Durante su intervención en una jornada económica organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos, Josu Jon Imaz se ha mostrado partidario de plantear un debate sobre qué hacer con las centrales «que llegan al final de su ciclo de vida», sobre «si se les incorporan tecnologías nuevas, se amplían en su capacidad tecnológica o se renuevan. Creo -ha dicho- que ése es el camino adecuado».

Según ha advertido, «si optamos por cerrarlas vamos a tener un problema de emisiones de CO2 porque va a haber un consumo mayor y hemos quitado una fuente de suministro».

Ha señalado que en el mundo hay más de 400 centrales nucleares, muchas en fases muy avanzadas de su vida, y ha puesto de manifiesto que «de cada seis kilovatios hora que se generan en el mundo uno es nuclear».

«Si esas 400 centrales se cierran -ha insistido- vamos a tener un agravamiento muy fuerte del problema de las emisiones de CO2 (dióxido de carbono)».

El presidente de Petronor también ha abogado por la estabilidad en el marco regulatorio energético porque, según ha indicado, «es la única forma de que el que esté en el sector invierta en todo lo necesario para reducir las emisiones de CO2 para rentabilizar las inversiones a largo plazo».

«También es la única forma -ha añadido- para que aquel que quiera llevar adelante un proyecto nuclear no esté al albur cada 4 ó 5 años de cambios de gobierno o institucionales que le de una inseguridad regulatoria fortísima».

En su opinión, «es la única forma de que las renovables se desarrollen» porque «nadie invierte en aquello en lo que no puede sacar una rentabilidad a medio plazo».

«La energía necesita y la renovable fundamentalmente -ha asegurado- una estabilidad regulatoria y, para ello, es bueno una política energética de acuerdos de consensos, que sea en cierta forma compartida en una sociedad».

Imaz ha destacado la positiva evolución de la economía vasca en las tres últimas décadas, pero ha indicado que queda un esfuerzo importante que hacer en una mayor apuesta por la I+D (investigación y desarrollo), la formación, el conocimiento y la ciencia.

En su opinión, en el sistema universitario y científico hay que hacer una apuesta «más sólida» y «tenemos que ver qué va a mover la economía en los próximos años».

A su juicio, tres van a ser los grandes tractores de la economía mundial: el medio ambiente, la calidad urbana y la movilidad, y la salud y los servicios sociales.

Andrea Brentan dijo que la principal decisión que hay que tomar al respecto es «nucleares sí o nucleares no», porque los 40 años de vida de las centrales se cumplirán entre 2020 y 2030.

«La decisión nuclear se tiene que tomar en los próximos años. Hay tiempo. Ojalá que no sea tan improvisada como la de Garoña», apuntó en declaraciones a la prensa a su salida de la subcomisión.

En su opinión, la opción de prescindir de la energía nuclear tendrá un efecto «muy negativo» en la consecución de los retos del sector energético: seguridad del suministro, sostenibilidad y eficiencia en costes o competitividad.

Explicó que el hecho de parar unas centrales que «funcionan» conllevará necesariamente tener que invertir en la instalación de entre 9.000 y 11.000 megavatios nuevos de potencia.

Preguntado por el coste de esta nueva potencia, apuntó que es muy difícil hacer un cálculo, ya que depende mucho de la tecnología de sustitución por la que se opte y que actualmente sólo podría ser térmica porque es la única que garantiza un funcionamiento las 24 horas del día.

A modo de ejemplo, explicó que el coste de un ciclo combinado oscila entre los 600 ó 700 euros por kilovatio, mientras que el de una central de carbón es de entre 1.200 y 1.300 euros por kilovatios, siempre que no incluya captura de CO2, tecnología que eleva el coste entre un 50 y un 100%.

En términos de sostenibilidad medioambiental, el cierre de las nucleares supondría la elevación de las emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto que la seguridad del suministro también se vería afectada porque «nadie puede asegurar la capacidad alternativa necesaria», así como por cuestiones «geopolíticas».

En el horizonte de 2020, consideró que no es necesario instalar en España más capacidad de generación que la prevista y apuntó que la mayor incógnita hasta ese año es saber cómo evolucionará la demanda, que no recuperará los niveles de antes de la crisis en unos cinco años.

En este sentido, consideró que todo dependerá de cómo sea la recuperación económica, así como del grado de penetración de las medidas de ahorro y eficiencia energética y de los avances en factores como el coche eléctrico.

Por otra parte, Brentan reiteró la importancia de que se logre un pacto de Estado en materia energética para dar seguridad al sector, dado que sus ciclos de inversión son muy elevados.

En cuanto a las energías renovables, pidió sopesar la posibilidad de repartir su sobrecoste «entre todos los sectores energéticos y los Presupuestos Generales del Estado».

