«España debe aumentar su potencial nuclear a largo plazo», según Rafael Miranda

Rafael Miranda ha señalado que España debe tener también en cuenta su «sobrecapacidad» y apostar por un desarrollo eficiente de las renovables, así como dar estabilidad a la regulación del sector y huir de la intervención en el mercado. A este respecto, ha citado como ejemplo el decreto del carbón. «No son más que puras intervenciones», ha censurado.

El responsable de la Fundación Endesa ha considerado que, de no alargar la vida de las centrales nucleares españolas, los impactos serán «tremendamente negativos», pues se incrementarían en 24 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono y habría «riesgo» de no poder garantizar el suministro.

Además, eso llevaría a incrementar el uso de combustibles fósiles y, por tanto, a ser «más dependientes» de materias primas en zonas geopolíticas «complejas», lo que también supondría un aumento de costes de 35.000 millones de euros. «Tenemos que tomar ya la decisión de invertir para alargar la vida de las nucleares», ha animado, tras explicar que en la actualidad la tecnología permite que las centrales funcionen hasta 60 años.

En cuanto a las energías renovables, Miranda ha reclamado que se dé «estabilidad y previsión» al modelo retributivo, que los desarrollos se hagan de forma planificada y coordinada entre comunidades autónomas y Estado y que las retribuciones sean «suficientemente atractivas» y que cubran los costes iniciales, aunque «no excesivamente altas» para permitir la competencia. «¿Por qué no introducir subastas –para fijar el precio de la energía–?», ha sugerido.

Por su parte, el presidente de Vueling, Josep Piqué, ha destacado que Europa sufre una «progresiva pérdida de relevancia estratégica» y que el mapamundi actual debería situar en el «centro» no al viejo continente, sino el estrecho de Malaca, entre el Océano Índico y el Pacífico, dado el crecimiento económico que experimenta y previsiblemente mantendrá Asia.

De este modo, Piqué ha advertido de que en esta década los países europeos «corren serio riesgo, si no hacen muchas reformas, de caer en el estancamiento». «El mundo ya ha cambiado; no estamos al inicio de una nueva era, estamos en una nueva era», ha afirmado en la que habrá más gente demandado los recursos naturales, lo que llevará a «conflictos y tensiones» por el control de recursos naturales.

«España debe aumentar su potencial nuclear a largo plazo», según Rafael Miranda

Rafael Miranda ha señalado que España debe tener también en cuenta su «sobrecapacidad» y apostar por un desarrollo eficiente de las renovables, así como dar estabilidad a la regulación del sector y huir de la intervención en el mercado. A este respecto, ha citado como ejemplo el decreto del carbón. «No son más que puras intervenciones», ha censurado.

El responsable de la Fundación Endesa ha considerado que, de no alargar la vida de las centrales nucleares españolas, los impactos serán «tremendamente negativos», pues se incrementarían en 24 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono y habría «riesgo» de no poder garantizar el suministro.

Además, eso llevaría a incrementar el uso de combustibles fósiles y, por tanto, a ser «más dependientes» de materias primas en zonas geopolíticas «complejas», lo que también supondría un aumento de costes de 35.000 millones de euros. «Tenemos que tomar ya la decisión de invertir para alargar la vida de las nucleares», ha animado, tras explicar que en la actualidad la tecnología permite que las centrales funcionen hasta 60 años.

En cuanto a las energías renovables, Miranda ha reclamado que se dé «estabilidad y previsión» al modelo retributivo, que los desarrollos se hagan de forma planificada y coordinada entre comunidades autónomas y Estado y que las retribuciones sean «suficientemente atractivas» y que cubran los costes iniciales, aunque «no excesivamente altas» para permitir la competencia. «¿Por qué no introducir subastas –para fijar el precio de la energía–?», ha sugerido.

Por su parte, el presidente de Vueling, Josep Piqué, ha destacado que Europa sufre una «progresiva pérdida de relevancia estratégica» y que el mapamundi actual debería situar en el «centro» no al viejo continente, sino el estrecho de Malaca, entre el Océano Índico y el Pacífico, dado el crecimiento económico que experimenta y previsiblemente mantendrá Asia.

De este modo, Piqué ha advertido de que en esta década los países europeos «corren serio riesgo, si no hacen muchas reformas, de caer en el estancamiento». «El mundo ya ha cambiado; no estamos al inicio de una nueva era, estamos en una nueva era», ha afirmado en la que habrá más gente demandado los recursos naturales, lo que llevará a «conflictos y tensiones» por el control de recursos naturales.

