El Gobierno está intentando desbloquear con Camps la decisión sobre el ATC en Zarra

Fuentes del Ejecutivo han informado de que, con ese fin, ha habido algún contacto entre los gobiernos central y autonómico.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere dar el paso definitivo de elegir la localidad valenciana de Zarra -la opción que obtuvo la mejor calificación en el informe técnico que analizó el Consejo de ministros el pasado 17 de septiembre- hasta que no se asegure la colaboración de la Generalitat valenciana.

Las fuentes citadas han señalado que no hay que precipitarse a la hora de adoptar una decisión de estas características, pero que tampoco sería conveniente que se demorara en demasía.

En esa línea, no creen que se dé luz verde a esa elección en la reunión que mantendrá hoy el Consejo de Ministros, una cita a la que no acudirá Zapatero debido a que se encuentra en Bruselas participando en el Consejo Europeo de octubre.

El presidente del Gobierno ha encargado al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que haga las gestiones oportunas con la Generalitat valenciana antes de adoptar la decisión. El propio jefe del Gobierno ya dijo públicamente que Zarra es el destino preferente para el ATC, pero consideró «imprescindible» que cuente con la colaboración de las autoridades autonómicas y locales.

Unas palabras que fueron contestadas por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, instando a Zapatero a no «trasladar la responsabilidad de algo que sólo les incumbe a ellos» y a no invocar ahora una «falsa colaboración institucional».

También la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este mes que en la elección del ATC es fundamental el consenso y que se estaba trabajando en ello con la Comunidad valenciana y con otros gobiernos autonómicos.

Aunque el Estado es el que tiene la competencia para decidir dónde se ubica el ATC, hasta que el proyecto sea una realidad hay que analizar las posibles competencias de otras administraciones antes de que el almacén sea una realidad. Por ejemplo, los informes de impacto ambiental corresponden a las CCAA, y una opinión negativa podría bloquear o retrasar el proyecto.

El informe técnico que situó a Zarra como la mejor opción, colocó a Ascó (Tarragona) en segunda posición. Más atrás quedaron las candidaturas de Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Congosto de Valdavia (Palencia) y Albalá (Cáceres).

Greenpeace asegura que el Gobierno aprobará hoy la ubicación del ATC en Zarra

Por su parte, la plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra (Valencia) ha asegurado haber conocido, a través de «fuentes cercanas a Industria», que el Consejo de Ministros decidirá hoy ubicar el ATC de residuos nucleares en esta localidad valenciana.

Según Greenpeace, la plataforma «ha demostrado», además, en un informe que se han producido «manipulaciones técnicas» por parte de la comisión interministerial sobre el ATC para situar a Zarra como la opción preferente.

En concreto, ha asegurado que se asignaron «incorrectamente una serie de valores a la opción de Zarra en varios parámetros», al tiempo que «se omitieron aspectos técnicos fundamentales para la correcta valoración de esta opción».

La conclusión del informe de la plataforma es que, mediante una serie de «errores», la comisión interministerial «sobrevaloró en algo más de 100 puntos la opción de Zarra». «De haberse hecho correctamente los cálculos, quedaría en realidad situada en la quinta posición entre los ocho candidatos», según indica Greenpeace.

«La manipulación técnica por parte del Ministerio de Industria de sus propios datos para condicionar la opción que políticamente convenía más al ministro Sebastián demuestra que el proceso del ATC es un mero paripé sin rigor técnico ni respeto a la legalidad vigente», ha denunciado el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Ante «el cúmulo de defectos formales y legales que acumula el proceso», Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra han exigido al Consejo de Ministros que anule el proceso del ATC.

Alarte usará todos lo medios para imposibilitar la construcción del ATC

En este sentido, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que no sabe si el Consejo de Ministros decidirá la ubicación del ATC pero ha asegurado que en caso de ser Zarra (Valencia) la población seleccionada para su instalación, usará todos lo medios jurídicos para imposibilitar la construcción. Desde punto de vista social y político la gente de Zarra sabe de nuestro compromiso sincero», ha indicado.

Alarte ha asegurado que está «radicalmente en contra» de la instalación del ATC en Zarra y que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «se equivoca y comete un gran error si vuelve a proponer al Consejo de Ministros que sea Zarra y tiene que saber que nos va a encontrar en frente. No compartimos ese acuerdo será suya esa responsabilidad y quien la apoye».

