Estos materiales han sido generados en los 150 primeros días de desmantelamiento de la central en los que se ha acometido el derribo de las diez torres de refrigeración, el desmontaje de los componentes del equipo diésel o adecuaciones de los sistemas eléctricos de la central, entre otras actuaciones. Estos trabajos han sido desarrollados por 263 personas de las que el 56% provienen de la provincia de Guadalajara.

El director de desmantelamiento de José Cabrera, Manuel Rodríguez Silva y el director técnico del proceso, Manuel Ondaro, han realizado balance de las actuaciones ejecutadas en los últimos meses, desde el 11 de febrero de 2010, fecha en la que Enresa asumió la titularidad de la instalación.

Durante este tiempo, se han ejecutado actividades preparatorias con objeto de adaptar la instalación a las necesidades del desmantelamiento, como la adecuación del edificio eléctrico de torres y la actuación en el parque eléctrico de 46 kv (cuya finalización esta prevista para el mes de agosto), el recableado de cargas eléctricas del edificio de turbina y la adecuación de sistemas mecánicos y de la toma de agua.

Según Manuel Rodríguez Silva, estos trabajos se realizan en paralelo con los primeros desmontajes convencionales y el acondicionamiento de áreas exteriores del emplazamiento, como el derribo de las diez torres de refrigeración (llevado a cabo entre el 26 de mayo y el 22 de junio), trabajo que ha producido el primer cambio en la fisonomía externa de la central, y el desmontaje de los componentes del edificio diésel. Una vez finalizada la posterior obra civil, se podrán reutilizar estos espacios para la gestión de los materiales durante el proyecto.

Por otro lado, próximamente comenzará el desmontaje de equipos en la planta de operaciones del edificio de turbina. Este recinto será acondicionado y equipado para su reutilización como edificio auxiliar dedicado a la gestión de los residuos generados.

Además, se van a adaptar los sistemas de ventilación del edificio de contención y del edificio auxiliar y se van a mejorar los almacenes de residuos y el área de desclasificación. Finalmente se ejecutarán los Planes de Pruebas Oficiales de los sistemas, requeridos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

A mediados de 2011, tal y como marca el programa establecido, comenzará el desmantelamiento de partes activas, con la segmentación de los componentes internos del reactor, actuación que se está planificando con detalle en estos momentos.

150 días de trabajo

En estos 150 días de trabajo, se han generado una cantidad total de 1.536 toneladas de residuos, todos ellos convencionales. La mayor parte han sido residuos de construcción y demolición (tierras, arenas, materiales asfálticos y escombros, en total 583 toneladas) y chatarras (582 toneladas). Estas cantidades, casi al cien por cien, ya han sido transportadas fuera de la instalación a diferentes gestores autorizados.

Tal y como ha indicado Rodríguez Silva, el número total de personas que han trabajado en la central desde la llegada de Enresa ha sido de 263, pertenecientes a 31 empresas diferentes. De esa cantidad, 148 trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara (56%) –92 trabajadores son del entorno local–; y 115 empleados de otras provincias castellano-manchegas y del resto de España (44%). A nivel general, trabajan diariamente 200 personas de media en la instalación.

Por otro lado, desde el 11 de febrero de 2010 se han impartido en la planta un total de 172 acciones formativas, de las que el 70% han estado dedicadas a disciplinas y materias relacionadas con la seguridad (Prevención de Riesgos Laborales, Protección Radiológica, Planes de Emergencia, Protección contra Incendios). A nivel global, se han impartido 426 horas lectivas de cursos contabilizándose un total de 3.200 horas-hombre dedicadas a formación.

El proyecto de desmantelamiento está sometido a un exhaustivo control institucional. En este periodo inicial de actividad, se ha convocado por parte del Ministerio de Industria la primera reunión del Comité Reglamentario de Información, en el que están representados Organismos de la Administración Central y Autonómica, así como alcaldes de la zona y representantes de asociaciones y empresarios, y se han recibido una decena de inspecciones por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y el EURATOM.

El director de la instalación ha reiterado el compromiso de Enresa con la transparencia del proceso de desmantelamiento, de modo que se encuentre al alcance de la mano de los ciudadanos y de la opinión pública. Prueba de ello, ha señalado, son las dos jornadas formativas realizadas con periodistas de Guadalajara y las diferentes visitas de técnicos, estudiantes y profesionales que se han recibido.

La ONG ecologista ha hecho esta solicitud ante la renovación del permiso de funcionamiento por diez años más de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona).

Greenpeace recuerda la peligrosidad de la instalación y demanda a Zapatero que cierre todas las plantas de este tipo en España.

Añade que el Partido Socialista dispone de un informe propio que demuestra que es posible cerrar todas las centrales nucleares de aquí hasta el año 2017.

En el texto se insiste en que se debe clausurar la central nuclear de Vandellós II lo antes posible, debido a los problemas de salud que puede generar y a que la compañía que la opera ha demostrado «impericia».

