EDF tendrá que ceder electricidad de sus centrales nucleares a sus competidores

«Cada operador podrá adquirir a EDF electricidad a un precio que represente los costos completos de producción de su parque electro-nuclear, según las estrictas necesidades de sus clientes situados en Francia y bajo control de la Comisión de Regulación de la Energía», señaló el Ejecutivo al término del Consejo de Ministros.

No se dieron precisiones sobre el precio concreto que los competidores tendrán que abonar a Electricité de France (EDF), aunque ‘Le Monde’ apuntó que el gigante eléctrico ha conseguido unos 41 euros por megavatio, un nivel que los operadores alternativos han considerado excesivo, por encima de los alrededor de 34 euros que le cuesta producirlos.

El dispositivo diseñado por el Gobierno, que pretende mantenerse en vigor hasta 2025, prevé la cesión de 1.000 millones de kilovatios hora, es decir, la cuarta parte de lo que generan sus 58 reactores atómicos.

Los que adquieran esa energía tendrán que firmar un contrato con EDF que les impedirá utilizarla como arma contra el operador histórico, ya que no podrán comercializarla ni en periodo de consumo punta, ni venderla en el mercado mayorista, donde los precios son mucho más elevados. Además, estarán obligados a invertir en medios de producción para los periodos de consumo punta.

El proyecto de ley debería iniciar su trámite parlamentario el mes próximo, con la idea de que pueda ser aprobado en julio o en octubre -según si se utiliza el procedimiento de urgencia-.

El primer ministro francés, François Fillon, se había comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo esta reforma antes de finales del pasado año.

Las nucleares defienden sus planes de seguridad ante la cumbre de Washington

El presidente estadounidense, Barack Obama, es el impulsor de la Cumbre de seguridad nuclear, a la que ha invitado al jefe del Ejecutivo, Jose Luis Rodríguez Zapatero, junto a otros cuarenta mandatarios.

Cuando concluya comenzará el seminario empresarial internacional, al que asistirán representantes de Iberdrola y de Unión Fenosa-Gas Natural, propietarias de la mayoría de las centrales en el país, y del Foro de la Industria Nuclear Española, que agrupa a las empresas relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear.

Fuentes del Foro han defendido los pasos dados por las centrales para garantizar la seguridad de sus instalaciones y de los materiales, alcanzando «un nivel sin parangón».

Según apuntan, los 436 reactores existentes en el mundo, que producen el 17 por ciento de la electricidad que se consume, funcionan con parámetros equivalentes y han demostrado buenos niveles de seguridad.

Medidas como la aplicación de barreras múltiples o la clasificación de los equipos en función de su nivel de riesgo han conducido a un «amplio, completo y bien desarrollado programa de seguridad», añaden las fuentes.

En el seminario empresarial, organizado por el Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, está prevista la participación del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, y del secretario de Energía, Steven Chu.

Francia e Italia estrechan lazos en materia de cooperación nuclear civil

Reunidos en París con motivo de la cumbre anual franco-italiana, los convenios alcanzados suponen un acercamiento más profundo entre ambos países en el desarrollo de ese tipo de energía en Italia, tras el «histórico» anuncio hace un año de Berlusconi de retomar el uso de reactores nucleares, veinte años después de descartarlos.

Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi no precisaron cuándo se implantarán reactores nucleares en Italia, aunque las empresas francesa Areva y la italiana Ansaldo confirmaron su anunciada intención de construir en el país transalpino al menos cuatro reactores EPR de nueva generación, gestionados por las eléctricas Enel y EDF.

Francia e Italia decidieron, además, formar conjuntamente a ingenieros, intercambiar estudiantes y proyectos conjuntos de investigación nuclear, así como la puesta en marcha de una campaña de comunicación en favor de ese tipo de energía e iniciativas conjuntas en materia de seguridad atómica.

Las Cámaras de Comercio defienden la energía nuclear para garantizar el consumo

En una entrevista, Horaci Simó i Burgués, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, advirtió de que «en España falta energía», no sólo nuclear sino también la generada por gas o petróleo, en un porcentaje que situó por encima del 80 por ciento.

Por el contrario, citó, en Francia «sobra» energía porque cuenta con 59 centrales nucleares, mientras que en España, donde falta energía que ha de comprar al país vecino, se quieren cerrar por parte de algunos políticos y grupos ecologistas, agregó.

Confió en que este año se alcance un pacto nacional sobre la energía entre PP y PSOE que contemple «sin miedo» a la nuclear como recurso porque «es la solución» ante un futuro en el que «cada vez tendremos menos energía».

