ERC espeta a Miguel Sebastián que Ascó y Zarra «pertenecen a los países catalanes» y refuta que se ubique allí el almacén

En una interpelación urgente planteada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV) en el Pleno del Congreso de los Diputados, Francesc Canet ha tachado de «opaco» el proceso de selección por parte del Ministerio de Industria de las localidades candidatas a alojar el almacén nuclear.

«El ATC es una solución temporal porque no existe una solución verdadera«, ha advertido el diputado independentista, para el que este asunto es «un problema de ética y justicia territorial», que se traduce, a su juicio, en que «los municipios guardan la basura de la energía nuclear que disfrutan las grandes ciudades». «Los candidatos son dos municipios que pertenecen a los países catalanes», ha insistido.

«Me da la sensación de que el Gobierno está empezando la casa por el tejado«, ha alertado Canet, al considerar que el Gobierno crea un ATC «sin determinar la vida útil de las centrales«. Así, se ha mostrado partidario de cerrar con un «calendario programado» las centrales, en favor de energías renovables, «sin penurias ni sobresaltos». Asimismo, ha pedido a Sebastián que se fije por ley el cierre de las centrales en 30 años y no en 40.

En este sentido, ha asegurado que «Garoña ya está amortizada y compensada» y que sólo «da muestras de fatiga física». Asimismo, ha insistido en los «problemas» derivados de la responsabilidad civil por daños nucleares porque, según ha insistido, «ninguna empresa aseguradora quiere hacerse cargo».

«¿Qué va a hacer usted en 2021?»

Por su parte, el ministro Sebastián ha preguntado al diputado de ERC qué planes tiene para 2021 con el objetivo de argumentar que en ese año se deberá proceder al cierre de algunas centrales como la de Almaraz, pero que, en cualquier caso, ésa «será una decisión del Gobierno que esté en esos momentos en el poder». Sin embargo, el tema de los residuos «es una decisión de ahora».

Miguel Sebastián ha explicado que la instalación del ATC es una decisión responsable ya que cualquier otra alternativa -que pasa por seguir construyendo almacenes temporales individuales o trasladar los residuos a Francia-, representa una opción más cara, al tener un coste aproximado de entre 1.300 y 2.400 millones de euros, y más insegura.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo tiene que dirimir en estos momento si pagar a Francia «cientos de millones de euros» por albergar los residuos de las centrales españolas, con el «riesgo» ecológico y medioambiental que ello supone, o crear un «único» almacén en España, que garantice «seguridad».

Sebastián ha defendido la convocatoria y proceso de selección de los proyectos aportados por los municipios candidatos y se ha referido con ello al informe técnico, hecho público en septiembre, que señala como los terrenos «más idóneos» para alojar el ATC son ocho, entre ellos Zarra y Ascó.

«Ninguna de las ocho candidaturas han sido descartadas y será el Gobierno el que designe el emplazamiento final«, ha señalado, para añadir que la elección se basará en los principios de «equidad, transparencia, voluntariedad de los municipios y el consenso de todas las partes interesadas». Asimismo, Sebastián ha agregado que el ATC va a suponer un impulso al desarrollo económico y social de la zona donde se instale al llevar asociado una inversión de 700 millones de euros.

Por último, ha preguntado a Canet qué propone su grupo en tono a las alternativas a la energía nuclear y le ha reprochado que su formación no acude a las convocatorias del Gobierno para debatir sobre este asunto y le ha recordado que la decisión de crear un ATC salió del Parlamento «sin la oposición de ERC».

«¿Qué defienden, cerrar Ascó o esperar al 2025? ¿Qué quieren hacer con Vandellós?», ha preguntado Sebastián al diputado republicano, al que también le ha dicho que ERC «no da nunca respuestas» sobre cuál sería para este grupo parlamentario la energía más idónea para sustituir a la nuclear.

«Digan algo, que es importante llegar a un consenso porque afecta a generaciones futuras, al país, a los retos medioambientales y a la seguridad», ha concluido el ministro.

