El ciclista minusválido Manuel Pérez y el maratoniano Santos Llamosa han entregado los documentos en el registro del Ministerio después de haber recorrido con ellos más de 360 kilómetros desde que salieron el pasado viernes de la central de Garoña.

A la entrada a la sede del Ministerio, los portadores han estado arropados por los aplausos y las palabras de ánimo de los numerosos trabajadores concentrados a las puertas del edificio.

La portavoz del comité de empresa, Cristina Herrero, ha lamentado que no les haya recibido ningún representante de Industria, como tampoco lo ha hecho ningún miembro del Gobierno desde que «iniciamos esta lucha» a favor de la continuación de Garoña en el mes de junio, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió su informe favorable.

Herrero ha subrayado que «cualquier otra decisión» que no sea ampliar el funcionamiento de la central hasta el año 2019 «es una decisión equivocada, en la que habrán primado los intereses partidistas y electorales» frente al dictamen del CSN, favorable a una prórroga por diez años, «y al consenso social, ya que la mayoría de los ciudadanos apoyan la continuación».

En caso de que la decisión del Gobierno sea otra, Herrero ha señalado que «nos sentaremos, lo estudiaremos, cambiaremos de estrategia y lucharemos por todos los puestos de trabajo».

Isidoro Palacios, miembro del Comité por parte de la Asociación de Cuadros de Nuclenor, ha señalado que con este acto pretenden quemar «el último cartucho» antes de que se haga pública la decisión.

Ha destacado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incumplirá su programa electoral si decide cerrar Garoña en 2013, ya que aunque la «vida de diseño» acaba en 2011, la vida útil la fija el Consejo de Seguridad Nuclear mientras la central reúna condiciones para seguir funcionando.

«A nosotros no nos han llamado», afirmó Pedro Rivero, en una entrevista con la SER recogida por Europa Press al ser preguntado sobre si el Ejecutivo había informado a la patronal eléctrica de su decisión sobre Garoña.

«Pero todo el mundo coincide, y por tanto debe ser así, en que se va a anunciar que va a estar hasta 2013, y no sabemos en que términos estará esa decisión», añadió. «De momento no se cierra», afirmó, antes de considerar que este planteamiento del Gobierno «es bueno para todo el mundo». «Esperemos a que se confirme», señaló, antes de considerar que la decisión es «suficiente sobre todo si sigue después de 2013».

«Se da un primer plazo para volver a revisar, pues según el Gobierno con la edad que tiene hay que ir haciendo más revisiones, mientras que los organismos técnicos dicen que podría darse para diez años», señaló en alusión al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acerca de la renovación de la autorización de la planta. Rivero aseguró además que «en algunos sitios» se ha planteado que la renovación de Garoña se haga en 2013 para que el asunto «se lleve a las elecciones» de 2012 y para que, tras los comicios, «haya una solución definitiva por el que gane».

Por otro lado, el presidente de Unesa subrayó la importancia de que se produzca un consenso «lo más amplio posible» sobre el ‘mix’ energético futuro que aporte un «mínimo de estabilidad», y abogó por «no prescindir de ninguna fuente de generación». Además, consideró que «hacen falta tres o cuatro grupos nucleares» hasta 2030 para permitir el desarrollo de las energías renovables y aseguró que «el tema de los residuos está resuelto», ya que la tecnología permitirá en breve reutilizar este tipo de material.

Esta organización hizo hincapié en que, desde su puesta en marcha en 1971, «la planta ha sido actualizada con las normas de seguridad aplicables en cada momento para cumplir con los más estrictos requisitos de seguridad recomendados por el fabricante de la planta y requeridos por el regulador nuclear español».

Además, recordó que, «por Ley, las plantas nucleares españolas no tienen fijado períodos de vida específicos, sino que se les conceden licencias de operación por periodos de 10 años. Garoña no está, por lo tanto, técnicamente al final de su período de vida».

«En efecto, exceder el periodo de vida de diseño de una planta nuclear no significa que el servicio o el período de vida de operación de la instalación haya finalizado, e ir mas allá del período de vida de diseño no significa que la planta no pueda continuar operando con seguridad«, concluyó.

El Gobierno ha de decidir antes del próximo día 5 la continuidad o el cierre de esta planta.

Según han informado desde el propio Consejo de Cámaras, la postura está «en línea con las tesis del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que se aboga por una ampliación del permiso en diez años».

Para las cámaras de Comercio, la política energética se ha de concebir como una «política de largo plazo que requiere como valor fundamental la máxima estabilidad de las normas», por ello, también han abogado «por diseñar y poner en práctica cuanto antes un nuevo Plan Energético«.

Entre las medidas que defienden las cámaras en materia energética, recogidas en el informe: «Propuestas ante la crisis», y que han sido refrendadas durante el Pleno que se ha celebrado en Valencia, destaca la prórroga de la autorización de funcionamiento de las centrales nucleares en uso, tras el pertinente informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, y potenciar el uso de energías que aporten un mayor nivel de autonomía (nuclear, renovables, biocarburantes).

Así mismo se pide «abrir un debate público sobre las posibilidades y costes de cada tipo de energía, sin limitaciones ideológicas y establecer zonas de autorización rápida donde la necesidad de la infraestructura sea elevada y plazos máximos para la concesión / denegación de las autorizaciones pertinentes.

Además, las cámaras solicitan la eliminación del déficit tarifario, y la implantación de un sistema de facturación y de «gestión de demanda» que permita un consumo de energía más eficiente.

Otras de las peticiones se refiere a la necesidad de que se acometa «un decidido programa de eficiencia y ahorro energético con campañas de concienciación ciudadana y empresarial y de auditorías a pequeñas empresas» y la puesta en marcha de un Plan de Garantía del Suministro y calidad del sistema para solucionar, a un coste razonable, los problemas de «microcortes» energéticos.

El fomento de la implantación de plantas de cogeneración y trigeneración en áreas industriales para ahorrar energía, mejorar la seguridad de abastecimiento, disminuir pérdidas de la red eléctrica, es otra de las propuestas aprobadas por el Consejo de Cámaras de Comercio cuyo pleno se ha celebrado hoy en Valencia.

Esas propuestas pasan también por incentivar a las empresas a crear centrales de compra de energía de un sector o polígono concreto, lo que permitirá una mayor capacidad de negociación frente a distribuidores y comercializadores y potenciar la instalación de surtidores en polígonos industriales para abastecer a las flotas de vehículos híbridos, tanto de gas natural como de energía eléctrica.