo», sentenció.

Tomar decisiones sobre informes técnicos

Amaya Fernández considera que los partidos no han de inmiscuirse en las decisiones empresariales, sobre las que deben ser «absolutamente respetuosos», en alusión a los propietarios de la central, Iberdrola y Endesa. La dirigente popular piensa que la decisión de la reapertura de la central corresponde a las empresas y ha abogado por que en asuntos de «indudable complejidad» como éste las decisiones se apoyen en informes técnicos. A su juicio, el Gobierno central «apoyará su decisión en lo que determinen» los técnicos que estén elaborando los correspondientes informes. «Supongo que adoptará una postura en función de los informes», indicó.

Diputación de Burgos descarta subvenciones

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, expresó sus dudas respecto a la posible concesión de ayudas a la propietaria de Garoña, Nuclenor, para mejorar las condiciones económicas de la planta nuclear. En este sentido, Rico recordó que hay limitaciones europeas para conceder este tipo de ayudas del Estado, tanto en forma de mejora del tratamiento fiscal como en subvenciones de otro tipo. No obstante, ha reconocido que vería bien alguna medida de este tipo, aunque la rentabilidad económica de las empresas debe basarse en el momento actual y no en subvenciones, que pueden abocar al fracaso tarde o temprano.

Para el presidente de la Diputación de Burgos, el futuro de Garoña «tiene la puerta medio abierta» tras la reunión de de Nuclenor en la que no se tomó una decisión definitiva respecto al futuro de la planta. En este sentido, recordó que el Gobierno ha evitado el «cierre político» de Garoña que había decidido el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dejado la decisión en el plano empresarial. En todo caso, demandó que esa decisión se adopte «lo antes posible» para dar certidumbre a los trabajadores de la planta y marcar el escenario posterior.

Respecto a la necesidad de un plan de reindustrialización para el entorno de la planta nuclear, Rico considera que sería «bienvenido» para las comarcas afectadas (La Bureba, Merindades y Miranda de Ebro) aunque confía en que no sea un plan alternativo a Garoña sino complementario. Ha recordado que, aunque se decida el cierre de la instalación atómica, «no se trata de dar un clavijazo, sino que conllevará un periodo de actividad importante para el desmantelamiento».

La Comisión Europea, España y Portugal sellan un acuerdo para la construcción del ATI de Almaraz al considerarse “seguro”

EFE.- El grupo de trabajo creado por el Gobierno portugués para valorar la futura construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central española de Almaraz consideró que esta instalación es «segura» y «adecuada» y emitió un parecer positivo sobre el proyecto. Consecuentemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro luso, António Costa, sellaron un acuerdo sobre la futura construcción del ATI en la central cacereña.

«Tras nuestra reunión en Malta el 3 de febrero y el amistoso acuerdo alcanzado a iniciativa del presidente Juncker, hemos llegado a un acuerdo sobre el caso de Almaraz», indicaron en un comunicado conjunto. Según dijeron, el acuerdo se basa «con solidez» en un conjunto de conclusiones operacionales que «sientan el camino para la implementación del acuerdo y ofrecen fuertes garantías para todas las partes».

«Gracias a la asistencia continuada y a la mediación de la Comisión Europea en este proceso, hemos llegado a un acuerdo en beneficio de todos», subrayaron, a la vez que recalcaron su «compromiso para implementarlo fielmente». Asimismo, trabajaron «en espíritu de buenas relaciones de vecindad» y de manera «constructiva, con la voluntad de encontrar soluciones pragmáticas». Igualmente, señalaron que acelerarán el trabajo del grupo de alto nivel sobre Interconexiones para el Suroeste de Europa y reiteraron su «firme voluntad de desarrollar proyectos europeos de interconexión que unan nuestros mercados energéticos«.

La construcción del ATI de Almaraz, situado a 100 kilómetros de la frontera lusa, provocó un incidente entre el Gobierno español y el portugués, que incluso llegó a interponer una queja ante la Comisión Europea al entender que España no había valorado el impacto transfronterizo del proyecto. Ambos países alcanzaron un acuerdo «amistoso» que preveía que Portugal retirase la queja y por el que España se comprometía a no hacer nada «irreversible» y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura.

