El CSN impone a Garoña el cumplimiento de 15 requisitos técnicos para que siga abierta

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que acometer una serie de reformas si quiere seguir abierta y si el Gobierno no decide antes su clausura al término de la actual licencia de explotación, el próximo 5 de julio.

Para ello, tendrá que cumplir quince requisitos técnicos impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como condición indispensable para garantizar su buen funcionamiento más allá de los 40 años de vida útil, que la planta cumplirá en 2011, en caso de seguir operativa. En ese año y en 2013 debería pasar sendas reválidas y demostrar que ha incorporado las mejoras requeridas por el organismo regulador.

El informe, aprobado por unanimidad por el pleno del CSN, es favorable a la prórroga de funcionamiento de la central por otros diez años, como había solicitado Nuclenor, la empresa propietaria, en el año 2006.

«Sí, puede decirse que es un dictamen (favorable) condicionado. Cualquier licencia lleva aparejada condiciones que permiten al CSN revocar o suspenderla en caso de incumplimiento», tanto en el caso de Garoña como cualquier otra central, subrayó Carmen Martínez Ten, presidenta del CSN.

Hoy por hoy, agregó la presidenta del CSN, «Garoña es tan segura como las centrales francesas, suecas o estadounidenses de su mismo diseño, que tienen permiso para 60 años», dijo Martínez Ten. La planta del valle de Tobalina es un reactor de agua ligera en ebullición, diseño de General Electric. Sus hermanas mayores, las estadounidenses Dresden 2, Monticello y Oyster Creek, han visto renovados su permisos para operar hasta los 60 años por el regulador estadounidense.

El pliego de condiciones técnicas del CSN queda ahora a expensas de lo que decida el Gobierno, al que corresponde la última palabra. Martínez Ten y los demás consejeros del CSN (Antonio Colino, Luis Gámir, Antoni Gurguí y Francisco Fernández) entregaron ayer su informe en mano al titular de Industria, Miguel Sebastián, aunque el documento se remitió el pasado viernes al Ministerio.

Industria tiene hasta el 5 de julio de plazo para pronunciarse, indultar Garoña o cerrarla, aunque nadie duda de que la decisión la tomará el propio José Luis Rodríguez Zapatero, dada la división interna en el Ejecutivo sobre la cuestión nuclear, el debate social abierto y el precedente que puede sentar para alargar la vida útil a las demás plantas atómicas españolas.

En palabras de Martínez Ten, «a partir de ahora comienza el tiempo de la política». La presidenta negó injerencias o presiones por parte del Gobierno en la decisión del CSN, e insistió en que no se retrasó la difusión del documento para no interferir en la campaña electoral de las europeas, aunque los técnicos entregaron sus conclusiones hace casi dos semanas. «Con elecciones o sin elecciones habríamos trabajado igual», dijo Martínez Ten, a la defensiva.

Entre otras exigencias, el organismo público reclama a los responsables de la central que incorporen un sistema de tratamiento de gases radiactivos de reserva en caso de accidente, con separación física entre trenes de filtrado y paneles de control. Deberá estar operativo, previa autorización del Consejo, antes del arranque de la central posterior a la parada de recarga de combustible prevista para 2011.

En la siguiente recarga, dos años después, Garoña deberá mejorar el aislamiento de las penetraciones de la contención, duplicar los equipos y circuitos eléctricos, y perfeccionar la protección contra incendios en los elementos de seguridad. En caso de incumplimiento de los requisitos impuestos, tanto en 2011 como en 2013, el CSN podrá ordenar el cierre de la central.

Martínez Ten recalcó que se aplicará a Garoña la normativa de aplicación condicionada (NAC), un examen a la luz de las normas que rigen para las centrales más modernas, aunque estas prevenciones no estuvieran vigentes cuando la planta burgalesa fue diseñada, en los 60.

También se obliga a Garoña a disponer de planes de evaluación del envejecimiento, de gestión de residuos y de combustible gastado así como de identificación de los sistemas importantes para la seguridad y sus procesos degradatorios. En su informe el Consejo no fija las inversiones para estas mejoras. «Las que sean necesarias, cuesten lo que cuesten», apuntó la presidenta.

