Nadal asegura que las nucleares “son más rentables de lo que dicen algunos” y quiere intervenir el cierre de centrales

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, argumenta que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales», en referencia a las decisiones que deben tomar las compañías eléctricas sobre las plantas térmicas y reactores atómicos. En este sentido,  el ministro asegura que las centrales nucleares son más rentables de lo que están diciendo algunas empresas propietarias, aunque «su obligación es decir que pierden», y ver si así se pueden bajar las tasas nucleares.

Respecto a las quejas de las compañías eléctricas sobre la falta de rentabilidad de su negocio atómico por los altos impuestos que soportan, Álvaro Nadal señaló que, aunque esas empresas dicen que tienen pérdidas, luego reparten dividendos, por lo que descarta bajar la fiscalidad a las nucleares. El ministro ha indicado que él ha pedido las cuentas a esas compañías, pero «nunca me han venido con las cuentas bien hechas», y ha asegurado que los resultados operativos de las centrales son positivos, aunque si las empresas incluyen amortizaciones y costes financieros que, según Nadal, no deben meterse, pueden arrojar pérdidas.

«Todo esto es muy discutible», ha añadido el ministro, que ha señalado, en alusión a Iberdrola, que «hay una empresa que habla de esta manera, pero otras no». Así, explicó que mientras unas han acortado en su balance la vida útil de sus plantas, acortando el valor de la inversión, otras han hecho lo contrario, extendiendo el tiempo de amortización de sus inversiones y necesitando la prolongación de la vida útil para cumplir con lo que está establecido en su balance. Por eso, recrimina que «hay mucha ingeniera contable» y que, aunque «todo el mundo tiene derecho a presionar al Gobierno», ya que les gustaría cobrar mayores precios, «a mí lo que me preocupa es el recibo de la luz».

Respecto a su interés en el precio final de la electricidad, el ministro indicó que «vamos a tener esta tensión. A ellos les gustaría el precio más caro y a mí lo contrario. En otras cosas nos vamos a poner de acuerdo, pero en esto es difícil«. Además, aseguró que el mix energético debe fijarlo la política pública y, «a partir de ahí, que las empresas fijen sus estrategias». «Las decisiones de política energética se toman «por interés general, no por presión de nadie», advirtió.

Además, ha señalado que sería bueno hacer una revisión de los costes de sistemas, incluidas las instalaciones no replicables, aquellas que no se pueden poner en ningún otro sitio, como centrales hidráulicas o nucleares. Explicó que, en este tipo de explotaciones, los propietarios tienen la ventaja de que nadie va a hacer su misma actividad en su emplazamiento, con lo que no tiene que disputarse el beneficio con nadie y es entero para el propietario.

Por eso, ha señalado que el Gobierno alcanzó un pacto con Ciudadanos para hacer un «análisis serio» para saber si las tecnologías no replicables están sobreretribuidas, si se cobra o no mucho por el canon hidráulico o por las tasas nucleares. Resaltó que sería bueno analizar las amortizaciones y los costes históricos de esas instalaciones, algo que a Ciudadanos le ha parecido correcto y ahora está a la espera de si otros grupos quieren participar.

Respeto a la regulación por ley que quiere hacer el Gobierno para poder intervenir en caso de necesidad en el mix energético, la ha justificado en que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales». Ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista ya le ha dicho que no respalda esa posibilidad y que «otros no lo han terminado de decir». Aún así, Nadal afirmó que, a pesar de no contar con ese respaldo en el Parlamento para adoptar medidas que permitan al Gobierno intervenir en el cierre de centrales nucleares y térmicas, se pueden hacer cosas sin rango de Ley, ya que «es bueno ordenar este proceso».

Nadal cree que «la energía no es un bien normal de una economía de mercado», sino un producto de primera necesidad, básico para la competitividad y la seguridad nacional, y es una cuestión estratégica. Por eso, afirma que la energía «no es cuestión de mercado puro» y, aunque es bueno que haya gestión privada porque mejora la eficiencia, la política energética corresponde es al Gobierno. Respecto al precio de la luz, señaló que este 2017 estará en línea con 2015, aunque advirtió que existe un «problema de agua enorme» y que “cada borrasca baja 10 euros el precio del pool.

