Castilla-La Mancha espera que Industria despeje las dudas sobre el ATC «cuanto antes»

Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, y a preguntas de los medios sobre la Providencia que la Audiencia Nacional ha remitido a Greenpeace en la que se afirma que los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear (ATC) y de su centro de experimentación nuclear asociado no existen.

De este modo, ha dicho que estuvo hablando con el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, quien le ha contado en qué situación se encontraba el procedimiento. A juicio de la ONG, la Audiencia Nacional ha reafirmado la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria y ha demostrado la nulidad de pleno derecho de todo el proceso.

Con todo esto, Rodríguez ha asegurado que «es coherente» la actuación que está llevando a cabo la organización ecologista, «ya que desde el principio han reclamado estos informes». Del mismo modo, ha recordado que el departamento ministerial insiste en que esos informes no se pueden realizar sin antes decidir una ubicación definitiva para la instalación.

Rodríguez ha asegurado que «lo que tenemos claro en Castilla-La Mancha es que falta consenso político y social y que tenemos un planteamiento económico en la región que no pasa por almacenar residuos nucleares sino por las energías alternativas, por la generación de empleo a través de estas industrias que sirven a las energías limpias, que pasa por ordenar sectores estratégicos que tienen que ver con nuestra naturaleza, nuestra agricultura, nuestra ganadería, el turismo, en definitiva, la generación de empleo verde en el que estamos a la cabeza en los últimos años».

«En nuestro territorio no cabe el ATC«, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que al Gobierno regional tampoco le gusta que el ATC esté cerca de Castilla-La Mancha y ha afirmado que «no se está resolviendo adecuadamente la tramitación» de donde se ubicará la infraestructura, porque se han dado «pasos adelante y pasos hacia atrás».

«Hay mucha gente que está esperando esta decisión, desde los ecologistas que han acudido a la Audiencia Nacional, hasta las personas que viven en ese municipio o los responsables municipales y autonómicos afectados», ha argumentado Rodríguez, quien ha concluido confiando en que el proceso se haya hecho con todas las garantías.

Industria asegura que tiene un informe que garantiza la total seguridad del almacén nuclear

Así lo constataron fuentes de este Departamento, después de que Greenpeace haya asegurado haber recibido una providencia de la Audiencia Nacional en la que se afirma que los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear y de su centro de experimentación nuclear asociado «no existen».

Según la citada fuente ministerial, ese informe, elaborado por una empresa francesa, está en poder de la Audiencia Nacional, entidad que lo conoce y que ha avalado el criterio de Industria de que está sujeto a cláusulas de confidencialidad, que impiden que se dé a conocer a terceros.

«Este informe de seguridad forma parte de la documentación que Enresa ha presentado ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como parte del proyecto de diseño genérico del ATC«, añadió la mencionada fuente. Se trata de un procedimiento potestativo, que se ha adoptado para reforzar la transparencia y seguridad en el proceso.

La providencia de la Audiencia Nacional «da la razón al Ministerio al rechazar la petición de Greenpeace de acceder a esa documentación al tiempo que emplaza a la organización ecologista a que formalice una demanda si lo considera adecuado».

La ONG solicitó esa documentación en el recurso contencioso-administrativo que presentó ante este tribunal contra la resolución que inició el proceso del ATC.

Para Greenpeace, la «inexistencia» de estos informes «confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio», y demuestra «la nulidad de pleno derecho de todo el proceso».

Los ecologistas señalan que es «inaceptable» que el ministerio «haya afirmado en numerosas ocasiones que poseía esos documentos, y que finalmente haya admitido su inexistencia a raíz de que la organización haya llevado la cuestión a los tribunales».

«De la misma manera», Greenpeace dice que esto «demuestra la ausencia de credibilidad de los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato», puesto que «han solicitado una instalación nuclear sin conocer en detalle en qué consistía el proyecto ni los riesgos para la salud y el medio ambiente que conllevaría».

