El Gobierno quiere subsidiar a las nucleares en caso de accidente, según Greenpeace

Según afirman los ecologistas, el proyecto contempla que el sistema eléctrico «pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros, dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos» de las empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.

Ante «el trato de favor que el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este proyecto de ley», los ecologistas reclaman un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares «donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños».

El Gobierno quiere subsidiar a las nucleares en caso de accidente, según Greenpeace

Según afirman los ecologistas, el proyecto contempla que el sistema eléctrico «pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros, dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos» de las empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.

Ante «el trato de favor que el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este proyecto de ley», los ecologistas reclaman un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares «donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños».

La industria nuclear prevé que el uranio se agote en un siglo

En base al Libro Rojo de la OCDE de julio de 2010, la industria nuclear admite que necesitará mejorar la eficiencia del combustible que utiliza antes de cien años, en un contexto de debate sobre la idoneidad de prolongar la vida de los reactores hasta los 60 años y la construcción de nuevas centrales.

El combustible utilizado en los reactores españoles tan solo consume el 5% de la energía que contiene, lo que hace que éste tenga una «gran capacidad energética remanente» susceptible de ser utilizada en un futuro.

Esta es la lógica que impregna la construcción de un llamado almacén «temporal» centralizado de residuos nucleares, puesto que la industria defiende que la investigación permitirá en un futuro poder reutilizar el combustible depositado allí, que conserva durante miles de años su radiactividad.

Las necesidades de combustible nuclear en el mundo exigen la extracción de 67.000 toneladas de uranio al año, mientras que las estimaciones apuntan a unas reservas de 10 millones de toneladas, incluyendo aquellas cuya extracción no resulta económica por el momento.

A pesar de ello, el Foro Nuclear Español señala que existen otros 22 millones de toneladas que podrían extraerse como subproducto de la explotación de los depósitos de fosfato y otros 4.000 millones que podrían estar bajo el mar.

España, al no contar con minas de uranio, importa la mitad del mineral que consume de Rusia, mientras que el resto procede de Australia y Níger, además de otros países. Un 27% del uranio que se extrae en el mundo procede de Kazajistán, un 20% de Canadá y un 16% Australia.

De las distintas etapas que componen la fabricación de combustible nuclear, en España únicamente se lleva a cabo la fabricación de los elementos en la planta de Juzbado (Salamanca), que provee de éstos a las ocho centrales nucleares que existen.

La industria nuclear prevé que el uranio se agote en un siglo

En base al Libro Rojo de la OCDE de julio de 2010, la industria nuclear admite que necesitará mejorar la eficiencia del combustible que utiliza antes de cien años, en un contexto de debate sobre la idoneidad de prolongar la vida de los reactores hasta los 60 años y la construcción de nuevas centrales.

El combustible utilizado en los reactores españoles tan solo consume el 5% de la energía que contiene, lo que hace que éste tenga una «gran capacidad energética remanente» susceptible de ser utilizada en un futuro.

Esta es la lógica que impregna la construcción de un llamado almacén «temporal» centralizado de residuos nucleares, puesto que la industria defiende que la investigación permitirá en un futuro poder reutilizar el combustible depositado allí, que conserva durante miles de años su radiactividad.

Las necesidades de combustible nuclear en el mundo exigen la extracción de 67.000 toneladas de uranio al año, mientras que las estimaciones apuntan a unas reservas de 10 millones de toneladas, incluyendo aquellas cuya extracción no resulta económica por el momento.

A pesar de ello, el Foro Nuclear Español señala que existen otros 22 millones de toneladas que podrían extraerse como subproducto de la explotación de los depósitos de fosfato y otros 4.000 millones que podrían estar bajo el mar.

España, al no contar con minas de uranio, importa la mitad del mineral que consume de Rusia, mientras que el resto procede de Australia y Níger, además de otros países. Un 27% del uranio que se extrae en el mundo procede de Kazajistán, un 20% de Canadá y un 16% Australia.

