Repsol vende un 3,3 por ciento de YPF a 2 fondos de inversión

En concreto, cada una de estas dos sociedades adquirirá un 1,63% de YPF por 190 millones de euros. Adicionalmente, Eton Park cuenta con una opción de compra por otro 1,63% del capital de YPF, ejercitable, en una o varias veces, hasta el 17 de enero de 2012.

El valor de esta opción adicional de compra ronda los 206 millones de euros y, en caso de aplicarse, elevará el importe total de la desinversión a 587 millones de euros.

Tras estas operaciones, el capital social de YPF se distribuye a razón de un 79,84% para el grupo Repsol, un 15,46% para el grupo Petersen y un 4,69% de ‘free float’. El grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, tiene una opción ejercitable hasta comienzos de 2012 para alcanzar el 25% del capital.

Al margen de esta operación, YPF comunicó al supervisor del mercado estadounidense, SEC, la intención de Repsol de desprenderse mediante diversas fórmulas de una participación del 15% de la filial argentina. El grupo ha reiterado su interés por vender hasta un 49% de YPF, de forma que mantenga una participación mayoritaria.

El precio de la transacción anunciada está en línea con las operaciones más significativas realizadas en las últimas semanas sobre los títulos de YPF y las ventas de acciones a Eton Park y Capital se inscriben dentro del plan estratégico de Repsol Horizonte 2014, en el que el grupo prevé desinvertir parcialmente en la filial argentina para reequilibrar su cartera de activos.

«Estas transacciones contribuyen a la mayor valoración de Repsol y nos acercan a la consecución de uno de nuestros principales objetivos estratégicos», afirmó Antonio Brufau, presidente del grupo, en alusión a las ventas anunciadas.

Las acciones incluidas en este acuerdo, de tipo American Depositary Shares (ADS), tienen limitada su posterior transmisión y no podrán revenderse hasta que se registre esta opción en la SEC o hasta que se produzca una excepción en las obligaciones de registro de acuerdo con las normas de valores norteamericanas.

Sebastián dice que el cambio de Gobierno en Cataluña ha paralizado la decisión sobre el ATC, cuya ubicación se tomará en un «periodo razonable»

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha reconocido que, en estos momentos, el diálogo con Cataluña está en suspenso debido a que se ha producido un cambio de gobierno regional. «Lógicamente vamos a esperar a que se consolide este cambio para retomar el contacto con esa comunidad autónoma», ha precisado.

En ese sentido, ha añadido que el Gobierno está «en diálogo» para buscar «consenso social y político» con las cuatro comunidades autónomas cuyos municipios son candidatos a albergar ATC, pero ha advertido que la decisión no puede extenderse «por tiempo máximo».

En todo caso, ha subrayado que la «voluntad» del Ejecutivo es que el ATC se ubique en el municipio que reúna «el máximo consenso político y social», pero ha apostillado que ese «máximo no quiere decir que el tiempo se pueda extender de forma indefinida» y ha recordado que hay que instalarlo en algún lugar.

«Por tanto, en un periodo razonable se tomará la decisión«, ha insistido, aunque ha reiterado que la espera se debe al cambio «en una de las comunidades autónomas», en referencia a Cataluña, con la que ha dicho que el Gobierno «quiere retomar el contacto».

La zona de la central nuclear de Chernobil recibirá visitas turísticas privadas con guía

El accidente, que ocurrió en 1986 por la explosión de un reactor nuclear durante una prueba de los sistemas, contaminó la zona, muchos trabajadores de la central recibieron dosis letales de radiación y cientos de miles de personas tuvieron que irse a vivir a otros lugares.

Desde entonces, el área ha permanecido cerrada y se conoce como «zona de exclusión». Quienes querían acceder a ella tenían que pedir permiso a un departamento especial del Ministerio, que organizaba las visitas.

Ahora el Ministerio ha autorizado la entrada a empresas turísticas privadas. «Los recorridos se planifican con el principio fundamental de evitar daños en la salud de los visitantes», dice en un comunicado. Los turistas podrán visitar las ciudades de Chernobil y Pripyat, así como la propia central nuclear.