Según afirmó la organización, se trata de los documentos del proyecto técnico del almacén, el estudio de seguridad del ATC, el proyecto técnico del centro tecnológico asociado la instalación para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el estudio de seguridad del centro tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

En el oficio remitido a la Audiencia Nacional por el ministerio, según los ecologistas, éste dice disponer «sólo de un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN».

«Hoy queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. El proceso del ATC es nulo de pleno derecho», declaró el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Por su parte, Industria aseguró que una vez seleccionado el emplazamiento del ATC durante la fase actual, el proyecto será sometido al proceso de licenciamiento previsto en la normativa. «Los documentos que reclama Greenpeace no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento», señaló.

Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) señaló que hasta que no haya un emplazamiento definitivo para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y su centro tecnológico asociado «no puede haber un informe técnico concreto».

Así, la asociación recordó que en la actualidad existe un informe genérico sobre el proyecto del ATC que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) valoró de forma positiva.

De este modo, AMAC respondió a la acusación de «ausencia de credibilidad» expresada por la organización ecologista Greenpeace hacia los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato a la ubicación del silo nuclear.

Industria asegura que tiene un informe que garantiza la total seguridad del almacén nuclear

Así lo constataron fuentes de este Departamento, después de que Greenpeace haya asegurado haber recibido una providencia de la Audiencia Nacional en la que se afirma que los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear y de su centro de experimentación nuclear asociado «no existen».

Según la citada fuente ministerial, ese informe, elaborado por una empresa francesa, está en poder de la Audiencia Nacional, entidad que lo conoce y que ha avalado el criterio de Industria de que está sujeto a cláusulas de confidencialidad, que impiden que se dé a conocer a terceros.

«Este informe de seguridad forma parte de la documentación que Enresa ha presentado ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como parte del proyecto de diseño genérico del ATC«, añadió la mencionada fuente. Se trata de un procedimiento potestativo, que se ha adoptado para reforzar la transparencia y seguridad en el proceso.

La providencia de la Audiencia Nacional «da la razón al Ministerio al rechazar la petición de Greenpeace de acceder a esa documentación al tiempo que emplaza a la organización ecologista a que formalice una demanda si lo considera adecuado».

La ONG solicitó esa documentación en el recurso contencioso-administrativo que presentó ante este tribunal contra la resolución que inició el proceso del ATC.

Para Greenpeace, la «inexistencia» de estos informes «confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio», y demuestra «la nulidad de pleno derecho de todo el proceso».

Los ecologistas señalan que es «inaceptable» que el ministerio «haya afirmado en numerosas ocasiones que poseía esos documentos, y que finalmente haya admitido su inexistencia a raíz de que la organización haya llevado la cuestión a los tribunales».

«De la misma manera», Greenpeace dice que esto «demuestra la ausencia de credibilidad de los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato», puesto que «han solicitado una instalación nuclear sin conocer en detalle en qué consistía el proyecto ni los riesgos para la salud y el medio ambiente que conllevaría».

Según afirmó la organización, se trata de los documentos del proyecto técnico del almacén, el estudio de seguridad del ATC, el proyecto técnico del centro tecnológico asociado la instalación para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el estudio de seguridad del centro tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

En el oficio remitido a la Audiencia Nacional por el ministerio, según los ecologistas, éste dice disponer «sólo de un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN».

«Hoy queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. El proceso del ATC es nulo de pleno derecho», declaró el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Por su parte, Industria aseguró que una vez seleccionado el emplazamiento del ATC durante la fase actual, el proyecto será sometido al proceso de licenciamiento previsto en la normativa. «Los documentos que reclama Greenpeace no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento», señaló.

Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) señaló que hasta que no haya un emplazamiento definitivo para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y su centro tecnológico asociado «no puede haber un informe técnico concreto».

Así, la asociación recordó que en la actualidad existe un informe genérico sobre el proyecto del ATC que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) valoró de forma positiva.