De las distintas etapas que componen la fabricación de combustible nuclear, en España únicamente se lleva a cabo la fabricación de los elementos en la planta de Juzbado (Salamanca), que provee de éstos a las ocho centrales nucleares que existen.

La industria nuclear prevé que el uranio se agote en un siglo

En base al Libro Rojo de la OCDE de julio de 2010, la industria nuclear admite que necesitará mejorar la eficiencia del combustible que utiliza antes de cien años, en un contexto de debate sobre la idoneidad de prolongar la vida de los reactores hasta los 60 años y la construcción de nuevas centrales.

El combustible utilizado en los reactores españoles tan solo consume el 5% de la energía que contiene, lo que hace que éste tenga una «gran capacidad energética remanente» susceptible de ser utilizada en un futuro.

Esta es la lógica que impregna la construcción de un llamado almacén «temporal» centralizado de residuos nucleares, puesto que la industria defiende que la investigación permitirá en un futuro poder reutilizar el combustible depositado allí, que conserva durante miles de años su radiactividad.

Las necesidades de combustible nuclear en el mundo exigen la extracción de 67.000 toneladas de uranio al año, mientras que las estimaciones apuntan a unas reservas de 10 millones de toneladas, incluyendo aquellas cuya extracción no resulta económica por el momento.

A pesar de ello, el Foro Nuclear Español señala que existen otros 22 millones de toneladas que podrían extraerse como subproducto de la explotación de los depósitos de fosfato y otros 4.000 millones que podrían estar bajo el mar.

España, al no contar con minas de uranio, importa la mitad del mineral que consume de Rusia, mientras que el resto procede de Australia y Níger, además de otros países. Un 27% del uranio que se extrae en el mundo procede de Kazajistán, un 20% de Canadá y un 16% Australia.

De las distintas etapas que componen la fabricación de combustible nuclear, en España únicamente se lleva a cabo la fabricación de los elementos en la planta de Juzbado (Salamanca), que provee de éstos a las ocho centrales nucleares que existen.

El Parlamento valenciano rechaza de forma unánime el almacén nuclear en Zarra

Todos los grupos de la Cámara han apoyado la propuesta de resolución planteada por el PP en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat que, por otra parte, no ha respaldado las iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de Esquerra Unida y del grupo Compromís.

La propuesta aprobada, que también advierte de que Les Corts «impedirán» la instalación de este almacén en caso de aprobarse, se remite al acuerdo de la comisión de Seguridad Nuclear de Les Corts en 2006 que ya rechazó la ubicación en Zarra de un ATC, y que no se trasladó al Gobierno central porque no se especificaba en el texto.

El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que el Gobierno central se planteara la posibilidad de que Zarra acogiera el cementerio nuclear sin tener en cuenta el rechazo que existía hacia el mismo, tanto en la comarca como en los pueblos adyacentes, como en el Gobierno autonómico.

Betoret ha criticado que el Ejecutivo central quiera dar a la Comunitat Valenciana «aquello que no quieren en ningún lugar», mientras le siga negando aspectos como el agua la financiación o la construcción de infraestructuras viarias fundamentales para su desarrollo.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las «declaraciones políticas» y comprometerse a impedir «judicialmente y administrativamente» que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.

Mollà ha insistido en ir «más allá de las declaraciones políticamente correctas» y avanzar en «los impedimentos administrativos y judiciales» para evitar que si el Gobierno declara bien de interés comunitario esta instalación pueda «pasarse a la torera» las declaraciones política de Les Corts.

La parlamentaria de EU Marga Sanz ha pedido al Gobierno valenciano que dé «un valor» a las movilizaciones de los vecinos del Vall d’Ayora que han demostrado «un compromiso cívico con su territorio y con la seguridad de sus habitantes rechazando la ubicación de la ATC».

El grupo socialista, por su parte, también ha presentado una propuesta de resolución rechazando este almacén de residuos nucleares, que todavía no se ha debatido.