Representantes de las Cámaras de Comercio de Galicia, Cataluña, Baleares o Aragón participan en Compostela en una reunión de la Comisión de Industria y Energía del Consejo Superior en la que evaluarán la situación actual del sector nuclear en España o la Ley de Economía Sostenible, entre otros asuntos.

Precisamente en 2009 esta Comisión mantuvo encuentros itinerantes en Valencia, Zaragoza o Santander para compartir conocimiento y consolidar la red cameral, y en todos ellos cobró protagonismo el tema energético y nuclear, sobre el que últimamente ha habido cierta polémica a propósito de la instalación de almacenes temporales centralizados o cementerios nucleares.

«Estamos en desacuerdo con que se cierren las centrales» que «se tienen que alargar», como hizo Suecia, recordó Simó i Burqués, quien insistió en defender los depósitos de residuos radiactivos, una cuestión en la que cree que el Gobierno está «cambiando de parecer».

El argumento, planteado con un interrogante, es el siguiente: «Si por un lado decimos que nos falta energía y por otro decimos que tenemos que cerrar las centrales nucleares, ¿dónde vamos a depositar los residuos?».

Al hilo de ello, evocó el caso del desmantelamiento de Vandellós I cuyos residuos se depositaron en Francia, explicó, y tras 10 años España no cuenta con un depósito para albergarlos y ha de pagar unos alquileres «muy altos».

Estos residuos deben comenzar a retornar a España antes del 31 de diciembre de 2010 o, de lo contrario, las autoridades deberán pagar un coste que puede ascender a 60.000 euros diarios, según la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.

El presidente de Comisión de Industria y Energía del Consejo Superior defendió las energías renovables como la eólica o la solar, subvencionadas por el Gobierno, pero volvió a preguntarse si tenemos bastante energía con las renovables.

Tras responder que no, reiteró la necesidad de acudir al gas, al petróleo y la energía nuclear para abastecer el consumo eléctrico que no deja de aumentar -un 4,7% hasta marzo, según Unesa-, un incremento que calculó de un 2,5 a un 3 por ciento anual para el que «no hay suficiente energía renovable», reiteró.

Sobre la implantación del coche eléctrico, del que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que podría abaratar el precio de la electricidad, Simó i Burgués añadió como contrapartida que «consumiremos más energía eléctrica».

Por esa razón insistió en la energía nuclear, cuyo lado positivo es que es barata y el negativo de todas es que «son peligrosas», por lo que las alternativas para afrontar los próximos 10 años pasan por seguir comprando energía a Francia, instalar centrales mixtas de gas y petróleo, que «es muy caro», u optar por la energía nuclear que, aparte de la hidráulica, es la que «nos sale barata».

En cuanto a la Ley de Economía Sostenible, Simó i Burgués explicó que estudiará el anteproyecto pero que, en principio, lo que se debería hacer es «dar confianza sobre todo a los empresarios, que creamos empleo, porque hasta ahora no se ha dado confianza para que el consumo crezca. Aquí lo único que nos crece es el paro», indicó.

Ecologistas en Acción asegura que el diseño del ATC implica «riesgo de contaminación»

La organización incide en que uno de los «problemas graves» del almacenamiento de residuos radiactivos en seco y alta temperatura, tal y como se tendrían en el hipotético ATC español, es que la integridad de las varillas de combustible gastado no está garantizada, y se produce un «alto riesgo» de rotura, con la consiguiente salida de material radiactivo a los cilindros de almacenamiento.

Los ecologistas señalan que en el ambiente de elevada temperatura, de unos 400 grados centígrados, que habrá en el ATC, y de un gran flujo de radiactividad sobre las varillas, «las deficiencias microscópicas presentes en el metal, que siempre existen, aumentarán paulatinamente de tamaño con la posibilidad no desdeñable de llegar a la rotura».

Además, destacan que como se sabe por los estudios realizados en materiales irradiados, «la combinación de las circunstancias hostiles de alta radiactividad y temperatura facilita el avance de los defectos siempre presentes en los metales». «Estos defectos se amplifican hasta dar lugar a fisuras, con el consiguiente escape del material radiactivo», indican.

En este caso, Ecologistas en Acción defiende que los residuos de alta actividad superarían la primera barrera de contención dispuesta en el ATC, que es la propia varilla. Así, el combustible gastado se extendería por el cilindro de contención, contaminándolo y reduciendo la fiabilidad del almacenamiento.