El peso de la nuclear en el mix energético debe decidirse con el máximo consenso

Asimismo, el ministro de Industria ha afirmado que el peso de la energía nuclear en el ‘mix’ energético español debe decidirse con el máximo consenso posible entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Sebastián ha afirmado que un pacto de Estado en materia energética debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración de carácter coyuntural, ya que la política energética debe tener en cuenta los efectos sobre el bienestar y sobre la competitividad de la economía.

El titular de Industria ha reconocido además que en España no son necesarias más centrales nucleares y con respecto a las existentes ha explicado que por problemas técnicos cuya valoración corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales nucleares deben funcionar al menos durante cuarenta años.

A partir de estos cuarenta años el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares «es una decisión política que tomará el gobierno de turno», ha agregado, atendiendo a factores como la seguridad en suministro, el desarrollo de nuevas tecnologías y su coste de generación.

También, ha recordado que, de acuerdo con su programa electoral, el Ejecutivo «apuesta y apostará» por la sustitución progresiva de la energía nuclear, a medida que aparezcan tecnologías alternativas que sean competitivas, y «siempre y cuando lo permita la situación económica y exista el consenso social necesario».

ERC espeta a Miguel Sebastián que Ascó y Zarra «pertenecen a los países catalanes» y refuta que se ubique allí el almacén

En una interpelación urgente planteada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV) en el Pleno del Congreso de los Diputados, Francesc Canet ha tachado de «opaco» el proceso de selección por parte del Ministerio de Industria de las localidades candidatas a alojar el almacén nuclear.

«El ATC es una solución temporal porque no existe una solución verdadera«, ha advertido el diputado independentista, para el que este asunto es «un problema de ética y justicia territorial», que se traduce, a su juicio, en que «los municipios guardan la basura de la energía nuclear que disfrutan las grandes ciudades». «Los candidatos son dos municipios que pertenecen a los países catalanes», ha insistido.

«Me da la sensación de que el Gobierno está empezando la casa por el tejado«, ha alertado Canet, al considerar que el Gobierno crea un ATC «sin determinar la vida útil de las centrales«. Así, se ha mostrado partidario de cerrar con un «calendario programado» las centrales, en favor de energías renovables, «sin penurias ni sobresaltos». Asimismo, ha pedido a Sebastián que se fije por ley el cierre de las centrales en 30 años y no en 40.

En este sentido, ha asegurado que «Garoña ya está amortizada y compensada» y que sólo «da muestras de fatiga física». Asimismo, ha insistido en los «problemas» derivados de la responsabilidad civil por daños nucleares porque, según ha insistido, «ninguna empresa aseguradora quiere hacerse cargo».

«¿Qué va a hacer usted en 2021?»

Por su parte, el ministro Sebastián ha preguntado al diputado de ERC qué planes tiene para 2021 con el objetivo de argumentar que en ese año se deberá proceder al cierre de algunas centrales como la de Almaraz, pero que, en cualquier caso, ésa «será una decisión del Gobierno que esté en esos momentos en el poder». Sin embargo, el tema de los residuos «es una decisión de ahora».

Miguel Sebastián ha explicado que la instalación del ATC es una decisión responsable ya que cualquier otra alternativa -que pasa por seguir construyendo almacenes temporales individuales o trasladar los residuos a Francia-, representa una opción más cara, al tener un coste aproximado de entre 1.300 y 2.400 millones de euros, y más insegura.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo tiene que dirimir en estos momento si pagar a Francia «cientos de millones de euros» por albergar los residuos de las centrales españolas, con el «riesgo» ecológico y medioambiental que ello supone, o crear un «único» almacén en España, que garantice «seguridad».

Sebastián ha defendido la convocatoria y proceso de selección de los proyectos aportados por los municipios candidatos y se ha referido con ello al informe técnico, hecho público en septiembre, que señala como los terrenos «más idóneos» para alojar el ATC son ocho, entre ellos Zarra y Ascó.