Ha señalado que puede responder desde su responsabilidad y su ámbito de decisión, «que es dirigir a los socialistas valencianos» que no va a hacer como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «que calla para consentir; para después hacer propaganda y condenarnos a un siglo de infradesarrollo a una parte importante de esta provincia».

Un millar de personas se concentran en Ayora

Ante la inminente aprobación de Zarra como ubicación para instalar el ATC, un millar de personas se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Ayora (Valencia) para mostrar su rechazo a la instalación del mismo y para protestar por la «manipulación técnica» por parte de la Comisión Interministerial sobre el almacén nuclear de los datos relativos a los emplazamientos candidatos a albergar el almacén, con la intención de situar a Zarra como la opción preferente.

Así lo ha explicado el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra, José Cerdá, quien ha señalado que al menos cuatro autobuses se trasladarán a Madrid desde Ayora tras haber conocido informaciones que indican que el Consejo de Ministros decidirá ubicar el ATC en Zarra en su reunión de hoy.

En su opinión, se trata de una decisión «plenamente política» que «no está sujeta a ningún informe técnico ni a una valoración objetiva».

Por ello, Cerdá ha reclamado que se lleve a cabo «un proceso en el que prime la transparencia, el diálogo y el consenso» y que se elaboren unos informes técnicos «validos y contrastados».

El portavoz de la plataforma ha reiterado su petición de que el Ejecutivo español «descarte» la candidatura de Zarra por la «gran alarma social» generada en el Valle de Ayora (Valencia) y las comarcas de Almansa y La Manchuela (Albacete).

El Gobierno está intentando desbloquear con Camps la decisión sobre el ATC en Zarra

Fuentes del Ejecutivo han informado de que, con ese fin, ha habido algún contacto entre los gobiernos central y autonómico.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere dar el paso definitivo de elegir la localidad valenciana de Zarra -la opción que obtuvo la mejor calificación en el informe técnico que analizó el Consejo de ministros el pasado 17 de septiembre- hasta que no se asegure la colaboración de la Generalitat valenciana.

Las fuentes citadas han señalado que no hay que precipitarse a la hora de adoptar una decisión de estas características, pero que tampoco sería conveniente que se demorara en demasía.

En esa línea, no creen que se dé luz verde a esa elección en la reunión que mantendrá hoy el Consejo de Ministros, una cita a la que no acudirá Zapatero debido a que se encuentra en Bruselas participando en el Consejo Europeo de octubre.

El presidente del Gobierno ha encargado al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que haga las gestiones oportunas con la Generalitat valenciana antes de adoptar la decisión. El propio jefe del Gobierno ya dijo públicamente que Zarra es el destino preferente para el ATC, pero consideró «imprescindible» que cuente con la colaboración de las autoridades autonómicas y locales.

Unas palabras que fueron contestadas por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, instando a Zapatero a no «trasladar la responsabilidad de algo que sólo les incumbe a ellos» y a no invocar ahora una «falsa colaboración institucional».

También la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este mes que en la elección del ATC es fundamental el consenso y que se estaba trabajando en ello con la Comunidad valenciana y con otros gobiernos autonómicos.

Aunque el Estado es el que tiene la competencia para decidir dónde se ubica el ATC, hasta que el proyecto sea una realidad hay que analizar las posibles competencias de otras administraciones antes de que el almacén sea una realidad. Por ejemplo, los informes de impacto ambiental corresponden a las CCAA, y una opinión negativa podría bloquear o retrasar el proyecto.

El informe técnico que situó a Zarra como la mejor opción, colocó a Ascó (Tarragona) en segunda posición. Más atrás quedaron las candidaturas de Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Congosto de Valdavia (Palencia) y Albalá (Cáceres).

Greenpeace asegura que el Gobierno aprobará hoy la ubicación del ATC en Zarra

Por su parte, la plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra (Valencia) ha asegurado haber conocido, a través de «fuentes cercanas a Industria», que el Consejo de Ministros decidirá hoy ubicar el ATC de residuos nucleares en esta localidad valenciana.

Según Greenpeace, la plataforma «ha demostrado», además, en un informe que se han producido «manipulaciones técnicas» por parte de la comisión interministerial sobre el ATC para situar a Zarra como la opción preferente.