Por otra parte, Nadal señaló que con la potencia de 3.000 megavatios (MW) de la próxima subasta, España quedará a «apenas unas décimas» de cumplir el objetivo del 20% en renovables previsto para el 2020. El ministro vaticinó también que lo «previsible» es que en esa nueva subasta verde, que se celebrará antes del verano, es que no haya «tanta eólica«, que fue la gran vencedora de la subasta anterior al adjudicarse el 99% de la subasta puesta en juego.

Narbona subraya su «absoluto desacuerdo» con cambiar el proceso de renovación de las licencias nucleares «mermando la credibilidad» del CSN

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Europa Press.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona ha manifestado su «absoluto desacuerdo» con el visto bueno del regulador a la petición del Gobierno de reducir el plazo en el que las centrales nucleares deben solicitar la renovación de licencia, de tres años a uno antes de que expire la que tengan en vigor, ya que considera que esto «merma la credibilidad» del CSN y no supone «ninguna mejora» en la seguridad nuclear.

La consejera presentó un voto particular en el que explica las razones que la llevaron a votar en contra de este punto del orden del día, a diferencia de los otros cuatro consejeros del pleno. Así, advierte de que la decisión avalada por la mayoría supone retrasar la solicitud de renovación a una «fecha indeterminada» que depende de la elaboración y aprobación del Plan Integral de Energía y Clima y, en cualquier caso, como tope, a la de la presentación de la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de cada reactor.

A su juicio, la decisión no supone «ninguna causa de seguridad nuclear ni de protección radiológica» que justifique la aceptación de tal retraso por parte del pleno del regulador y, considera que, al contrario, la decisión «agrava la incertidumbre reguladora» que, según ha destacado, ya está «afectada» por la eliminación de la práctica del CSN de informar las renovaciones para un máximo de 10 años.

Narbona ha aclarado que la documentación para la renovación «sigue siendo exigible» en el plazo de 3 años porque es «el tiempo» que los técnicos necesitan para estudiarla y señalar a la central las modificaciones exigibles. De hecho, ha indicado que si esta documentación no llegase «sí habría problema» porque en un año no les daría tiempo a tener todo dispuesto, de modo que la dinámica responderá a las exigencias que hay en vigor ya que, con la nueva guía de seguridad, las revisiones periódicas de seguridad son «más exigentes«.

Sin embargo, es «la primera vez» que estos recibirán esa documentación sin una solicitud que lo acompañe, por lo que evaluarán una renovación que puede que no se pida, ni tampoco sabrán por cuánto tiempo. «Son muchas horas de trabajo de los técnicos que pueden quedar en nada». La consejera entiende que las empresas quieran conocer el marco general de política energética antes de saber si pedir la renovación o no, pero señala que eso no es competencia del regulador y lamenta que este informe favorable a la petición del Gobierno, llegue a punto de que venciera el plazo de dos centrales para presentar la renovación. «Esto es forzar los cortos tiempos del CSN», criticó.

Además, la consejera destaca que esta será «la primera vez en la historia» que los técnicos tendrán que evaluar la documentación que se requiere a las centrales nucleares, y cuyo plazo de presentación se mantiene, a instalaciones que no han pedido formalmente la renovación de su permiso de explotación y «sin conocer» si lo va a hacer y en ese caso, por cuanto tiempo. A ese respecto, cuestiona asignar los recursos humanos para evaluar la documentación sin la formal solicitud, que incluso puede no llegar a producirse, y echa en falta un informe jurídico que cubra la necesidad de asignación de estos recursos humanos y que se pronuncie sobre las implicaciones de este cambio normativo.

Por ello, aunque es obligatorio contestar a la solicitud de informe pedido por el Gobierno, recuerda que esto «no implica en absoluto que la respuesta sea positiva» y que supusiera un aval al Ejecutivo. En su lugar, considera que el regulador podría haber dicho que el cambio introducía «incertidumbres no positivas». «El Gobierno tiene que consultarlo, pero como no es un tema de seguridad en sentido estricto, no es vinculante y podía justificar el cambio en una decisión de política energética sin el aval favorable del CSN. Teníamos que contestar, pero no necesariamente diciendo que nos parece estupendo», ha lamentado.

