La central de Almaraz generó el 5,22% de la producción bruta total de España en 2010

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Esta producción de la Central de Almaraz representa además el 24,92 por ciento de la producción del parque nuclear español, situada en 61.944 millones de kWh, según informa la propia central.

La Unidad II de Central Nuclear de Almaraz ha sido conectada esta semana a la red eléctrica nacional, tras haber finalizado la decimonovena recarga de combustible y mantenimiento general, y en la actualidad «se encuentra en proceso de subida de carga hasta alcanzar el 100 por cien de potencia».

Destaca la central que esta recarga que comenzó el pasado 21 de noviembre, ha tenido una duración de 65 días, y en ella han participado más de 1.500 personas adicionales y se ha contado con la colaboración de más de 70 empresas de servicios.

Además de las actividades propias de recarga de combustible y mantenimiento general de la instalación, se han ejecutado los trabajos necesarios para el aumento de potencia de esta Unidad hasta los 2.947 MW térmicos, que fue autorizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 27 de diciembre de 2010.

Finalmente, destaca que la Central Nuclear de Almaraz que desde el comienzo de su operación lleva acumulados más de 400.000 millones de kilovatios hora (kWh), un «hito» que fue logrado el pasado 4 de enero.

El CSN celebrará el lunes la primera reunión del Comité Asesor para la Información y Participación Pública

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Según informa el CSN, el objetivo del Comité Asesor es emitir recomendaciones al órgano regulador en las materias de su competencia, con el fin de mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública. Para ello, las reuniones se celebrarán «al menos» una vez cada seis meses.

Así, la presidencia del Comité le corresponderá a la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, mientras que la secretaría la ejercerá la secretaria general del CSN, Purificación Gutiérrez.

Los integrantes del citado comité para la información y participación pública serán representantes de la sociedad civil, del mundo empresarial, de sindicatos, de ONG y de la administración local, regional y estatal, de acuerdo al artículo 15 de la reforma de la Ley de Creación del CSN.

De acuerdo a la resolución aprobada por Martínez Ten el pasado 14 de enero, la estructura del comité es la siguiente:

Por parte de la Administración general del Estado participarán la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior, Pilar Gallego; el director general de política universitaria del Ministerio de Educación, Juan José Moren; el subdirector general de energía nuclear del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Javier Arana; el director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Jiménez García-Herrera; la subdirectora general de la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Concepción Colomer; y la subdirectora general de relaciones institucionales y transferencia del conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación, Margarita Vila.

Mientras, en representación de las comunidades autónomas el comité estará integrado por el viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco, Xabier Garmendia; el jefe del servicio de coordinación de Actividades Radiactivas de la Generalitat de Cataluña; Enric Batalla; el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Jesús Nieto; y el inspector de instalaciones radiactivas de la dirección general de Industria del Principado de Asturias, Carlos Arcos; el director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, José Francisco Puche.

Por parte de las comunidades autónomas, también formarán parte, la directora general de Prevención y Extinción de Incendios y Emergencias de Valencia, Irene Rodríguez; el director general de Industria, Energía y Minas de Castilla-La Mancha, Benito Montiel; el director general de Industria de Canarias, Carlos González; la directora general de empresa de Navarra, Begoña Angulo; el director general de Ordenación Industrial y Política Energética de Extremadura, José Luís Andrade; el director general de Energía de Baleares, José María Rigo; el director general de Industria, Energías y Minas de Madrid, Carlos López; el director general de Energía y Minas de Castilla y León, Ricardo González.

Por otro lado, también participarán en el Comité Asesor de Información y Participación Pública, la Federación Española de Municipios y Provincias, con la asistencia del alcalde de Casas de Miravete, José García Serrano; el alcalde de Almonacid de Zorita, Gabriel Ángel Ruiz, en representación de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Igualmente, participarán Eduardo Montes, que representará a la Asociación Española de la Industria Eléctrica; el director de comunicación de Nuclenor –titular de Garoña–, Antonio Cornadó; el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), José Alejandro Pina, y el presidente de ENUSA Industrias Avanzadas, José Luis González.