«Ninguna de las ocho candidaturas han sido descartadas y será el Gobierno el que designe el emplazamiento final«, ha señalado, para añadir que la elección se basará en los principios de «equidad, transparencia, voluntariedad de los municipios y el consenso de todas las partes interesadas». Asimismo, Sebastián ha agregado que el ATC va a suponer un impulso al desarrollo económico y social de la zona donde se instale al llevar asociado una inversión de 700 millones de euros.

Por último, ha preguntado a Canet qué propone su grupo en tono a las alternativas a la energía nuclear y le ha reprochado que su formación no acude a las convocatorias del Gobierno para debatir sobre este asunto y le ha recordado que la decisión de crear un ATC salió del Parlamento «sin la oposición de ERC».

«¿Qué defienden, cerrar Ascó o esperar al 2025? ¿Qué quieren hacer con Vandellós?», ha preguntado Sebastián al diputado republicano, al que también le ha dicho que ERC «no da nunca respuestas» sobre cuál sería para este grupo parlamentario la energía más idónea para sustituir a la nuclear.

«Digan algo, que es importante llegar a un consenso porque afecta a generaciones futuras, al país, a los retos medioambientales y a la seguridad», ha concluido el ministro.

El peso de la nuclear en el mix energético debe decidirse con el máximo consenso

Asimismo, el ministro de Industria ha afirmado que el peso de la energía nuclear en el ‘mix’ energético español debe decidirse con el máximo consenso posible entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Sebastián ha afirmado que un pacto de Estado en materia energética debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración de carácter coyuntural, ya que la política energética debe tener en cuenta los efectos sobre el bienestar y sobre la competitividad de la economía.

El titular de Industria ha reconocido además que en España no son necesarias más centrales nucleares y con respecto a las existentes ha explicado que por problemas técnicos cuya valoración corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales nucleares deben funcionar al menos durante cuarenta años.

A partir de estos cuarenta años el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares «es una decisión política que tomará el gobierno de turno», ha agregado, atendiendo a factores como la seguridad en suministro, el desarrollo de nuevas tecnologías y su coste de generación.

También, ha recordado que, de acuerdo con su programa electoral, el Ejecutivo «apuesta y apostará» por la sustitución progresiva de la energía nuclear, a medida que aparezcan tecnologías alternativas que sean competitivas, y «siempre y cuando lo permita la situación económica y exista el consenso social necesario».

ERC espeta a Miguel Sebastián que Ascó y Zarra «pertenecen a los países catalanes» y refuta que se ubique allí el almacén

En una interpelación urgente planteada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV) en el Pleno del Congreso de los Diputados, Francesc Canet ha tachado de «opaco» el proceso de selección por parte del Ministerio de Industria de las localidades candidatas a alojar el almacén nuclear.

«El ATC es una solución temporal porque no existe una solución verdadera«, ha advertido el diputado independentista, para el que este asunto es «un problema de ética y justicia territorial», que se traduce, a su juicio, en que «los municipios guardan la basura de la energía nuclear que disfrutan las grandes ciudades». «Los candidatos son dos municipios que pertenecen a los países catalanes», ha insistido.

«Me da la sensación de que el Gobierno está empezando la casa por el tejado«, ha alertado Canet, al considerar que el Gobierno crea un ATC «sin determinar la vida útil de las centrales«. Así, se ha mostrado partidario de cerrar con un «calendario programado» las centrales, en favor de energías renovables, «sin penurias ni sobresaltos». Asimismo, ha pedido a Sebastián que se fije por ley el cierre de las centrales en 30 años y no en 40.

En este sentido, ha asegurado que «Garoña ya está amortizada y compensada» y que sólo «da muestras de fatiga física». Asimismo, ha insistido en los «problemas» derivados de la responsabilidad civil por daños nucleares porque, según ha insistido, «ninguna empresa aseguradora quiere hacerse cargo».