Francisco Camps habla con los miembros de la plataforma contra Zarra y les ratifica su «total oposición» al almacén

La Generalitat ha informado de que el jefe del Consejo ha mantenido una conversación con miembros de la plataforma contraria a la instalación nuclear, acompañado del consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

Un grupo de integrantes de esta plataforma ha pernoctado desde el miércoles ante el Palau de la Generalitat para pedir el rechazo expreso de Camps a la instalación en Zarra del almacén y este jueves se reunieron con la secretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña.

No obstante, tras ese encuentro decidieron permanecer una noche más «a la espera de que Camps se pronuncie y también ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros anuncie alguna novedad».

En la conversación, Camps les ha reiterado el «pleno rechazo» de la Generalitat al ATC, así como la oposición del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, que «hasta en dos ocasiones votó en contra del Almacén Temporal Centralizado», han indicado las mismas fuentes.

Además, han apuntado que la Generalitat presentó en su momento un informe contrario a la ubicación de esta infraestructura en la localidad valenciana de Zarra por «los problemas medioambientales que podría suponer» en la zona.

Por su parte, la portavoz del Consejo, Paula Sánchez de León, ha explicado que el presidente se ha acercado «con absoluta normalidad» a hablar con los miembros de la plataforma, «a escuchar su demanda y a explicar su posición, como siempre hace».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consejo, Sánchez de León ha incidido en que el Gobierno valenciano «no apoya los cementerios nucleares y apoya el trasvase del Ebro», mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «está apoyando la instalación» en la Comunidad Valenciana de un cementerio nuclear «y no está apoyando el trasvase del Ebro, que es lo que de verdad necesitamos y queremos los valencianos».

Ha remarcado que la posición del Consejo al respecto «más clara no ha podido ser», aunque «a lo mejor hay otras comunicaciones interferidas que yo desconozco que son las que están generando esa confusión». Ha incidido en que el Gobierno valenciano «está siendo claro y contundente».

Inquirida sobre si el Consejo había recibido alguna comunicación por parte del Ejecutivo estatal respecto a la ubicación de la infraestructura, Sánchez de León ha remarcado que entre los gobiernos hay las «comunicaciones ordinarias y normales» que en cada ámbito de responsabilidad corresponde.

Asimismo, el secretario de Organización del Partido Popular de la provincia de Valencia, Juan José Medina, ha instado a los socialistas valencianos a romper sus carnés de afiliados del PSPV a las puertas de la Moncloa, «por ser el Ejecutivo central el máximo responsable de la ubicación» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra (Valencia).

Medina ha acusado a los socialistas valencianos de «rentabilizar políticamente un problema como éste e intentar desviar el foco de atención ante una decisión que tiene nombres y apellidos, José Luis Rodríguez Zapatero y que en caso de aprobarse –ha añadido– supondría un grave perjuicio, no sólo para los vecinos de las comarca del Valle de Ayora sino, también para toda la provincia de Valencia», ya que «pasaría a ser el vertedero oficial de basura de toda España».

Por todo ello y dada la «sin razón» que, a su juicio, sería que los representantes de la Plataforma contra el vertedero siguieran postrados ante el Palau, Medina ha pedido a los manifestantes que trasladen sus protestas a las puertas de Blanquerías, Delegación del Gobierno o hasta la «mísmisima» Moncloa, «por ser ellos los artífices de esta problemática».

El PSPV dice que Camps «volverá a estafar a los valencianos»

La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha manifestado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «consumará su estafa a los valencianos y las valencianas si no convoca a los medios de comunicación para decir de su propia voz que está en contra del Almacén Temporal Centralizado en la localidad de Zarra».

La dirigente socialista ha exigido al jefe del Consell que «más allá de montar corrillos y hacerse fotografías oportunistas realice una declaración institucional en la que se muestre firme en contra del proyecto».

«El hecho de que Camps haya atendido a los miembros de la Plataforma ciudadana que llevan días acampados ante el Palau de la Generalitat es lo mínimo que podía hacer«, ha añadido, aunque ha subrayado que «durante meses los ha estado ignorando y, a diferencia de los socialistas valencianos, ha dado la espalda a sus reivindicaciones».