En concreto, ha asegurado que se asignaron «incorrectamente una serie de valores a la opción de Zarra en varios parámetros», al tiempo que «se omitieron aspectos técnicos fundamentales para la correcta valoración de esta opción».

La conclusión del informe de la plataforma es que, mediante una serie de «errores», la comisión interministerial «sobrevaloró en algo más de 100 puntos la opción de Zarra». «De haberse hecho correctamente los cálculos, quedaría en realidad situada en la quinta posición entre los ocho candidatos», según indica Greenpeace.

«La manipulación técnica por parte del Ministerio de Industria de sus propios datos para condicionar la opción que políticamente convenía más al ministro Sebastián demuestra que el proceso del ATC es un mero paripé sin rigor técnico ni respeto a la legalidad vigente», ha denunciado el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Ante «el cúmulo de defectos formales y legales que acumula el proceso», Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra han exigido al Consejo de Ministros que anule el proceso del ATC.

Alarte usará todos lo medios para imposibilitar la construcción del ATC

En este sentido, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que no sabe si el Consejo de Ministros decidirá la ubicación del ATC pero ha asegurado que en caso de ser Zarra (Valencia) la población seleccionada para su instalación, usará todos lo medios jurídicos para imposibilitar la construcción. Desde punto de vista social y político la gente de Zarra sabe de nuestro compromiso sincero», ha indicado.

Alarte ha asegurado que está «radicalmente en contra» de la instalación del ATC en Zarra y que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «se equivoca y comete un gran error si vuelve a proponer al Consejo de Ministros que sea Zarra y tiene que saber que nos va a encontrar en frente. No compartimos ese acuerdo será suya esa responsabilidad y quien la apoye».

Ha señalado que puede responder desde su responsabilidad y su ámbito de decisión, «que es dirigir a los socialistas valencianos» que no va a hacer como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «que calla para consentir; para después hacer propaganda y condenarnos a un siglo de infradesarrollo a una parte importante de esta provincia».

Un millar de personas se concentran en Ayora

Ante la inminente aprobación de Zarra como ubicación para instalar el ATC, un millar de personas se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Ayora (Valencia) para mostrar su rechazo a la instalación del mismo y para protestar por la «manipulación técnica» por parte de la Comisión Interministerial sobre el almacén nuclear de los datos relativos a los emplazamientos candidatos a albergar el almacén, con la intención de situar a Zarra como la opción preferente.

Así lo ha explicado el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra, José Cerdá, quien ha señalado que al menos cuatro autobuses se trasladarán a Madrid desde Ayora tras haber conocido informaciones que indican que el Consejo de Ministros decidirá ubicar el ATC en Zarra en su reunión de hoy.

En su opinión, se trata de una decisión «plenamente política» que «no está sujeta a ningún informe técnico ni a una valoración objetiva».

Por ello, Cerdá ha reclamado que se lleve a cabo «un proceso en el que prime la transparencia, el diálogo y el consenso» y que se elaboren unos informes técnicos «validos y contrastados».

El portavoz de la plataforma ha reiterado su petición de que el Ejecutivo español «descarte» la candidatura de Zarra por la «gran alarma social» generada en el Valle de Ayora (Valencia) y las comarcas de Almansa y La Manchuela (Albacete).

El Gobierno está intentando desbloquear con Camps la decisión sobre el ATC en Zarra

Fuentes del Ejecutivo han informado de que, con ese fin, ha habido algún contacto entre los gobiernos central y autonómico.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere dar el paso definitivo de elegir la localidad valenciana de Zarra -la opción que obtuvo la mejor calificación en el informe técnico que analizó el Consejo de ministros el pasado 17 de septiembre- hasta que no se asegure la colaboración de la Generalitat valenciana.

Las fuentes citadas han señalado que no hay que precipitarse a la hora de adoptar una decisión de estas características, pero que tampoco sería conveniente que se demorara en demasía.

En esa línea, no creen que se dé luz verde a esa elección en la reunión que mantendrá hoy el Consejo de Ministros, una cita a la que no acudirá Zapatero debido a que se encuentra en Bruselas participando en el Consejo Europeo de octubre.