«¿Qué va a hacer usted en 2021?»

Por su parte, el ministro Sebastián ha preguntado al diputado de ERC qué planes tiene para 2021 con el objetivo de argumentar que en ese año se deberá proceder al cierre de algunas centrales como la de Almaraz, pero que, en cualquier caso, ésa «será una decisión del Gobierno que esté en esos momentos en el poder». Sin embargo, el tema de los residuos «es una decisión de ahora».

Miguel Sebastián ha explicado que la instalación del ATC es una decisión responsable ya que cualquier otra alternativa -que pasa por seguir construyendo almacenes temporales individuales o trasladar los residuos a Francia-, representa una opción más cara, al tener un coste aproximado de entre 1.300 y 2.400 millones de euros, y más insegura.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo tiene que dirimir en estos momento si pagar a Francia «cientos de millones de euros» por albergar los residuos de las centrales españolas, con el «riesgo» ecológico y medioambiental que ello supone, o crear un «único» almacén en España, que garantice «seguridad».

Sebastián ha defendido la convocatoria y proceso de selección de los proyectos aportados por los municipios candidatos y se ha referido con ello al informe técnico, hecho público en septiembre, que señala como los terrenos «más idóneos» para alojar el ATC son ocho, entre ellos Zarra y Ascó.

«Ninguna de las ocho candidaturas han sido descartadas y será el Gobierno el que designe el emplazamiento final«, ha señalado, para añadir que la elección se basará en los principios de «equidad, transparencia, voluntariedad de los municipios y el consenso de todas las partes interesadas». Asimismo, Sebastián ha agregado que el ATC va a suponer un impulso al desarrollo económico y social de la zona donde se instale al llevar asociado una inversión de 700 millones de euros.

Por último, ha preguntado a Canet qué propone su grupo en tono a las alternativas a la energía nuclear y le ha reprochado que su formación no acude a las convocatorias del Gobierno para debatir sobre este asunto y le ha recordado que la decisión de crear un ATC salió del Parlamento «sin la oposición de ERC».

«¿Qué defienden, cerrar Ascó o esperar al 2025? ¿Qué quieren hacer con Vandellós?», ha preguntado Sebastián al diputado republicano, al que también le ha dicho que ERC «no da nunca respuestas» sobre cuál sería para este grupo parlamentario la energía más idónea para sustituir a la nuclear.

«Digan algo, que es importante llegar a un consenso porque afecta a generaciones futuras, al país, a los retos medioambientales y a la seguridad», ha concluido el ministro.

El peso de la nuclear en el mix energético debe decidirse con el máximo consenso

Asimismo, el ministro de Industria ha afirmado que el peso de la energía nuclear en el ‘mix’ energético español debe decidirse con el máximo consenso posible entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Sebastián ha afirmado que un pacto de Estado en materia energética debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración de carácter coyuntural, ya que la política energética debe tener en cuenta los efectos sobre el bienestar y sobre la competitividad de la economía.

El titular de Industria ha reconocido además que en España no son necesarias más centrales nucleares y con respecto a las existentes ha explicado que por problemas técnicos cuya valoración corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales nucleares deben funcionar al menos durante cuarenta años.

A partir de estos cuarenta años el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares «es una decisión política que tomará el gobierno de turno», ha agregado, atendiendo a factores como la seguridad en suministro, el desarrollo de nuevas tecnologías y su coste de generación.

También, ha recordado que, de acuerdo con su programa electoral, el Ejecutivo «apuesta y apostará» por la sustitución progresiva de la energía nuclear, a medida que aparezcan tecnologías alternativas que sean competitivas, y «siempre y cuando lo permita la situación económica y exista el consenso social necesario».

El Gobierno y la Generalitat catalana crean un proyecto de desarrollo de la fusión nuclear

El CIEMAT es un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el ICAEN está vinculado a la Generalitat, y ambas instituciones son patrones del IREC, un ente con participación pública y privada de investigación y desarrollo en el campo de la energía.