La también portavoz adjunta del grupo socialista en la Diputación ha subrayado que el «silencio» de Camps «continúa otorgando posibilidades a Zarra de albergar el silo nuclear» y ha considerado que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, y la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, «han engañado a este colectivo, y una vez tras otra se han comprometido con ellos a que el presidente iba a salir ante los medios para asumir su petición y no lo ha hecho».

Francisco Camps habla con los miembros de la plataforma contra Zarra y les ratifica su «total oposición» al almacén

La Generalitat ha informado de que el jefe del Consejo ha mantenido una conversación con miembros de la plataforma contraria a la instalación nuclear, acompañado del consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

Un grupo de integrantes de esta plataforma ha pernoctado desde el miércoles ante el Palau de la Generalitat para pedir el rechazo expreso de Camps a la instalación en Zarra del almacén y este jueves se reunieron con la secretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña.

No obstante, tras ese encuentro decidieron permanecer una noche más «a la espera de que Camps se pronuncie y también ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros anuncie alguna novedad».

En la conversación, Camps les ha reiterado el «pleno rechazo» de la Generalitat al ATC, así como la oposición del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, que «hasta en dos ocasiones votó en contra del Almacén Temporal Centralizado», han indicado las mismas fuentes.

Además, han apuntado que la Generalitat presentó en su momento un informe contrario a la ubicación de esta infraestructura en la localidad valenciana de Zarra por «los problemas medioambientales que podría suponer» en la zona.

Por su parte, la portavoz del Consejo, Paula Sánchez de León, ha explicado que el presidente se ha acercado «con absoluta normalidad» a hablar con los miembros de la plataforma, «a escuchar su demanda y a explicar su posición, como siempre hace».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consejo, Sánchez de León ha incidido en que el Gobierno valenciano «no apoya los cementerios nucleares y apoya el trasvase del Ebro», mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «está apoyando la instalación» en la Comunidad Valenciana de un cementerio nuclear «y no está apoyando el trasvase del Ebro, que es lo que de verdad necesitamos y queremos los valencianos».

Ha remarcado que la posición del Consejo al respecto «más clara no ha podido ser», aunque «a lo mejor hay otras comunicaciones interferidas que yo desconozco que son las que están generando esa confusión». Ha incidido en que el Gobierno valenciano «está siendo claro y contundente».

Inquirida sobre si el Consejo había recibido alguna comunicación por parte del Ejecutivo estatal respecto a la ubicación de la infraestructura, Sánchez de León ha remarcado que entre los gobiernos hay las «comunicaciones ordinarias y normales» que en cada ámbito de responsabilidad corresponde.

Asimismo, el secretario de Organización del Partido Popular de la provincia de Valencia, Juan José Medina, ha instado a los socialistas valencianos a romper sus carnés de afiliados del PSPV a las puertas de la Moncloa, «por ser el Ejecutivo central el máximo responsable de la ubicación» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra (Valencia).

Medina ha acusado a los socialistas valencianos de «rentabilizar políticamente un problema como éste e intentar desviar el foco de atención ante una decisión que tiene nombres y apellidos, José Luis Rodríguez Zapatero y que en caso de aprobarse –ha añadido– supondría un grave perjuicio, no sólo para los vecinos de las comarca del Valle de Ayora sino, también para toda la provincia de Valencia», ya que «pasaría a ser el vertedero oficial de basura de toda España».

Por todo ello y dada la «sin razón» que, a su juicio, sería que los representantes de la Plataforma contra el vertedero siguieran postrados ante el Palau, Medina ha pedido a los manifestantes que trasladen sus protestas a las puertas de Blanquerías, Delegación del Gobierno o hasta la «mísmisima» Moncloa, «por ser ellos los artífices de esta problemática».

El PSPV dice que Camps «volverá a estafar a los valencianos»

La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha manifestado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «consumará su estafa a los valencianos y las valencianas si no convoca a los medios de comunicación para decir de su propia voz que está en contra del Almacén Temporal Centralizado en la localidad de Zarra».

La dirigente socialista ha exigido al jefe del Consell que «más allá de montar corrillos y hacerse fotografías oportunistas realice una declaración institucional en la que se muestre firme en contra del proyecto».

«El hecho de que Camps haya atendido a los miembros de la Plataforma ciudadana que llevan días acampados ante el Palau de la Generalitat es lo mínimo que podía hacer«, ha añadido, aunque ha subrayado que «durante meses los ha estado ignorando y, a diferencia de los socialistas valencianos, ha dado la espalda a sus reivindicaciones».