Los antinucleares llevarán a la Fiscalía la relación entre el Comité asesor técnico y Amac

El portavoz de la Canc, Sergi Saladié, ha asegurado que «con toda seguridad antes de finalizar el año» pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal la documentación que han presentado durante las últimas semanas en Tarragona, Barcelona y Madrid y que, a su juicio, revela «omisiones, errores y carencias» en la candidatura de Ascó que no se tuvieron en cuenta.

En concreto, y sobre la relación entre la Amac y el Comité, la Canc solicitará que se determine si hay incompatibilidad entre el cargo de Adolf Barceló como miembro del Comité Asesor Técnico y el de Marià Vila d’Abadal como gerente de la AMAC, tras constatar que ambos mantienen desde 1999 una relación profesional estable a través del bufete M&B Advocats Associats S.L.

La hipótesis de la Canc es que la participación de Barceló «habría podido contribuir a la omisión de factores relevantes en el informe de examen de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Ascó».

Entre ellos, destaca la omisión de que el 40% de los terrenos ofrecidos corresponden a un barranco o terrenos con más de un 20% de pendiente; que a menos de 500 metros está la subestación eléctrica por donde se evacuan a la red los 2.000 megavatios que producen las dos unidades de la nuclear de Ascó; la proximidad de la C-12, una carretera incluida en la red de itinerarios para mercancías peligrosas, y la situación a unos 300 metros del caso urbano de la localidad, entre otras.

Asimismo, la Canc ya ha anunciado que si en los próximos días o semanas el Gobierno escogiera la candidatura de Ascó para ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, impugnarán ante el Juzgado Contencioso Administrativo la decisión, solicitando con ello la paralización cautelar de la tramitación del proyecto.

La Diputación Foral de Álava recurre las ayudas por el cierre de Garoña porque sus municipios han sido excluidos

En una rueda de prensa, el diputado general, Xabier Aguirre, ha explicado que su Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en la zona de influencia de la planta para el año 2011.

«La Diputación alavesa entiende que la resolución es gravemente lesiva a los intereses de varios municipios alaveses próximos a la central nuclear de Garoña ya que la mencionada resolución dice que será de aplicación a los proyectos o actuaciones de reindustrialización que se efectúen exclusivamente en los municipios comprendidos en las comarcas de Merindades y Bureba-Ebro de la provincia de Burgos, siendo prioritarias en todo caso las actuaciones a acometer en los municipios más próximos a la central nuclear de Santa María de Garoña», ha denunciado Agirre.

Además, el diputado general ha destacado que la disposición transcrita «no sólo orilla las negociaciones habidas al respecto con diversos municipios del Territorio Histórico, sino que desoye los sucesivos requerimientos de éstos y, lo que es más grave, vulnera el plan de dinamización económica y de medidas para el empleo previsto para la zona de influencia» de la planta atómica.

Durante su intervención, Aguirre ha recordado que el Real Decreto 1546/04, de 25 de junio, aprobatorio del Plan Básico de Emergencia Nuclear, extiende el área de influencia de la central a municipios ubicados en una distancia de hasta 30 kilómetros de la misma, alcanzando así a trece localidades alavesas, «que por ello no deben quedar al margen de las ayudas y medidas incentivadoras que ahora se proponen».

El Ministerio de Industria dice que la decisión sobre el ATC persigue alcanzar «el mayor consenso político y social»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Miguel Sebastián ha hecho hincapié en que este consenso «es una de las condiciones que se ha fijado el Gobierno antes de la decisión final».

Tras la realización de un informe técnico, que apuntaba a Zarra (Valencia) como la ubicación más adecuada, con la valoración de los diferentes candidatos, actualmente Industria «está estudiando las cientos de alegaciones recibidas, tanto a favor como en contra«, según ha detallado Sebastián.

Por otro lado, el ministro ha señalado que España se encuentra «en el plazo convenido» con Francia relativo al almacenamiento de residuos nucleares por lo que «no hay que pagar ninguna multa al respecto».

Los antinucleares redoblan sus esfuerzos para evitar la opción de Ascó

Por su parte, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc) ha redoblado sus esfuerzos para evitar que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares se instale en Ascó (Tarragona), ante la posibilidad de que el Gobierno decida el emplazamiento definitivo antes de la configuración del nuevo Gobierno de la Generalitat.

