María Teresa Domínguez incidió en que la iniciativa de la canciller alemana, Angela Merkel, revoca una decisión política «firme y del más alto nivel», según la cual los reactores deberían ser clausurados en 2021.

«Lo valoramos muy positivamente. Alemania es la última en reconsiderar decisiones que ya se habían tomado, relativas a la prolongación de la vida en las centrales. Además, ya lo han hecho Suecia y Bélgica, con decisiones incluso de leyes. Por ser el último país y tener la influencia que tiene en Europa, lo consideramos de un valor muy importante que podría servir de referencia para España», señaló Domínguez.

«Nosotros vamos a apoyar que se siga un camino parecido en España», indicó la presidenta del Foro Nuclear. Desde su punto de vista, una central es «un bien adquirido por un país» que debe utilizarse tanto tiempo como sea seguro y añadió que es el Consejo de Seguridad Nuclear quien debe dictaminar sobre los niveles de seguridad.

«Especialmente deberían reconsiderar la postura de Santa María de Garoña, de igual forma que el resto de países europeos han valorado el papel de las nucleares en este periodo de transición. España debería tomar una decisión análoga», dijo Domínguez abogando para que la vida de las plantas se extienda diez años más, incluida la de Garoña, y añadió que «todo se puede volver a valorar, también la decisión de Garoña».

Por otro lado, Domínguez confió en que la postura de Alemania, al fin y al cabo uno de los países con más peso en la Unión Europea, ejerza influencia en Europa y, en concreto, en España.

Desde el punto de vista del Foro Nuclear, la decisión alemana es un ejemplo de planificación energética, ya que se ha tomado con tiempo suficiente para que la vida de las centrales se prolongue «de forma natural, sin paralizar su operación ni las inversiones».

Finalmente, Domínguez destacó la apuesta de Alemania por las energías renovables, «de la que nadie duda». Por ello, añadió, «este paso significa que, para la transición a otro modelo energético, al que se llegará en unas dos décadas, es imprescindible valorar la energía nuclear; al menos durante esa transición. La decisión de Alemania es la confirmación de que la nuclear es necesaria«, concluyó.

Los ecologistas temen que España imite a Alemania

Por su parte, los representantes de organizaciones ecologistas manifestaron su temor a que España imite la decisión de Alemania y, finalmente, prolongue la vida útil de sus centrales nucleares.

Así, el coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción, Javier González, recordó que «en España el Gobierno ha permitido a la central nuclear de Garoña (Burgos) vivir dos años más de lo previsto» y que, además, «el PP dijo que si gobierna le alargará la vida en 10 años». Por eso, descartó que, finalmente, los dirigentes españoles, tomen medidas similares a los alemanes, que acaban de prorrogar la vida media de sus instalaciones en doce años.

Mientras, la responsable de cambio climático de WWF, Mar Asunción, lamentó que España, que era un «ejemplo para el mundo en energías renovables», se está «alejando de estas», al tiempo que explica que alargar el funcionamiento de las centrales nucleares en estos momentos es inadecuado porque la crisis económica supone «una oportunidad para cambiar el modelo hacia las energías renovables».

Por su parte, la responsable de la campaña cambio climático y energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, calificó de «irresponsable» la medida, ya que «supone dar un hachazo a las renovables que han generado más de 250.000 puestos de trabajo». Además, señaló que «sería un gravísimo error si España tomara la misma decisión porque no se puede abogar por el mantenimiento de las centrales, en muchos casos obsoletas».

Por otro lado, la directora ambiental de Amigos de la Tierra España pidió un pacto de estado sobre energía que «apueste por un modelo energético ambientalmente coherente y socialmente justo».

«Hemos acordado que las centrales más antiguas recibirán una ampliación de ocho años, mientras que las más nuevas, que cuentan con diferentes parámetros técnicos, recibirán una ampliación de catorce años», precisó Norbert Roettgen al término de una maratoniana reunión en la que participaron los principales responsables del Ejecutivo de Angela Merkel.

Los miembros del Gobierno de coalición llevaban varios meses enfrentados sobre el número de años que deben permanecer activas las 17 centrales nucleares con las que cuenta el país una vez que sobrepasen los límites actuales, según los cuales Alemania debería cerrar su última central en 2021.

El asunto también mantiene enfrentados a los operadores nucleares y a los ecologistas. Cerca de mil defensores del medioambiente se congregaron para protestar este domingo frente al edificio de la Cancillería.