En este contexto, opina que el CSN debería, como «organismo regulador, independiente y neutral», a contribuir a que cualquier decisión de política energética no suponga una merma en los procesos que garantizan la seguridad nuclear y la protección radiológica. Igualmente, se refiere al hecho de que la decisión se haya adoptado a punto de que el reactor nuclear de Almaraz y el de Vandellós II tuvieran que solicitar la renovación de su licencia, opinando que no es una «buena práctica» hacerlo «con un plazo tan corto, de un informe favorable, que incide de forma tan inmediata sobre la relación entre el CSN y los titulares”.

«No parece que todo ello contribuya a la credibilidad del organismo regulador ante la opinión pública, que ha tenido abundante información sobre las presiones ejercidas por las empresas para que el Gobierno, efectivamente, retrase 2 años la fecha de presentación de las solicitudes de renovación», manifiesta. Todo ello se suma, en su opinión, a una «importante serie de decisiones de la mayoría del pleno desde 2013», dirigidas a avalar «determinadas» decisiones del Gobierno, y denuncia que esto puede afectar a la percepción de la independencia y neutralidad exigibles al CSN.

Por último, Narbona se pronuncia también sobre la modificación de la normativa para eliminar de la Guía de Seguridad 1-10 la duración por un máximo de 10 años de los periodos de renovación, un asunto sobre el que la consejera también ha expuesto su rechazo y recuerda que a pesar de haberse aprobado en el pleno, ya se aplicó en febrero, sin haber pasado todos los trámites, en el informe favorable a la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña (Burgos).

Ciudadanos pide al Gobierno cambiar la elección de los miembros del CSN para que sean votados en el Congreso

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para cambiar el sistema de elección de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y tomar medidas para mejorar la transparencia del organismo.

Concretamente, piden realizar los cambios legales oportunos tanto en el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, como sobre la Ley que regula su creación, para establecer el nuevo modelo de elección de los miembros. Según apunta el texto, el Gobierno deberá presentar sus candidatos y serán examinados por una Comisión Técnica según su «capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad». Los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Energía del Congreso, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros, según apunta la iniciativa. Ciudadanos propone que, en caso de que el informe de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

Proponen mejoras en la transparencia

Ciudadanos incluye en esta proposición sugerencias relacionadas con la mejora de la transparencia del CSN. Así, pide que se modifique el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, de forma que se incluya en su articulado la retransmisión pública y en directo de las reuniones del pleno del Consejo, así como la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones. Además, piden que se establezca como obligatorio que la presidencia del organismo emita un informe de actividad al término de su mandato y proponen que se lleve a cabo una autoevaluación en la institución como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

Foro Nuclear considera «lo más sensato» reducir el plazo exigido para solicitar la renovación de la licencia de las centrales

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Europa Press.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, considera que la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para reducir el plazo de antelación con que las centrales nucleares deben solicitar la renovación de su licencia de 3 a 1 año es la solución «más sensata» en el actual contexto de definición del panorama energético nacional.

Araluce lo considera así porque en este momento en España, el Gobierno y todos los sectores políticos y sociales van a debatir el futuro marco regulatorio energético, por lo que ve adecuado que las empresas nucleares puedan «posponer su decisión» de solicitar su renovación o no una vez se conozca el «marco legal» en el que se van a mover.

«Mi valoración es que la resolución es sensata. Evidentemente la resolución supone un cambio: hasta ahora para renovar la licencia se pedía el envío de la solicitud con 3 años de antelación para tener ese plazo de tiempo para el estudio de la documentación y esto iba unido después a la concesión o no del Gobierno. Ahora se permitirá hacerlo cuando ya se tenga esa aproximación del futuro energético», precisó. En cualquier caso, ha garantizado que este cambio «no supone ningún problema técnico», porque lo que se aplaza es la solicitud formal de renovación, pero no la entrega de toda la documentación necesaria para efectuar, en su caso, esa renovación por parte de los operadores.

