La decisión anunciada por el Gobierno, que ha agotado casi el tiempo que tenía para hacerla pública (5 de julio), no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, ni a sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años.
El pasado 5 de junio el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó su informe sobre la planta, cuyo contenido oficial no se dio a conocer hasta el 8 de junio. Ese día, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, detalló que el dictamen avalaba la prórroga por diez años con 15 condiciones.
Entre ellas, la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del 2013.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido un mes para reflexionar sobre el futuro de la central, de la que ya habló el 9 de junio.
El Gobierno se pronunciará «procurando mantener» su compromiso y teniendo en cuenta la seguridad de la planta y del suministro eléctrico y la apuesta por las energías limpias, indicó Zapatero.
Precisamente ese «procurando mantener» el compromiso electoral es lo que dio lugar a distintas cábalas en torno al futuro de Garoña.
El propio Zapatero recordó el compromiso socialista de «cierre ordenado de las centrales conforme hubiesen ido cumpliendo su vida útil siempre que quedase garantizada la suficiencia del suministro a los ciudadanos y a las empresas».
Una vez conocido el dictamen del CSN, el Ministerio de Industria solicitó una ampliación del mismo para conocer su parecer sobre una posible prórroga de la actividad por dos, cuatro o seis años. El 24 de junio este organismo afirmó que algunas de las condiciones que había fijado podrían no ser exigibles si la prórroga se limita a dos años.
El Gobierno, desde el inicio, aseguró que velaría por los intereses de los trabajadores, sin embargo, éstos, con el apoyo de los operarios del resto de las centrales españolas, llevaron sus protestas a La Moncloa, el Congreso, Parlamento Europeo y enviaron una carta al presidente estadounidense, Barack Obama, para que convenciera a Zapatero de la prórroga.
Desde los partidos, el PP defendió abrir un debate sobre la energía nuclear en España y acusó a Zapatero de «montar lío». Su presidente, Mariano Rajoy, opinó que la decisión es «disparatada» y obedece sólo al «capricho» de Zapatero, al que pidió una rectificación.
Especialmente beligerante se mostró la Junta de Castilla y León, que consideró que el cierre sería «una catástrofe».
Los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar (que ordenaron cerrar, cada uno, una central); los líderes de la CEOE, UGT, UPyD, además de los políticos del valle burgalés de Tobalina, donde está la central; son algunos de los que expresaron su oposición al cierre.
A favor se mostraron IU-ICV, el PNV y los ecologistas, encabezadas por Greenpeace, que en mayo denunció una posible fuga en la central, y que anunciaron un recurso.
Los ecologistas acusaron al ministro Miguel Sebastián de obstaculizar el camino hacia la energía renovable. Precisamente, éste puntualizó que, al margen de Garoña, la energía nuclear es, hoy por hoy, «insustituible» para garantizar el suministro energético en España.
También el Parlamento Vasco y el de La Rioja aprobaron mociones a favor del cierre y 250 personalidades firmaron un manifiesto en esta dirección, entre ellas Hugo Morán, responsable socialista de Medio Ambiente.