El acuerdo promete ser la piedra angular de la amplia estrategia energética de Merkel, que previsiblemente será anunciada a finales de septiembre. La canciller ha invertido mucho capital político en su nuevo plan energético, que deberá ser implantado sin sobresaltos si quiere revertir su descenso en las encuestas de cara a una serie de importantes elecciones que tendrán lugar en el país a principios de 2011.

La tarea no será fácil debido a que los alemanes se muestran escépticos a cerca de los riesgos de la energía nuclear y a que el acuerdo alcanzado por la coalición sigue sin dar respuesta a algunas cuestiones respecto al almacenaje de los desperdicios nucleares.

No obstante, el pacto alcanzado por el Gobierno aparentemente será aplaudido por los ecologistas, ya que establece medidas para impulsar el apoyo público y privado a las energías renovables.

Roettgen indicó que el plan a largo plazo para aumentar el apoyo a las renovables contará con una aportación de entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales. Las operadoras pagarán nueve euros por megavatio-hora de energía nuclear que irán destinados al desarrollo de energías limpias, añadió el ministro.

La contribución de las eléctricas ascenderá hasta los 300 millones anuales de euros en 2011 y 2012, y después descenderá hasta los 200 millones entre 2013 y 2016, informó un miembro del Gobierno en condición de anonimato anteriormente.

La reunión del Ejecutivo alemán también sirvió para establecer algunos detalles de otro elemento impositivo sobre los combustibles nucleares, que permitirá aumentar la recaudación proveniente de este sector en 2.300 millones de euros anuales, señaló la misma fuente anónima. El impuesto estará vigente durante seis años y queda fijado en 145 euros por gramo de uranio o plutonio.

El acuerdo del Gobierno se ha encontrado ya con las críticas del opositor Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que ya ha anunciado medidas legales si la coalición gubernamental trata de aprobar la ley sin someterla a votación parlamentaria.

El Gobierno de coalición perdió el control de la Cámara Alta, el Bundesrat, tras su derrota en las elecciones regionales del pasado mes de mayo, por lo que el SPD y los verdes podrían bloquear el acuerdo cuando se inicie su trámite legislativo.

Así lo ha señalado Antonio Cornadó, director de Comunicación de Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear burgalesa de Garoña.

Cornadó ha explicado que se trata de la XV Maratón en favor de la energía nuclear para usos pacíficos, que convoca cada año la Asociación Mundial de Trabajadores de Centrales Nucleares y que se celebra por primera vez en España, como reacción al anuncio del Gobierno central de que cerrará Garoña en julio de 2013.

Tras insistir en que Nuclenor sólo está ayudando a organizar esta actividad «pero no es la convocante», Cornadó ha adelantado que se espera que participen unas 400 personas de varios países.

Los participantes irán saliendo de forma escalonada a partir del 17 de septiembre, dado que el recorrido de 355 kilómetros se realiza en diferentes modalidades.

Todos los participantes confluirán en Madrid y participarán en un acto final que se celebrará el 25 de septiembre en la Plaza de Neptuno.

Un millar de personas advierten al Gobierno en Garoña que no quieren energía nuclear «ni por activa ni por pasiva»

Por su parte, un millar de personas han participado en Burgos en la XXXI Marcha contra Garoña, convocada por la Plataforma por el cierre de la central, para comunicar al Gobierno central y a la Junta de Castilla que no quieren energía nuclear «ni por activa ni por pasiva».

La marcha, que fue respaldada por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, partió de la localidad burgalesa de Barcina del Barco y concluyó poco después a las puertas de la central.

Los detractores pidieron así el «firme y definitivo» cierre de las instalaciones –«la era nuclear comienza a pasar página con la desconexión de Garoña», rezaba el comunicado–, una reivindicación que apoyaron los diferentes colectivos integrados en la Plataforma, grupos ecologistas e IU.

En este sentido, Gaspar LLamazares exigió el fin «obligado», un fin que emplazó al proceso y al calendario de cierre de las centrales y la sustitución de la nuclear por energías renovables y por el ahorro y la eficiencia energética.

«Una vez cumplida prácticamente toda la vida útil de ésta, de 40 años, se aumenta el riesgo y la rentabilidad para la empresa ya ha tenido lugar, con lo cual el cierre es obligado y no la prórroga como plantea el propio Gobierno«, apuntó el portavoz, quien garantizó que esa sustitución por renovables es «posible» y recordó que ya el 40 por ciento de la energía procede de esta alternativa.