Al comité asistirán también representantes de la sociedad civil. Concretamente, representarán a las organizaciones sindicales el secretario confederal de Innovación e Industria de UGT, Francisco Javier Sanjuan; y el representante de la secretaría de Energía de la federación de Industria de CC.OO, Luís Jodra.

Asimismo, el Comité contará con la participación de organizaciones medioambientales como el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo; el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

Finalmente, como expertos independientes, acudirán el presidente de la junta directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica, Antonio Calvo; la catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, María José Canel; la presidenta de la Sociedad española de Protección Radiológica, María Luisa España; el presidente del grupo Nuevo Lunes, José García Abad; y el director de la ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, Manuel Toharia.

El CSN comienza a estudiar la renovación por 10 años de la central nuclear de Cofrentes

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De este modo, el regulador atómico comienza a estudiar la posible renovación por 10 años de la planta ubicada en Valencia, cuyo permiso de explotación caduca el próximo 23 de marzo. El Consejo tiene de plazo límite hasta el 23 de febrero para hacer una propuesta al Ministerio de Industria, que tendrá un mes para tomar una decisión, según han informado fuentes del CSN.

Durante varias sesiones, el pleno revisará el cumplimento, por parte del titular, de las condiciones de la autorización vigente y las instrucciones técnicas asociadas, la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) y la Normativa de Aplicación Condicionada (NAC). Una vez finalice su estudio, el pleno emitirá su informe preceptivo que será transmitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) dentro de los plazos establecidos.

La Revisión Periódica de Seguridad supone la realización de una revisión de los aspectos más relevantes para la seguridad de la central, entre los que se encuentran la revisión de la operación desde la última autorización, la situación radiológica de la planta, las modificaciones de la instalación así como los cambios normativos.

Por su parte, la Normativa de Aplicación Condicionada requiere el análisis de aquellas normas posteriores al licenciamiento de la planta, que el Consejo considera que pueden tener un valor añadido para la seguridad de la instalación.

Los ecologistas quieren que se anule la ratificación del informe que estima el lucro cesante del cierre de Garoña

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Así, el portavoz nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha explicado que se ha presentado un recurso de súplica para que no se admitiera la ratificación pericial de dicho informe, puesto que en un principio estaba citado Hernández pero finalmente ha acudido el otro autor del documento elaborado por Nera Econonomic Consulting, Óscar Arnedillo.

La citada sala de la Audiencia Nacional autorizó la semana pasada que Hernández no acudiera a la cita en los tribunales, pero a juicio de Greenpeace esto se ha permitido por el nuevo puesto de Hernández. De este modo, Bravo considera que el hecho de que haya excusado su presencia «con el pretexto» de ser secretario de Estado de Energía, «prueba la vulnerabilidad de su ejercicio».

Además, ha asegurado que la jueza «ha decidido que se le tomara la declaración y resolver el recurso con posterioridad», por lo que prevé que esta ratificación pericial será «anulada», un «asunto» que espera será resuelto «antes de final de mes», según los plazos previstos.

En este contexto, Bravo ha reiterado que Greenpeace exige al Gobierno el cese del nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, al considerarle «inhabilitado» para ejercer su cargo dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y por su «trayectoria contra las renovables», después de realizar el informe económico sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

En este sentido, ha agregado que, de mantener en su cargo al nuevo secretario de Estado, la ONG «impugnará ante los tribunales cualquier decisión que él tome en materia de energía» por considerar «incongruente» que el representante de esta secretaría haya participado en contra de decisiones ministeriales del Gobierno.

El nuevo secretario de Estado es coautor del informe pericial elaborado a petición del titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, para cuantificar el lucro cesante derivado de la orden ministerial que fija el cierre de la planta el 6 de julio de 2013. El documento valora que el perjuicio económico de esta decisión asciende a 951,4 millones de euros que ahora reclamara al Estado.

«Es evidente que no puede seguir en el puesto por lo que pedimos que el Gobierno le cese«, ha apostillado Bravo, quien ha calificado de «inadmisible, sorprendente, rocambolesco y surrealista» que el perito pedido por Nuclenor fuera citado «expresamente» por la Audiencia Nacional para ratificar el documento que reclama al estado casi 1.000 millones de euros, sea ahora el secretario de Estado de Energía, que debe defender la orden ministerial del cierre de la planta burgalesa.