Greenpeace respalda el rechazo unánime del parlamento

Asimismo, Greenpeace ha valorado positivamente la decisión de las Cortes Valencianas al aprobar por unanimidad la propuesta de resolución por la que «no se aceptará» ninguna decisión del Gobierno de España que afecte a la instalación en Zarra (Valencia) de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado «sin contar con la voluntad del pueblo valenciano».

De esta manera, según la organización ecologista, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «no puede utilizar más como argumento para defender la candidatura de Zarra que la Comunidad Valenciana era la que menos rechazo institucional había mostrado a la ubicación del cementerio nuclear en su territorio, como hizo en su momento».

Greenpeace advierte de que «continuará denunciando la ilegalidad de este proyecto y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a proseguir con la movilización ciudadana».

En este momento, han continuado desde el colectivo, «todas las comunidades autónomas y sus parlamentos han mostrado su rechazo a albergar el cementerio nuclear, lo que muestra el amplio rechazo social, territorial y político que ha generado el proyecto».

Por ello, Greenpeace considera que el actual proceso «debe ser anulado e insta al Gobierno a tratar de resolver el problema de los residuos radiactivos buscando un amplio consenso social y medioambiental que contemple un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares».

El Parlamento valenciano rechaza de forma unánime el almacén nuclear en Zarra

Todos los grupos de la Cámara han apoyado la propuesta de resolución planteada por el PP en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat que, por otra parte, no ha respaldado las iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de Esquerra Unida y del grupo Compromís.

La propuesta aprobada, que también advierte de que Les Corts «impedirán» la instalación de este almacén en caso de aprobarse, se remite al acuerdo de la comisión de Seguridad Nuclear de Les Corts en 2006 que ya rechazó la ubicación en Zarra de un ATC, y que no se trasladó al Gobierno central porque no se especificaba en el texto.

El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que el Gobierno central se planteara la posibilidad de que Zarra acogiera el cementerio nuclear sin tener en cuenta el rechazo que existía hacia el mismo, tanto en la comarca como en los pueblos adyacentes, como en el Gobierno autonómico.

Betoret ha criticado que el Ejecutivo central quiera dar a la Comunitat Valenciana «aquello que no quieren en ningún lugar», mientras le siga negando aspectos como el agua la financiación o la construcción de infraestructuras viarias fundamentales para su desarrollo.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las «declaraciones políticas» y comprometerse a impedir «judicialmente y administrativamente» que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.

Mollà ha insistido en ir «más allá de las declaraciones políticamente correctas» y avanzar en «los impedimentos administrativos y judiciales» para evitar que si el Gobierno declara bien de interés comunitario esta instalación pueda «pasarse a la torera» las declaraciones política de Les Corts.

La parlamentaria de EU Marga Sanz ha pedido al Gobierno valenciano que dé «un valor» a las movilizaciones de los vecinos del Vall d’Ayora que han demostrado «un compromiso cívico con su territorio y con la seguridad de sus habitantes rechazando la ubicación de la ATC».

El grupo socialista, por su parte, también ha presentado una propuesta de resolución rechazando este almacén de residuos nucleares, que todavía no se ha debatido.

Greenpeace respalda el rechazo unánime del parlamento

Asimismo, Greenpeace ha valorado positivamente la decisión de las Cortes Valencianas al aprobar por unanimidad la propuesta de resolución por la que «no se aceptará» ninguna decisión del Gobierno de España que afecte a la instalación en Zarra (Valencia) de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado «sin contar con la voluntad del pueblo valenciano».

De esta manera, según la organización ecologista, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «no puede utilizar más como argumento para defender la candidatura de Zarra que la Comunidad Valenciana era la que menos rechazo institucional había mostrado a la ubicación del cementerio nuclear en su territorio, como hizo en su momento».

Greenpeace advierte de que «continuará denunciando la ilegalidad de este proyecto y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a proseguir con la movilización ciudadana».

En este momento, han continuado desde el colectivo, «todas las comunidades autónomas y sus parlamentos han mostrado su rechazo a albergar el cementerio nuclear, lo que muestra el amplio rechazo social, territorial y político que ha generado el proyecto».