La también portavoz adjunta del grupo socialista en la Diputación ha subrayado que el «silencio» de Camps «continúa otorgando posibilidades a Zarra de albergar el silo nuclear» y ha considerado que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, y la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, «han engañado a este colectivo, y una vez tras otra se han comprometido con ellos a que el presidente iba a salir ante los medios para asumir su petición y no lo ha hecho».

Francisco Camps habla con los miembros de la plataforma contra Zarra y les ratifica su «total oposición» al almacén

La Generalitat ha informado de que el jefe del Consejo ha mantenido una conversación con miembros de la plataforma contraria a la instalación nuclear, acompañado del consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

Un grupo de integrantes de esta plataforma ha pernoctado desde el miércoles ante el Palau de la Generalitat para pedir el rechazo expreso de Camps a la instalación en Zarra del almacén y este jueves se reunieron con la secretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña.

No obstante, tras ese encuentro decidieron permanecer una noche más «a la espera de que Camps se pronuncie y también ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros anuncie alguna novedad».

En la conversación, Camps les ha reiterado el «pleno rechazo» de la Generalitat al ATC, así como la oposición del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, que «hasta en dos ocasiones votó en contra del Almacén Temporal Centralizado», han indicado las mismas fuentes.

Además, han apuntado que la Generalitat presentó en su momento un informe contrario a la ubicación de esta infraestructura en la localidad valenciana de Zarra por «los problemas medioambientales que podría suponer» en la zona.

Por su parte, la portavoz del Consejo, Paula Sánchez de León, ha explicado que el presidente se ha acercado «con absoluta normalidad» a hablar con los miembros de la plataforma, «a escuchar su demanda y a explicar su posición, como siempre hace».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consejo, Sánchez de León ha incidido en que el Gobierno valenciano «no apoya los cementerios nucleares y apoya el trasvase del Ebro», mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «está apoyando la instalación» en la Comunidad Valenciana de un cementerio nuclear «y no está apoyando el trasvase del Ebro, que es lo que de verdad necesitamos y queremos los valencianos».

Ha remarcado que la posición del Consejo al respecto «más clara no ha podido ser», aunque «a lo mejor hay otras comunicaciones interferidas que yo desconozco que son las que están generando esa confusión». Ha incidido en que el Gobierno valenciano «está siendo claro y contundente».

Inquirida sobre si el Consejo había recibido alguna comunicación por parte del Ejecutivo estatal respecto a la ubicación de la infraestructura, Sánchez de León ha remarcado que entre los gobiernos hay las «comunicaciones ordinarias y normales» que en cada ámbito de responsabilidad corresponde.

Asimismo, el secretario de Organización del Partido Popular de la provincia de Valencia, Juan José Medina, ha instado a los socialistas valencianos a romper sus carnés de afiliados del PSPV a las puertas de la Moncloa, «por ser el Ejecutivo central el máximo responsable de la ubicación» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra (Valencia).

Medina ha acusado a los socialistas valencianos de «rentabilizar políticamente un problema como éste e intentar desviar el foco de atención ante una decisión que tiene nombres y apellidos, José Luis Rodríguez Zapatero y que en caso de aprobarse –ha añadido– supondría un grave perjuicio, no sólo para los vecinos de las comarca del Valle de Ayora sino, también para toda la provincia de Valencia», ya que «pasaría a ser el vertedero oficial de basura de toda España».

Por todo ello y dada la «sin razón» que, a su juicio, sería que los representantes de la Plataforma contra el vertedero siguieran postrados ante el Palau, Medina ha pedido a los manifestantes que trasladen sus protestas a las puertas de Blanquerías, Delegación del Gobierno o hasta la «mísmisima» Moncloa, «por ser ellos los artífices de esta problemática».

El PSPV dice que Camps «volverá a estafar a los valencianos»

La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha manifestado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «consumará su estafa a los valencianos y las valencianas si no convoca a los medios de comunicación para decir de su propia voz que está en contra del Almacén Temporal Centralizado en la localidad de Zarra».

La dirigente socialista ha exigido al jefe del Consell que «más allá de montar corrillos y hacerse fotografías oportunistas realice una declaración institucional en la que se muestre firme en contra del proyecto».