En ese sentido, manifiesta que «esta persona está completamente inhabilitada, por su trayectoria, para decidir cualquier cosa sobre Iberdrola y Endesa», que son propietarias al 50 por ciento de Garoña.

Bravo incide en que el nuevo encargado de Energía «no es imparcial» porque «ha mantenido una postura muy concreta contra las energías renovables» y porque ve «evidencias de que no va a ser imparcial». «No puede seguir en el puesto porque dudamos que sea compatible», ha reiterado.

Finalmente, ha manifestado que Hernández es ahora «juez y parte implicada por parte de Nuclenor» en el contencioso sobre el cierre de Santa María de Garoña.

Ascó concentra el 40% de los sucesos notificados al CSN

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Los datos suponen una mejora significativa respecto a 2009, cuando Ascó notificó 14 notas informativas –sucesos que deben comunicarse en el plazo de una hora por considerarse de mayor importancia– y 20 reseñas, en un contexto de reducción de los incidentes en el conjunto de España.

La central de Vandellòs II también mejoró este registro, al pasar de las dos notas informativas de 2009 a tan solo una y de nueve reseñas a seis. Vandellòs obtuvo durante este año la autorización necesaria para seguir operando durante una década más.

Ambas centrales están gestionadas por la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (Anav), propiedad de Endesa e Iberdrola como segundo socio minoritario.

A lo largo de 2010 ha destacado que Ascó I se reconectó a la red eléctrica a mediados de enero tras cerca de dos meses de trabajo en la turbina principal, así como los problemas que registró Vandellòs II en febrero en sus sistema de refrigeración a las pocas semanas de estrenarlo. Dicha central también vivió un fallo en las barras de control que le obligó a parar 19 días.

En el mes de mayo la unidad de Ascó II procedió a realizar su 19 recarga de combustible, antes de que la presencia de algas procedentes del río Ebro en la toma de agua de la central obligara a reducir su potencia un par de veces.

A lo largo de 2011 está previsto que Anav gaste más de 500 millones de euros en inversiones y gastos corrientes en los tres reactores catalanes, lo que supone alrededor de 50 millones extras respecto al ejercicio anterior.

Dicha diferencia se debe, en parte, a la actualización de los equipos de Ascó para asegurar la renovación de su licencia de operación durante 2011 para una década más. Dicha renovación, junto a la lograda por Vandellòs en 2010, ha supuesto la ampliación de las inversiones en los dos últimos años.

Fabrizio Hernández valoró en 951,4 millones de euros las pérdidas de Nuclenor por el cierre de la central de Garoña

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Este informe, desvelado por la cadena SER, lo elaboró por encargo de Nuclenor, compañía propietaria de la central burgalesa y participada al 50% por Iberdrola y Endesa, la consultora «Nera Economic Consulting», de la que Hernández era entonces director asociado.

La Audiencia Nacional, ha llamado a declarar el 14 de enero a Fabrizio Hernández, en condición de perito, dentro del proceso que se sigue por la demanda que Nuclenor interpuso contra la orden ministerial que decretó el cierre de la central para julio de 2013. La Audiencia Nacional quiere que Hernández explique las conclusiones del informe.

Sin embargo, fuentes de Industria confirmaron que el secretario de Estado no acudirá finalmente a la cita al estar ahora desvinculado de la consultora, y en su lugar, se ha solicitado que comparezca Óscar Arnedillo, quien también suscribió el informe.

Además, la Sala de la Audiencia Nacional que tramita la causa, y que se encuentra en la fase de escuchar a las partes y conocer los informes y pruebas de todos los que han presentado recursos, tanto a favor como en contra, del cierre de la planta, ha llamado a declarar a primera hora del 14 de este mes a dos peritos más para que ratifiquen dicho estudio.

Las mismas fuentes de Industria reconocieron que el Ministerio tenía conocimiento de dicho informe antes de que se nombrara a Hernández sustituto de Pedro Marín, quien se presentará como candidato a la dirección de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), al frente de la Secretaría de Estado de Energía.