De este modo, AMAC respondió a la acusación de «ausencia de credibilidad» expresada por la organización ecologista Greenpeace hacia los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato a la ubicación del silo nuclear.

Industria asegura que tiene un informe que garantiza la total seguridad del almacén nuclear

Así lo constataron fuentes de este Departamento, después de que Greenpeace haya asegurado haber recibido una providencia de la Audiencia Nacional en la que se afirma que los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear y de su centro de experimentación nuclear asociado «no existen».

Según la citada fuente ministerial, ese informe, elaborado por una empresa francesa, está en poder de la Audiencia Nacional, entidad que lo conoce y que ha avalado el criterio de Industria de que está sujeto a cláusulas de confidencialidad, que impiden que se dé a conocer a terceros.

«Este informe de seguridad forma parte de la documentación que Enresa ha presentado ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como parte del proyecto de diseño genérico del ATC«, añadió la mencionada fuente. Se trata de un procedimiento potestativo, que se ha adoptado para reforzar la transparencia y seguridad en el proceso.

La providencia de la Audiencia Nacional «da la razón al Ministerio al rechazar la petición de Greenpeace de acceder a esa documentación al tiempo que emplaza a la organización ecologista a que formalice una demanda si lo considera adecuado».

La ONG solicitó esa documentación en el recurso contencioso-administrativo que presentó ante este tribunal contra la resolución que inició el proceso del ATC.

Para Greenpeace, la «inexistencia» de estos informes «confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio», y demuestra «la nulidad de pleno derecho de todo el proceso».

Los ecologistas señalan que es «inaceptable» que el ministerio «haya afirmado en numerosas ocasiones que poseía esos documentos, y que finalmente haya admitido su inexistencia a raíz de que la organización haya llevado la cuestión a los tribunales».

«De la misma manera», Greenpeace dice que esto «demuestra la ausencia de credibilidad de los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato», puesto que «han solicitado una instalación nuclear sin conocer en detalle en qué consistía el proyecto ni los riesgos para la salud y el medio ambiente que conllevaría».

Según afirmó la organización, se trata de los documentos del proyecto técnico del almacén, el estudio de seguridad del ATC, el proyecto técnico del centro tecnológico asociado la instalación para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el estudio de seguridad del centro tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

En el oficio remitido a la Audiencia Nacional por el ministerio, según los ecologistas, éste dice disponer «sólo de un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN».

«Hoy queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. El proceso del ATC es nulo de pleno derecho», declaró el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Por su parte, Industria aseguró que una vez seleccionado el emplazamiento del ATC durante la fase actual, el proyecto será sometido al proceso de licenciamiento previsto en la normativa. «Los documentos que reclama Greenpeace no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento», señaló.

Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) señaló que hasta que no haya un emplazamiento definitivo para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y su centro tecnológico asociado «no puede haber un informe técnico concreto».

Así, la asociación recordó que en la actualidad existe un informe genérico sobre el proyecto del ATC que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) valoró de forma positiva.

De este modo, AMAC respondió a la acusación de «ausencia de credibilidad» expresada por la organización ecologista Greenpeace hacia los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato a la ubicación del silo nuclear.

Rosatom construirá centrales nucleares en quince países

El paquete de contratos extranjeros contempla la instalación de un total de 35 unidades nucleares. Viacheslav Korogodin reveló que Rusia ha firmado ya acuerdos intergubernamentales para instalar diecinueve de esas unidades en China (4), India (4), Bielorrusia (2), Turquía (4), Ucrania (2), Vietnam (2) y Armenia (1).

Asimismo, Rosátom negocia actualmente la posible construcción del resto de generadores en Argentina, Egipto, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Kazajistán, Bangladesh y Jordania.

Korogodin agregó que, en el caso de Kazajistán, Rusia podría renovar su acuerdo de cooperación nuclear el mes que viene.