Sobre la central alcarreña de Zorita, clausurada en 2006 a los 38 años de vida útil, Martínez Ten recordó que Zorita era un modelo único, un prototipo sin referentes técnicos en otras partes del mundo. Su clausura se decidió en 2003 por motivos de seguridad y con un acuerdo unánime en el Parlamento. «Zorita -recalcó- no habría pasado esta evaluación».

Los ecologistas piden a Zapatero que «sea coherente» con su compromiso antinuclear

En una rueda de prensa conjunta, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife, mostraron su rechazo al informe presentado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se muestra favorable a la renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, afirmó que en este informe “han primado los intereses de la industria nuclear, obviando los graves problemas técnicos” y solicitó al Gobierno socialista y, en especial, al presidente Rodríguez Zapatero que “sea coherente con sus compromisos y cumpla su programa electoral” por lo que exigió el cierre “inmediato” de Garoña, a la que consideró como una central “obsoleta, peligrosa y prescindible”.

La decisión favorable del CSN “era de esperar” pues “era un secreto a voces” desde hace meses, afirmó López de Uralde que consideró como “político” el dictamen del organismo nuclear.

Una de las preocupaciones de estos grupos ecologistas es que finalmente, el presidente del Gobierno “ceda a las presiones del lobby nuclear y de Nuclenor”, la empresa propietaria de la central de Garoña. Si finalmente, la decisión del Ejecutivo socialista fuera la de dar continuidad a la central, este “mostrará su incoherencia y su falsedad”, perdiendo todo el “crédito verde” que tenía.

Por estos motivos, se llevará a cabo “un calendario de movilizaciones” más allá del 5 de julio, fecha en que vence el permiso de explotación de Garoña, en el supuesto caso de que se prorrogase su vida útil.

Por su parte, Mar Asunción, responsable del programa de cambio climático de WWF, dijo que “el coste social y político” de la decisión que tome finalmente el Gobierno “mandará un mensaje muy claro a la sociedad, a las empresas y a los inversores sobre el tipo de modelo energético que vamos a tener en los próximos años”.

Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, se está “chapuceando” con esta central, pues “existen incumplimientos suficientes para parar, al menos cautelarmente, Garoña”. En su opinión, la central burgalesa tiene pendientes varios de los requisitos exigidos por el CSN, como es la substitución de “muchos kilómetros” de cableado eléctrico y dar una solución a los problemas del sistema de ventilación de emergencia de la contención.

Asimismo, Castejón destacó los “reiterados y recientes” incidentes en la central, “síntoma de la degradación múltiple a la que está sometida Garoña”, a la que los grupos ecologistas se refirieron como “la central de las mil y una grietas”, debido a la corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario.

Finalmente, Juan López de Uralde sostuvo que “el suministro eléctrico seguirá estando totalmente garantizado” en el país, al tiempo que aseguró que no habría problemas de empleo, puesto que “el proceso de desmantelamiento de una central se prolonga durante años” y “genera más empleo que si se mantiene en funcionamiento”.

El director ejecutivo de Greenpeace señaló también que “si Felipe González y José María Aznar, dos ex presidentes pronucleares, cerraron en su día Vandellós I y Zorita, sería paradójico que Zapatero, el presidente más antinuclear, no cerrara Garoña”.

La industria nuclear no ve razones para que el Gobierno cierre la central de Garoña

En un comunicado, la industria nuclear muestra su satisfacción por el informe de evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se muestra a favor de ampliar en diez años su licencia de funcionamiento si cumple determinadas condiciones.

Dicho informe se remitió al Ministerio de Industria, que dispondrá de un mes para evaluarlo antes de decidir si autoriza la prórroga de funcionamiento de la central u opta por su cierre.

El Foro confía en que el Gobierno renueve la licencia de la planta y tenga en cuenta que Nuclenor -propiedad de Iberdrola y Endesa- ha invertido más de 151 millones de euros desde 1999 para modernizar las instalaciones de Garoña, uno de los aspectos que, a su juicio, ha contribuido a la apreciación favorable del CSN.

A juicio de la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, la renovación del permiso de funcionamiento de Garoña sería una «referencia» para el resto de instalaciones nucleares de España.

El Foro insistió en que la continuidad del parque nuclear español tiene un gran valor estratégico para el país, pues permite disponer de una energía de base que supone cerca del 20 por ciento de la electricidad que se consume, aporta beneficios para el control de emisiones, para la estabilidad de los precios de la electricidad y para la garantía de suministro.