El presidente del Gobierno ha encargado al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que haga las gestiones oportunas con la Generalitat valenciana antes de adoptar la decisión. El propio jefe del Gobierno ya dijo públicamente que Zarra es el destino preferente para el ATC, pero consideró «imprescindible» que cuente con la colaboración de las autoridades autonómicas y locales.

Unas palabras que fueron contestadas por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, instando a Zapatero a no «trasladar la responsabilidad de algo que sólo les incumbe a ellos» y a no invocar ahora una «falsa colaboración institucional».

También la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este mes que en la elección del ATC es fundamental el consenso y que se estaba trabajando en ello con la Comunidad valenciana y con otros gobiernos autonómicos.

Aunque el Estado es el que tiene la competencia para decidir dónde se ubica el ATC, hasta que el proyecto sea una realidad hay que analizar las posibles competencias de otras administraciones antes de que el almacén sea una realidad. Por ejemplo, los informes de impacto ambiental corresponden a las CCAA, y una opinión negativa podría bloquear o retrasar el proyecto.

El informe técnico que situó a Zarra como la mejor opción, colocó a Ascó (Tarragona) en segunda posición. Más atrás quedaron las candidaturas de Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Congosto de Valdavia (Palencia) y Albalá (Cáceres).

Greenpeace asegura que el Gobierno aprobará hoy la ubicación del ATC en Zarra

Por su parte, la plataforma contra el cementerio nuclear en Zarra (Valencia) ha asegurado haber conocido, a través de «fuentes cercanas a Industria», que el Consejo de Ministros decidirá hoy ubicar el ATC de residuos nucleares en esta localidad valenciana.

Según Greenpeace, la plataforma «ha demostrado», además, en un informe que se han producido «manipulaciones técnicas» por parte de la comisión interministerial sobre el ATC para situar a Zarra como la opción preferente.

En concreto, ha asegurado que se asignaron «incorrectamente una serie de valores a la opción de Zarra en varios parámetros», al tiempo que «se omitieron aspectos técnicos fundamentales para la correcta valoración de esta opción».

La conclusión del informe de la plataforma es que, mediante una serie de «errores», la comisión interministerial «sobrevaloró en algo más de 100 puntos la opción de Zarra». «De haberse hecho correctamente los cálculos, quedaría en realidad situada en la quinta posición entre los ocho candidatos», según indica Greenpeace.

«La manipulación técnica por parte del Ministerio de Industria de sus propios datos para condicionar la opción que políticamente convenía más al ministro Sebastián demuestra que el proceso del ATC es un mero paripé sin rigor técnico ni respeto a la legalidad vigente», ha denunciado el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Ante «el cúmulo de defectos formales y legales que acumula el proceso», Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra han exigido al Consejo de Ministros que anule el proceso del ATC.

Alarte usará todos lo medios para imposibilitar la construcción del ATC

En este sentido, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que no sabe si el Consejo de Ministros decidirá la ubicación del ATC pero ha asegurado que en caso de ser Zarra (Valencia) la población seleccionada para su instalación, usará todos lo medios jurídicos para imposibilitar la construcción. Desde punto de vista social y político la gente de Zarra sabe de nuestro compromiso sincero», ha indicado.

Alarte ha asegurado que está «radicalmente en contra» de la instalación del ATC en Zarra y que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «se equivoca y comete un gran error si vuelve a proponer al Consejo de Ministros que sea Zarra y tiene que saber que nos va a encontrar en frente. No compartimos ese acuerdo será suya esa responsabilidad y quien la apoye».

Ha señalado que puede responder desde su responsabilidad y su ámbito de decisión, «que es dirigir a los socialistas valencianos» que no va a hacer como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «que calla para consentir; para después hacer propaganda y condenarnos a un siglo de infradesarrollo a una parte importante de esta provincia».

Un millar de personas se concentran en Ayora

Ante la inminente aprobación de Zarra como ubicación para instalar el ATC, un millar de personas se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Ayora (Valencia) para mostrar su rechazo a la instalación del mismo y para protestar por la «manipulación técnica» por parte de la Comisión Interministerial sobre el almacén nuclear de los datos relativos a los emplazamientos candidatos a albergar el almacén, con la intención de situar a Zarra como la opción preferente.

Así lo ha explicado el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra, José Cerdá, quien ha señalado que al menos cuatro autobuses se trasladarán a Madrid desde Ayora tras haber conocido informaciones que indican que el Consejo de Ministros decidirá ubicar el ATC en Zarra en su reunión de hoy.