El directivo señaló que las nuevas plantas atómicas dispondrán de reactores de agua ligera, con lo que el volumen de obra se reducirá un 20 por ciento.

El proyecto, cuyo plazo de construcción oscila entre los cuarenta y los 46 meses, se prevé terminar en 2012 y tendrá una vida útil de sesenta años.

Rosatom construirá centrales nucleares en quince países

El paquete de contratos extranjeros contempla la instalación de un total de 35 unidades nucleares. Viacheslav Korogodin reveló que Rusia ha firmado ya acuerdos intergubernamentales para instalar diecinueve de esas unidades en China (4), India (4), Bielorrusia (2), Turquía (4), Ucrania (2), Vietnam (2) y Armenia (1).

Asimismo, Rosátom negocia actualmente la posible construcción del resto de generadores en Argentina, Egipto, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Kazajistán, Bangladesh y Jordania.

Korogodin agregó que, en el caso de Kazajistán, Rusia podría renovar su acuerdo de cooperación nuclear el mes que viene.

El directivo señaló que las nuevas plantas atómicas dispondrán de reactores de agua ligera, con lo que el volumen de obra se reducirá un 20 por ciento.

El proyecto, cuyo plazo de construcción oscila entre los cuarenta y los 46 meses, se prevé terminar en 2012 y tendrá una vida útil de sesenta años.

Rosatom construirá centrales nucleares en quince países

El paquete de contratos extranjeros contempla la instalación de un total de 35 unidades nucleares. Viacheslav Korogodin reveló que Rusia ha firmado ya acuerdos intergubernamentales para instalar diecinueve de esas unidades en China (4), India (4), Bielorrusia (2), Turquía (4), Ucrania (2), Vietnam (2) y Armenia (1).

Asimismo, Rosátom negocia actualmente la posible construcción del resto de generadores en Argentina, Egipto, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Kazajistán, Bangladesh y Jordania.

Korogodin agregó que, en el caso de Kazajistán, Rusia podría renovar su acuerdo de cooperación nuclear el mes que viene.

El directivo señaló que las nuevas plantas atómicas dispondrán de reactores de agua ligera, con lo que el volumen de obra se reducirá un 20 por ciento.

El proyecto, cuyo plazo de construcción oscila entre los cuarenta y los 46 meses, se prevé terminar en 2012 y tendrá una vida útil de sesenta años.

La industria nuclear española ve un marco estable y seguro para el sector en Reino Unido

El anuncio del Gobierno británico de la aprobación de ocho emplazamientos para la construcción de nuevos reactores y la selección de dos tipos de diseño de reactor es, para esta organización, un progreso «claro y tangible» de la apuesta por la energía nuclear.

El Plan Energético de Reino Unido contempla para 2025 la generación de electricidad procedente de energía nuclear, energías fósiles con captura de carbono y renovables.

Para María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, «Reino Unido necesita incrementar su potencia nuclear. El Gobierno y las empresas del sector energético están actuando con decisión para resolver un plan estratégico para el país que reducirá su dependencia energética y hará que su industria sea más competitiva con precios de la electricidad más baratos». Este anuncio, a su juicio, «facilita a los inversores un marco estable y seguro para emprender nuevos proyectos nucleares».

Para Domínguez, de hecho, el plan nuclear británico significa uno de los programas de inversión privada más ambiciosos desarrollado hasta el momento en el país. Los nuevos reactores reducirán las emisiones de CO2 y asegurarán el suministro eléctrico, reduciendo la dependencia exterior, añadió esta organización.

Reino Unido cuenta en la actualidad con 19 reactores en operación, que el pasado año produjeron el 18% de la electricidad y compañías españolas, como Iberdrola, están inmersos en proyectos nucleares en Reino Unido.

Antinucleares de Cataluña piden a Zapatero que ubique el almacén antes del 28-N

Por su parte, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc), la plataforma que aglutina a los detractores de la construcción del silo nuclear en la comunidad, ha exigido al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que decida la ubicación definitiva del almacén antes de las elecciones catalanas del 28 de noviembre, como garantía de la exclusión de la candidatura de Ascó (Tarragona).