A estos aspectos, la industria nuclear señala que habría que añadir el empleo y los beneficios sociales, que en el caso de Garoña supone 1.000 puestos de trabajo y un motor económico para la zona.

Nuclenor cree que el informe del CSN es un paso positivo hacia la renovación

Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Garoña, ha destacado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala la seguridad y buen estado de las instalaciones de esta planta atómica y considera que es un «paso positivo» hacia la renovación del permiso de explotación.

Nuclenor, integrada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa, ha afirmado que el informe del CSN es «coherente con los resultados de las evaluaciones realizadas por organismos reguladores norteamericanos y europeos a instalaciones similares».

Para la empresa propietaria de Garoña se trata de un «paso positivo», aunque también advierte de que está pendiente la decisión final del Gobierno.

«El dictamen del CSN acredita la seguridad de la central de Garoña después de un exhaustivo examen en el que se ha revisado tanto el cumplimiento de todos los requisitos y normas nacionales e internacionales, como la condición de los sistemas y equipos de la central», se señala en la nota de prensa.

Nuclenor recuerda además que en todo el mundo hay dieciocho centrales nucleares del mismo tipo, diseño y edad similar a la de Garoña y destaca que tienen autorización para operar hasta los 60 años.

La empresa se refiere también al «esfuerzo inversor» realizado en los últimos años para que la instalación atómica pueda funcionar «a largo plazo».

En este sentido, Nuclenor expresa su decisión de «seguir con la misma política para mantener permanentemente actualizada» la central nuclear y que «con todas las garantías» pueda seguir funcionando hasta el año 2019.

Señala que las mejoras requeridas por el CSN en su dictamen técnico forman parte de las propuestas presentadas por Nuclenor para cumplir con las nuevas normas que sólo son requeridas en los Estados Unidos a las centrales de nueva construcción.

La central de Garoña podría ver prorrogada su actividad cuando cumple 39 años

El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas establece que la renovación de la autorización de explotación de una central se otorga después de superar una revisión periódica de la seguridad.

En ella se comprueba el buen funcionamiento de los procesos que garantizan la seguridad de la instalación a lo largo de un determinado período de tiempo.

En concreto, esa revisión ha supuesto la realización de una revisión «profunda» de los aspectos más relevantes para la seguridad de la central, entre los que se encuentran la revisión de la operación desde la última autorización, la situación radiológica de la planta, o las modificaciones que se hayan hecho en la instalación.

La empresa titular de la central nuclear (Nuclenor) presentó el 3 de julio de 2006 la solicitud de renovación del permiso de explotación para otros diez años.

La regulación española obliga a las centrales nucleares a solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación cada diez años, asociadas a la introducción de mejoras en su seguridad, y el CSN tiene además establecido un procedimiento especial para los casos en los que la solicitud de renovación supera el tiempo denominado «vida de diseño» (cuarenta años).

La central nuclear de Garoña está en funcionamiento desde 1970 y la autorización de explotación es válida hasta el próximo mes de julio, aunque la empresa titular, Nuclenor (participada al cincuenta por ciento por Endesa e Iberdrola), ha pedido una prórroga de ese permiso por un nuevo período de diez años.

El de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España y el primero sobre el que se deberá pronunciar el Gobierno socialista, que concurrió a las pasadas elecciones con el compromiso electoral de cerrar progresivamente las centrales nucleares.

En España hay seis centrales nucleares en explotación; de ellas, Almaraz y Ascó, tienen dos unidades gemelas, por lo que el número de reactores es de ocho, y una central que ha sido declarada en cese definitivo de explotación, José Cabrera.

Las centrales españolas producen en torno al veinte por ciento de la energía eléctrica que se consume en nuestro país, dependiendo del número y duración de sus paradas de recarga, que fluctúa de unos años a otros, según el CSN.

Tras Garoña se pusieron en marcha las centrales de Almaraz I (1980) y II (1983), las de Ascó I (1982) y II (1985), la de Cofrentes (1984), y las de Trillo (1987) y Vandellós II (1987).

El CSN apoya renovar la vida útil de Garoña por 10 años más

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la central nuclear de Garoña concluye que es viable la renovación de su licencia por 10 años más, por lo que podría cumplir 50 si logra la aprobación del Gobierno.

El Consejo ha presentado en el último día de plazo su informe al Ministerio de Industria, que ahora tendrá un mes, hasta el 5 de julio, para decidir sobre si cierra o no la central nuclear burgalesa.

La planta fue diseñada para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, el Consejo de Energía Nuclear ha concluido por unanimidad que cumple con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para ampliar hasta 2019 sus años de servicio, si bien ha impuesto varias condiciones.

Estas condiciones implican «cambios importantes» y una obra que requerirá «mucho tiempo», aunque son asumibles para las compañías propietarias de la central (Endesa e Iberdrola), que ya eran conscientes de la necesidad de estos cambios.

El informe requiere a la central que renueve «muchos kilómetros» de cableado eléctrico, algunos soterrados, así como medidas para la purificación de la atmósfera de la sala de control que aseguren la integridad de los trabajadores en caso de accidente.

Para poder llevar a cabo estas modificaciones será necesario aprovechar las paradas que el reactor realiza cada 18 meses para el cambio de combustible. Tras la efectuada en 2009 las próximas serán en 2011 y 2013.

En total, el Pleno del regulador (integrado por la presidenta del organismo, Carmen Martínez Ten, su vicepresidente, Luis Gámir, y los consejeros Antonio Colino, Antoni Gurguí y Francisco Fernández) ha mantenido seis sesiones para estudiar y analizar la propuesta.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y dentro del plazo acordado, el informe del Consejo ha sido registrado en el Registro General del Ministerio de Industria y Energía.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha asegurado que el Ejecutivo «está barajando todas las alternativas posibles», aunque hizo un guiño a la central al afirmar que a las centrales nucleares «les pasa como a las personas, que hay algunas que con veinte o treinta tienen achaques y otras que con cincuenta están estupendas».

Por su parte, los dueños de la central de Garoña a partes iguales, Iberdrola y Endesa, han advertido al Gobierno de que recurrirán al Tribunal Supremo en caso de ser cerrada para reclamar una indemnización de 1.000 millones de euros por las inversiones aún no amortizadas y por la pérdida del flujo de caja previsto hasta 2019.

El Consejo de Seguridad Nuclear celebrará el lunes una rueda de prensa para dar a conocer públicamente el sentido de su decisión. No obstante, este informe no es vinculante para el Gobierno, por lo que será el Ejecutivo quien tomará la decisión sobre la continuidad de Garoña antes del 5 de julio.

Marín: «Hoy por hoy» España necesita nucleares para cumplir el «mix energético»

Manuel Marín impartió en Cáceres la conferencia titulada «Modelo energético, cambio climático y seguridad nacional», con la que la Universidad de Extremadura inauguró sus X Cursos de Verano.

En unas declaraciones a los periodistas, el presidente de la Fundación Iberdrola se refirió a la decisión que debe adoptar el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sobre el cierre o no de la central de Garoña, en Burgos.

«Mi vocación -subrayó- es el medio ambiente, el cambio climático y las energías renovables, y ojalá con los molinillos fotovoltaicos, o planchas termosolares o biomasa, tuviésemos suficiente, pero para la economía española, hoy por hoy, no es posible, por lo que durante algún tiempo habrá que cumplir con el mix energético, incluyendo la energía nuclear«.

Apuntó que las energías procedentes de los parque eólicos o las planchas termosolares «son intermitentes, funcionan cuando hay viento o luz, y en consecuencia, necesitas tener un sistema de energía que se llama ‘de respaldo’, y en estos momentos esa energía procede de las centrales nucleares«.

Esta circunstancia «obliga a seguir buscando soluciones al principal problema de las nucleares, que son los residuos«, destacó.

Marín precisó que el debate que se abre en España es el de si se debe afrontar la construcción de centrales nucleares nuevas, de tercera generación, algo que en su opinión es complicado.

«Sería muy difícil encontrar financiación para ese tema, por el tremendo coste que acarrea, y ese dinero no lo tiene el Estado ni las empresas», añadió.

Ante ello, a su juicio, sólo queda la posibilidad de prolongar la vida útil de las que hay, por lo menos por algún tiempo, 10 años más, «que es lo que se puede hacer, y no lo que pregonan otros que alegremente dicen ‘vamos a construir una o dos o tres’, porque es muy caro y la situación económica es la que es».

Comienzan las obras en Francia para construir el primer reactor de fusión

Así lo ha explicado Didier Gambier, director de la agencia europea Fusion for Energy (F4E), en la visita que el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha hecho a la sede barcelonesa de este organismo que, desde 2007, gestiona la participación de la UE en este programa internacional.

El Iter, que prevé una inversión de 10.000 millones de euros (4.000 procedentes de la UE), y en el que participan también Estados Unidos, China, la India, Japón, Corea del Sur y Rusia, tiene como objeto demostrar la viabilidad de recrear en la Tierra la fusión como fuente de energía limpia.

La energía de fusión pretende reproducir la reacción física que se da en el Sol: cuando los núcleos atómicos ligeros se fusionan para formar otros más pesados, que generan una gran cantidad de energía, un proceso difícil de reproducir ante la necesidad de calentar gases hasta temperaturas extremas (de millones de grados centígrados) para producir una gas eléctricamente cargado (plasma).

El dominio de la fusión proporcionaría una fuente de energía sostenible y prácticamente ilimitada.

Un ejemplo: para satisfacer las necesidades energéticas eléctricas de una ciudad de un millón de habitantes durante una semana son necesarias 250.000 toneladas de petróleo, 400.000 toneladas de carbón, o tan sólo sesenta kilos de combustible de fusión.

Gambier ha explicado que en estos momentos se ha acabado ya el anteproyecto y que el siguiente paso será la contratación de las obras del futuro Iter, «un momento delicado pero a la vez muy ilusionante», ha asegurado.

En el experimento del programa Iter, que pretende ser capaz de generar 500 millones de vatios de forma continuada durante quinientos segundos, se utilizarán como combustibles para la fusión dos isótopos del hidrógeno: el deuterio y el tritio.

Entre las ventajas de la energía de fusión que han explicado Esther Barbero y Ferran Albajar, dos de los investigadores catalanes que participan en el programa, figuran que además de utilizar un combustible abundante en la Tierra, como el agua, no genera residuos radiactivos de larga duración, no emitirá C02, y las centrales de fusión no presentan riesgos de reacción en cadena.

«Hemos de demostrar no sólo la viabilidad científica de la fusión, sino que además hay que hacerlo en la Tierra con los materiales que tenemos en la Tierra, y con sus límites materiales y tecnológicos; ése es el gran reto del Iter», ha explicado Albajar.

Como no existen elementos que resistan temperaturas de millones de grados, el experimento buscara mantener el plasma flotando dando vueltas en un punto sin contacto material.

El Iter se está construyendo en Cadarache, al sur de Francia, y ocupará una superficie de setenta hectáreas, unos cien estadios Camp Nou, y el reactor en sí pesará como tres veces la Torre Eiffel de París.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha afirmado que tener en Barcelona la sede de la agencia europea que se encarga del proyecto Iter «es una gran oportunidad económica, social y para el país».

En este sentido, Montilla ha dicho que la agencia F4E, donde actualmente trabajan unos 180 científicos e investigadores, y que ampliará esta plantilla hasta las 400 personas, supone un «polo de atracción de talento mundial hacia Europa y hacia Cataluña».

El CSN apura el plazo y no comunicará su decisión sobre la central de Garoña hasta hoy

Con la de hoy, son seis las reuniones mantenidas por el Consejo para evaluar el conjunto de análisis realizados hasta el momento, según informó el organismo regulador.

El CSN debe remitir su informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conforme a los plazos establecidos legalmente, con fecha límite de hoy.

En cumplimiento del programa de trabajo que este organismo acordó el pasado 16 de abril, el Pleno del Consejo ha revisado la observancia de las condiciones de la autorización actual y las instrucciones técnicas complementarias asociadas; la revisión periódica de la seguridad; el seguimiento de la instrucción técnica complementaria sobre la normativa de aplicación condicionada, y el análisis del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (Piege) presentado por la central, así como de la operación a largo plazo.

En su reunión de ayer, los cinco consejeros que integran el pleno se ocuparon de hacer un balance global de las condiciones que reúne la planta.

Queda pendiente, por lo tanto, la votación en la que el CSN tomará una decisión. Los votos de los cinco miembros del Pleno deberán lograr una mayoría simple.

