En una entrevista publicada por el diario económico francés «La Tribune», el presidente de GDF Suez, Gérard Mestrallet, señaló que si los planes de construir varios reactores atómicos en Brasil se confirman «estaríamos naturalmente muy interesados», máxime teniendo en cuenta que la empresa es el primer productor privado de electricidad.

«Queremos participar en la renovación de esta energía en el mundo», destacó Mestrallet, que recordó que en Francia van a estar implicados en la construcción junto al gigante estatal EDF en la construcción de una segunda central nuclear de tecnología EPR, en este caso en Penly, y son candidatos a una tercera si el Gobierno acepta la propuesta.

Respecto a esta última, señaló que «estamos convencidos de la necesidad de ese equipamiento para alimentar la red eléctrica francesa y europea».

EDF ya ha empezado las obras para levantar un primer reactor de tecnología EPR en la costa de Normandía en el que también tendrá una participación minoritaria la italiana Enel.

GDF Suez está implicada igualmente en la construcción de dos centrales en Rumanía y ha creado un consorcio junto a Total, Areva y EDF para implicarse en el desarrollo de la electricidad nuclear si las autoridades de ese país árabe lanzan una licitación para esta energía.

El presidente de la compañía franco-belga indicó que en el Reino Unido tienen «ambición de construir uno o dos EPR» con sus asociados Iberdrola y Scottish and Southern Power.

Mestrallet confirmó que, pese a la crisis, su empresa ha confirmado su programa para invertir 30.000 millones de euros en tres años.

En un balance del primer año de la fusión de GDF con Suez, puso el acento en su «capacidad para reaccionar muy rápido», y así se refirió a que fue la primera empresa que tras la fase más severa de la crisis financiera volvió a lanzarse a una emisión de obligaciones.

En total, la empresa captó 12.000 millones de euros en el mercado, lo que le convierte en «el mayor emisor».

Por otro lado, EDF anunció que con el préstamo dirigido a los particulares en Francia ha colectado 3.200 millones de euros.

El complejo de Tricastin, a orillas del Ródano es el primero que empieza a ser sometido a examen por los expertos de la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN), antes de que se haga lo mismo con el de Fessenheim en Alsacia.

El programa ha sido detallado tras el anuncio por la ASN de que «no ha identificado ningún problema genérico» en los 34 reactores del tipo de los de 900 megavatios, por lo que su propietario, Electricité de France (EDF), podrá seguir explotándolas hasta que caduque la nueva autorización, a los 40 años.

«Esta posición genérica de la ASN se completará ulteriormente con una posición reactor por reactor al término de su tercera visita decenal», precisó el organismo independiente de supervisión.

Esa visita incluirá un «examen de conformidad» para la auscultación en profundidad de las instalaciones y la verificación de que se respetan todas las exigencias de seguridad.

También incluye una «re-evaluación de seguridad» de cada complejo, que supone mejorar su nivel en función de las exigencias aplicables a los más recientes y teniendo en cuenta la experiencia nacional e internacional.

Los reactores franceses de 900 megavatios tienen actualmente una edad media de 27 años (el más antiguo es Fessenheim con 32), mientras los 20 de 1.300 megavatios tienen 21 años de media y los de 1.450 megavatios once años.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la normativa francesa no impone de entrada un periodo fijo de explotación para sus centrales atómicas, sino una renovación de la autorización cada diez años.

EDF, que está construyendo un reactor de nueva generación EPR de 1.600 megavatios de potencia en la costa de Normandía (debería entrar en servicio en 2012), tiene mucho interés en poder seguir explotando sus centrales hasta los 60 años, porque eso supone un enorme ahorro de dinero.

En concreto, el gigante eléctrico estatal calcula que prolongar la vida útil de sus reactores de 40 a 60 años le costaría unos 400 millones de euros por cada uno, diez veces menos que la construcción de un EPR.

El representante de los trabajadores de la instalación atómica burgalesa ha recordado que las plantillas del resto de centrales ya han respaldado con paros la concesión de la prórroga a Garoña antes de que el Gobierno tomara la decisión de limitarla al año 2013 y no hasta 2019 como pedía la central y autorizó el Consejo de Seguridad Nuclear.

Ahora, en opinión de Alberto César González, lo que anuncia Rodríguez Zapatero es «el enterramiento del Consejo de Seguridad Nuclear» porque será el gobierno el que señale el período de vida útil.

En su opinión, eso generará una «gran incertidumbre» para los trabajadores y para las empresas porque depende de quien gobierne y lo que piense en cada momento puede variar el tiempo de funcionamiento de cada planta a su «antojo político».

Para González, esto supone entrar en una situación que no se produce en el resto de países europeos ni en Estados Unidos, donde es un organismo técnico equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear el que toma este tipo de decisiones.

Los trabajadores de Garoña se han reunido en asamblea para conocer en detalle la orden ministerial que decide el cierre de la instalación en 2013.

En el encuentro se ha acordado «intensificar» los contactos con el resto de comités de empresa de centrales para decidir movilizaciones conjuntas, aunque los integrantes del comité de Garoña se repartirán las vacaciones de verano para «poder descansar pero aseguran que siempre hay miembros en el comité trabajando, por lo que pueda pasar».

Por otra parte, el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González, ha pedido que el plan de reactivación económica de la zona de Garoña anunciado por el gobierno se centre en la zona que incluye a los 14 municipios situados en un radio de 10 kilómetros de la planta.

En su opinión esos diez municipios, agrupados en la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares, que él mismo preside en Burgos, son los que se han visto afectados «en lo bueno y en lo malo» por la central y son los que ahora deben ser objeto del plan especial.

En este sentido, ha insistido en que esto no quiere decir que no se pueda ayudar a otros municipios, pero «con otros planes, no con los fondos para compensar el cierre de Garoña».