En su opinión, se trata de una decisión «plenamente política» que «no está sujeta a ningún informe técnico ni a una valoración objetiva».

Por ello, Cerdá ha reclamado que se lleve a cabo «un proceso en el que prime la transparencia, el diálogo y el consenso» y que se elaboren unos informes técnicos «validos y contrastados».

El portavoz de la plataforma ha reiterado su petición de que el Ejecutivo español «descarte» la candidatura de Zarra por la «gran alarma social» generada en el Valle de Ayora (Valencia) y las comarcas de Almansa y La Manchuela (Albacete).

El parlamento de Alemania aprueba el aplazamiento del cierre nuclear con protestas

La ley, que prevé la prolongación de la actividad de las 17 centrales del país hasta catorce años más de lo previsto, fue aprobada con los votos de la coalición gubernamental, en la que hubo algunos disidentes.

Socialdemócratas, Verdes y La Izquierda, las tres fuerzas de la oposición, rechazaron en bloque el proyecto y confirmaron, además, que recurrirán al Tribunal Constitucional, ante el propósito de Merkel de no someterlo a la ratificación de la cámara alta (Bundesrat), donde las filas gubernamentales no tienen mayoría.

La fórmula echa abajo al acuerdo pactado en 2000 con la industria por la coalición roji-verde del canciller Gerhard Schröder, que preveía que el «apagón nuclear» se consumaría en 2022, mientras que con el actual plan la última central no cerrará como mínimo hasta 2034.

Según el calendario ahora modificado, siete de las plantas existentes -construidas antes de 1980- prolongan su etapa de funcionamiento en ocho años más de lo entonces decidido, mientras que las restantes diez estarán hasta catorce años más en activo.

El concepto energético contempla asimismo una campaña de mejora del aislamiento de los edificios para ahorrar costes energéticos, lo que afectará a unos 18 millones de edificaciones, que deberán adecuarse a las nuevas normativas hasta 2050.

La aprobación estuvo precedida de un encendido debate, marcado por el rechazo de la oposición -los Verdes expusieron uno a uno sus razones para el rechazo, vestidos de riguroso luto y con una cruz amarilla- y algunas escisiones en las filas gubernamentales.

Entre la disidencia interna a Merkel destacó el diputado de la CDU Franz Heinrich, quien dijo que «como persona, cristiano y pastor (protestante)» no podía refrendar algo que burla los planes aprobados y mientras no se ha aclarado aún qué ocurrirá con la basura nuclear.

El presidente del Partido Socialdedemocrata (SPD), Sigmar Gabriel, advirtió, en declaraciones previas a la votación a la televisión pública ARD, que tal prolongación quedará en nada con las próximas elecciones generales, puesto que Merkel y su coalición quedarán apeados del poder.

Ya en la calle, en una intervención ante centenares de activistas antinucleares junto a la Puerta de Brandeburgo, Gabriel apuntó que Merkel se había, llanamente, «vendido» al lobby energético.

En esa misma dirección lanzó Greenpeace su mensaje, al desplegar sobre la fachada de la sede de la CDU una gran pancarta, de diez metros por diez metros, con una foto de la canciller brindando con el presidente del consorcio energético RWE, Jürgen Grossmann.

Varios activistas se habían encaramado a primera hora de la mañana al techo de la central para desplegar su pancarta, mientras ante el edificio se sucedían las protestas de los Verdes, encabezadas por sus líderes, Cem Özdemir y Claudia Roth, y el ex ministro de Medioambiente, Jürgen Trittin.

Simultáneamente, ante el Reichstag, sede del Bundestag (cámara baja del Parlamento), centenares de manifestantes formaron una cadena humana en contra de la nueva ley del gobierno de Merkel.

La canciller quiso ya revisar el calendario de cierre de las centrales en su anterior legislatura, en gran coalición, pero sus entonces socios socialdemócratas se lo impidieron.

Merkel retomó la cuestión tras su victoria electoral de 2009 y al formarse la actual coalición -integrada por la CDU, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Liberal (FDP)-.

El parlamento de Alemania aprueba el aplazamiento del cierre nuclear con protestas

La ley, que prevé la prolongación de la actividad de las 17 centrales del país hasta catorce años más de lo previsto, fue aprobada con los votos de la coalición gubernamental, en la que hubo algunos disidentes.