Respecto a la central nuclear más inminentemente afectada por este cambio, Almaraz (Cáceres), confirmó que ha enviado esa documentación, por lo que el plazo para el estudio técnico se mantiene y únicamente se aplaza la petición formal de continuar. Además, Araluce, que ha ejercido 14 años como director de la planta de Cáceres, ha afirmado que la salud técnica de Almaraz en 2020, «igual que Garoña», es «excelente» porque todos sus componentes se han rejuvenecido de una «manera sustancial», igual que el conocimiento de la operación segura de la planta, que se han renovado de manera «constante» y vaticina que podría operar a largo plazo.

En este contexto ve «necesario» definir el escenario futuro, no solo el mix y la aportación de la nuclear al conjunto energético, sino también el marco legal en cuanto a la retribución a las nucleares, el conjunto de tasas e impuestos, de modo que con una reinversión constante y una operación a largo plazo se puede llegar a consensos. Araluce considera «lo normal» en un negocio en el que se prevén determinadas actuaciones que se quiera saber el marco regulador para tomar las decisiones «adecuadas».

Igualmente ha defendido que España es uno de los países «pioneros» de la energía nuclear en el mundo, lo que ha generado un sector estable, que goza de prestigio en todo el mundo, donde tiene presencia en más de 40 países y emplea a unas 27.000 personas y exporta 280 millones de euros en servicios, bienes y tecnología. Por ello, asegura que la nuclear no es una «rara avis» sino un sector «ampliamente consolidado» porque es un sector vivo y su tecnología «no es añeja».

El representante de la industria nuclear española ha insistido que la energía nuclear es «absolutamente necesaria para la estabilidad energética» nacional, ya que en 2016 se mantuvo como la primera fuente de generación, tras aportar al sistema eléctrico un 21,39%, que la hacen «imprescindible por su disponibilidad, fiabilidad y seguridad de suministro» y porque es «libre de emisiones contaminantes«. Asimismo, defiende que esto no es óbice para que otras fuentes energéticas entren en el «mix energético que todo país requiere» y, especialmente, tras el «cambio sustancial» que supone el Acuerdo del Clima de París y el paquete europeo de Clima y Energía, que son prescriptivos para todos los Estados miembro.

«Esto supone un reto impresionante. La Unión Europea ha apostado por la energía limpia, que no emita CO2, no solo en el sector eléctrico, sino en el transporte, la agricultura o el consumo, y en el sector eléctrico estamos orgullosos de ser una de las energías que contribuye de manera muy importante a mantener los objetivos para 2030«, ha subrayado.

Araluce ha indicado también que la nuclear aportó el 35,18% de las emisiones no contaminantes en España y estima que en el diseño del mix energético tendrán que entrar «con mayor» proporción las energías renovables, de las que ha dicho que «van a convivir y se van a quedar para siempre en el mix de generación sí o sí» y que no son incompatibles, sino «complementarias» con la generación nuclear.

El representante nuclear ha recordado que los compromisos adquiridos por España exigen rebajar un 60% las emisiones en el sector eléctrico y ha advertido de que esto significa que 60 terawatios hora de generación eléctrica tendrán que ser sustituidas desde las térmicas emisoras a renovables en 2030, lo que supone duplicar las renovables actuales teniendo en cuenta la nuclear, o bien, triplicar la aportación renovable si se apuesta por no contar con la energía atómica.

«Este es un reto gigantesco», opina Araluce, que vaticina que el ritmo de aumento renovable deberá mantenerse «muchos años» hasta que en 2030 se pueda lograr esa reducción del 60% manteniendo la nuclear. A su juicio, sería «imposible de comprender» cómo podría hacerse en tan poco tiempo si se opta por prescindir de la atómica, por lo que no ve posible su desaparición de aquí a 2030, sin contar con su contribución como energía de base y estable. En la actualidad, la nuclear aporta 8.000 horas anuales de generación sin CO2 frente a las 3.000 horas de la eólica y las 2.300 de la solar.

Para esta «necesaria» viabilidad cree que es una «barbaridad» el marco fiscal de impuestos que soporta la industria y que se lleva entre el 42% y el 50% de sus ingresos, por lo que ha reclamado una «modificación» de estas tasas, así como de su retribución para «hacer viables las cuentas de la energía». Precisamente, esta búsqueda de la viabilidad económica estaría en el quid de la decisión respecto a la continuidad de Garoña (Burgos), cuyos ratios de funcionamiento ha definido de «excelentes» y ha hecho inversiones gigantescas de modernización, por lo que su operación posterior es segura», ha elogiado.