El principal objetivo del proyecto es impulsar la participación del máximo número de empresas catalanas en la licitación de los programas de suministro de equipamientos del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) que se está construyendo en Carache (Francia).

Además, el documento busca desarrollar un programa de investigación en las áreas en las que el IREC tiene competencia, como por ejemplo los materiales avanzados para la energía y la electrónica de potencia, la robótica o la computación.

El acuerdo también establece un marco de colaboración con las universidades catalanas, según un comunicado del Departamento de Economía y Finanzas.

El acuerdo marca una primera fase de un año durante la que se definirán las estrategias y las primeras actuaciones a largo plazo y, a la vez, se impulsará la relación con la industria local para potenciar el impacto económico del proyecto sobre la economía catalana.

El Gobierno y la Generalitat catalana crean un proyecto de desarrollo de la fusión nuclear

El CIEMAT es un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el ICAEN está vinculado a la Generalitat, y ambas instituciones son patrones del IREC, un ente con participación pública y privada de investigación y desarrollo en el campo de la energía.

El principal objetivo del proyecto es impulsar la participación del máximo número de empresas catalanas en la licitación de los programas de suministro de equipamientos del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) que se está construyendo en Carache (Francia).

Además, el documento busca desarrollar un programa de investigación en las áreas en las que el IREC tiene competencia, como por ejemplo los materiales avanzados para la energía y la electrónica de potencia, la robótica o la computación.

El acuerdo también establece un marco de colaboración con las universidades catalanas, según un comunicado del Departamento de Economía y Finanzas.

El acuerdo marca una primera fase de un año durante la que se definirán las estrategias y las primeras actuaciones a largo plazo y, a la vez, se impulsará la relación con la industria local para potenciar el impacto económico del proyecto sobre la economía catalana.

El Gobierno y la Generalitat catalana crean un proyecto de desarrollo de la fusión nuclear

El CIEMAT es un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el ICAEN está vinculado a la Generalitat, y ambas instituciones son patrones del IREC, un ente con participación pública y privada de investigación y desarrollo en el campo de la energía.

El principal objetivo del proyecto es impulsar la participación del máximo número de empresas catalanas en la licitación de los programas de suministro de equipamientos del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) que se está construyendo en Carache (Francia).

Además, el documento busca desarrollar un programa de investigación en las áreas en las que el IREC tiene competencia, como por ejemplo los materiales avanzados para la energía y la electrónica de potencia, la robótica o la computación.

El acuerdo también establece un marco de colaboración con las universidades catalanas, según un comunicado del Departamento de Economía y Finanzas.

El acuerdo marca una primera fase de un año durante la que se definirán las estrategias y las primeras actuaciones a largo plazo y, a la vez, se impulsará la relación con la industria local para potenciar el impacto económico del proyecto sobre la economía catalana.

La Sociedad Nuclear Española urge un pacto de Estado sobre energía y ampliar «hasta 60 años» la vida de las centrales

«España no puede quedarse al margen», ha advertido José Emeterio Gutiérrez, tras abogar por el uso de una energía, la nuclear, «limpia, eficiente, segura y tremendamente competitiva». Por ello, ha reivindicado la ampliación de los años de vida de las centrales «por lo menos hasta los 60», de los 40 actuales, algo por lo que ya han optado países como Estados Unidos, Suiza, Finlandia, Bélgica, Holanda, Japón, Rusia y Eslovaquia.

En la presentación de la XXXVI reunión anual de la SNE, que se celebrará entre los días 6 y 8 en Santiago, el máximo responsable de esta asociación de profesionales sin ánimo de lucro ha aludido a la intención de PP y PSOE de «sentarse» para adoptar un pacto de Estado «antes de verano», pero ha incidido en que «España no puede perder tiempo» tras el estancamiento de las negociaciones.