El portavoz de la Canc, Sergi Saladié, ha hecho un repaso a todo el proceso emprendido en 2006, y ha defendido que Ascó siempre ha sido la opción prioritaria del lobby nuclear y de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), aunque la «fuerte oposición» del territorio ha obligado al Gobierno a amagar con la posibilidad de Zarra (Valencia).

Saladié ha criticado el «juego» que a su juicio se desarrolla desde hace un mes, puesto que el Ejecutivo ha defendido siempre la «urgencia» de tomar una decisión que ahora parece no importar, y ha reiterado el temor de la asociación a que tras el retraso deliberado exista en Madrid la expectativa de que CiU gane las elecciones autonómicas para obtener así su visto bueno a la instalación del silo nuclear en Ascó. «El silencio alimenta más la sospecha», ha precisado.

A pesar de ello, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha garantizado la «coherencia» de la federación nacionalista con lo votado por el Parlament, que ha rechazado que Cataluña acoja una infraestructura como el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

Puig ha pedido al Gobierno que «respete» la decisión del Parlament, aunque se ha mostrado partidario de la energía nuclear, y ha justificado el rechazo de su partido en el hecho de que Cataluña ya cumple con su cuota de solidaridad al tener tres de los ocho reactores de España. «No tendría mucho sentido que aceptáramos los residuos nucleares de España mientras no existe una clara visión de equilibrio en otros temas», ha puntualizado.

Saladié ha lamentado el «silencio» de los líderes de PSC y CiU, José Montilla y Artur Mas, y ha asegurado la existencia de vínculos de la federación nacionalista con el lobby nuclear en favor de la candidatura de Ascó, como la supuesta infiltración del Comité Asesor Técnico por parte de la Amac.

De hecho, dicho Comité puntuó a Ascó como primera opción, pero la intervención de la Comisión Interministerial encargada de decidir el candidato final colocó finalmente la opción de Zarra frente a Ascó por 374 puntos a 370.

Lejos de que esto acabara con el debate, las protestas se han sucedido en Valencia, mientras que Ascó ha enviado un dictamen del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña en el que presentan su candidatura como «la mejor valorada técnicamente» –a diferencia de Zarra dispone de línea ferroviaria–, mientras que la Amac ha criticado duramente la decisión del Gobierno y ha anunciado que impugnará la decisión si el ATC acaba en Zarra.

El Gobierno sigue deliberando sobre la decisión final, mientras que la Canc insiste en que, después de las mociones aprobadas en 144 ayuntamientos catalanes, el rechazo de la Diputación de Tarragona y Lleida, el del Parlament y el del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, la ubicación del ATC en Ascó no cumpliría con el anunciado requisito del «consenso territorial».

La industria nuclear española ve un marco estable y seguro para el sector en Reino Unido

El anuncio del Gobierno británico de la aprobación de ocho emplazamientos para la construcción de nuevos reactores y la selección de dos tipos de diseño de reactor es, para esta organización, un progreso «claro y tangible» de la apuesta por la energía nuclear.

El Plan Energético de Reino Unido contempla para 2025 la generación de electricidad procedente de energía nuclear, energías fósiles con captura de carbono y renovables.

Para María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, «Reino Unido necesita incrementar su potencia nuclear. El Gobierno y las empresas del sector energético están actuando con decisión para resolver un plan estratégico para el país que reducirá su dependencia energética y hará que su industria sea más competitiva con precios de la electricidad más baratos». Este anuncio, a su juicio, «facilita a los inversores un marco estable y seguro para emprender nuevos proyectos nucleares».

Para Domínguez, de hecho, el plan nuclear británico significa uno de los programas de inversión privada más ambiciosos desarrollado hasta el momento en el país. Los nuevos reactores reducirán las emisiones de CO2 y asegurarán el suministro eléctrico, reduciendo la dependencia exterior, añadió esta organización.