La demanda de electricidad crece un 2,1% en mayo, con la nuclear, el carbón y la eólica como principales fuentes

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Europa Press.– La demanda estimada de electricidad ascendió en mayo a 20.155 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica no varió con respecto a mayo del 2016.

En los cinco primeros meses del año, la demanda peninsular estimada de energía eléctrica se situó en 103.228 GWh, un 0,2% menos que en el 2016. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica aumentó un 0,8% respecto a la registrada en el año anterior. La producción de origen eólico en mayo alcanzó los 3.440 GWh, un 11,8% inferior a la del mismo mes del año pasado. La generación procedente de renovables en mayo representó el 37,7% de la producción, al tiempo que el 59,5% de la producción eléctrica de mayo procedió de tecnologías que no emiten CO2.

En mayo, la principal fuente de generación fue la nuclear, con un 22%, por delante del carbón (18,8%) y de la eólica (18,2%). La cogeneración aportó el 12,1% y la hidráulica un 9,7%. En lo que va de año, la nuclear también representa la principal fuente de generación, con el 24,3%, seguida de la eólica (21,9%), el carbón (15,7%), la cogeneración (11,5%) e hidráulica (10,2%).

Foro Nuclear descarta problemas técnicos al reducirse el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

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Europa Press.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, asegura que el recorte del plazo para que las centrales nucleares soliciten autorización de su licencia de explotación, punto informado favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la petición del Ministerio de Energía para acortar a prácticamente un año de antelación el plazo para solicitar la renovación, no supondría «problema» sobre la documentación técnica a evaluar porque las centrales podrían facilitar toda la documentación en tiempo y forma.

Araluce recordaba que las centrales de Almaraz y Vandellós II estaban próximas a que termine su plazo para solicitar la renovación de su licencia en un momento en que las empresas eléctricas, por los costes y la viabilidad, no tienen una postura unánime en el seno de los consejos de administración. Así, reconocía que hay «una intención de los operadores», aunque «puede que no de todos», de que ese plazo de solicitud se recorte de 3 años, según la normativa actual, a «solamente un año» para dar tiempo «a todas las partes» de discutir el marco en el que se deben mover las centrales nucleares.

En todo caso, asegura que eso «no se ha concretado en el seno de los operadores en una petición formal al Gobierno porque la táctica de los propietarios difiere» y, esto puede llevar a que con las fechas actuales y si no se cambiaba la ley pudiera llegar la fecha del8 de junio o 26 de julio respectivamente sin que Almaraz o Vandellós II soliciten su continuidad. «No sé qué ocurrirá porque no hay una postura conjunta en el seno del operador Almaraz-Trillo y no hay decisión», ha admitido.

Araluce subraya que la energía nuclear en España «está sometida a tributos e impuestos excesivos» que en este momento alcanzan un poco más del 40% de la facturación y, por eso, en algunos casos, depende de la empresa y la central nuclear, algunas plantas «están en un momento deficitario». «Abogamos por que, como la nuclear es necesaria para la no emisión de CO2, hay que buscar un marco general regulatorio en el que se discutan los ingresos de generación y cuáles son los tributos para que sea rentable en el futuro», ha manifestado Araluce, que fue elegido en marzo presidente del Foro de la Industria Nuclear. «Estamos luchando por hacer viable la energía nuclear», aseveró.

A su juicio, el momento nuclear actual es «complicado y diferente a lo vivido anteriormente» pero confía en que «la energía nuclear es fundamental en los próximos años para España y en este momento de transición energética». Araluce, que llega a España tras una dilatada experiencia en el sector nuclear en Europa, afirma que la concepción del sector «no es excluyente» porque considera que todas las fuentes de energía son necesarias, sobre todo en la transición energética hacia una energía baja en carbono. Sobre las nuevas subastas de energías renovables celebra su «meritorio gran éxito» porque son necesarias también para cumplir el Acuerdo del Clima de París, pero reivindica la capacidad de la energía atómica de dar estabilidad al sistema.