Sin embargo, entienden que el conocimiento del sector energético y la sólida experiencia de Hernández prevalecen sobre el estudio que elaboró cuando trabajaba en la consultora y recuerdan que su trabajo en Nera no dependía de las propias empresas eléctricas, sino que eran éstas las que contrataban a la compañía en busca de asesoramiento.

Asimismo, sostienen que el recién nombrado secretario de Estado de Energía se encuentra completamente desvinculado de la empresa privada, por lo que descartan un supuesto conflicto de intereses.

El informe encargado por Nuclenor a dicha consultora se produce después de que el Gobierno anunciase el 2 de julio del 2010 que la central nuclear de Garoña cerrará definitivamente el 5 de julio de 2013, dos años más tarde del final de «su vida útil», que se estima para este año.

Tras la decisión de cierre que hizo pública el titular de Industria, Miguel Sebastián, Nuclenor presentó a finales de marzo del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que decretó el fin de la central, al entender que es contraria a la legislación vigente que autorizaba prorrogar el funcionamiento de las plantas siempre que se demuestre su seguridad.

Dicho informe, que fue admitido como prueba en el marco del proceso judicial por la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 30 de noviembre de 2010, solicita además que la central nuclear siga funcionando.

Además, sostiene que, en caso de producirse el cierre definitivo de la central nuclear, se reclamarán las cantidades económicas oportunas en concepto de daños y perjuicios.

Nuclenor entiende que en el supuesto de que finalmente se cierre la planta ha de ser indemnizada con 951,4 millones, ya que la planta cuenta con todos los avales técnicos para continuar operando hasta 2019, incluido el correspondiente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Asimismo, la empresa propietaria de la central nuclear reclama una autorización por diez años, de 2009 a 2019, y no de cuatro, hasta 2013, como le concedió finalmente el Ministerio de Industria.

Rosa Aguilar pide generosidad y diálogo para encontrar la mejor solución para el ATC

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Además, en declaraciones a RNE, Rosa Aguilar ha indicado que el Gobierno está implementando las energías renovables «para dar un giro radical porque es necesario hacerlo desde el punto de vista del desarrollo» y que no se está planteando una moratoria nuclear.

En este sentido, ha afirmado hay que «dar un giro a la política energética que, paso a paso, tendrá que dar respuestas al futuro» y que al hablar de políticas ambientales a largo plazo «hay que vivir con contradicciones en los procesos de transición que están impulsando para cambiar y hay que gestionarlas para llegar al objetivo que se ha marcado».

En relación con el reciclaje, Aguilar también ha señalado los ayuntamientos están haciendo desde hace años «un gran esfuerzo para reciclar y reutilizar los envases». Además, ha advertido de que «no se puede bajar nunca la guardia» y que hay que estar permanentemente informando, educando y dando participación a la ciudadanía, haciéndola corresponsable de los resultados.

«En todas las ciudades de España vemos lugares donde se pueden depositar los tapones y el vidrio para su reutilización y, en este sentido, nunca viene mal que se con más medidas de distintos sectores», ha dicho, al tiempo que ha afirmado que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno «tienen que hacer un esfuerzo cotidiano y permanente para que la ciudadanía esté siempre dispuesta a participar positivamente para que el reciclaje y la reutilización sea efectivo».

En relación a la política del agua, ha asegurado que el MARM tiene políticas de agua, las está llevando a cabo y a efecto y que «no se deben generar conflictos entre ciudadanos de distintas comunidades» y ha criticado que el PP ha hecho del agua «un motivo de confrontación para sacar rentabilidad electoral».

«Hay que poner fin a esto. Se lo he dicho a los grupos parlamentarios y al PP, estoy dispuesta a dialogar, pero el diálogo pasa por poner punto y final a utilizar el agua como un elemento de confrontación para sacar votos porque la ciudadanía debe saber que estamos trabajando para que haya agua para siempre y para todos«, ha precisado.