Por ello, Greenpeace considera que el actual proceso «debe ser anulado e insta al Gobierno a tratar de resolver el problema de los residuos radiactivos buscando un amplio consenso social y medioambiental que contemple un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares».

El Parlamento valenciano rechaza de forma unánime el almacén nuclear en Zarra

Todos los grupos de la Cámara han apoyado la propuesta de resolución planteada por el PP en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat que, por otra parte, no ha respaldado las iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de Esquerra Unida y del grupo Compromís.

La propuesta aprobada, que también advierte de que Les Corts «impedirán» la instalación de este almacén en caso de aprobarse, se remite al acuerdo de la comisión de Seguridad Nuclear de Les Corts en 2006 que ya rechazó la ubicación en Zarra de un ATC, y que no se trasladó al Gobierno central porque no se especificaba en el texto.

El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que el Gobierno central se planteara la posibilidad de que Zarra acogiera el cementerio nuclear sin tener en cuenta el rechazo que existía hacia el mismo, tanto en la comarca como en los pueblos adyacentes, como en el Gobierno autonómico.

Betoret ha criticado que el Ejecutivo central quiera dar a la Comunitat Valenciana «aquello que no quieren en ningún lugar», mientras le siga negando aspectos como el agua la financiación o la construcción de infraestructuras viarias fundamentales para su desarrollo.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las «declaraciones políticas» y comprometerse a impedir «judicialmente y administrativamente» que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.

Mollà ha insistido en ir «más allá de las declaraciones políticamente correctas» y avanzar en «los impedimentos administrativos y judiciales» para evitar que si el Gobierno declara bien de interés comunitario esta instalación pueda «pasarse a la torera» las declaraciones política de Les Corts.

La parlamentaria de EU Marga Sanz ha pedido al Gobierno valenciano que dé «un valor» a las movilizaciones de los vecinos del Vall d’Ayora que han demostrado «un compromiso cívico con su territorio y con la seguridad de sus habitantes rechazando la ubicación de la ATC».

El grupo socialista, por su parte, también ha presentado una propuesta de resolución rechazando este almacén de residuos nucleares, que todavía no se ha debatido.

Greenpeace respalda el rechazo unánime del parlamento

Asimismo, Greenpeace ha valorado positivamente la decisión de las Cortes Valencianas al aprobar por unanimidad la propuesta de resolución por la que «no se aceptará» ninguna decisión del Gobierno de España que afecte a la instalación en Zarra (Valencia) de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado «sin contar con la voluntad del pueblo valenciano».

De esta manera, según la organización ecologista, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «no puede utilizar más como argumento para defender la candidatura de Zarra que la Comunidad Valenciana era la que menos rechazo institucional había mostrado a la ubicación del cementerio nuclear en su territorio, como hizo en su momento».

Greenpeace advierte de que «continuará denunciando la ilegalidad de este proyecto y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a proseguir con la movilización ciudadana».

En este momento, han continuado desde el colectivo, «todas las comunidades autónomas y sus parlamentos han mostrado su rechazo a albergar el cementerio nuclear, lo que muestra el amplio rechazo social, territorial y político que ha generado el proyecto».

Por ello, Greenpeace considera que el actual proceso «debe ser anulado e insta al Gobierno a tratar de resolver el problema de los residuos radiactivos buscando un amplio consenso social y medioambiental que contemple un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares».

El Gobierno alemán aprueba su polémico plan energético entre críticas y protestas

Hasta ahora, el plan de abandono de la energía nuclear -aprobado en tiempos de la coalición rojiverde presidida por Gerhard Schröder contemplaba que el último reactor atómico en Alemania debía ser desconectado en 2022.

El proyecto de ley del gobierno de Angela Merkel, con un concepto energético para las próximas cuatro décadas, alarga la vida de los reactores nucleares entre 8 y 14 años de manera que, si el plan pasa el tramite legislativo, la energía nuclear seguiría funcionando en Alemania por lo menos hasta 2036.

En Alemania hay una discusión acerca de si el plan energético debe ser ratificado por el Bundesrat, cámara donde están representados los gobiernos regionales y donde el gobierno federal no tiene mayoría, o si basta la aprobación de la ley por parte de la cámara baja (Bundestag).

