En este escrito, el Consell recordó que ya hizo pública esta negativa mediante un informe contrario al Ministerio de Industria en el que se alegaban los problemas medioambientales que supondría la ubicación de estas instalaciones en un enclave de masa forestal.

Así, este «rechazo» se suma a otras iniciativas parlamentarias como la llevada a cabo en la Cámara autonómica, donde el Grupo Parlamentario del PP presentó en el Debate de Política General una propuesta de resolución en la que se aprobó por unanimidad rechazar la posibilidad de ubicar un almacén de residuos nucleares en territorio valenciano.

Miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra se desplazaron hasta el Palau de la Generalitat para exigir que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en persona, manifieste públicamente su rechazo a esta instalación en Zarra.

Este grupo fue recibido por el jefe de gabinete del President, Pablo Landecho, quien reveló después el portavoz de la Plataforma, Pepe Cerdá, se comprometió a emitir un comunicado «en nombre de Camps» rechazando el ATC y «desmintiendo que haya negociaciones con el Ministerio de Industria» para construir el ATC en la localidad de Zarra.

Sin embargo, la Plataforma ha considerado insatisfactorio el comunicado del Consell y cumplió su amenaza de «acampar» frente a la Generalitat si no tenían una respuesta satisfactoria a sus peticiones del Ejecutivo valenciano. Además, para escenificar su desacuerdo alrededor de una decena de militantes del PP presentes en la concentración decidieron romper sus carnets.

Asimismo, la Plataforma advirtió de que llegarán «incluso» hasta Bruselas para evitar la ubicación del ATC) se instale en este municipio valenciano porque «Europa tiene que saber lo que está pasando en este país.

Representantes de la plataforma aseguraron que la candidatura de Zarra está «sobrevalorada» y que se han sumado mal los puntos». Por ello, insistieron en que el informe está «amañado» y consideraron que si el ministro de Industria, Miguel Sebastián, lo lee «no podrá aceptar esta candidatura».

Además, opinaron que la elección de Zarra se debe a intereses de partido para «no querer perjudicar a los suyos». En este sentido, señalaron que ante las próximas elecciones en Cataluña y, posteriormente, en Castilla-La Mancha, «el presidente del Gobierno «no le mandaría este regalo ni al presidente Montilla ni al presidente Barreda».

El consejero de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, señaló que los miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra «puede dirigir sus quejas donde lo estime oportuno», ya sea al Gobierno central o al valenciano. No obstante, ha insistido en que él fue el primero en salir a explicar la postura de la Generalitat sobre este asunto y que fue «claro y tajante» en su rechazo a la ubicación del ATC en Zarra.

El consejero subrayó el rechazo del Gobierno valenciano a esta instalación porque «técnicamente no es posible» y «políticamente no estamos de acuerdo», pero «si las quejas las quieren hacer en la Moncloa o aquí las pueden hacer con toda libertad».

Por su parte, la Consejería de Medioambiente les convocó a un reunión en la que la Plataforma solicitará a este Departamento que retire el recurso interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba los terrenos donde se ubicaría el ATCE como agrícolas, y por tanto no urbanizables.

Ésta es una de las medidas principales de la directiva sobre seguridad de residuos nucleares y de combustibles usados que ha sido presentada por el Ejecutivo comunitario.

En su propuesta, la Comisión Europea recomienda la ubicación de los residuos nucleares altamente activos en «depósitos geográficos de profundidad», instalaciones subterráneas que cuentan con las suficientes barreras arquitectónicas y orográficas para garantizar su seguridad, explicaron fuentes comunitarias.

Se trata de la única forma de almacenaje a largo plazo de los residuos que cuenta con el respaldo de la comunidad científica internacional, según las mismas fuentes.

Si la propuesta es aprobada, lo que llevaría un tiempo mínimo de dos años, los Estados miembros tendrían que presentar planes nacionales para la adaptación de sus instalaciones de depósito de residuos a los nuevos estándares.

Estos criterios de seguridad se han establecido de acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y se convertirán en vinculantes si la propuesta recibe la luz verde de los Veintisiete.

Cada país podrá fijar sus propios plazos para cumplir la nueva normativa, aunque tendrán que justificar ante Bruselas la duración de su proceso de adaptación.

Las autoridades nacionales tendrán que presentar un plan de seguridad para cada una de sus instalaciones de almacenaje de residuos nucleares, lo que supondrá la revisión de las ya existentes o la construcción de otras nuevas.

La Unión Europea genera cada año unos 7.000 metros cúbicos de residuos nucleares altamente activos (de máxima peligrosidad y de perdurabilidad), que son actualmente almacenados en más de 140 depósitos.

De ellos, algunos están ubicados en la superficie y otros bajo tierra, según los expertos comunitarios, que no precisaron cuántos de ellos cumplirían los nuevos estándares.

En la actualidad, catorce países europeos cuentan con centrales nucleares activas, España entre ellos.

Así, la planta de Ascó II (Tarragona) registró dos sucesos que fueron notificados al CSN los días 26 y 30 de octubre, al igual que Vandellós II (Tarragona) que comunicó dos sucesos los días 22 y 14 de este mes.

Por su parte, la central nuclear de Cofrentes informó al ente regulador de un suceso el día 1 del mes, mientras que Almaraz (Cáceres) comunicó el 19 de octubre un suceso al CSN.

En cuanto al equipo sustraído, éste fue sustraído el 24 de octubre en Ripollet (Barcelona) en un laboratorio de la obra C-58 carril bus-vao. El equipo sustraído no entraña riesgos radiológicos mientras se encuentre íntegro, porque las fuentes radiactivas que contiene en su interiro están protegidas y encapsuladas.

En todos los casos los sucesos han sido calificados con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), lo que significa que no han tenido significación para la seguridad de la planta, de las personas ni para el medio ambiente.

Además, las centrales de Ascó I, Santa María de Garoña (Burgos) y Trillo (Guadalajara) no han registrado ningún suceso o reseña a lo largo del mes que comunicar al CSN.

Así, la planta de Ascó II (Tarragona) registró dos sucesos que fueron notificados al CSN los días 26 y 30 de octubre, al igual que Vandellós II (Tarragona) que comunicó dos sucesos los días 22 y 14 de este mes.

Por su parte, la central nuclear de Cofrentes informó al ente regulador de un suceso el día 1 del mes, mientras que Almaraz (Cáceres) comunicó el 19 de octubre un suceso al CSN.

En cuanto al equipo sustraído, éste fue sustraído el 24 de octubre en Ripollet (Barcelona) en un laboratorio de la obra C-58 carril bus-vao. El equipo sustraído no entraña riesgos radiológicos mientras se encuentre íntegro, porque las fuentes radiactivas que contiene en su interiro están protegidas y encapsuladas.

En todos los casos los sucesos han sido calificados con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), lo que significa que no han tenido significación para la seguridad de la planta, de las personas ni para el medio ambiente.

Además, las centrales de Ascó I, Santa María de Garoña (Burgos) y Trillo (Guadalajara) no han registrado ningún suceso o reseña a lo largo del mes que comunicar al CSN.