«El hecho de que Camps haya atendido a los miembros de la Plataforma ciudadana que llevan días acampados ante el Palau de la Generalitat es lo mínimo que podía hacer«, ha añadido, aunque ha subrayado que «durante meses los ha estado ignorando y, a diferencia de los socialistas valencianos, ha dado la espalda a sus reivindicaciones».

La también portavoz adjunta del grupo socialista en la Diputación ha subrayado que el «silencio» de Camps «continúa otorgando posibilidades a Zarra de albergar el silo nuclear» y ha considerado que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, y la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, «han engañado a este colectivo, y una vez tras otra se han comprometido con ellos a que el presidente iba a salir ante los medios para asumir su petición y no lo ha hecho».

El Instituto Alemán del Medio Ambiente pide a Almunia que pare la ley nuclear germana

El presidente de este organismo privado, Jörg Sommer, afirmó que el acuerdo sellado entre el Gobierno de Angela Merkel y los cuatro grandes consorcios energéticos alemanes -EnBW, E.On, RWE y Vatenfall- viola las leyes de la competencia de la Unión Europea.

Sommer afirma igualmente que el Ejecutivo germano de conservadores y liberales habría contravenido su obligación de informar previamente a la Unión Europea.

El presidente del Instituto germano del Medio Ambiente conmina a Joaquín Almunia no sólo a iniciar un proceso formal, sino también a presionar al Gobierno de Berlín para lograr la suspensión de la ley.

La nueva norma fue aprobada en el «Bundestag» (Cámara baja del Parlamento alemán) el pasado 28 de octubre con los votos de los partidos gubernamentales.

Según el polémico acuerdo logrado por la coalición de gobierno tras un largo debate, la última de las centrales nucleares se cerraría definitivamente en 2040, y no en 2022 como quedó establecido en 2000.

El Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes, además de La Izquierda, ya han anunciado que presentarán una querella ante el Tribunal Constitucional alemán por no consultar a los 16 «Länder» (estados federados) alemanes al evitar el paso de la ley por el «Bundesrat» (Cámara de los estados).

El SPD y Los Verdes mostraron su esperanza de que el presidente de Alemania, el conservador Christian Wulff, rechace firmar la ley ya que cuando era ministro presidente de Baja Sajonia exigió que los «Ländern» debían ser consultados en política nuclear.

El acuerdo nuclear contempla el pago por parte de los consorcios energéticos de tasas suplementarias para el desarrollo de las energías alternativas que alcanzarían hasta 15.000 millones de euros.

Con independencia de este acuerdo, los consorcios deberán pagar a partir de 2011 y durante seis años una tasa nuclear suplementaria de 2.300 millones de euros, que revertirá en su mayoría en los presupuestos federales con el fin de reducir la deuda acumulada del estado.

El Instituto Alemán del Medio Ambiente pide a Almunia que pare la ley nuclear germana

El presidente de este organismo privado, Jörg Sommer, afirmó que el acuerdo sellado entre el Gobierno de Angela Merkel y los cuatro grandes consorcios energéticos alemanes -EnBW, E.On, RWE y Vatenfall- viola las leyes de la competencia de la Unión Europea.

Sommer afirma igualmente que el Ejecutivo germano de conservadores y liberales habría contravenido su obligación de informar previamente a la Unión Europea.

El presidente del Instituto germano del Medio Ambiente conmina a Joaquín Almunia no sólo a iniciar un proceso formal, sino también a presionar al Gobierno de Berlín para lograr la suspensión de la ley.

La nueva norma fue aprobada en el «Bundestag» (Cámara baja del Parlamento alemán) el pasado 28 de octubre con los votos de los partidos gubernamentales.

Según el polémico acuerdo logrado por la coalición de gobierno tras un largo debate, la última de las centrales nucleares se cerraría definitivamente en 2040, y no en 2022 como quedó establecido en 2000.

El Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes, además de La Izquierda, ya han anunciado que presentarán una querella ante el Tribunal Constitucional alemán por no consultar a los 16 «Länder» (estados federados) alemanes al evitar el paso de la ley por el «Bundesrat» (Cámara de los estados).

El SPD y Los Verdes mostraron su esperanza de que el presidente de Alemania, el conservador Christian Wulff, rechace firmar la ley ya que cuando era ministro presidente de Baja Sajonia exigió que los «Ländern» debían ser consultados en política nuclear.

El acuerdo nuclear contempla el pago por parte de los consorcios energéticos de tasas suplementarias para el desarrollo de las energías alternativas que alcanzarían hasta 15.000 millones de euros.