La Comisión Europea recordó que, tras una visita de las autoridades portuguesas y altos funcionarios comunitarios a Almaraz, las autoridades españolas «compartieron una cantidad sustancial de información detallada sobre aspectos medioambientales y de seguridad» del proyecto. El análisis del Gobierno portugués resultó en diferentes conclusiones y recomendaciones para responder a sus preocupaciones sobre los potenciales efectos transfronterizos del almacén. Esas recomendaciones fueron presentadas a las autoridades españolas y a los servicios de la Comisión Europea, que se mostraron de acuerdo con los asuntos abordados, apuntó el Ejecutivo comunitario. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró entonces que las medidas que exigirá al operador abordarían la totalidad de las recomendaciones hechas.

La Comisión Europea indicó también que las partes han acordado asimismo continuar el intercambio de información sobre el almacén, y para ello España ya invitó a Portugal a nombrar a representantes que asistan a la reunión anual de información organizada en el municipio de Almaraz para informar al público sobre cuestiones relacionadas con la operación de la planta nuclear. Igualmente, las autoridades españolas acordaron compartir con las portuguesas cualquier otra información relevante sobre el almacén.

Portugal considera “segura” la construcción

«La construcción del ATI es una solución adecuada en términos de seguridad y almacenamiento, tomando como referencia patrones y prácticas internacionales», señaló el presidente de la Agencia Portuguesa del Medioambiente, Nuno Lacasta, que explicó que no se detectaron impactos transfronterizos para Portugal en situación normal de funcionamiento o en caso de accidentes «severos«.En cuanto al peligro sísmico, el grupo de trabajo considera que la construcción se llevará a cabo en una zona de «baja peligrosidad sísmica».Aun así, el grupo deja varias recomendaciones e insta a las autoridades portuguesas a que acompañen la evaluación que realicen el CSN y otras autoridades españolas en las fases futuras del proceso de construcción y operación del ATI.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.

El PP pide que el Parlamento Europeo no se pronuncie sobre Garoña porque «compete exclusivamente al Gobierno de España»

Europa Press / EFE.- El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, defendió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que esta institución no debe pronunciarse sobre la situación de la central nuclear de Garoña (Burgos), ya que se trata de una cuestión que «compete exclusivamente al Gobierno de España». La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará información al Gobierno tras debatir este asunto a raíz de una petición del alcalde de Valle de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, próximo a la central.

Díaz de Mera ha recordado que Asensio «no pudo argumentar que haya ningún incumplimiento legal», por lo que la petición de que este tema se aborde en la Comisión de Peticiones «debería ser archivada». «Esta petición sobre Garoña no tiene ningún sentido sin una decisión previa de reapertura de la central, cosa que de momento no ha ocurrido, y para lo que es competente el Gobierno español», ha añadido. «Se pretende usar a las instituciones europeas como una alerta preventiva, usando argumentos puramente ideológicos«, criticó Díaz de Mera, que recordó además que el déficit energético de España «es del 80%».

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

Foro Nuclear advierte de que sin nucleares España no podrá cumplir los compromisos climáticos adquiridos en la Cumbre de París

Europa Press.- El nuevo presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido la presencia de la energía nuclear en España como elemento clave para cumplir con los acuerdos internacionales del clima a los que se ha adherido España pues, según ha explicado, el país no podría afrontar los compromisos adquiridos en la Cumbre de París si ahora mismo se cierran las centrales.

En un debate en el Congreso, Araluce ha señalado que las centrales nucleares «tienen futuro» en España, al menos un periodo que es necesario «guste o no guste» el uso de esta energía. El motivo, según ha señalado, es que hay «un mix energético determinado» en la actualidad que, si se desmantela, requeriría un «esfuerzo de inversión gigantesco». En concreto, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que toda la generación eléctrica española produce 260 terawatios/hora, de los que 100 son térmicos (con emisiones de CO2), 40 hidráulicos, 60 nucleares y 60 renovables. De modo que, si se plantea el hecho de suprimir las nucleares y reducir las emisiones, habría que buscar alternativas para 160 terawatios/horas en el mix español.

