Los nacionalistas catalanes y vascos lograron introducir en el Senado una enmienda al proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que prescinde del límite de 40 años de vida útil que se mencionaba en el texto original del Congreso.

Para los nacionalistas, este cambio permitirá a las centrales nucleares seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la evolución de la demanda y la tecnología.

Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntado sobre si el Ejecutivo había cambiado su política nuclear, ha respondido tajante que«no». A renglón seguido ha admitido que no se esperaba la pregunta.

Por su parte, el ministro de Industria ha dicho que «el Gobierno siempre ha dicho que a partir de los 40 años la primera palabra la tiene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a partir de ahí el Gobierno es el que decide en función de unos condicionamientos de seguridad, económicos, sociales y medioambientales».

En ese sentido, ha recalcado que la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares más allá del límite de los 40 años «siempre ha estado abierta». «Lo hemos dicho muchas veces (…). El Gobierno ha sido el primero que ha definido el concepto de vida de diseño, 40 años, y de vida útil, que lo determina el Consejo de Seguridad Nuclear», ha asegurado.

El ministro de Industria ha explicado que si el informe preliminar elaborado por el CSN es negativo, se convierte en vinculante. Pero que si es favorable a alargar la vida de la central, es el Gobierno de turno quien toma la decisión. «Defendemos que sea el Gobierno quien decida», ha repetido.

«Nuestro deseo es que todas las fuentes energéticas sean lo más baratas posibles, sabiendo que partimos de un handicap muy importante, que es nuestra enorme dependencia energética del gas y del petróleo que prácticamente en un cien por cien importamos del exterior», ha indicado, convencido de que ahora hay que continuar con las políticas de energías renovables y de ahorro y eficiencia.

También, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha negado que el Gobierno haya «cambiado nada» su posición sobre la vida útil de las centrales nucleares, puesto que «siempre dijo» que «había esa posibilidad» y lo que ha hecho el PSOE al aprobar una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que no limita dicha vida útil es «ser coherentes con esa posibilidad».

Salgado ha extraído del debate sobre la vida útil de las centrales la de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cierre ya quedó fijado por el Gobierno y la cámara para el año 2013. Según la ministra, Garoña «es una central en particular, esto es para otras».

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha asegurado que la enmienda del Senado no supone un cambio de postura del Gobierno porque no se tomará ninguna decisión sobre la prórroga de las centrales hasta 2020 y tampoco contradice la apuesta socialista por las renovables.

Alonso ha afirmado que esa enmienda busca definir el papel de la energía nuclear en la «cesta energética», pero ha asegurado que no se puede interpretar que esto suponga de facto una ampliación de la operación de las centrales, que acaban su plazo de vida en servicio a partir de 2020.

«La enmienda dice lo que dice, es muy general y no afirma ni una cosa ni la otra», ha repetido en seis ocasiones el dirigente socialista, quien ha pedido no hacer interpretaciones sobre la desaparición de ese plazo. De hecho, «la decisión final sobre la vida útil de las centrales nucleares al sigue en manos del propio Gobierno, como sucedía hasta ahora».

Preguntado si la supresión del plazo de 40 años puede afectar a la central de Garoña, cuyo cierre está programado precisamente por cumplir cuatro décadas de funcionamiento, Alonso ha asegurado que «no tiene ninguna constancia» de que el Gobierno pueda cambiar su criterio sobre el cierre de la central burgalesa.

Asimismo, fuentes del Ejecutivo y del PSOE coincidieron en definir la citada enmienda como «una enmienda Lampedusa», en alusión al autor de la novela «El gatopardo», cuyo protagonista, un aristócrata siciliano de mediados del siglo XIX, ironizaba sobre la liberalización que iría aparejada a la reunificación italiana indicando que a veces hay que cambiar algo para que en el fondo no cambie nada.

El PNV dice que el cambio sobre el periodo de vida útil de las nucleares excluye a Garoña

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha aclarado que la enmienda introducida por su formación y CiU que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan excluye explícitamente a la central de Santa María de Garoña (Burgos).

Erkoreka ha afirmado que esta medida permite dar claridad a la «totalmente indefinida política energética del Gobierno», tal y como reclamaban la sociedad y el propio sector energético, al tiempo que consolida la incorporación de la energía nuclear en el mix energético a futuro.

En este sentido, ha asegurado que la modificación cuenta con un consenso «nada desdeñable» y responde a los acuerdos alcanzados en el marco de la Subcomisión de Estrategia Energética, aunque aún quedan «otras decisiones que incorporar al ordenamiento jurídico.

CiU contradice al PNV y afirma que el Gobierno puede ampliar la vida de Garoña

Sin embargo, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que la enmienda introducida por su formación y el PNV sí faculta al Gobierno para prorrogar la vida de la central de Santa María de Garoña (Burgos) y «replantearse» su cierre.