Mientras el gobierno considera que la aprobación del Bundestag es suficiente, la oposición insiste en que la ratificación del Bundesrat es necesaria y ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que el gobierno pase por alto a esa cámara.

Aunque el alargamiento de la vida de las centrales nucleares es el tema que más discusiones ha suscitado, Merkel ha insistido en repetidas ocasiones que el plan no se limita a ello sino que tiene metas ambiciosas como la reducción de las emisiones de CO2 en un 80% hasta 2050. Para la misma fecha, se proyecta un aumento de la cuota de mercado de las energías renovables también hasta el 80%.

En el plan, la energía atómica es vista como una tecnología «puente» que deberá garantizar el suministro energético hasta que las energías renovables puedan cubrir buena parte de las necesidades.

No obstante, la oposición considera que el alargamiento de la vida de las centrales atómicas frena el desarrollo de las energías renovables, un sector que ha tenido un crecimiento vertiginoso desde que se aprobó el plan de abandono de la energía nuclear en 2001.

Mientras que a comienzos de la década las energías renovables tenían una cuota de mercado de entre el 2 y el 3% esta ha crecido hasta cerca del 18%.

Greenpeace protesta ante las centrales nucleares alemanas

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ha realizado acciones de protesta ante las 12 centrales nucleares alemanas en funcionamiento para denunciar el plan energético que tiene previsto aprobar el gabinete de la canciller federal, Angela Merkel.

Los activistas de Greenpeace proyectaron en las gigantescas torres de refrigeración y otros edificios de las distintas plantas nucleares el eslogan «La energía atómica daña a Alemania».

La organización ecologista exige que el ministro alemán de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, que rechace el plan, así como la clausura inmediata de los siete reactores mas antiguos y el abandono definitivo de la energía atómica en 2015.

«Sigue existiendo el peligro de contaminación radiactiva en el caso de un grave accidente nuclear y la producción de basura atómica continúa, pese a que no existe aun un depósito definitivo para almacenarla», señaló el experto energético de Greenpeace Tobias Münchmeyer en un comunicado.

«El llamado concepto energético del Gobierno no es mas que un envoltorio para un regalo multimillonario para los consorcios atómicos«, señaló Münchmeyer.

La acción de Greenpeace se vio torpedeada por los responsables de varias centrales atómicas que iluminaron las torres de refrigeración de sus reactores con focos tan potentes que lograron difuminar el mensaje proyectado por los ecologistas.

E.On cree que el plan energético supone «un importante paso»

Por su parte, E.On ha recibido con «satisfacción» el plan energético del Gobierno alemán, ya que considera que supone «un importante paso» para el futuro de la energía en Alemania.

El presidente del grupo alemán, Johannes Teyssen, consideró que el plan energético traza «una transición paso a paso» desde el abastecimiento energético de hoy en día, derivado principalmente de fuentes fósiles, a un futuro con bajas emisiones de dióxido de carbono, basado principalmente en fuentes renovables.

Así, Teyssen señaló que se trata de un plan «extremadamente ambicioso» y que el Gobierno alemán señala, «acertadamente, que sólo se puede lograr con un marco europeo y mundial estable».

En concreto, el grupo energético alemán prevé recortar las emisiones de CO2 por kilovatios/hora (KWh) de electricidad producida para 2030 y continuará con su expansión de las energías renovables.

El Gobierno alemán ha presentado un marco que transformará el abastecimiento de energía durante los próximos decenios y que respalda una economía con bajas emisiones de carbono en Europa, que trata de evitar un 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de este siglo.

El Gobierno alemán aprueba su polémico plan energético entre críticas y protestas

Hasta ahora, el plan de abandono de la energía nuclear -aprobado en tiempos de la coalición rojiverde presidida por Gerhard Schröder contemplaba que el último reactor atómico en Alemania debía ser desconectado en 2022.