Ha hecho hincapié en que España «no puede ni debe tirar por la borda el trabajo realizado en todos estos años», para, a continuación, hacer un llamamiento al Ejecutivo socialista: «Espero que el Gobierno alemán sea el penúltimo en tomar la importante decisión de seguir utilizando las centrales nucleares siempre que operen de forma segura», ha proclamado.

Al respecto, ha destacado que España tiene un parque de centrales que opera «de forma excepcional» y lo ha situado «entre el top 10» mundial, por el «gran prestigio» de profesionales y empresas, la «experiencia» de su órgano regulador y la existencia de una industria «que para sí quisieran otros países».

El cierre de Garoña, «un profundo error»

La SNE cree que la decisión del Gobierno de ordenar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos, constituye «un profundo error», ya que «opera de forma muy eficiente y segura» y se sitúa en «las primeras posiciones» en el ámbito internacional.

En cuanto a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), José Emeterio Gutiérrez ha considerado que «el debate debe ser más técnico, sereno y riguroso».

Así, ha defendido que se trata de una institución, a su juicio, «segura, limpia y competitiva» y ha argumentado que la decisión de que se centralice –en lugar de crearse varios y que el almacenamiento se realice de forma distribuida– responde a un criterio económico, esto es, a razones «operativas de eficiencia y coste». «No es una discusión política ni técnica», ha recalcado.

Convencido de que se da «un renacimiento de la energía nuclear» en un momento de «crisis» en el que este recurso presenta «mayor competitividad, respeto medioambiental y generación de empleo» –que ha cifrado en 30.000 profesionales en España–, Gutiérrez ha aclarado que su posicionamiento no implica «que no haya que seguir fomentando otro tipo de energías», como las renovables, entre las que ha citado la hidráulica, la eólica y la solar.

Al respecto de las advertencias de Greenpeace sobre el supuesto mal funcionamiento de la central de Cofrentes, en Valencia, ha sentenciado que el parque nuclear español está «en mejor estado hoy que cuando empezó a operar» hace décadas.

Lo que ocurre, ha explicado, es que la nueva norma determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para informar sobre incidencias implica «dar parte de forma inmediata, pública y transparente» de cualquier suceso.

Ha negado, también, que las centrales de España estén por detrás de otras europeas y americanas, ya que todas ellas son de generación dos, aunque países como China y Finlandia «están empezando a construir las de generación tres, que incorporan parámetros que incrementan la seguridad».

Asimismo, ha rechazado la fijación de un límite temporal para la generación de energía eléctrica por el hecho de que dentro de 100 años –según datos que ha atribuido a un organismo europeo de estadística– se acaben las reservas de uranio.

Esta fecha se calcula a partir de las reservas «extraíbles a corto plazo», ha señalado. Sin embargo, ha asegurado que con las minas que no están operativas, «pero que sí lo estarían a medio plazo», el suministro puede prolongarse durante 200 años.

Las reservas aumentan, además, cuando lo hacen los precios, «porque la industria invierte en ello», ha indicado Gutiérrez, quien también ha hecho referencia a los nuevos reactores, que demandan una menor cantidad de uranio, y a la reutilización de combustible.

La Sociedad Nuclear Española urge un pacto de Estado sobre energía y ampliar «hasta 60 años» la vida de las centrales

«España no puede quedarse al margen», ha advertido José Emeterio Gutiérrez, tras abogar por el uso de una energía, la nuclear, «limpia, eficiente, segura y tremendamente competitiva». Por ello, ha reivindicado la ampliación de los años de vida de las centrales «por lo menos hasta los 60», de los 40 actuales, algo por lo que ya han optado países como Estados Unidos, Suiza, Finlandia, Bélgica, Holanda, Japón, Rusia y Eslovaquia.