Según la organización, se dificultaría enormemente la recuperación de estos residuos para su tratamiento o su almacenamiento en otro depósito.

«Sorprende que Enresa haya optado por esta forma de gestión sabiendo que existe este problema y sería en extremo chocante que el Consejo de Seguridad Nuclear autorizara la construcción del ATC sabiendo que no se puede garantizar la integridad de las varillas del combustible gastado», aseguran.

«Las prisas por buscar una forma de almacenamiento que resulte lo más barata posible ha motivado esta huida hacia delante», sentencian los ecologistas.

Greenpeace lanza una campaña contra la instalación del ATC en Castilla y León

Así, difundirán 25.000 postales con lema de la Junta «Castilla y León es vida», para contraponer una imagen idílica de una familia de picnic disfrutando de los atractivos de la Comunidad, con esa misma familia en un entorno natural desértico, rodeados de residuos radioactivos bajo el lema ‘Esto no’.

Además, han convocado una concentración en las calles de Valladolid para el próximo domingo, 11 de abril. Los manifestantes partirán a las 12.00 horas del mediodía de la Plaza de Colón, y recorrerán las calles más céntricas de la ciudad.

Según explicó el responsable de la campaña antinuclear de la agrupación ecologista, Carlos Bravo, el objetivo de la campaña es alertar del «daño terrible» que conllevaría para el «pujante turismo cultural, rural, de naturaleza y gastronómico de la región, que Castilla y León pasara a conocerse como el cementerio nuclear de España».

En su reverso, las postales incluyen la dirección del despacho del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y un texto en el que le solicitan «que actúe firmemente en defensa de estos valores, y se oponga de manera rotunda a que Castilla y León albergue el almacén centralizado de residuos radioactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas que promueve el Ministerio de Industria».

Para Bravo, «la Junta debe tener la sensibilidad democrática que no ha tenido el Ministerio, que abrió hace tres meses un proceso claramente antidemocrático e ilegal para definir dónde se ubicarán unas instalaciones sumamente peligrosas».

«Si la Junta no se opone firmemente correrá el riesgo de perder su posición de potencia turística», aseguró antes de reclamar que se realice «un estudio serio» de los puestos de trabajo que se podrían perder en el sector.

«Herrera debería seguir el ejemplo del presidente de Castilla-La Mancha, que encabezó las manifestaciones contra la instalación del ATC en su territorio, algo que también se ha repetido en Cataluña o en Extremadura, donde todos los partidos políticos se oponen», afirmó.

El portavoz de la plataforma de Torrubia de Soria, Iván Aparicio, recalcó que «no se ha producido un proceso democrático para explicar a los vecinos los riesgos de la instalación del cementerio nuclear».

Por su parte, el portavoz de la plataforma Tierra de Campos Viva, Juan Carlos Flores, reivindicó que la Diputación de Valladolid se manifiesta en contra del ATC en la provincia, y pidió al presidente de la institución, Ramiro Ruiz Medrano, que adopte la postura asumida por sus homólogos en Palencia y León.

La CGT recurre la prórroga de cierre de Garoña hasta 2013 en la Audiencia Nacional

Según ha informado esta organización sindical, en 2011 la central nuclear cumplirá los cuarenta años de vida útil, el plazo para el que fue diseñada para funcionar en condiciones de seguridad, por lo que será la primera central española que supere el periodo para el que fue diseñada.

Según la CGT, la decisión del Gobierno de autorizar hasta 2013 el funcionamiento de la central atómica se ha realizado sin la participación e información pública exigida tanto por la Ley de Participación Ambiental como por la que regula el funcionamiento del propio Consejo de Seguridad Nuclear.

Para este sindicato, además se vulnera la normativa en materia de evaluación ambiental al no haberse sometido la prorroga aprobada a evaluación de impacto ambiental alguna.

El cese de la explotación de esta central para la CGT no tendría repercusión alguna sobre la garantía de suministro eléctrico para los ciudadanos, además los costes de inmovilizado de esta central se encuentra amortizados desde 1996, generando desde entonces un beneficio significativo a favor de las dos compañías eléctricas propietarias.

Por todos estos motivos, la Confederación General del Trabajo (CGT) opina que Garoña debe ser cerrada y desmantelada de manera inmediata.

Torrubia de Soria revoca el pleno que solicitó el ATC

Este acuerdo se remitirá de inmediato al Ministerio de Industria para que retire la solicitud.