El proyecto de ley del gobierno de Angela Merkel, con un concepto energético para las próximas cuatro décadas, alarga la vida de los reactores nucleares entre 8 y 14 años de manera que, si el plan pasa el tramite legislativo, la energía nuclear seguiría funcionando en Alemania por lo menos hasta 2036.

En Alemania hay una discusión acerca de si el plan energético debe ser ratificado por el Bundesrat, cámara donde están representados los gobiernos regionales y donde el gobierno federal no tiene mayoría, o si basta la aprobación de la ley por parte de la cámara baja (Bundestag).

Mientras el gobierno considera que la aprobación del Bundestag es suficiente, la oposición insiste en que la ratificación del Bundesrat es necesaria y ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que el gobierno pase por alto a esa cámara.

Aunque el alargamiento de la vida de las centrales nucleares es el tema que más discusiones ha suscitado, Merkel ha insistido en repetidas ocasiones que el plan no se limita a ello sino que tiene metas ambiciosas como la reducción de las emisiones de CO2 en un 80% hasta 2050. Para la misma fecha, se proyecta un aumento de la cuota de mercado de las energías renovables también hasta el 80%.

En el plan, la energía atómica es vista como una tecnología «puente» que deberá garantizar el suministro energético hasta que las energías renovables puedan cubrir buena parte de las necesidades.

No obstante, la oposición considera que el alargamiento de la vida de las centrales atómicas frena el desarrollo de las energías renovables, un sector que ha tenido un crecimiento vertiginoso desde que se aprobó el plan de abandono de la energía nuclear en 2001.

Mientras que a comienzos de la década las energías renovables tenían una cuota de mercado de entre el 2 y el 3% esta ha crecido hasta cerca del 18%.

Greenpeace protesta ante las centrales nucleares alemanas

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ha realizado acciones de protesta ante las 12 centrales nucleares alemanas en funcionamiento para denunciar el plan energético que tiene previsto aprobar el gabinete de la canciller federal, Angela Merkel.

Los activistas de Greenpeace proyectaron en las gigantescas torres de refrigeración y otros edificios de las distintas plantas nucleares el eslogan «La energía atómica daña a Alemania».

La organización ecologista exige que el ministro alemán de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, que rechace el plan, así como la clausura inmediata de los siete reactores mas antiguos y el abandono definitivo de la energía atómica en 2015.

«Sigue existiendo el peligro de contaminación radiactiva en el caso de un grave accidente nuclear y la producción de basura atómica continúa, pese a que no existe aun un depósito definitivo para almacenarla», señaló el experto energético de Greenpeace Tobias Münchmeyer en un comunicado.

«El llamado concepto energético del Gobierno no es mas que un envoltorio para un regalo multimillonario para los consorcios atómicos«, señaló Münchmeyer.

La acción de Greenpeace se vio torpedeada por los responsables de varias centrales atómicas que iluminaron las torres de refrigeración de sus reactores con focos tan potentes que lograron difuminar el mensaje proyectado por los ecologistas.

E.On cree que el plan energético supone «un importante paso»

Por su parte, E.On ha recibido con «satisfacción» el plan energético del Gobierno alemán, ya que considera que supone «un importante paso» para el futuro de la energía en Alemania.

El presidente del grupo alemán, Johannes Teyssen, consideró que el plan energético traza «una transición paso a paso» desde el abastecimiento energético de hoy en día, derivado principalmente de fuentes fósiles, a un futuro con bajas emisiones de dióxido de carbono, basado principalmente en fuentes renovables.

Así, Teyssen señaló que se trata de un plan «extremadamente ambicioso» y que el Gobierno alemán señala, «acertadamente, que sólo se puede lograr con un marco europeo y mundial estable».

En concreto, el grupo energético alemán prevé recortar las emisiones de CO2 por kilovatios/hora (KWh) de electricidad producida para 2030 y continuará con su expansión de las energías renovables.

El Gobierno alemán ha presentado un marco que transformará el abastecimiento de energía durante los próximos decenios y que respalda una economía con bajas emisiones de carbono en Europa, que trata de evitar un 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de este siglo.