Además, ha comentado que se han llevado a cabo obras necesarias en las comunidades autónomas y se está cumpliendo el desarrollo comprometido en relación a los planes de cuenca inter e intracomunitarios. También ha apuntado que el Gobierno ha invertido en la Comunidad de Murcia más de 1.000 millones de euros, un esfuerzo que ha calificado de «extraordinario» para dar respuesta a un tema que afecta a todos los ciudadanos de Murcia y ha pedido que ese esfuerzo «sea correspondido con el diálogo de los que tienen responsabilidad política».

La nuclear produjo el 20,2 por ciento de electricidad en 2010

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El Foro de la Industria Nuclear indica además que la producción del parque nuclear representó durante el pasado ejercicio más del 41% de la electricidad libre de emisiones generada en el sistema eléctrico español.

Para el organismo presidido por María Teresa Domínguez, estos resultados muestran que, un año más, la producción eléctrica de las centrales nucleares ha sido fundamental para el buen funcionamiento del sistema eléctrico español.

De hecho, la nuclear ha sido la fuente que más horas ha funcionado. A lo largo del año, las centrales nucleares españolas han operado 7.946 horas, lo que, por término medio, supone más del 90% de las horas del año y un porcentaje muy superior al de otras centrales de producción eléctrica.

La potencia instalada del parque nuclear español se sitúa en la actualidad en 7.796 megavatios (MW), lo que supone el 7,56% del total del parque de generación. Esta capacidad se ha incrementado en un 0,88% durante 2010 gracias al aumento en 68 MW de potencia de la unidad I de la central nuclear de Almaraz.

Para Domínguez, resulta «indispensable mantener en operación una energía de base como la nuclear porque ofrece estabilidad al sistema eléctrico de forma eficiente, económica y sin dañar la atmósfera».

«Otros países de nuestro entorno están implementando estrategias energéticas contando con la energía nuclear» y «España tiene que seguir esta línea manteniendo en operación sus ocho reactores nucleares y estableciendo una planificación energética a largo plazo donde la nuclear alcance un peso mayor», añadió.

Las centrales nucleares notificaron al CSN en 2010 casi un 30 por ciento menos de sucesos que hace un año

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Así, la planta de Ascó II (Tarragona) encabeza, con 17, el ránking de notificaciones al organismo regulador. Mientras, Ascó I notificó 6 sucesos y la planta Ascó I y II, notificó tres sucesos al CSN, relativos a la instalación en su conjunto.

La segunda unidad con más sucesos ha sido la de Almaraz II, con 7 notificaciones, Almaraz I comunicó 3 sucesos, y Almaraz I y II contabilizan 2 notificaciones. En esta instalación además se comunicó al CSN el fallecimiento de un trabajador y el traslado de otro al hospital, por causas ajenas al funcionamiento de la central.

A estas dos le siguen Vandellós II (Tarragona), que ha comunicado 7 sucesos y Trillo, con 6 notificaciones. Mientras las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos) y de Cofrentes (Valencia) informaron al CSN cinco sucesos notificados cada una. En Cofrentes, uno de los sucesos notificados, el 13 de mayor de 2010 fue clasificado un día más tarde con nivel 1 dentro de la Escala Internacional de Sucesos Notificados.

Finalmente, la fábrica de combustible de uranio de Juzbado (Salamanca) notificó al ente regulador un total de 6 sucesos notificados.

El Foro de la Industria Nuclear tiene «confianza» en que se elija ubicación «cuanto antes» porque es «positivo»

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Según han manifestado fuentes del Foro Nuclear, la instalación es «beneficiosa para España» de cara a la gestión de los residuos radiactivos. Además, aunque el proceso se está demorando más de lo previsto inicialmente por el Gobierno, el Foro Nuclear subraya que «es un proyecto de largo recorrido», por lo que «lo de menos es el retraso» ya que, una vez se construya, se trata de «una inversión para muchos años».

En todo caso, a pesar de los retrasos y del hecho de que inicialmente se presentaran más diez municipios al proyecto y finalmente el juego esté entre ocho candidatos, el Foro Nuclear estima como «positivo» que el proceso se haya «desarrollado dentro de la normalidad» y que como resultado del mismo, «haya habido emplazamientos que lo han querido albergar».