A su juicio, se ha dado paso a una «importante cuestión» a eliminar el límte de 40 años introducido por el PSOE y se abre la posibilidad de fijar un ‘mix’ hasta 2035, tal y como recoge el pacto social entre Gobierno y agentes sociales que incluya a las nucleares, ya que las ocho centrales existentes –además de Garoña– concluína su vida útil a partir de 2020.

«Esta enmienda pone fin a un debate ideológico innecesario que ha presentado a la renovables como energías de progreso y progresistas y a la nuclear como anacrónica y retrógrada», ha afirmado Duran, quien ha asegurado que «necesitamos ambas fuentes de energía».

Duran ha asegurado que al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto forzado a un «cambio de rasante» y asumir «de una vez por todas» lo mismo que otros países del entorno español están volviendo a aceptar, esto es, el papel de las nucleares.

El PP dice que la enmienda confirma la «absoluta falta de criterio» del PSOE

Para Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, la introducción de la enmienda conjunta de CiU y PNV que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años, pone de manifiesto la «absoluta falta de criterio» del Gobierno en política energética, tras cambiar «hasta en siete ocasiones» su posición.

Sáenz de Santamaría, que ha atribuido al PP la paternidad de la enmienda pactada por los nacionalistas en la Cámara Alta, ha asegurado que tras estas «siete» rectificaciones el Gobierno ha mostrado ser «pro nuclear, un poco nuclear y no nuclear al mismo tiempo».

Sáenz de Santamaría ha denunciado los «vaivenes» en la tramitación de la LES. «No tiene un solo criterio, dependen a quien le preguntas y del día que preguntas», ha afirmado, recodando que fue una enmienda del PSOE en el Congreso la que introdujo el límite de los 40 años.

ERC asegura que la norma favorece al «lobby eléctrico»

Sin embargo, ERC ha rechazado la norma. Su portavoz parlamentario, Joan Ridao, ha calificado la enmienda de «regresión que favorece al lobby eléctrico».

«Nos preocupa y no estamos de acuerdo», ha afirmado Ridao, quien ha asegurado que el horizonte de 40 años era «razonable» y suponía un «estímulo para las energías renovables como alternativas» a la nuclear, que, a su juicio, presente «todo tipo de inconvenientes» en terreno ecológico y de salud.

Ridao ha señalado que «hay territorios que han pagado el peaje con exceso», como es el caso del sur de Cataluña. Por eso ha advertido de que «debe haber un cierto equilibrio y un reparto solidario a nivel territorial de lo que son los costes de una energía nuclear que presenta muchísimos problemas desde el punto de vista de la seguridad».

ERC apoya, «como el PSOE en su programa electoral, fijar un horizonte temporal razonable para el cierre de las actuales centrales nucleares», atendiendo, entre otras cosas, a la necesidad de «potenciar las energías renovables».

Además, ha recordado que la energía nuclear tiene problemas aparejados: la complejidad de gestionar sus residuos, así como todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud publica.

La Sociedad Nuclear Española aplaude que las centrales puedan operar más de 40 años

Por otro lado, la Sociedad Nuclear Española (SNE) ha expresado su satisfacción ante la aprobación de la enmienda del Senado al proyecto de Ley de Economía Sostenible que permitirá que las nucleares puedan operar «más allá de los 40 años, siempre que lo soliciten sus titulares» y que el Consejo de Seguridad Nuclear «en función de los requisitos de seguridad y protección radiológica».

A su juicio, este acuerdo proporciona «una visión de futuro para mantener un sistema eléctrico sostenible» ya que la energía en España es «escasa» así como «una cuestión de estado». Por este motivo, considera que los acuerdos multipartidistas que «cabalmente deciden lo que más conviene» a la sociedad son positivos.

En este sentido, insiste en que la energía nuclear es una fuente de producción eléctrica, que «cumple con la garantía de suministro, con costes bajos y estables, respetando el medioambiente».

Además, considera que la nuclear es «una firme candidata a seguir produciendo, tanto en el presente como en el futuro», frente a la evolución de la demanda energética y «gracias» a la constante inversión que se realiza en las centrales para estar tecnológicamente actualizadas.

Con respecto a España, la SNE insiste en que «todas» las plantas atómicas que están en funcionamiento están supervisadas por el CSN y tienen «capacidad para seguir operando a largo plazo».

AMAC pide ampliar la vida de la central nuclear de Garoña

También la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) ha «celebrado» la enmienda y ha manifestado su satisfacción por que se retire la referencia a los 40 años pues, a su juicio, hablar de 40 años como vida útil «es un concepto erróneo», al tiempo que exigen que «el nuevo texto pueda aplicarse a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos)», sobre la que pesa una orden ministerial de cierre definitivo previsto para julio de 2013.

En este sentido, el portavoz ha reiterado su posición respecto a Garoña, cuyo cierre está recurrido por AMAC. «Creemos que debería ser así y que Garoña no se cierre, aunque hasta ahora, la decisión es que se va a cerrar», ha agregado.