“Diferencias” entre operadores de Garoña

El representante de la industria nuclear ha abordado también la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), en la que las empresas que componen su accionariado, Iberdrola y Endesa al 50%, tienen «diferencias» sobre la viabilidad de la continuidad de la planta, aunque Iberdrola «ha sido más explícita» y sería más partidaria de no volver a operar la planta. Así, ha resumido que el presidente de Iberdrola anunció que «si no se cambian las reglas Garoña no es viable y no le interesa seguir, mientras que el otro propietario, Endesa, quiere esperar a la apuesta del Gobierno para tomar una decisión».

En todo caso, Araluce ha garantizado que Garoña «goza de una salud excelente para seguir operando durante bastantes años» y ha subrayado que esto fue «ratificado por el CSN desde el punto de vista técnico» por lo que «no es cierto que esté vieja porque todos sus componentes han sido renovados». Pese a ello, asegura desconocer su futuro porque falta la decisión del Ejecutivo y hay diferencias entre sus propietarios.

Respecto a la demora en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), indicó que este sistema de gestión de los residuos no es «como inventar la pólvora», porque es la apuesta más generalizada en todo el mundo, y ha lamentado los «condicionantes» que están trabando su desarrollo, como los recursos interpuestos por la Junta de Castilla-La Mancha o la licencia municipal. «Estoy absolutamente convencido de que estas trabas se van a solucionar y que el ATC, seguirá adelante y se construirá, porque es la solución más racional», subrayó. Respecto a la conveniencia de cambiar el proyecto de ubicación, Araluce no cree que sea la mejor opción: “Yo no empezaría de cero», indicó.

Por último, el nuevo presidente del Foro Nuclear resaltó que la energía nuclear aportó en 2016 un 21,39% al sector eléctrico español, siendo la fuente de energía «líder» a nivel nacional. «La nuclear sigue siendo una fuente de energía limpia, fiable, estable, predecible que da mucha solidez al sistema eléctrico y que contribuye a cumplir los acuerdos de cambio climático», concluyó Araluce, que califica de «excelente» su funcionamiento. Por ello, considera que el cierre de las centrales nucleares en España serían un «varapalo tremendo», no solo para sus propietarios sino para el país. «La energía es un sector estratégico. Ni siquiera contemplo y no quiero imaginar este extremo. Sería una locura en el corto y medio plazo en España», sentenció.

El CSN aprueba recortar el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares. En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de 3 años antes de que expire el permiso en vigor pero, con esta modificación y ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima.

Según ha indicado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge «todas las modificaciones» aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Eso sí, la modificación propuesta mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo. Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio. De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así por pedir o no una nueva renovación de su licencia, algo que, con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de febrero. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio estas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10. La revisión aprobada establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima de 2011. Del mismo modo, el CSN señaló que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

Greenpeace critica celeridad del CSN

Por su parte,Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear «se dé más prisa» en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía para «favorecer» a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.»Es la misma historia de siempre», ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

La mayor celeridad a la que se refiere Greenpeace es respecto a que también se ha aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que «sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica» y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que «se han dado prisa».

«Supongo que el plan de acción lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas», ironizó Montón, que recordó al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ello, concluye que esto da «apariencia de arbitrariedad» en el CSN donde «parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades».

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que «correr» para tener a tiempo las renovaciones. «Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido», señaló la portavoz de Greenpeace.

Similar es la opinión de la formación ecologista Equo, cuyo coportavoz Juan López de Uralde, ha calificado de «gravísima» la decisión del órgano porque, a su juicio, «permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más». «Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas», ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha pronunciado insistiendo que el CSN ha tomado una decisión «hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas», que pretenden alargar la vida útil de las nucleares «en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio».

La unidad II de la central nuclear de Almaraz se conecta a la red eléctrica tras su parada programada

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Europa Press.- La unidad II de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) se conectó nuevamente a la red eléctrica nacional, tras finalizar «satisfactoriamente» la parada programada iniciada el pasado jueves, 1 de junio, para realizar las pruebas de secuencia de operabilidad del 4º generador diésel tras el mantenimiento realizado al mismo. La conexión de la unidad a la red eléctrica ha tenido lugar a las 21.15 horas de este pasado lunes, según indicó la central nuclear de Almaraz.