Reino Unido cuenta en la actualidad con 19 reactores en operación, que el pasado año produjeron el 18% de la electricidad y compañías españolas, como Iberdrola, están inmersos en proyectos nucleares en Reino Unido.

Antinucleares de Cataluña piden a Zapatero que ubique el almacén antes del 28-N

Por su parte, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc), la plataforma que aglutina a los detractores de la construcción del silo nuclear en la comunidad, ha exigido al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que decida la ubicación definitiva del almacén antes de las elecciones catalanas del 28 de noviembre, como garantía de la exclusión de la candidatura de Ascó (Tarragona).

El portavoz de la Canc, Sergi Saladié, ha hecho un repaso a todo el proceso emprendido en 2006, y ha defendido que Ascó siempre ha sido la opción prioritaria del lobby nuclear y de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), aunque la «fuerte oposición» del territorio ha obligado al Gobierno a amagar con la posibilidad de Zarra (Valencia).

Saladié ha criticado el «juego» que a su juicio se desarrolla desde hace un mes, puesto que el Ejecutivo ha defendido siempre la «urgencia» de tomar una decisión que ahora parece no importar, y ha reiterado el temor de la asociación a que tras el retraso deliberado exista en Madrid la expectativa de que CiU gane las elecciones autonómicas para obtener así su visto bueno a la instalación del silo nuclear en Ascó. «El silencio alimenta más la sospecha», ha precisado.

A pesar de ello, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha garantizado la «coherencia» de la federación nacionalista con lo votado por el Parlament, que ha rechazado que Cataluña acoja una infraestructura como el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

Puig ha pedido al Gobierno que «respete» la decisión del Parlament, aunque se ha mostrado partidario de la energía nuclear, y ha justificado el rechazo de su partido en el hecho de que Cataluña ya cumple con su cuota de solidaridad al tener tres de los ocho reactores de España. «No tendría mucho sentido que aceptáramos los residuos nucleares de España mientras no existe una clara visión de equilibrio en otros temas», ha puntualizado.

Saladié ha lamentado el «silencio» de los líderes de PSC y CiU, José Montilla y Artur Mas, y ha asegurado la existencia de vínculos de la federación nacionalista con el lobby nuclear en favor de la candidatura de Ascó, como la supuesta infiltración del Comité Asesor Técnico por parte de la Amac.

De hecho, dicho Comité puntuó a Ascó como primera opción, pero la intervención de la Comisión Interministerial encargada de decidir el candidato final colocó finalmente la opción de Zarra frente a Ascó por 374 puntos a 370.

Lejos de que esto acabara con el debate, las protestas se han sucedido en Valencia, mientras que Ascó ha enviado un dictamen del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña en el que presentan su candidatura como «la mejor valorada técnicamente» –a diferencia de Zarra dispone de línea ferroviaria–, mientras que la Amac ha criticado duramente la decisión del Gobierno y ha anunciado que impugnará la decisión si el ATC acaba en Zarra.

El Gobierno sigue deliberando sobre la decisión final, mientras que la Canc insiste en que, después de las mociones aprobadas en 144 ayuntamientos catalanes, el rechazo de la Diputación de Tarragona y Lleida, el del Parlament y el del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, la ubicación del ATC en Ascó no cumpliría con el anunciado requisito del «consenso territorial».

La industria nuclear española ve un marco estable y seguro para el sector en Reino Unido

El anuncio del Gobierno británico de la aprobación de ocho emplazamientos para la construcción de nuevos reactores y la selección de dos tipos de diseño de reactor es, para esta organización, un progreso «claro y tangible» de la apuesta por la energía nuclear.

El Plan Energético de Reino Unido contempla para 2025 la generación de electricidad procedente de energía nuclear, energías fósiles con captura de carbono y renovables.