Con independencia de este acuerdo, los consorcios deberán pagar a partir de 2011 y durante seis años una tasa nuclear suplementaria de 2.300 millones de euros, que revertirá en su mayoría en los presupuestos federales con el fin de reducir la deuda acumulada del estado.

El Instituto Alemán del Medio Ambiente pide a Almunia que pare la ley nuclear germana

El presidente de este organismo privado, Jörg Sommer, afirmó que el acuerdo sellado entre el Gobierno de Angela Merkel y los cuatro grandes consorcios energéticos alemanes -EnBW, E.On, RWE y Vatenfall- viola las leyes de la competencia de la Unión Europea.

Sommer afirma igualmente que el Ejecutivo germano de conservadores y liberales habría contravenido su obligación de informar previamente a la Unión Europea.

El presidente del Instituto germano del Medio Ambiente conmina a Joaquín Almunia no sólo a iniciar un proceso formal, sino también a presionar al Gobierno de Berlín para lograr la suspensión de la ley.

La nueva norma fue aprobada en el «Bundestag» (Cámara baja del Parlamento alemán) el pasado 28 de octubre con los votos de los partidos gubernamentales.

Según el polémico acuerdo logrado por la coalición de gobierno tras un largo debate, la última de las centrales nucleares se cerraría definitivamente en 2040, y no en 2022 como quedó establecido en 2000.

El Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes, además de La Izquierda, ya han anunciado que presentarán una querella ante el Tribunal Constitucional alemán por no consultar a los 16 «Länder» (estados federados) alemanes al evitar el paso de la ley por el «Bundesrat» (Cámara de los estados).

El SPD y Los Verdes mostraron su esperanza de que el presidente de Alemania, el conservador Christian Wulff, rechace firmar la ley ya que cuando era ministro presidente de Baja Sajonia exigió que los «Ländern» debían ser consultados en política nuclear.

El acuerdo nuclear contempla el pago por parte de los consorcios energéticos de tasas suplementarias para el desarrollo de las energías alternativas que alcanzarían hasta 15.000 millones de euros.

Con independencia de este acuerdo, los consorcios deberán pagar a partir de 2011 y durante seis años una tasa nuclear suplementaria de 2.300 millones de euros, que revertirá en su mayoría en los presupuestos federales con el fin de reducir la deuda acumulada del estado.

La Generalitat valenciana reitera su oposición a la ubicación del ATC en Zarra

En este escrito, el Consell recordó que ya hizo pública esta negativa mediante un informe contrario al Ministerio de Industria en el que se alegaban los problemas medioambientales que supondría la ubicación de estas instalaciones en un enclave de masa forestal.

Así, este «rechazo» se suma a otras iniciativas parlamentarias como la llevada a cabo en la Cámara autonómica, donde el Grupo Parlamentario del PP presentó en el Debate de Política General una propuesta de resolución en la que se aprobó por unanimidad rechazar la posibilidad de ubicar un almacén de residuos nucleares en territorio valenciano.

Miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra se desplazaron hasta el Palau de la Generalitat para exigir que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en persona, manifieste públicamente su rechazo a esta instalación en Zarra.

Este grupo fue recibido por el jefe de gabinete del President, Pablo Landecho, quien reveló después el portavoz de la Plataforma, Pepe Cerdá, se comprometió a emitir un comunicado «en nombre de Camps» rechazando el ATC y «desmintiendo que haya negociaciones con el Ministerio de Industria» para construir el ATC en la localidad de Zarra.

Sin embargo, la Plataforma ha considerado insatisfactorio el comunicado del Consell y cumplió su amenaza de «acampar» frente a la Generalitat si no tenían una respuesta satisfactoria a sus peticiones del Ejecutivo valenciano. Además, para escenificar su desacuerdo alrededor de una decena de militantes del PP presentes en la concentración decidieron romper sus carnets.

Asimismo, la Plataforma advirtió de que llegarán «incluso» hasta Bruselas para evitar la ubicación del ATC) se instale en este municipio valenciano porque «Europa tiene que saber lo que está pasando en este país.

Representantes de la plataforma aseguraron que la candidatura de Zarra está «sobrevalorada» y que se han sumado mal los puntos». Por ello, insistieron en que el informe está «amañado» y consideraron que si el ministro de Industria, Miguel Sebastián, lo lee «no podrá aceptar esta candidatura».

