De este modo se manifestó Tomás Villanueva ante el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la reunión del Consejo para el impulso del Plan de Dinamización Económica y el Empleo en Garoña.
Villanueva reiteró que «la Junta no comparte la decisión tomada por el Gobierno de España sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña» y explicó que deben ser ellos los que financien las medidas en apoyo a esta zona porque fueron los que tomaron la decisión.
«Tienen que traer algún proyecto de referencia empresarial industrial que sirva de tractor, de motor. Y el Gobierno de España puede hacerlo porque tiene posibilidades, capacidad e información para hacerlo», precisó Villanueva.
En concreto, el vicepresidente de la Junta pidió al ministro en el Consejo «que pongan en marcha incentivos fiscales ventajosos para el desarrollo de alternativas económicas».
Por ello, abogó por «una discriminación positiva para generar actividad económica y que se apliquen «los mismos beneficios que tienen otras comunidades, como el caso del País Vasco para competir en condiciones de igualdad», afirmó Villanueva.
En este sentido, reclamó «un mayor esfuerzo para la financiación de la instalación de empresas en la zona, que pueden llegar al 30 por ciento, si se recurre a la Unión Europea», para casos por impacto negativo del cierre de la central.
Además, calificó de «exagerado» que el plan se extienda al vecino País Vasco, así como a La Rioja, ambas comunidades que no sufren el problema. En el primer caso, «porque cuenta con el blindaje vasco», y en ambos casos, porque «el objetivo pasa por buscar alternativas económicas y empresariales para la zona del Valle de Tobalina y éstas no se pueden encontrar si están en desventaja con zonas colindantes».
También criticó que desde el Ejecutivo se plantee un Plan Especial de Empleo para la zona valorado en seis millones de euros y que pidan su cofinanciación al 50 por ciento por parte de la Junta, cuando el presidente autonómico reclamó un plan para Castilla y León como el que tienen otras comunidades y todavía no recibió respuesta.
Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Junta mantuvo que «la actitud del Gobierno regional será de lealtad para trabajar en la búsqueda de esas alternativas».
Lamentos por vincular el desdoblamiento de la N-1 al cierre de Garoña
Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha lamentado que el desdoblamiento de la carretera nacional N-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, prevista en el Plan de Dinamización de Garoña, se vincule al cierre de la central nuclear.
A preguntas de los periodistas tras la firma de la constitución del consorcio para la promoción del aeropuerto de Burgos, Silván ha recordado que se trata de una reivindicación «histórica» para el único tramo de esta vía que queda sin desdoblar.
Sin embargo, ha considerado que «nunca el desdoblamiento de un tramo de carretera ha resultado tan caro», porque a su juicio el cierre de Garoña supondrá un daño muy importante tanto en riqueza como en pérdida de puestos de trabajo.
Silván ha señalado que el Gobierno se refirió primero a liberalizar la autopista de peaje AP-1 y después del desdoblamiento, aunque nunca se llegó a incluir en los planes de infraestructuras.
Por otra parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, ha calificado de «disparate» el paquete de medidas que el Gobierno central ha presentado dentro del Plan Garoña.
Oviedo ha criticado especialmente que las medidas se hayan fijado sin tener en cuenta los deseos y necesidades de los habitantes de la zona afectada.
En su opinión, el plan es «una especie de parche» que se ha formado con proyectos de diferentes ministerios, muchos de ellos ya comprometidos, que no parten de un diagnóstico real de las necesidades de la zona.
