La Coordinadora Estatal Antinuclear, que agrupa a las organizaciones españolas contrarias a la energía nuclear, ha lanzado un vídeo para recordar el accidente sufrido en la central nuclear de Vandellós I el 19 de octubre de 1989, cuando se inició un incendio que ocasionó importantes disfunciones en diversos sistemas necesarios para garantizar la refrigeración del reactor.

Según recuerda Ecologistas en Acción, que forma parte de la plataforma, algunos vecinos de las poblaciones del entorno abandonaron sus hogares alertados por los propios bomberos.

El accidente, según explican, fue clasificado como de nivel 3 en la escala INES, sólo uno por debajo del accidente de Three Mile Island, que tuvo lugar en Estados Unidos en 1979. Si la temperatura hubiera subido tan sólo tres grados más, las consecuencias habrían sido de dimensiones indescriptibles, ya que se hubiera fundido el combustible del reactor, señalan desde la plataforma.

Las organizaciones ecologistas han querido aprovechar este aniversario para hacer hincapié en la irresponsabilidad del Gobierno al permitir el funcionamiento de la central nuclear de Garoña hasta 2013, es decir, durante más de 40 años.

Además, aprovecharon esta fecha para manifestar la necesidad de un plan de cierre de las centrales nucleares en España, que culmine con el abandono definitivo de esta forma de producción de electricidad cara y peligrosa.

Dichos planes coresponden a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), Ascó y Vandellós (Tarragona), Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

La Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló en una Sentencia del 17 de diciembre de 2008 los Planes Directores, aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2006, correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores de estas centrales nucleares, por entender que se había vulnerado el derecho de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) a ser oída en el procedimiento de elaboración de los citados Planes.

En ejecución de esta sentencia, el pasado día 7 de abril se sustanció el preceptivo trámite de audiencia con AMAC, que ha solicitado la inclusión en el órgano ejecutivo de cada Plan de Emergencia Nuclear de uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación.

Por ello, se incorpora al órgano ejecutivo del Plan a uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación. Con esta incorporación se mejora e incrementa la participación municipal en caso de emergencia nuclear.

Además, como consecuencia de las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana y el consiguiente despliegue de los Mossos d’Escuadra en todo el territorio de dicha Comunidad Autónoma, en el Plan de Ascó y Vandellós se prevé que el grupo operativo de seguridad ciudadana y orden público (en la actualidad, dirigido y formado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) quede dirigido y formado por efectivos de la Policía Autonómica Catalana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarán encuadrados en un nuevo grupo operativo: el grupo de seguridad estratégica, cuya existencia se prevé exclusivamente en el Plan de Ascó y Vandellós que tendrá como objeto garantizar la seguridad en puertos y aeropuertos en caso de emergencia nuclear, en los que se mantiene la competencia estatal.

Estos cinco acuerdos cuentan con el informe favorable de la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que están representadas la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y el Consejo de Seguridad Nuclear.

El presidente del comité de empresa, Alberto César González, ha explicado que el recurso se interpone porque «no tiene sentido» ni «a lugar» al cierre y se reclama «la continuidad de la planta por un periodo de 10 años».

Ha detallado que antes del 2 de octubre había que presentar el anuncio del recurso y será en fechas posteriores cuando se presente la argumentación jurídica que avale la acción judicial.

En este sentido ha avanzado que el gabinete jurídico y el comité de empresa mantienen reuniones en las que se trabaja para preparar la argumentación jurídica del recurso.

Ha detallado también que en este recurso no se incluirá la demanda para exigir indemnizaciones a los trabajadores por los perjuicios económicos que les causará el cierre de la planta y ha agregado que la voluntad de ejercitar esta acción la mantienen, pero que solo se podrá realizarse cuando el cierre de la planta sea efectivo.

La acción judicial de los trabajadores de Garoña se suma al recurso interpuesto por el titular del reactor, Nuclenor, sociedad integrada por Iberdrola y Endesa, ante la Audiencia Nacional y por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ante el Tribunal Supremo.

González también se ha quejado del «incumplimiento» del Gobierno, ya que se comprometió «con nosotros a que seríamos los primeros en conocer antes del 2 de octubre el plan de dinamización para la zona, y hasta la fecha nadie sabe nada».

En este sentido ha acusado al ejecutivo nacional «de volver a engañarnos» y ha reclamado que el mejor plan de dinamización es «mantener la central funcionando durante los 10 años que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear».

El presidente del comité de empresa asegura que sigue la «incertidumbre y preocupación entre los trabajadores» porque «sabemos que hay una fecha de cierre, pero no se hace nada y se incumplen los compromisos de inversión para la zona».

Ha agregado que los trabajadores «tenemos claro que hay que seguir trabajando con eficacia y eficiencia, para que la central siga siendo rentable y segura» y con la esperanza «de que los cuatro años que quedan se conviertan al final en 10».

Alberto César González ha indicado que todas las acciones pretenden que la central de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia de Burgos, continúe funcionando hasta 2019.