Socialdemócratas, Verdes y La Izquierda, las tres fuerzas de la oposición, rechazaron en bloque el proyecto y confirmaron, además, que recurrirán al Tribunal Constitucional, ante el propósito de Merkel de no someterlo a la ratificación de la cámara alta (Bundesrat), donde las filas gubernamentales no tienen mayoría.

La fórmula echa abajo al acuerdo pactado en 2000 con la industria por la coalición roji-verde del canciller Gerhard Schröder, que preveía que el «apagón nuclear» se consumaría en 2022, mientras que con el actual plan la última central no cerrará como mínimo hasta 2034.

Según el calendario ahora modificado, siete de las plantas existentes -construidas antes de 1980- prolongan su etapa de funcionamiento en ocho años más de lo entonces decidido, mientras que las restantes diez estarán hasta catorce años más en activo.

El concepto energético contempla asimismo una campaña de mejora del aislamiento de los edificios para ahorrar costes energéticos, lo que afectará a unos 18 millones de edificaciones, que deberán adecuarse a las nuevas normativas hasta 2050.

La aprobación estuvo precedida de un encendido debate, marcado por el rechazo de la oposición -los Verdes expusieron uno a uno sus razones para el rechazo, vestidos de riguroso luto y con una cruz amarilla- y algunas escisiones en las filas gubernamentales.

Entre la disidencia interna a Merkel destacó el diputado de la CDU Franz Heinrich, quien dijo que «como persona, cristiano y pastor (protestante)» no podía refrendar algo que burla los planes aprobados y mientras no se ha aclarado aún qué ocurrirá con la basura nuclear.

El presidente del Partido Socialdedemocrata (SPD), Sigmar Gabriel, advirtió, en declaraciones previas a la votación a la televisión pública ARD, que tal prolongación quedará en nada con las próximas elecciones generales, puesto que Merkel y su coalición quedarán apeados del poder.

Ya en la calle, en una intervención ante centenares de activistas antinucleares junto a la Puerta de Brandeburgo, Gabriel apuntó que Merkel se había, llanamente, «vendido» al lobby energético.

En esa misma dirección lanzó Greenpeace su mensaje, al desplegar sobre la fachada de la sede de la CDU una gran pancarta, de diez metros por diez metros, con una foto de la canciller brindando con el presidente del consorcio energético RWE, Jürgen Grossmann.

Varios activistas se habían encaramado a primera hora de la mañana al techo de la central para desplegar su pancarta, mientras ante el edificio se sucedían las protestas de los Verdes, encabezadas por sus líderes, Cem Özdemir y Claudia Roth, y el ex ministro de Medioambiente, Jürgen Trittin.

Simultáneamente, ante el Reichstag, sede del Bundestag (cámara baja del Parlamento), centenares de manifestantes formaron una cadena humana en contra de la nueva ley del gobierno de Merkel.

La canciller quiso ya revisar el calendario de cierre de las centrales en su anterior legislatura, en gran coalición, pero sus entonces socios socialdemócratas se lo impidieron.

Merkel retomó la cuestión tras su victoria electoral de 2009 y al formarse la actual coalición -integrada por la CDU, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Liberal (FDP)-.

El parlamento de Alemania aprueba el aplazamiento del cierre nuclear con protestas

La ley, que prevé la prolongación de la actividad de las 17 centrales del país hasta catorce años más de lo previsto, fue aprobada con los votos de la coalición gubernamental, en la que hubo algunos disidentes.

Socialdemócratas, Verdes y La Izquierda, las tres fuerzas de la oposición, rechazaron en bloque el proyecto y confirmaron, además, que recurrirán al Tribunal Constitucional, ante el propósito de Merkel de no someterlo a la ratificación de la cámara alta (Bundesrat), donde las filas gubernamentales no tienen mayoría.

La fórmula echa abajo al acuerdo pactado en 2000 con la industria por la coalición roji-verde del canciller Gerhard Schröder, que preveía que el «apagón nuclear» se consumaría en 2022, mientras que con el actual plan la última central no cerrará como mínimo hasta 2034.

Según el calendario ahora modificado, siete de las plantas existentes -construidas antes de 1980- prolongan su etapa de funcionamiento en ocho años más de lo entonces decidido, mientras que las restantes diez estarán hasta catorce años más en activo.