Según los ecologistas, desde 2005, en la central nuclear de Vandellós II funciona mal el sistema de refrigeración de emergencias.

Afirman también que, desde 2009, no funciona el sistema contra incendios del edificio de control.

Las energías renovables proporcionaron en 2009 el 26% de nuestra electricidad, frente al 19% de la nuclear, y es cada vez «más obvio» que las centrales nucleares funcionan «con crecientes problemas de seguridad» y también que el sistema eléctrico español puede asumir el cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Vandellós acumula el 50% de los incidentes en nucleares

Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha recordado que la central nuclear de Vandellós II acumula el 50% de los incidentes de las centrales españolas y ha lamentado la autorización del Ministerio de Industria para que se mantenga operativa hasta 2020.

«Prorrogar hasta 2020 la actividad de Vandellós II es una irresponsabilidad por la amenaza que esta central tiene para el territorio«, ha dicho Herrera, tras lo que ha afirmado que «Vandellós II ha demostrado no tener cultura de seguridad».

Herrera ha declarado que el modelo de crecimiento económico para las comarcas del Ebro «no pasa por ser la zona más nuclearizada de España» y ha expresado su rechazo a que el cementerio nuclear se instale en la región.

El líder de ICV ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a apostar por las energías renovables y ha exigido un «calendario de cierre de las nucleares».

La ONG ecologista ha hecho esta solicitud ante la renovación del permiso de funcionamiento por diez años más de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona).

Greenpeace recuerda la peligrosidad de la instalación y demanda a Zapatero que cierre todas las plantas de este tipo en España.

Añade que el Partido Socialista dispone de un informe propio que demuestra que es posible cerrar todas las centrales nucleares de aquí hasta el año 2017.

En el texto se insiste en que se debe clausurar la central nuclear de Vandellós II lo antes posible, debido a los problemas de salud que puede generar y a que la compañía que la opera ha demostrado «impericia».

Según los ecologistas, desde 2005, en la central nuclear de Vandellós II funciona mal el sistema de refrigeración de emergencias.

Afirman también que, desde 2009, no funciona el sistema contra incendios del edificio de control.

Las energías renovables proporcionaron en 2009 el 26% de nuestra electricidad, frente al 19% de la nuclear, y es cada vez «más obvio» que las centrales nucleares funcionan «con crecientes problemas de seguridad» y también que el sistema eléctrico español puede asumir el cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Vandellós acumula el 50% de los incidentes en nucleares

Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha recordado que la central nuclear de Vandellós II acumula el 50% de los incidentes de las centrales españolas y ha lamentado la autorización del Ministerio de Industria para que se mantenga operativa hasta 2020.

«Prorrogar hasta 2020 la actividad de Vandellós II es una irresponsabilidad por la amenaza que esta central tiene para el territorio«, ha dicho Herrera, tras lo que ha afirmado que «Vandellós II ha demostrado no tener cultura de seguridad».

Herrera ha declarado que el modelo de crecimiento económico para las comarcas del Ebro «no pasa por ser la zona más nuclearizada de España» y ha expresado su rechazo a que el cementerio nuclear se instale en la región.

El líder de ICV ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a apostar por las energías renovables y ha exigido un «calendario de cierre de las nucleares».

Ignacio Sánchez Galán respondió así tras ser preguntado por las informaciones que apuntan a que el Gobierno baraja la posibilidad de imponer una tasa a las centrales nucleares por extender su vida útil, similar a la anunciada en Alemania.

Recordó que las tasas, que son cargadas al productor, son «finalistas» y se deben imponer para sufragar algo concreto, en tanto que los impuestos se cargan directamente en la factura y los paga el consumidor.

En este sentido, explicó que en España, la energía nuclear ya soporta tasas estatales y autonómicas que sumadas representan unos 15 euros por cada megavatio hora atómico que se produce en el país.

Apuntó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España, las nucleares no son «extensibles» por su vida útil, ya que pueden permanecer operativas siempre y cuando cumplan los requisitos de seguridad y medioambientales que son evaluados por el Consejo de Seguridad Nuclear, entre otros.

Por tanto, si alguien quiere decretar el cierre de una planta atómica por otros motivos, como ha ocurrido con Garoña, debe hacerlo en aras del interés general y previa expropiación.

Añadió que aunque la legislación europea permite poner impuestos siempre que sean finalistas, no consiente cargar costes de una tecnología a otra restándole competitividad.

En ese sentido, aseguró que el problema de los costes del sistema eléctrico no es culpa de la energía nuclear, si no de los «4.000 millones de euros» que cuestan la solar fotovoltaica por una mala gestión de la planificación.

Ante la posibilidad de que las autonomías impongan nuevos gravámenes a otras tecnologías como la hidráulica, Sánchez Galán dijo que aunque las regiones son libres de poner impuestos, luego los tribunales Supremo y Constitucional se encargan de decir que no son «legítimos», como ocurrió con Extremadura.