Para María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, «Reino Unido necesita incrementar su potencia nuclear. El Gobierno y las empresas del sector energético están actuando con decisión para resolver un plan estratégico para el país que reducirá su dependencia energética y hará que su industria sea más competitiva con precios de la electricidad más baratos». Este anuncio, a su juicio, «facilita a los inversores un marco estable y seguro para emprender nuevos proyectos nucleares».

Para Domínguez, de hecho, el plan nuclear británico significa uno de los programas de inversión privada más ambiciosos desarrollado hasta el momento en el país. Los nuevos reactores reducirán las emisiones de CO2 y asegurarán el suministro eléctrico, reduciendo la dependencia exterior, añadió esta organización.

Reino Unido cuenta en la actualidad con 19 reactores en operación, que el pasado año produjeron el 18% de la electricidad y compañías españolas, como Iberdrola, están inmersos en proyectos nucleares en Reino Unido.

Antinucleares de Cataluña piden a Zapatero que ubique el almacén antes del 28-N

Por su parte, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc), la plataforma que aglutina a los detractores de la construcción del silo nuclear en la comunidad, ha exigido al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que decida la ubicación definitiva del almacén antes de las elecciones catalanas del 28 de noviembre, como garantía de la exclusión de la candidatura de Ascó (Tarragona).

El portavoz de la Canc, Sergi Saladié, ha hecho un repaso a todo el proceso emprendido en 2006, y ha defendido que Ascó siempre ha sido la opción prioritaria del lobby nuclear y de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), aunque la «fuerte oposición» del territorio ha obligado al Gobierno a amagar con la posibilidad de Zarra (Valencia).

Saladié ha criticado el «juego» que a su juicio se desarrolla desde hace un mes, puesto que el Ejecutivo ha defendido siempre la «urgencia» de tomar una decisión que ahora parece no importar, y ha reiterado el temor de la asociación a que tras el retraso deliberado exista en Madrid la expectativa de que CiU gane las elecciones autonómicas para obtener así su visto bueno a la instalación del silo nuclear en Ascó. «El silencio alimenta más la sospecha», ha precisado.

A pesar de ello, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha garantizado la «coherencia» de la federación nacionalista con lo votado por el Parlament, que ha rechazado que Cataluña acoja una infraestructura como el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

Puig ha pedido al Gobierno que «respete» la decisión del Parlament, aunque se ha mostrado partidario de la energía nuclear, y ha justificado el rechazo de su partido en el hecho de que Cataluña ya cumple con su cuota de solidaridad al tener tres de los ocho reactores de España. «No tendría mucho sentido que aceptáramos los residuos nucleares de España mientras no existe una clara visión de equilibrio en otros temas», ha puntualizado.

Saladié ha lamentado el «silencio» de los líderes de PSC y CiU, José Montilla y Artur Mas, y ha asegurado la existencia de vínculos de la federación nacionalista con el lobby nuclear en favor de la candidatura de Ascó, como la supuesta infiltración del Comité Asesor Técnico por parte de la Amac.

De hecho, dicho Comité puntuó a Ascó como primera opción, pero la intervención de la Comisión Interministerial encargada de decidir el candidato final colocó finalmente la opción de Zarra frente a Ascó por 374 puntos a 370.

Lejos de que esto acabara con el debate, las protestas se han sucedido en Valencia, mientras que Ascó ha enviado un dictamen del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña en el que presentan su candidatura como «la mejor valorada técnicamente» –a diferencia de Zarra dispone de línea ferroviaria–, mientras que la Amac ha criticado duramente la decisión del Gobierno y ha anunciado que impugnará la decisión si el ATC acaba en Zarra.

El Gobierno sigue deliberando sobre la decisión final, mientras que la Canc insiste en que, después de las mociones aprobadas en 144 ayuntamientos catalanes, el rechazo de la Diputación de Tarragona y Lleida, el del Parlament y el del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, la ubicación del ATC en Ascó no cumpliría con el anunciado requisito del «consenso territorial».