En la presentación de la XXXVI reunión anual de la SNE, que se celebrará entre los días 6 y 8 en Santiago, el máximo responsable de esta asociación de profesionales sin ánimo de lucro ha aludido a la intención de PP y PSOE de «sentarse» para adoptar un pacto de Estado «antes de verano», pero ha incidido en que «España no puede perder tiempo» tras el estancamiento de las negociaciones.

Ha hecho hincapié en que España «no puede ni debe tirar por la borda el trabajo realizado en todos estos años», para, a continuación, hacer un llamamiento al Ejecutivo socialista: «Espero que el Gobierno alemán sea el penúltimo en tomar la importante decisión de seguir utilizando las centrales nucleares siempre que operen de forma segura», ha proclamado.

Al respecto, ha destacado que España tiene un parque de centrales que opera «de forma excepcional» y lo ha situado «entre el top 10» mundial, por el «gran prestigio» de profesionales y empresas, la «experiencia» de su órgano regulador y la existencia de una industria «que para sí quisieran otros países».

El cierre de Garoña, «un profundo error»

La SNE cree que la decisión del Gobierno de ordenar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos, constituye «un profundo error», ya que «opera de forma muy eficiente y segura» y se sitúa en «las primeras posiciones» en el ámbito internacional.

En cuanto a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), José Emeterio Gutiérrez ha considerado que «el debate debe ser más técnico, sereno y riguroso».

Así, ha defendido que se trata de una institución, a su juicio, «segura, limpia y competitiva» y ha argumentado que la decisión de que se centralice –en lugar de crearse varios y que el almacenamiento se realice de forma distribuida– responde a un criterio económico, esto es, a razones «operativas de eficiencia y coste». «No es una discusión política ni técnica», ha recalcado.

Convencido de que se da «un renacimiento de la energía nuclear» en un momento de «crisis» en el que este recurso presenta «mayor competitividad, respeto medioambiental y generación de empleo» –que ha cifrado en 30.000 profesionales en España–, Gutiérrez ha aclarado que su posicionamiento no implica «que no haya que seguir fomentando otro tipo de energías», como las renovables, entre las que ha citado la hidráulica, la eólica y la solar.

Al respecto de las advertencias de Greenpeace sobre el supuesto mal funcionamiento de la central de Cofrentes, en Valencia, ha sentenciado que el parque nuclear español está «en mejor estado hoy que cuando empezó a operar» hace décadas.

Lo que ocurre, ha explicado, es que la nueva norma determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para informar sobre incidencias implica «dar parte de forma inmediata, pública y transparente» de cualquier suceso.

Ha negado, también, que las centrales de España estén por detrás de otras europeas y americanas, ya que todas ellas son de generación dos, aunque países como China y Finlandia «están empezando a construir las de generación tres, que incorporan parámetros que incrementan la seguridad».

Asimismo, ha rechazado la fijación de un límite temporal para la generación de energía eléctrica por el hecho de que dentro de 100 años –según datos que ha atribuido a un organismo europeo de estadística– se acaben las reservas de uranio.

Esta fecha se calcula a partir de las reservas «extraíbles a corto plazo», ha señalado. Sin embargo, ha asegurado que con las minas que no están operativas, «pero que sí lo estarían a medio plazo», el suministro puede prolongarse durante 200 años.

Las reservas aumentan, además, cuando lo hacen los precios, «porque la industria invierte en ello», ha indicado Gutiérrez, quien también ha hecho referencia a los nuevos reactores, que demandan una menor cantidad de uranio, y a la reutilización de combustible.

La Sociedad Nuclear Española urge un pacto de Estado sobre energía y ampliar «hasta 60 años» la vida de las centrales

«España no puede quedarse al margen», ha advertido José Emeterio Gutiérrez, tras abogar por el uso de una energía, la nuclear, «limpia, eficiente, segura y tremendamente competitiva». Por ello, ha reivindicado la ampliación de los años de vida de las centrales «por lo menos hasta los 60», de los 40 actuales, algo por lo que ya han optado países como Estados Unidos, Suiza, Finlandia, Bélgica, Holanda, Japón, Rusia y Eslovaquia.