La Canc ha presentado dos documentos que, a su juicio, invalidan la opción de Ascó porque revelan deficiencias en los terrenos propuestos que no se han tenido en cuenta, así como vínculos entre la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares (Amac) y la Comisión Interministerial que evaluaba las candidaturas para favorecer la opción de Ascó.

La organización antinuclear precisa que se obvia la proximidad de las centrares nucleares Ascó I y II a algunos de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Ascó; que no se tiene en cuenta la proximidad de dichos terrenos con la carretera C-12, incluida en la red de itinerarios para mercancías peligrosas; y que los terrenos incluyen un barranco y zonas de protección natural, lo que si puntuara rebajaría la puntuación de Ascó a 112 puntos, una de las peores notas.

Asimismo, otro informe sostiene que existe una relación entre Adolf Barceló –miembro del Comité Asesor Técnico que ha colaborado con la Comisión Interministerial– y Marià Vila d’Abadal –gerente de la Amac–, que inhabilitaría a Barceló para desempeñar su cargo.

En concreto, el informe señala que ambos son administradores de la sociedad M&B Advocats Associats, lo que, según la Canc, constituye una «incompatibilidad grave» para que Barceló trabajase en la realización de los estudios sobre los terrenos propuestos por Ascó, ya que podría haber beneficiado a los intereses de Vila d’Abadal.

Los miembros de la Canc han sido recibidos por el diputado de CiU Francesc Homs, quien se ha comprometido a evitar que el ATC se acabe instalando en Cataluña, según el testimonio de los antinucleares.

Saladié se ha mostrado «satisfecho» por el posicionamiento de la federación nacionalista, y ha asegurado que Homs se ha mostrado «claro y contundente» sobre este extremo, en la línea de ser consecuente con lo aprobado en el Parlamento de Cataluña.

Luis Atienza considera que «un nuevo ciclo nuclear es un falso debate» en estos momentos

Luis Atienza consideró que habrá que ver, entre los años 2025 y 2030, si hay demanda de base para más energía nuclear. «Entonces, probablemente no habrá inversores si no hay un aval público que garantice el retorno de las inversiones«, auguró en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum.

En cualquier caso, afirmó que actualmente «no hay hueco para más tecnología de base», como la nuclear, que, además, no es flexible para respaldar a las renovables.

Según expuso Atienza, la nuclear es una energía con un «extraordinario coste fijo y un bajo coste variable». Así, una vez que se ha incurrido en el coste de puesta en marca de un reactor, alargar su vida abarata el coste de nuestro mix, siempre y cuando la central cumpla con las condiciones de seguridad», algo que ha de valorar el Consejo de Seguridad Nuclear, en quien expresó su total confianza.

De este modo, «tiene todo el sentido económico de país utilizar el parque existente, siempre que cumpla con la seguridad. El coste de alargar la vida es muy inferior que el coste de la energía que sustituye» a la nuclear, añadió.

Con todo, Atienza valoró que, en estos momentos, «tenemos un margen de capacidad relevante», como consecuencia del relevante esfuerzo inversor desarrollado en los últimos años, que ha coincidido con una ralentización de la demanda.

«Tenemos muy poca demanda de base para utilizar suficientemente nuestro parque térmico. Por lo tanto, difícilmente podemos tener demanda que sea rentable económicamente para los inversores», puntualizó.

Las renovables, por su parte, deberán tener «un ritmo de incorporación que compense suficientemente los costes que representa con los beneficios a medio o largo plazo que esperamos obtener» de la mano de tecnologías aún inmaduras, indicó Atienza.

En cuanto al carbón nacional (cuyo uso prioriza el Gobierno a través del llamado «decreto del carbón»), Atienza señaló que un incremento en porcentajes cercanos al 5% «es neutro para el sistema», no así para otras fuentes de generación, como el gas. La decisión, por lo tanto, corresponde a «los responsables de la política energética», que habrán de valorar hasta qué punto están dispuestos a soportar el sobrecoste que supone el carbón nacional (más caro que el que viene de otros países), para el desarrollo económico y social de las zonas donde reproduce.

Por otro lado, y preguntado sobre las tarifas eléctricas, Atienza consideró que «hemos conseguido que se conviertan en el último reducto de los precios administrados». Recordó que hoy en día «nadie entendería que se fijara el precio del pan o de las gasolinas, es decir, que fuera independiente de si sube o baja el petróleo o el euro frente al dólar».

Por ello, en su opinión, «debiéramos avanzar hacia un sistema de precios de la energía, dejando las tarifas como elemento de protección del consumidor, que responda a una determinada política social«, esto es, como apoyo para ciertos colectivos, aunque teniendo en cuenta que «también se les puede apoyar por otro sistema de compensación», por ejemplo a través de los presupuestos.

En definitiva, dijo, «hay que avanzar» hacia un modelo en el que «los precios recojan los costes, que asegure la competencia, lo que se traducirá en beneficios para el consumidor».

«Deberíamos evitar trasladar a los ciudadanos que el precio de la electricidad lo deciden los políticos, independientemente del coste de las energías primarias o las tecnologías», consideró.

En otro orden de cosas, Atienza defendió la importancia de la electricidad como vector fundamental para la penetración de las energías renovables, que en el año 2020 deberán suponer un 40% de la generación eléctrica.

Destacó, además, la importancia de las interconexiones con Francia, que representan la principal inversión a acometer. De hecho, indicó que en los próximos días, antes de fin de año, se completará el periodo de adjudicaciones de la interconexión por Cataluña.

El proceso de construcción se desarrollará desde el próximo año para iniciar el periodo de pruebas en 2013 y comenzar a operar en 2014. Esta infraestructura duplicará la capacidad de interconexión eléctrica con Francia, algo «imprescindible para que nuestros objetivos de renovables se logren, pero no es suficiente», matizó.

Por ello, se está trabajando en otras dos interconexiones a futuro, que permitirán a España «exportar lo que nos sobra».

Asimismo, el presidente de Red Eléctrica de España (REE) afirmó que el aumento de la demanda eléctrica en 2010 es una «señal de reactivación económica real».

Según indicó Luis Atienza, la demanda eléctrica viene creciendo este año a tasas de entre el 3,2% y el 3,3%.

De hecho, en noviembre cerró con un crecimiento del 3,3% y en el acumulado de los once primeros meses del año el incremento fue del 3,4%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De este modo, cabe pensar que el aumento del consumo de electricidad al cierre del ejercicio esté en el entorno del 3%, un poco más bajo que el del año 2007, (antes de la crisis), año en que creció un 3,1%.

Se trata de aumentos del consumo «por encima de las previsiones que REE ha ido realizando al alza, es decir, nos hemos visto sorprendidos por una evolución de la demanda superior a nuestras expectativas«.

Para Atienza, este crecimiento se corresponde con una recuperación de parte de la demanda industrial perdida el año pasado, sobre todo la que tiene que ver con las exportaciones.

La central de Garoña persiste en la batalla legal para que su vida útil se alargue hasta 2019

Así, ha señalado que Nuclenor confía en la resolución del conflicto jurídico -al que restaría todavía la vía del Tribunal Supremo-, antes de que expire dicho plazo.

Por otra parte, José Ramón Torralbo ha manifestado que no pierde la esperanza de que un cambio de Gobierno en las próximas elecciones nacionales pudiera suponer la revocación de la orden ministerial, ya que el Partido Popular se opuso en 2009 a la solución salomónica dictada, y la Junta de Castilla y León ha apoyado su recurso.

Los Ayuntamientos del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, y la Diputación de Burgos también han recurrido la fecha de 2013 ante los tribunales.

Torralbo ha recordado que el Consejo de Seguridad Nuclear, por unanimidad, ha avalado que se dan las condiciones técnicas y de seguridad para la renovación de la actividad hasta 2019. Garoña comenzó a funcionar en 1961 y el año que viene cumplirá los 40 años de vida útil previstos inicialmente en su diseño.

«Es como si nos hubiésemos sacado el carnet de conducir y nos lo retiran sin ningún motivo y saltándose todo el procedimiento administrativo», ha explicado.

«En los últimos 10 años hemos invertido 170 millones de euros para modernizar la instalación y adaptarla a las normativas más exigentes«, ha revelado. Según los datos presentados, siete centrales de Estados Unidos de la misma generación, prácticamente idénticas, «han logrado autorización para 60 años».

Según sus datos, el impacto económico de Garoña, en términos de Valor Añadido Bruto, se puede cifrar en 230 millones de euros, sin contar los 80 millones de impuestos o los 57 millones en ahorro de derechos de emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera. Por volumen, es la sexta empresa de la provincia de Burgos y está entre las 20 más grandes de Castilla y León.

Por su parte, el director de Comunicación de Nuclenor, Antonio Cornadó, ha asegurado que, según las encuestas realizadas, «dos de cada tres burgaleses están a favor de la continuidad de la central».

En el lado opuesto, Greenpeace ha presentado recurso a la orden ministerial para que se cumpla la concesión inicial y Garoña cierre a los 40 años, en julio de 2011. La organización ecologista sostiene que la central no es segura por el riesgo que supone el agrietamiento de la vasija del reactor.

Por último, el responsable técnico de la planta, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que las grietas «no afectan a ningún elemento estructural, y no suponen riesgo de fuga radioactiva al exterior del reactor». «Garoña fue la primera en operar y lo que suceda con ella será un referente para el debate energético, por ello concentran la máxima atención», ha apostillado.

Martínez Ten (CSN) aconseja una decisión de consenso para el ATC y reconoce que «nadie lo quiere en el patio trasero»

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual de actividad de 2009, ha subrayado que «en beneficio de las generaciones futuras» considera que «la responsabilidad aconseja» adoptar una decisión «desde el consenso» y con una visión global de las necesidades de España.

Sin embargo, ha reconocido que «es muy difícil» el consenso porque cuando se contempla el problema «todo el mundo está de acuerdo en que es necesario, pero nadie quiere tenerlo en el patio trasero de su jardín.

A este respecto, ha destacado la «importancia» para el país que tiene la construcción del ATC, una decisión que, según ha recordado emanó del Congreso de los Diputados con el objetivo de gestionar los residuos que generan los reactores. «Es sin duda un reto que España debe afrontar», ha apostillado.

Además, ha recordado que España dispone de la tecnología para construir un almacén único, así como de los fondos necesarios por parte de la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA). En todo caso, ha apuntado que ya existen almacenes en las centrales nucleares de Trillo y José Cabrera (Guadalajara), el contenedor de Vandellós I y la posibilidad de construir otro almacén individual cuando se saturen las piscinas de combustible de Ascó, así como la necesidad de otro depósito cuando se desmantele la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

PP y CiU critican las palabras de Martínez Ten

Por su parte, los diputados del PP y de CiU en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados han recriminado a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, por haber reconocido durante su intervención que nadie quería tener el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares «en el patio trasero de su jardín».

Así, el portavoz del PP, Javier Gómez Darmendrail, ha criticado sus palabras y le ha recordado que éstas «quedarán reflejadas en el diario de sesiones» de la Cámara. «¿Cómo puede usted decir en sede parlamentaria que nadie quiere tener un ATC en su jardín?», le ha replicado, y le ha preguntado que si esto quería decir que la instalación plantea aspectos de inseguridad.

Por su parte, el portavoz de CiU Jordi Jané ha lamentado también que la presidenta del CSN, «aunque sea en tono coloquial y mirada cercana», diga que «nadie lo quiere, porque no ayuda para nada a la necesaria pedagogía» del proceso para elegir la ubicación de la instalación «necesaria» para España y solicitada por «unanimidad» por todos los grupos del Congreso de los Diputados.

A este respecto, ha recordado que el Congreso, dictaminó en su día que la solución «no era un almacén individual en cada una de las centrales» sino que se optó por un silo común. «Tenemos que encontrar algún tipo de solución para buscar el mejor emplazamiento, siempre que tenga consenso social y territorial», ha subrayado.

Ante este comentario, también le ha preguntado si considera que las garantías de seguridad de los Almacenes Temporales Individualizados existentes son equivalentes en seguridad a un ATC y si este tiene menor o mayor riesgo.

En su turno de respuesta, Martínez Ten ha reconocido que «quizá» utilizara una «expresión desafortunada» y ha insistido en que el hecho de que varios municipios se hayan presentado como candidatos a albergarlo en el proceso abierto por el Ministerio de Industria «muestra que sí hay quien lo quiere», al tiempo que ha reivindicado el ATC como «una cuestión de Estado».

Finalmente, ha destacado que los ATIs «sí son seguros» pero ha comparado la necesidad y la lógica de un ATC poniendo el ejemplo de «imaginar que en cada hospital y en cada provincia» tuviera que existir un almacén de residuos de baja actividad en vez de almacenarlos en la instalación de El Cabril (Córdoba).

Un acto de «nocturnidad y alevosía» decidir ahora el ATC

Asimismo, el secretario general adjunto de CiU, Felip Puig, ha explicado que si el Consejo de Ministros decidiera la ubicación del Almacén Nuclear Centralizado (ATC) sería actuar con «nocturnidad y alevosía».

Puig espera que la decisión del consejo se posponga hasta que se componga el nuevo Govern, y, en caso de que no se hiciere, ha asegurado que pondrían «todas las trabas» que estén a su alcance para que no coloquen el silo nuclear en Ascó (Tarragona).

Y es que, aunque desde CiU aseguran estar a favor de la energía nuclear, ha recordado que Cataluña ya tiene cubierto el cupo de contribución con esta energía.

Pedro Rivero (Unesa) avisa de que ahora es «imprescindible» conocer la ubicación del ATC tras las elecciones catalanas

En declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión de Industria del Congreso, en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Pedro Rivero ha señalado que se necesita saber «dónde y cómo» estará emplazada la instalación de residuos radioactivos, para poder comenzar las inversiones y poder hacer las estrategias del resto de las instalaciones, de cara a dónde va a ir el combustible.

Es más, ha indicado que es necesario saber cuál va a ser la decisión del Gobierno sobre el emplazamiento del ATC puesto que España «sigue necesitando energía nuclear«. No obstante, ha recalcado que a UNESA «le da igual la candidatura que se elija, que sea para el que más corra».

Por otro lado, Rivero ha indicado que el informe de la Subcomisión Energética del Congreso de los Diputados, que está diseñando la estrategia energética del país para los próximos años, «está en buena línea», a la vez que ha urgido a que se alcance un pacto de Estado energético entre los grupos políticos.

AMAC urge a la construcción del ATC tras desmantelar Zorita y Garoña

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC), Rafael González Mediavilla, ha urgido al Gobierno español a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, ante el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita y el próximo de Santa María de Garoña.

González Mediavilla, que también participó en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, ha explicado que, en el caso de Zorita, por ejemplo, hay un Almacen Temporal Individual (ATI) de residuos radioactivos que «no debería estar allí».

Igualmente, ha indicado que desde AMAC se ha realizado «un esfuerzo» para que los posibles emplazamientos a albergar el ATC de AMAC, Yebra y Ascó, estén informados en todo momento sobre los beneficios que supondría albergar una instalación de esas características en sus municipios.

Es más, les ha reclamado un plan de desarrollo económico e industrial para todos los municipios que tengan una central nuclear, ya que producen «el 30 por ciento de la energía eléctrica» de España, y en el momento en el que se decide el desmantelamiento de la central nuclear, estos «se quedan desamparados».

Por otro lado, ha indicado que va a pedir a los parlamentarios de la Comisión del ramo que las centrales nucleares, si son seguras, deben seguir funcionando hasta los sesenta años.

Ascó cree que el éxito de CiU refleja su deseo de albergar el ATC

Por su parte, el Grupo Vecinal Ribera d’Ebre, asociación que engloba a los partidarios de que Ascó (Tarragona) albergue el almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta actividad (ATC) y combustible gastado para el que el Gobierno busca emplazamiento, considera que la victoria electoral de CiU del pasado domingo refleja «la opinión y la voz» de los partidarios de que se construya en su territorio la polémica instalación.

El grupo ha defendido que la victoria de Artur Mas, «a pesar de la oposición encarnizada» de la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (Canc), ERC e ICV-EUiA, va en la línea de su mensaje sobre que la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares es una «instalación necesaria y segura».

A pesar de ello, reconoce que la victoria también refleja otras razones «propias de la delicada situación actual», si bien recuerda que la oposición al ATC liderada por ambos partidos ha ido acompañada de un descenso en el número de votos. ERC ha pasado del 21,96% del voto que concentró en la comarca de la Ribera d’Ebre en las elecciones de 2006 al 13,67% actual, mientras que ICV-EUiA ha pasado del 6,03% al 5,73%.