«Si en España se consiguen 60 terawatios de renovables con una instalación de 30 gigawatios, habría que instalar otros 30 gigawatios para sustituir a las nucleares por otra energía limpia, más otros tantos si se quiere llegar a cumplir las cifras acordadas a las que España se ha comprometido como país y reducir las emisiones de CO2«, apuntó Araluce, para recordar que las instalaciones actuales de energías renovables «han costado mucho» en tiempo e inversión.

Además, señaló que estas energías tienen una gran variabilidad porque dependen de agentes externos y, en caso de excesiva producción, habría que invertir en modelos de almacenamiento. «Estos significa una instalación masiva de bombeos y de baterías; se podrían usar acumuladores en todas las casas, que costarían 3.000 euros por vivienda», indicó Araluce. A su juicio, el debate actual debería ser sobre «cuánto acotar el periodo de vida de las nucleares» pero no su desmantelamiento porque, según estima, no se podría cumplir con la demanda de energía de los españoles.

Con este último planteamiento coincide el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, que ha reconocido que no se podrían desmantelar las energías nucleares inmediatamente porque, ahora mismo, la sustitución se realizaría con gas y carbón, energías muy contaminantes. Por ello plantea a las autoridades «un calendario de cierre aceptable» que se trabaje entre todos los actores, expertos y políticos, con el fin de que el desmantelamiento de nucleares se realice con la seguridad de que hay una energía renovable preparada para cubrir la demanda.

En este sentido, Castejón criticó que durante años se hayan hecho grandes inversiones en renovables en España y ahora parezca que se «hayan olvidado» de este sector. Además, pidió la derogación del conocido como impuesto al Sol y ha recordado a las autoridades que los costes de las fotovoltaicas «no son los mismos que hace 10 años» y ha asegurado que esta energía «puede competir en el mercado energético actual sin problemas». En referencia al gasto comentado por Araluce en baterías y bombeos, Castejón destacó la existencia de «nuevas tecnologías de almacenamiento» y de baterías más modernas que «no son el futuro, sino el presente».

También participó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, en la que es su segunda visita al Congreso en lo que va de año. El país vecino se encuentra inmerso en el debate nuclear, pero no por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a 140 kilómetros de la frontera portuguesa y en las cercanías del Tajo, que abastece de agua a una parte del país.

Soares expresó la preocupación que existe por el posible alargamiento de la vida útil de Almaraz y ha destacado que los ciudadanos portugueses «no quieren producción eléctrica a partir de energía nuclear por razones económicas y por estrategia energética. «Existe la percepción de que la energía nuclear no es segura, no es inagotable y no es medioambientalmente responsable«, señaló Soares, para explicar que el 53% de la energía producida en el país vecino es de origen renovable. Además, se han comprometido a que este porcentaje suba al 60% en 2020 y a eliminar toda energía de origen fósil en 2050.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Técnicos del CSN (ASTECSN) denuncian que se infravalora su trabajo para ocultar fallos en la gestión de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado la «política de silencio» que practica el regulador, “infravalorando su trabajo” con el objetivo de ocultar que en las centrales nucleares se cometen fallos de gestión.

«El regulador no hace visible hacia el exterior sus logros como administración pública puesto que reconocer su labor eficaz de supervisor significaría aceptar que existen fallos de los entes regulados; en la política actual del organismo, eso es inadmisible», denuncian. La misiva también critica que se haya trasladado al público una imagen de «un organismo funcionarial que realiza un trabajo protocolario y meramente administrativo» y no la de un cuerpo técnico «cuya labor ha evitado la ocurrencia de accidentes y detecta problemas de forma continuada».

Ante esta situación, el sindicato pide al pleno del CSN una reflexión general sobre su gestión y les invitan a «salir de su burbuja de desinformación» en la que, a su juicio, se encuentran por no tener contacto directo con los trabajadores. En este sentido, aseguran que hay «muchas voces críticas» desde el gremio de técnicos que no están siendo escuchadas y, en algunos casos, fueron «silenciadas con amenazas», mientras toda la labor se hace «desde los mandos del CSN» con el objetivo de «transmitir al exterior una imagen de normalidad institucional y de adecuado comportamiento de las instalaciones nucleares».