El concepto energético contempla asimismo una campaña de mejora del aislamiento de los edificios para ahorrar costes energéticos, lo que afectará a unos 18 millones de edificaciones, que deberán adecuarse a las nuevas normativas hasta 2050.

La aprobación estuvo precedida de un encendido debate, marcado por el rechazo de la oposición -los Verdes expusieron uno a uno sus razones para el rechazo, vestidos de riguroso luto y con una cruz amarilla- y algunas escisiones en las filas gubernamentales.

Entre la disidencia interna a Merkel destacó el diputado de la CDU Franz Heinrich, quien dijo que «como persona, cristiano y pastor (protestante)» no podía refrendar algo que burla los planes aprobados y mientras no se ha aclarado aún qué ocurrirá con la basura nuclear.

El presidente del Partido Socialdedemocrata (SPD), Sigmar Gabriel, advirtió, en declaraciones previas a la votación a la televisión pública ARD, que tal prolongación quedará en nada con las próximas elecciones generales, puesto que Merkel y su coalición quedarán apeados del poder.

Ya en la calle, en una intervención ante centenares de activistas antinucleares junto a la Puerta de Brandeburgo, Gabriel apuntó que Merkel se había, llanamente, «vendido» al lobby energético.

En esa misma dirección lanzó Greenpeace su mensaje, al desplegar sobre la fachada de la sede de la CDU una gran pancarta, de diez metros por diez metros, con una foto de la canciller brindando con el presidente del consorcio energético RWE, Jürgen Grossmann.

Varios activistas se habían encaramado a primera hora de la mañana al techo de la central para desplegar su pancarta, mientras ante el edificio se sucedían las protestas de los Verdes, encabezadas por sus líderes, Cem Özdemir y Claudia Roth, y el ex ministro de Medioambiente, Jürgen Trittin.

Simultáneamente, ante el Reichstag, sede del Bundestag (cámara baja del Parlamento), centenares de manifestantes formaron una cadena humana en contra de la nueva ley del gobierno de Merkel.

La canciller quiso ya revisar el calendario de cierre de las centrales en su anterior legislatura, en gran coalición, pero sus entonces socios socialdemócratas se lo impidieron.

Merkel retomó la cuestión tras su victoria electoral de 2009 y al formarse la actual coalición -integrada por la CDU, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Liberal (FDP)-.

Un total de 147 ayuntamientos catalanes rechazan el almacén nuclear en Ascó (Tarragona)

En un dossier sobre el posicionamiento institucional, político social y económico contra del cementerio nuclear, la Canc destaca que el 80 por ciento de ayuntamientos de las Terres de l’Ebre y del Priorat han aprobado mociones de rechazo a la instalación, así como el 65% de los ayuntamientos integrados en Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac).

También han aprobado mociones en contra del ATC el 80 por ciento de consejos comarcales de la demarcación de Tarragona y las diputaciones de Tarragona y Lleida, mientras que tres de las cuatro cámaras de comercio de la provincia de Tarragona han cuestionado su idoneidad.

Ningún consistorio ni institución ha aprobado documentos de apoyo a la candidatura de Ascó, destaca la Canc en el dossier, y señala que más de 250 partidos, sindicatos y entidades socioculturales y económicas han suscrito el manifiesto en contra del almacén.

Asimismo, se han reunido más de 10.000 firmas en contra del ATC y 7.000 alegaciones en 15 días, y más de 50.000 miembros de las redes sociales de Internet, como Facebook, han expresado su rechazo a la instalación.

Un total de 147 ayuntamientos catalanes rechazan el almacén nuclear en Ascó (Tarragona)

En un dossier sobre el posicionamiento institucional, político social y económico contra del cementerio nuclear, la Canc destaca que el 80 por ciento de ayuntamientos de las Terres de l’Ebre y del Priorat han aprobado mociones de rechazo a la instalación, así como el 65% de los ayuntamientos integrados en Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac).

También han aprobado mociones en contra del ATC el 80 por ciento de consejos comarcales de la demarcación de Tarragona y las diputaciones de Tarragona y Lleida, mientras que tres de las cuatro cámaras de comercio de la provincia de Tarragona han cuestionado su idoneidad.