En la presentación de la XXXVI reunión anual de la SNE, que se celebrará entre los días 6 y 8 en Santiago, el máximo responsable de esta asociación de profesionales sin ánimo de lucro ha aludido a la intención de PP y PSOE de «sentarse» para adoptar un pacto de Estado «antes de verano», pero ha incidido en que «España no puede perder tiempo» tras el estancamiento de las negociaciones.

Ha hecho hincapié en que España «no puede ni debe tirar por la borda el trabajo realizado en todos estos años», para, a continuación, hacer un llamamiento al Ejecutivo socialista: «Espero que el Gobierno alemán sea el penúltimo en tomar la importante decisión de seguir utilizando las centrales nucleares siempre que operen de forma segura», ha proclamado.

Al respecto, ha destacado que España tiene un parque de centrales que opera «de forma excepcional» y lo ha situado «entre el top 10» mundial, por el «gran prestigio» de profesionales y empresas, la «experiencia» de su órgano regulador y la existencia de una industria «que para sí quisieran otros países».

El cierre de Garoña, «un profundo error»

La SNE cree que la decisión del Gobierno de ordenar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos, constituye «un profundo error», ya que «opera de forma muy eficiente y segura» y se sitúa en «las primeras posiciones» en el ámbito internacional.

En cuanto a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), José Emeterio Gutiérrez ha considerado que «el debate debe ser más técnico, sereno y riguroso».

Así, ha defendido que se trata de una institución, a su juicio, «segura, limpia y competitiva» y ha argumentado que la decisión de que se centralice –en lugar de crearse varios y que el almacenamiento se realice de forma distribuida– responde a un criterio económico, esto es, a razones «operativas de eficiencia y coste». «No es una discusión política ni técnica», ha recalcado.

Convencido de que se da «un renacimiento de la energía nuclear» en un momento de «crisis» en el que este recurso presenta «mayor competitividad, respeto medioambiental y generación de empleo» –que ha cifrado en 30.000 profesionales en España–, Gutiérrez ha aclarado que su posicionamiento no implica «que no haya que seguir fomentando otro tipo de energías», como las renovables, entre las que ha citado la hidráulica, la eólica y la solar.

Al respecto de las advertencias de Greenpeace sobre el supuesto mal funcionamiento de la central de Cofrentes, en Valencia, ha sentenciado que el parque nuclear español está «en mejor estado hoy que cuando empezó a operar» hace décadas.

Lo que ocurre, ha explicado, es que la nueva norma determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para informar sobre incidencias implica «dar parte de forma inmediata, pública y transparente» de cualquier suceso.

Ha negado, también, que las centrales de España estén por detrás de otras europeas y americanas, ya que todas ellas son de generación dos, aunque países como China y Finlandia «están empezando a construir las de generación tres, que incorporan parámetros que incrementan la seguridad».

Asimismo, ha rechazado la fijación de un límite temporal para la generación de energía eléctrica por el hecho de que dentro de 100 años –según datos que ha atribuido a un organismo europeo de estadística– se acaben las reservas de uranio.

Esta fecha se calcula a partir de las reservas «extraíbles a corto plazo», ha señalado. Sin embargo, ha asegurado que con las minas que no están operativas, «pero que sí lo estarían a medio plazo», el suministro puede prolongarse durante 200 años.

Las reservas aumentan, además, cuando lo hacen los precios, «porque la industria invierte en ello», ha indicado Gutiérrez, quien también ha hecho referencia a los nuevos reactores, que demandan una menor cantidad de uranio, y a la reutilización de combustible.

El Gobierno quiere subsidiar a las nucleares en caso de accidente, según Greenpeace

Según afirman los ecologistas, el proyecto contempla que el sistema eléctrico «pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros, dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos» de las empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.

Ante «el trato de favor que el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este proyecto de ley», los ecologistas reclaman un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares «donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños».