El Club Español de la Energía considera que la Unión Europea debe ser el foro donde debatir las cuestiones económicas, tecnológicas, medioambientales y de seguridad relacionadas con el uso de la energía nuclear, para facilitar la «convergencia» de las políticas energéticas de los países miembros.

Así se desprende de los informes sobre políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea y sobre el estado de la innovación tecnológica en este área en España, elaborados por el Club Español de la Energía (Enerclub) y que fueron presentados ayer.

En España, el futuro de la energía nuclear dependerá en gran medida, según los expertos, de la decisión que el Gobierno adopte sobre la central burgalesa de Garoña, que debe renovar su licencia de operación.

En el primero de los documentos se destaca que la investigación en el área de residuos radioactivos debe orientarse a su recuperación y reciclado adecuado para ser utilizados con un nuevo combustible.

Añade que España, que participa en el proyecto Iter de fusión nuclear con la mayor parte de los países desarrollados, también debe formar parte de los grupos internacionales que están trabajando en la nueva generación de reactores y en el ciclo cerrado del combustible.

En el segundo de los informes, se explica que la energía nuclear de fisión continúa en una «encrucijada socio económica» que condiciona su expansión.

Según Enerclub, sería necesario mantener el nivel de conocimiento tecnológico ligado a la operación del parque actual de centrales y su futuro pasa por el desarrollo de reactores de cuarta generación, que serán capaces de resolver el problema de los residuos mediante la transmutación de los elementos más pesados.

En cuanto a la energía nuclear de fusión, el informe apunta que su gran complejidad técnica y la imposibilidad de hacer prototipos a escala, precisa unos niveles de inversión que sólo pueden ser abordados por consorcios internacionales.

Esto ha motivado la constitución del proyecto ITER, que se espera que esté finalizado en 2018 y cuyo objetivo es demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión como fuente de energía.

Para el Club Español de la Energía, que agrupa a empresas y expertos energéticos, «se debe incentivar la participación de empresas españolas en este proyecto, solas o en consorcios internacionales, para tener acceso a tecnologías avanzadas y poder participar en su desarrollo».

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, afirmó ayer que la decisión sobre el uso de la energía nuclear corresponde a cada país, es política interna, y que a la Unión Europea sólo le compete la creación de un «mercado común de la energía».

López Garrido, en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos belga y húngaro, señaló que la UE tiene que establecer las bases para la creación de un mercado común energético con el objetivo de asegurar el suministro y que para ello debe potenciar la «interconexión» energética entre Estados.

Además, el secretario de Estado para la UE indicó que el futuro Tratado de Lisboa, que se espera entre en vigor el próximo año, concede a Bruselas las competencias en energía, si bien añadió que «la UE quiere diversificar las fuentes de energía, pero la nuclear tiene que ver con las políticas internas».

En una nota, Greenpeace explica que está preparando un recurso contra el CSN porque, durante el proceso de redacción del informe, este organismo no ha garantizado el derecho al acceso a la información y participación del público.

Greenpeace recuerda que según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo y el Convenio de Aarhus, entre otras normas, las organizaciones ecologistas tienen derecho a exigir al Ministerio de Industria que ponga en marcha el llamado «trámite de Audiencia» que permite a los interesados presentar alegaciones.

Asimismo, Greenpeace considera que la actuación del CSN es impugnable por dos razones: porque no ha abierto un proceso de participación pública y por no haber motivado sus conclusiones.

También recuerda que otras dos leyes (una de ellas la de la creación del CSN) permiten que el público y los interesados puedan opinar en todo lo que se refiere a la seguridad nuclear y la protección radiológica.

«Como establece su propia Ley, es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza por parte de la sociedad a la que tiene la misión de proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes, pero en este caso el CSN ha vuelto a actuar a espaldas de la sociedad civil, vulnerando su propia normativa», denuncia el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Greenpeace está desarrollando una «ciberacción» para recabar apoyos y exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «cumpla su palabra y cierre Garoña», tras el informe favorable a prorrogar la actividad de esta central nuclear que ha emitido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por diez años, una vez analizada sus condiciones de seguridad.

Bajo el lema «Ayúdanos a cerrar Garoña», la nueva acción de Greenpeace recoge firmas para solicitar la clausura de estas instalaciones. Greenpeace se reafirma en la «peligrosidad» y «obsolescencia» de la central de Garoña e insiste en que está «totalmente amortizada», aunque los informes consignen lo contrario. Además, invita a firmar una carta dirigida a Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, Greenpece ha lanzado el registro «Yosoyantinuclear» con el que Greenpeace hace oposición a esta fuente energética, en respuesta al que recientemente lanzó el Foro Nuclear («yosoynuclear»).

Ecologistas en Acción y otros grupos, en globo

Por su parte, Ecologistas en Acción pidió ayer en un acto en la Plaza Mayor de Burgos, el cierre de la central de Santa María de Garoña, sobre un globo aerostático. Los grupos convocantes de esta propuesta son Ecologistas en Acción, CGT, Izquierda Capitalista, Burgos con Bici y Acción en Red.

En este acto, Ecologistas en Acción señaló que admitiría durante un máximo de dos años la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña, aunque aboga por su cierre inmediato. Así lo apuntó el responsable de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, quien participó hoy en Burgos en un acto simbólico con un globo aerostático con el que se buscaba «llamar la atención de los ciudadanos sobre la situación en la que se encuentra la central nuclear». Según Castejón, este periodo sería admisible ya que en la central se ha producido una recarga, «algo que no debería haberse hecho».

Sin embargo, y volviendo a la retórica del pánico, señaló que «cuanto más tiempo pase más probable es que ocurra un accidente». «El propio informe realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear demuestra que la planta atómica no está en condiciones de seguir», remarcó el dirigente ecologista, pese a la autorización condicionada para continuar operando.

Esto es así «ya que reconoce que existen dos elementos clave en la seguridad que no se han cumplido: la sustitución de kilómetros de trenes de cable, vitales para la seguridad, y la reparación y la puesta a punto del sistema de ventilación de emergencia de contención, cuyo mal funcionamiento puede ser catastrófico», refiriéndose a las inversiones y condiciones solicitadas por el CSN para continuar con su operación.

Desde Ecologistas en Acción consideran «inadmisible» la continuidad de Garoña y añaden que las inversiones que se proponen «son como tirar el dinero». Además, según Castejón, la central es «prescindible» ya que sólo produce el 1,3% de la electricidad que se genera en España y supone aproximadamente la tercera parte de lo que se exporta.

Según el responsable de campañas antinucleares, la única razón existente para su continuidad es que supone «un negocio redondo para Nuclenor, su empresa propietaria», ya que explicó que en estos momentos la central ya está amortizada. «Posee unos márgenes de beneficio del 75%, sin parangón en ninguna otra actividad industrial», determinó.

La decisión que debe tomar el Gobierno central sobre el futuro de Garoña se traduce, a juicio de Ecologistas en Acción, «en un aviso para navegantes», ya que se verá qué se hará posteriormente con el resto de centrales nucleares. Castejón quiso dejar claro que desde el año 2000, las plantillas de todas las centrales nucleares españolas se han reducido en un 50%.

Sin embargo, explicó que durante el proceso de desmantelamiento de Santa María de Garona, que puede durar entre 10 y 15 años, «el número de personas que trabajan allí se puede incluso duplicar». En este sentido, apuestan por la elaboración de un plan de desarrollo alternativo, ya que la retirada de la central «puede empobrecer más la zona».