Además, pidió no que participen en la formación de precios en el mercado mayorista y que se retribuya a la capacidad que respalda a las renovables (carbón, ciclos combinados y bombeo) a través de un «pago regulado».

Endesa pide rebajar de 10 a 3 KW el umbral de acceso a la TUR

Asimismo, el consejero delegado de Endesa pidió que se reduzca «progresivamente» y hasta los 3 kilovatios el umbral de acceso a la tarifa de último recurso, la única tarifa eléctrica que fija el Gobierno, con el fin de avanzar en la liberalización de la comercialización de energía eléctrica.

Ahora pueden acceder a la TUR los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kilovatios (kW), que equivalen a unos 25 millones de hogares y pymes, mientras que con 3 kilovatios existen unos 3 millones de consumidores.

Andrea Brentan hizo esta petición durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años.

Desde el pasado mes de julio, lo usuarios con 10 kW pueden elegir entre acogerse a tarifa o acudir al mercado a negociar su suministro.

Hay que decir «ya» si la opción es construir centrales nucleares de cuarta generación o centrales térmicas con secuestro y almacenamiento de CO2, dijo Ignacio Sánchez Galán, que subrayó que si no se toman decisiones «adecuadas» con tiempo suficiente «nos podemos encontrar en la década de los 20 a los 30 con problemas puntuales de suministro».

El presidente de Iberdrola urgió al Gobierno y los partidos políticos a alcanzar cuanto antes acuerdos en materia energética, ya que se trata de inversiones que precisan de largos periodos de maduración -diez o quince años- y porque el sector necesita estabilidad regulatoria para captar financiación.

Sánchez Galán hizo estas declaraciones tras comparecer en la subcomisión del Congreso de los Diputados constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años.

Según cálculos de Iberdrola, en el horizonte 2020 habrá que invertir en España 50.000 millones de euros en redes de distribución y transporte, así como en el desarrollo de las interconexiones internacionales.

En generación no hará falta invertir, dadas las actuales inversiones en centrales de gas e hidráulicas de bombeo y los 16.000 megavatios (MW) de renovables preasignados recientemente por el Gobierno, apuntó Sánchez Galán.

De cara a 2030 y suponiendo que todas las centrales existentes en la actualidad sigan funcionando, se tendrán que invertir 60.000 millones de euros, fundamentalmente en nueva generación y renovables (18.000 MW).

Si se opta por el cierre progresivo de las centrales atómicas, la factura se elevará hasta los 90.000 ó 95.000 millones de euros y habrá que instalar 21.000 MW convencionales nuevos, lo que romperá con la tendencia de reducción de emisiones y elevaría los costes del sistema.

Además, Iberdrola considera que mantener las plantas nucleares existentes permitiría ahorrar al sistema 4.000 millones de euros anuales hasta 2050.

Sánchez Galán recordó que detrás de la energía renovable es imprescindible que haya otras centrales, principalmente de gas, que puedan entrar automáticamente cuando no sopla el viento o no hay sol y que, dado que su funcionamiento es muy limitado en horas necesitan un tratamiento económico específico que las haga rentables.

En cuanto al coste de las energías «verdes», Iberdrola (mayor eólica del mundo) calcula que las instalaciones de renovables asignadas hasta 2013 supondrán unas primas anuales de 6.300 millones de euros, el triple que en 2008.

La mayor parte de las ayudas corresponden a tecnologías «no maduras», como la termosolar o la fotovoltaica, que, a su juicio, encarecen el coste de la energía un 25 por ciento.

«El valor añadido que puede dar un Pacto de Estado sobre la Energía nos puede hacer cambiar nuestras posiciones» aseguró Zapatero en su turno de réplica a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

No obstante, insistió en que al Ejecutivo le parece «razonable» que la vida útil de las centrales nucleares no supere los 40 años, tal y como recoge el anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible.

El objetivo del Gobierno, explicó, es ir sustituyendo la energía nuclear por las renovables porque a pesar de que éstas sean más caras son «limpias, seguras y tienen futuro».

«Hoy nos cuesta más producir un kilovatio con energía renovable que con petróleo», reconoció Zapatero.

Pero es una inversión «rentable» a medio plazo que hará que la economía sea más competitiva, ya que se trata de una apuesta ambiciosa que repercutirá en el cambio del modelo económico en las próximas décadas, añadió.

Por ello, insistió al líder del PP, Mariano Rajoy, sería «muy bueno» que hubiera un acuerdo en materia energética que pueda quedar plasmado en la Ley de Economía Sostenible, aunque reprochó a la oposición que no haya respondido a sus propuestas.

A pesar de su oferta de diálogo, Zapatero advirtió de que no hay «ni capacidad, ni voluntad, ni interés» por promover nuevas centrales en España, que sólo podrían existir si hay un «enorme apoyo del sector público».