El comité de empresa cree que Garoña es una central segura

El presidente del comité de empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña Alberto César González, considera que esta planta es segura y «se ha preparado para seguir siéndolo diez años más».

González ha precisado que, además de los controles permanentes del Consejo de Seguridad Nuclear, la central ha pasado al menos cinco exámenes voluntarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, en todos los casos con resultados favorables.

El representante de los trabajadores de la instalación nuclear burgalesa ha asegurado que es «comprensible y lógico» que si el Consejo de Seguridad Nuclear realiza un informe negativo a la petición de prórroga de vida útil de Garoña la planta se tenga que cerrar.

Sin embargo, ha insistido en que por la misma razón un informe técnico favorable debería suponer la concesión de la prórroga por parte del Gobierno.

En este sentido, pide a los miembros del Gobierno que sean «sensibles» a la cuestión del empleo, porque hay unas mil familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la central nuclear.

No hay Plan B

El director general de Nuclenor (titular de la central y participada al 50% por Iberdrola y Endesa), Martín Regaño, sostuvo recientemente que «no contemplamos ningún escenario que no sea el de la renovación por 10 años más».

Riaño avaló el «sólido proyecto» de este reactor, que en todas las pruebas ha demostrado que es «totalmente seguro y fiable».

Esta confianza en la continuidad de Garoña hace que Nuclenor «no contemple un plan B» y siga concertando las visitas con total normalidad.

Garoña sigue concertando visitas para este verano

Por su parte, la central nuclear de Santa María de Garoña sigue concertando visitas guiadas para los meses de verano, a pesar de que cabe el riesgo de que sea cerrada el próximo 5 de julio.

A pesar de que a partir de junio desciende habitualmente el número de visitas (al coincidir con el fin del curso escolar), la agenda de Garoña para este año está «bastante cubierta».

Por tanto, el Centro de Información de la central nuclear sigue concertando citas, ajeno a la incertidumbre que planea sobre el futuro de este reactor.

Estas instalaciones son visitadas cada mes por más de 1.000 personas, principalmente colegios, institutos, universidades y asociaciones. Desde que se abrió la planta, el 22 de mayo de 1992, se han superado las 259.000 visitas.

La visita es gratuita y requiere de medidas de control y seguridad de las que se encarga la propia planta. Además, incluye un ágape y un dossier informativo para los visitantes.

Tecniberia pide un debate técnico y no político sobre la energía nuclear

El presidente de la patronal de las empresas de ingeniería Tecniberia, José Luis González Vallvé, pidió que el debate sobre la conveniencia o no de impulsar la energía nuclear en España se haga desde un punto de vista técnico y lamentó la politización que se ha hecho del asunto.

González Vallvé presentó el informe titulado «Posicionamiento de la ingeniería española ante la energía nuclear», en el que Tecniberia aboga por la energía nuclear para asegurar el suministro y recortar la dependencia energética de España, así como para reducir las emisiones de CO2.

Respecto a la central de Garoña, consideró que si el Consejo de Seguridad Nuclear considera que sus instalaciones están en buenas condiciones, el Gobierno debería ampliar su vida útil, y recordó que en Estados Unidos se ha ampliado en 20 años la de una central que es un «clon» de la planta burgalesa.

Recordó que, actualmente, España importa el 85 por ciento de la energía que consumo, frente a la media del 56 por ciento que se da en la Unión Europea.

En este sentido, consideró que en España deberían construirse tantas centrales nucleares como sea necesario para reducir al menos al 56 por ciento la dependencia energética del país.

Añadió que sólo el 25 por ciento de los españoles considera que está bien informado sobre las características de la energía nuclear y advirtió de que el éxito obtenido en España por las energías renovables no puede demorar por más tiempo el debate nuclear.

Aseguró que España cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para la construcción de nuevas centrales, a pesar del «parón nuclear» de los últimos años, gracias a que los ingenieros han continuado trabajando en el exterior.

Respecto a los riesgos que implica esta tecnología, subrayó que en cuarenta años no ha habido «ni un solo accidente» relacionado con residuos radiactivos.

En el terreno laboral, explicó que las centrales nucleares crean empleo «de alta calidad» y añadió que durante su construcción emplean a unas 3.000 personas, mientras que su mantenimiento genera unos 500 puestos de trabajo.