Estas mismas fuentes precisan que los generadores diésel son equipos capaces de proporcionar la energía necesaria para garantizar el abastecimiento a los sistemas de seguridad de la planta en caso de pérdida de suministro exterior. Según explicaron desde la central, durante esta parada programada, la ejecución de los trabajos se ha desarrollado «con éxito y dentro de la planificación inicialmente prevista». De esta forma, se ha reanudado el actual ciclo de operación de esta unidad hasta la próxima parada para recarga de combustible, cuya ejecución está programada para el próximo mes de abril de 2018.

Silencio en la cumbre hispano-lusa

La central nuclear extremeña no fue tema de conversación entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antonio Cósta, durante la celebración de la cumbre hispano-lusa. Así lo indicó el jefe del Ejecutivo español, que precisó que ambos países ya han hablado todo lo que tenían que hablar y que, si hay que hablar en el futuro, harán «lo mismo». Estas palabras han sido suscritas por su homólogo portugués, que ha confirmado que las diferencias quedaron solucionadas. En la misma línea, ha añadido que si se vuelven a plantear las tratarán como en el pasado.

Los Gobiernos de España y Portugal llegaron en abril a un acuerdo sobre el almacén de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), después de que el país vecino mostrara su recelo a la construcción de un ATI en un emplazamiento cercano a su territorio y recurriera a la Comisión Europea para denunciarlo. Finalmente, se alcanzó un acuerdo amistoso en el que se incluye la consulta y evaluación conjunta.

Greenpeace pide cerrar la central

Por su parte, Greenpeace exigió a Rajoy que se comprometa a fijar el cierre de Almaraz, cuya seguridad «preocupa enormemente» a la población de Portugal. La ONG asegura que ha conocido documentos que demuestran que el Gobierno portugués conoce los planes de ampliar la vida de la planta y que el almacén nuclear no cuenta con estudios sobre su seguridad en caso de accidente. Greenpeace insta a Rajoy a que tenga «un gesto» con el primer ministro luso, Antonio Costa, y se comprometa a cerrar la instalación cercana a Portugal.

«El Gobierno portugués no debería aceptar que no hay riesgos para la seguridad sin analizar la posibilidad de un accidente grave, ni admitir este almacén nuclear sabiendo que sirve para ampliar la licencia de Almaraz», ha declarado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. Montón subraya que el presidente no puede ignorar el derecho de la sociedad hispano-lusa ante la decisión de ampliar la vida de las nucleares, en lugar de obedecer a las empresas eléctricas porque las consecuencias de un posible accidente los pagarían las personas».

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

Las empresas auxiliares de las centrales nucleares Ascó y Vandellos mantienen su propuesta de huelga en el mes de junio

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EFE.- Las empresas auxiliares de las nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) mantienen su propuesta de huelga en junio, según indicó el representante de UGT, Juan Luis Cantón, que explicó que este año se realizan las recargas de combustible de los reactores de las nucleares catalanas.

Las dos centrales están gestionadas por la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), pero los titulares de las plantas son las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola. «Los representantes de ANAV elevarán nuestras demandas a las compañías, porque ellos no pueden decidirlas», ha resumido el secretario general de UGT en ANAV. Reclaman que se aplique el convenio colectivo de referencia de cada sector, que se regule el plus por recarga de combustible; una cláusula de subrogación, que se mantenga el poder adquisitivo de los empleados y mejoras en la formación, sobre todo.

Las empresas subcontratadas suponen más de 1.300 trabajadores, entre mantenimiento y limpieza a tareas de ingeniería, y son imprescindibles en las operaciones de recarga de combustible, como la que lleva a cabo ahora la central de Ascó. Desde el pasado mes de febrero, las empresas auxiliares realizan protestas. No obstante, no retiran esta medida porque aún está pendiente la recarga de la central nuclear de Vandellòs. Por su parte, fuentes de ANAV indicaron que no harían declaraciones públicas al respecto y que las propuestas que tuvieran que presentar las llevarían a la mesa de negociación.