Además, opinaron que la elección de Zarra se debe a intereses de partido para «no querer perjudicar a los suyos». En este sentido, señalaron que ante las próximas elecciones en Cataluña y, posteriormente, en Castilla-La Mancha, «el presidente del Gobierno «no le mandaría este regalo ni al presidente Montilla ni al presidente Barreda».

El consejero de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, señaló que los miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra «puede dirigir sus quejas donde lo estime oportuno», ya sea al Gobierno central o al valenciano. No obstante, ha insistido en que él fue el primero en salir a explicar la postura de la Generalitat sobre este asunto y que fue «claro y tajante» en su rechazo a la ubicación del ATC en Zarra.

El consejero subrayó el rechazo del Gobierno valenciano a esta instalación porque «técnicamente no es posible» y «políticamente no estamos de acuerdo», pero «si las quejas las quieren hacer en la Moncloa o aquí las pueden hacer con toda libertad».

Por su parte, la Consejería de Medioambiente les convocó a un reunión en la que la Plataforma solicitará a este Departamento que retire el recurso interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba los terrenos donde se ubicaría el ATCE como agrícolas, y por tanto no urbanizables.

La Generalitat valenciana reitera su oposición a la ubicación del ATC en Zarra

En este escrito, el Consell recordó que ya hizo pública esta negativa mediante un informe contrario al Ministerio de Industria en el que se alegaban los problemas medioambientales que supondría la ubicación de estas instalaciones en un enclave de masa forestal.

Así, este «rechazo» se suma a otras iniciativas parlamentarias como la llevada a cabo en la Cámara autonómica, donde el Grupo Parlamentario del PP presentó en el Debate de Política General una propuesta de resolución en la que se aprobó por unanimidad rechazar la posibilidad de ubicar un almacén de residuos nucleares en territorio valenciano.

Miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra se desplazaron hasta el Palau de la Generalitat para exigir que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en persona, manifieste públicamente su rechazo a esta instalación en Zarra.

Este grupo fue recibido por el jefe de gabinete del President, Pablo Landecho, quien reveló después el portavoz de la Plataforma, Pepe Cerdá, se comprometió a emitir un comunicado «en nombre de Camps» rechazando el ATC y «desmintiendo que haya negociaciones con el Ministerio de Industria» para construir el ATC en la localidad de Zarra.

Sin embargo, la Plataforma ha considerado insatisfactorio el comunicado del Consell y cumplió su amenaza de «acampar» frente a la Generalitat si no tenían una respuesta satisfactoria a sus peticiones del Ejecutivo valenciano. Además, para escenificar su desacuerdo alrededor de una decena de militantes del PP presentes en la concentración decidieron romper sus carnets.

Asimismo, la Plataforma advirtió de que llegarán «incluso» hasta Bruselas para evitar la ubicación del ATC) se instale en este municipio valenciano porque «Europa tiene que saber lo que está pasando en este país.

Representantes de la plataforma aseguraron que la candidatura de Zarra está «sobrevalorada» y que se han sumado mal los puntos». Por ello, insistieron en que el informe está «amañado» y consideraron que si el ministro de Industria, Miguel Sebastián, lo lee «no podrá aceptar esta candidatura».

Además, opinaron que la elección de Zarra se debe a intereses de partido para «no querer perjudicar a los suyos». En este sentido, señalaron que ante las próximas elecciones en Cataluña y, posteriormente, en Castilla-La Mancha, «el presidente del Gobierno «no le mandaría este regalo ni al presidente Montilla ni al presidente Barreda».

El consejero de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, señaló que los miembros de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra «puede dirigir sus quejas donde lo estime oportuno», ya sea al Gobierno central o al valenciano. No obstante, ha insistido en que él fue el primero en salir a explicar la postura de la Generalitat sobre este asunto y que fue «claro y tajante» en su rechazo a la ubicación del ATC en Zarra.

El consejero subrayó el rechazo del Gobierno valenciano a esta instalación porque «técnicamente no es posible» y «políticamente no estamos de acuerdo», pero «si las quejas las quieren hacer en la Moncloa o aquí las pueden hacer con toda libertad».

Por su parte, la Consejería de Medioambiente les convocó a un reunión en la que la Plataforma solicitará a este Departamento que retire el recurso interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba los terrenos donde se ubicaría el ATCE como agrícolas, y por tanto no urbanizables.