El Pleno del Consejo también aceptó la dimisión de la hasta ahora alcaldesa, María Ángeles Delso (PP), quien en las últimas fechas había recibido incluso amenazas de muerte, de un comunicante sin identificar y realizadas desde una cabina pública, que no quiere denunciar «porque sería todavía peor».

Delso, que llevaba en el cargo los últimos 15 años, aseguró que recibió las amenazas de muerte por promover la candidatura de su municipio al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que proyecta el Gobierno central.

A partir de ahora la Junta Electoral deberá designar al nuevo primer edil, un cargo que con toda probabilidad asumirá el segundo candidato más votado en las pasadas elecciones municipales, Raimundo Martínez, que se presentó por una lista independiente.

El PP pide que el pleno que aprobó la candidatura al ATC de Albalá (Cáceres) sea nulo

Así lo ha anunciado el portavoz de los populares extremeños, Luis Alfonso Hernández Carrón, tras la reunión que el Comité de Dirección del partido ha celebrado en Cáceres.

Según ha explicado, esta sesión extraordinaria -celebrada el pasado 29 de enero- presentaba «varios defectos en la forma en la que se convocó y se desarrolló», por lo que el PP quiere que sea declarada nula de pleno derecho.

En concreto, ha explicado que este pleno fue convocado con carácter urgente y extraordinario, cuando «no existía ninguna urgencia», dado que el Ministerio de Industria había habilitado un mes para presentar las candidaturas a albergar el ATC «y el Consistorio esperó hasta el último día, por lo tanto no existía tal urgencia».

De este modo, ha considerado que la sesión se organizó «de forma atropellada, vulnerando los derechos de los concejales, ya que la convocatoria no respetó las 24 horas preceptivas que marca la ley».

Ha indicado que esta urgencia desemboca en una segunda irregularidad, basada en la «falta de información y documentación necesaria para que los concejales pudieran adoptar una decisión madurada a favor o en contra».

De esta forma, el portavoz del PP ha lamentado de que los dos ediles populares del Ayuntamiento de Albalá, que han firmado el recurso judicial, «votaron a ciegas».

«Las causas que esgrimimos son suficientes para paralizar la candidatura de Albalá» en el caso de que se acepte a trámite el recurso, ha añadido Hernández Carrón, para quien el Gobierno central «no debería sustentar una candidatura sobre la que pesa un recurso judicial».

El PP ha deseado que la Junta de Extremadura se sume a esta acción judicial, al tiempo que ha criticado que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara «no muestre una voluntad política y contundente contra el ATC, con hechos consumados».

El portavoz popular ha explicado además las alegaciones que el PP presentará contra el ATC, y cuyo plazo finaliza el próximo 31 de marzo.

Se basarán, según ha dicho, en la «posible nulidad de los acuerdos de Pleno», la «absoluta falta de consenso social y político» que existe en la región en torno a este asunto, la proximidad de Albalá a zonas de interés regional medioambiental, y el «perjuicio» que supondría para la comarca de Montánchez la instalación del cementerio nuclear, debido al «incipiente turismo rural y la extensa producción agroganadera».

Además ha señalado que la energía nuclear es fuente de desarrollo, aunque la región extremeña «ya ha sido lo suficientemente solidaria en este aspecto«.

El CSN y Enresa investigarán el combustible nuclear

Los presidentes de las tres entidades, Carmen Martínez Ten (CSN), José Alejandro Pina (Enresa) y José Luis González (Enusa), firmaron dicho acuerdo específico, que cuenta con un presupuesto de 540.000 euros, financiado a partes iguales.

El convenio prolongará hasta 2013 una investigación que comenzó en 2006 y que estudia un posible escenario de rotura de las varillas de combustible, en función del contenido de hidrógeno y la temperatura que alcance durante el almacenamiento en contenedores en seco.

Durante los cuatro años de su vigencia, se trabajará sobre materiales no irradiados, actualmente utilizados en las centrales nucleares españolas de agua a presión (Ascó, Vandellós y Almaraz), y para los que se ha previsto alcanzar su máximo nivel de rendimiento.

Este proyecto se enmarca dentro de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión (Ceiden), constituida en el año 2007, y que desde octubre de 2009 preside el consejero del CSN Francisco Fernández.

El estudio será coordinado por Enusa, y cada una de las partes de este acuerdo designará un representante para el seguimiento y la gestión del mismo.

Los trabajos experimentales y teóricos se realizarán en los laboratorios del departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.