Ningún consistorio ni institución ha aprobado documentos de apoyo a la candidatura de Ascó, destaca la Canc en el dossier, y señala que más de 250 partidos, sindicatos y entidades socioculturales y económicas han suscrito el manifiesto en contra del almacén.

Asimismo, se han reunido más de 10.000 firmas en contra del ATC y 7.000 alegaciones en 15 días, y más de 50.000 miembros de las redes sociales de Internet, como Facebook, han expresado su rechazo a la instalación.

Un total de 147 ayuntamientos catalanes rechazan el almacén nuclear en Ascó (Tarragona)

En un dossier sobre el posicionamiento institucional, político social y económico contra del cementerio nuclear, la Canc destaca que el 80 por ciento de ayuntamientos de las Terres de l’Ebre y del Priorat han aprobado mociones de rechazo a la instalación, así como el 65% de los ayuntamientos integrados en Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac).

También han aprobado mociones en contra del ATC el 80 por ciento de consejos comarcales de la demarcación de Tarragona y las diputaciones de Tarragona y Lleida, mientras que tres de las cuatro cámaras de comercio de la provincia de Tarragona han cuestionado su idoneidad.

Ningún consistorio ni institución ha aprobado documentos de apoyo a la candidatura de Ascó, destaca la Canc en el dossier, y señala que más de 250 partidos, sindicatos y entidades socioculturales y económicas han suscrito el manifiesto en contra del almacén.

Asimismo, se han reunido más de 10.000 firmas en contra del ATC y 7.000 alegaciones en 15 días, y más de 50.000 miembros de las redes sociales de Internet, como Facebook, han expresado su rechazo a la instalación.

Rosatom aboga por fortalecer el papel atómico del OIEA

«Rusia defiende la postura de que especialmente ahora que el mundo experimenta un renacimiento de la energía nuclear el papel del OIEA debe fortalecerse», afirmó Kiriyenko tras firmar junto al director general de ese organismo, Yukiya Amano, un acuerdo de cooperación entre ambas agencias.

En este documento queda reflejada la disposición de Rosatom de colaborar con el OIEA en la formación de jóvenes profesionales para el organismo internacional.

En opinión de Kiriyeno, el sector nuclear ya representa actualmente un mercado global y añadió que para poder llevar a cabo un trabajo exitoso en este mercado, Rosatom necesita especialistas con amplios conocimientos.

«En este sentido, las posibilidades del OIEA son únicas», subrayó el jefe de la agencia nuclear rusa, citado por la agencia Interfax.

Según el acuerdo, Rosatom enviará o reclutará a especialistas de no más de 32 años para proyectos en los que el organismo internacional ejerza de órgano ejecutivo.

La edad de los expertos no deberá superar los 32 años y los gastos, que incluyen salario, primas, seguro y viaje, serán asumidos por Rusia.

Kiriyenko explicó, además, que la corporación estatal y el OIEA están ampliando la cooperación en diversas nuevas materias, entre las que destacan la medicina nuclear, cuyo desarrollo es una de las cinco prioridades nacionales de Rusia.

En este sentido, el jefe de Rosatom anunció que Amano acude hoy a una de las clínicas rusas punteras en medicina nuclear, al tiempo que expresó su esperanza de que tras esta visita «surjan nuevas posibilidades de cooperación en esta esfera».

Por su parte, el director general del OIEA afirmó que durante 2010 entre Rosatom y el organismo internacional «la cooperación fue muy fructífera».

Recordó que en marzo pasado ambas partes firmaron un acuerdo para la creación en Rusia de reservas de uranio de bajo enriquecimiento.

Kiriyenko agregó que estas reservas serán emplazadas hasta finales de año en las instalaciones de la planta de uranio de Angarsk, cerca del lago Baikal, en Siberia, y de la frontera con Mongolia.

«El equipamiento ya está instalado en Angarsk. Próximamente comenzará el trabajo de los inspectores del OIEA», precisó.

Amano se encuentra en Moscú en una visita de dos días para participar en la V Semana Internacional de la Energía «Diálogo Energético de Moscú».

Está previsto que el director general del OIEA se reúna con representantes del Gobierno ruso y con la dirección de Rostejnadzor, la entidad estatal que se encarga del control del cumplimiento de las normas técnicas en Rusia.

La agenda de Amano incluye, además, una ponencia en la Universidad Nacional de Investigación Nuclear.