El proceso iniciado hace ahora 12 meses por el Ministerio de Industria, tenía en un primer momento la previsión de resolverse a lo largo del verano de 2010 y, de hecho, se llegó a dar la fecha del Consejo de Ministros del 2 de julio para la publicación del municipio que acogería el ATC de entre los ocho que finalmente entraron en el concurso.

Sin embargo, la decisión no se produjo en ese momento, ni tampoco en el mes de septiembre, cuando se dio a conocer que la población mejor situada según las puntuaciones de los técnicos era Zarra (Valencia). En sus últimas declaraciones sobre el asunto, el ministro Miguel Sebastián ha asegurado que se sigue buscando «el máximo consenso» para elegir definitivamente la ubicación, aunque ha advertido de que el Gobierno puede imponer la decisión.

No obstante, las informaciones de los últimos meses señalan de que Industria negocia principalmente con la Generalitat de Cataluña para situar el ATC en Ascó (Tarragona). En este sentido, tanto el Ministerio como el alcalde de Melgar de Arriba, Óscar Fernández Crespo, apuntan que uno de los motivos del retraso en la decisión ha sido el cambio de Gobierno en la Comunidad catalana tras la victoria electoral de CiU. Diversos medios también indicaron que el Gobierno no se había decido por Zarra por que la Comunidad Valenciana tampoco había dado el ‘sí’ a la operación.

Con todo ello, tanto Fernández Crespo, como su homólogo de Santervás de Campos, Santiago Baeza, asumen que la posibilidad de acoger el ATC es «muy difícil» en ambos casos –los dos municipios recibieron junto a Congosto de Valdavia (Palencia) y Albalá (Cáceres) las puntuaciones más bajas en los informes–, si bien consideran que deben seguir «luchando».

El ‘popular’ Baeza es ligeramente más optimista y señala que «mientras hay vida hay esperanza» y que la tardanza en la designación puede jugar a favor de los municipios que a priori tienen menores opciones. De hecho, ha asegurado que el ministro «da opciones a todos».

Sin embargo, Fernández Crespo indica que por esa misma tardanza será Ascó la localidad elegida, ya que se esperó a conocer el resultado de los comicios catalanes. De hecho, ha recordado que el municipio tarraconense y el de Yebra (Guadalajara) ya habían iniciado negociaciones con Industria antes de este proceso y a través de la Asociación de Municipios Nucleares.

Tanto el primer edil de Melgar como el de Santervás han apuntado que la Junta de Castilla y León «podría haber apoyado más» las candidaturas, pues Baeza ha recordado que se deberían haber pronunciado tanto si consideraban que el proyecto es negativo para la región como si creían que es bueno. Así, Fernández Crespo ha incidido en que el Gobierno regional habría tenido «una buena carta sobre la mesa» para dar opciones de futuro a una comarca como Tierra de Campos.

Hace un año se vivieron en ambos municipios protestas por parte de ciudadanos y de asociaciones ecologistas que se oponían a la instalación en los pueblos de una planta que consideran perjudicial para la salud y el medio ambiente. El alcalde de Melgar considera que la oposición se debía al «desconocimiento», mientras que Santiago Baeza ha constatado que «desde que se fueron los medios de comunicación no han vuelto por el pueblo».

Sin embargo, durante todo 2010 fue notable la actividad llevada a cabo por la Plataforma Antinuclear Tierra de Campos Viva con manifestaciones en localidades importantes de la comarca como Villalón de Campos (Valladolid) y Sahagún (León), Valladolid capital y Palencia. Además, realizaron marchas entre Melgar y Santervás (separados por 6 kilómetros). La agrupación ecologista ha considerado que los Ayuntamientos de Melgar de Arriba y de Santervás «no tienen razones para mantener sus candidaturas al cementerio nuclear que presentaron a espaldas de sus vecinos».

También han recordado que «no tiene sentido» mantenerlas pues a mediados de septiembre el Ministerio de Industria hacía público un informe en que colocaba a estas localidades entre las cuatro últimas, de las ocho que participan en este proceso de selección. Además, han añadido que «la gran mayoría» de los municipios de España situados junto a centrales nucleares han perdido población en los últimos años.

Por otra parte, han señalado que Melgar y Santervás «cuentan con la oposición de los ayuntamientos del entorno, que prácticamente en su totalidad han aprobado mociones en contra de que el cementerio nuclear se instale en las proximidades». Sin embargo, según la opinión de Baeza, en lo últimos meses algunos municipios de la zona se han sumado a las opiniones a favor del ATC.

Ambos regidores manifestaron que quieren seguir «luchando» por sus pueblos, aquejados del problema de la despoblación y situados a más de 80 kilómetros de la capital de la provincia. A este respecto, Fernández Crespo apuntó que ha mantenido alguna conversación para instalar en el municipio una planta de almacenamiento de CO2 en el subsuelo.