«Si aumentáramos ese porcentaje y además lo combináramos con ahorro y eficiencia energética, el calendario de cierre de las nucleares sería posible y a muy corto plazo».

El coordinador general de IU en Castilla y León, por su parte, indicó que la jornada de esta año ha sido «interesante en cuanto a participación» e incidió en que la jornada sirvió para hacer llegar al Gobierno central y a la Junta el mensaje de que Castilla y León «no quiere nuclear ni por activa ni por pasiva».

De esta forma, rechazó no sólo las instalaciones burgalesas, sino también el posible emplazamiento de un ATC de residuos en la Comunidad.

Las plataformas contra el que denominan ‘cementerio nuclear’ también se hicieron oír en la Marcha. De hecho, protagonizaron una parodia que consistía en una ruleta rusa donde el Ministerio de Industria y Enresa se «rifaban» qué localidad acogerá el ATC y a través de la cual advirtieron de que el proceso para elegir la ubicación es «poco democrático y se realiza con secretismo».

Así lo ha señalado Antonio Cornadó, director de Comunicación de Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear burgalesa de Garoña.

Cornadó ha explicado que se trata de la XV Maratón en favor de la energía nuclear para usos pacíficos, que convoca cada año la Asociación Mundial de Trabajadores de Centrales Nucleares y que se celebra por primera vez en España, como reacción al anuncio del Gobierno central de que cerrará Garoña en julio de 2013.

Tras insistir en que Nuclenor sólo está ayudando a organizar esta actividad «pero no es la convocante», Cornadó ha adelantado que se espera que participen unas 400 personas de varios países.

Los participantes irán saliendo de forma escalonada a partir del 17 de septiembre, dado que el recorrido de 355 kilómetros se realiza en diferentes modalidades.

Todos los participantes confluirán en Madrid y participarán en un acto final que se celebrará el 25 de septiembre en la Plaza de Neptuno.

Un millar de personas advierten al Gobierno en Garoña que no quieren energía nuclear «ni por activa ni por pasiva»

Por su parte, un millar de personas han participado en Burgos en la XXXI Marcha contra Garoña, convocada por la Plataforma por el cierre de la central, para comunicar al Gobierno central y a la Junta de Castilla que no quieren energía nuclear «ni por activa ni por pasiva».

La marcha, que fue respaldada por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, partió de la localidad burgalesa de Barcina del Barco y concluyó poco después a las puertas de la central.

Los detractores pidieron así el «firme y definitivo» cierre de las instalaciones –«la era nuclear comienza a pasar página con la desconexión de Garoña», rezaba el comunicado–, una reivindicación que apoyaron los diferentes colectivos integrados en la Plataforma, grupos ecologistas e IU.

En este sentido, Gaspar LLamazares exigió el fin «obligado», un fin que emplazó al proceso y al calendario de cierre de las centrales y la sustitución de la nuclear por energías renovables y por el ahorro y la eficiencia energética.

«Una vez cumplida prácticamente toda la vida útil de ésta, de 40 años, se aumenta el riesgo y la rentabilidad para la empresa ya ha tenido lugar, con lo cual el cierre es obligado y no la prórroga como plantea el propio Gobierno«, apuntó el portavoz, quien garantizó que esa sustitución por renovables es «posible» y recordó que ya el 40 por ciento de la energía procede de esta alternativa.

«Si aumentáramos ese porcentaje y además lo combináramos con ahorro y eficiencia energética, el calendario de cierre de las nucleares sería posible y a muy corto plazo».

El coordinador general de IU en Castilla y León, por su parte, indicó que la jornada de esta año ha sido «interesante en cuanto a participación» e incidió en que la jornada sirvió para hacer llegar al Gobierno central y a la Junta el mensaje de que Castilla y León «no quiere nuclear ni por activa ni por pasiva».

De esta forma, rechazó no sólo las instalaciones burgalesas, sino también el posible emplazamiento de un ATC de residuos en la Comunidad.

Las plataformas contra el que denominan ‘cementerio nuclear’ también se hicieron oír en la Marcha. De hecho, protagonizaron una parodia que consistía en una ruleta rusa donde el Ministerio de Industria y Enresa se «rifaban» qué localidad acogerá el ATC y a través de la cual advirtieron de que el proceso para elegir la ubicación es «poco democrático y se realiza con secretismo».