FAES ve adecuado un «retorno nuclear» con centrales de 60 años, así como la búsqueda de los emplazamientos futuros

En el libro de FAES «Propuestas para una estrategia energética nacional«, dirigido por Fernando Navarrete y coordinado por Pedro Mielgo, la fundación propone además la revocación del cierre de la central burgalesa de Santa María de Garoña, prevista para 2013.

El libro también propone realizar un análisis del impacto redistributivo del «bono social» y eliminar esta ayuda para sustituirla por un «tratamiento fiscal adecuado de los hogares con actual acceso al mismo».

Sobre el sector del carbón, se decanta por fijar «una fecha límite improrrogable a las ayudas» y por concentrar las actuaciones en los planes de reconversión profesional de los mineros y en el cierre de las explotaciones que requieran «ayudas económicas o subvenciones». El carbón nacional, señala, es «caro y de baja calidad».

En cuanto a las renovables, FAES aboga por establecer para las nuevas instalaciones calendarios de «desaparición paulatina de los apoyos fuera de mercado» y por fijar para las tecnologías más maduras la fecha en que dejarán de recibir primas.

Cuando las renovables provoquen un sobrecoste que supere los objetivos nacionales, el «exceso» de potencia instalada deberá ser asumido «directamente» por el presupuesto de las comunidades autónomas que hayan incurrido en esta instalación adicional de capacidad, afirma.

También defiende para el caso de las tecnologías menos maduras un cambio de modelo en el que se utilicen «procesos de subastas con apoyo en forma de estímulos fiscales» que sustituya a las primas o a los precios garantizados.

Junto a esto, FAES apoya la liberalización del mercado de los gases licuados del petróleo (GLP), en el que figura la bombona de butano, cuyo precio máximo fija trimestralmente en la actualidad el Ministerio de Industria.

Déficit de tarifa

«Mientras persista la acumulación de déficit de tarifa«, indica el libro, es necesario «introducir una suspensión temporal en la instalación de nuevas plantas de producción eléctrica que requieran de apoyos fuera de mercado».

En suma, los autores se inclinan por eliminar de las tarifas y de los peajes del sector «todas las subvenciones a fin de que contengan únicamente costes regulados vinculados directamente a las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad no liberalizadas».

Por otro lado, el libro considera que el Gobierno está aplicando en la actualidad una «política energética carente de visión global y nacional» en la que aplica una regulación «errática y cambiante». El Ejecutivo, señala, no explota adecuadamente la posición estratégica del país, muestra «desorden» en el apoyo a las energías renovables y genera «mala calidad legislativa e inseguridad jurídica».

Miguel Sebastián asegura que si una central puede operar más de 40 años lo hará, como pasa con la nuclear de Garoña

En respuesta a una pregunta de la diputada del PP por Burgos, Sandra Moneo, Miguel Sebastián destacó que los planteamientos del Gobierno en materia nuclear «no han cambiado» porque se sigue pensando que puede haber condiciones que puedan ampliar el funcionamiento de una central nuclear más allá de los 40 años.

«Creemos que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) considera que la vida de las centrales se puede alargar a partir de los 40 años, se hará en función de las circunstancias económicas, medioamenbientales y de suministro. Vamos a hacer una prórroga de dos años con Garoña. Ustedes cerraron Zorita (Guadalajara) y pregúntele a las familias«, reiteró el máximo responsable en materia nuclear de España.

Tal y como apuntó en el Senado, Sebastián reiteró en el Congreso, hasta en dos ocasiones, que el Gobierno no va a reconsiderar la decisión que ya tomó en julio de 2009, de prorrogar por dos años la vida de Garoña. «Los motivos que le llevaron al Gobierno a tomar esa decisión no han cambiado», puntualizó.

Por otro lado, criticó la actuación del PP en materia energética a lo largo de estas dos legislaturas socialistas. En su opinión, el Gobierno «siempre» ha propuesto y los ‘populares’ siempre se han abstenido.

En este sentido, se mostró «sorprendido» porque la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría afirmara que el Gobierno no tiene política energética. «Les hemos hecho una propuesta de Pacto Energético y no ha habido respuesta; hemos presentado en 2009 un Real Decreto Ley para la creación del bono social, la limitación del déficit tarifario y la creación del preregistro renovable, y la votación del PP fue la abstención», detalló. Igualmente, señaló que el Gobierno socialista hizo un Real Decreto Ley en 2010, donde se creó una tasa para las eléctricas, se amplíó el bono social y se limitaron las horas fotovoltaicas; y la votación del PP volvió a ser la abstención.

Es más, argumentó que se creó una subcomisión en el Congreso de Energía, donde todos los grupos acordaron un mix energético, «salvo el PP que se aabstuvo«. «Ustedes en política energética ni frío ni calor porque no la tienen y en materia nuclear ustedes quieren energía nuclear, pero no residuos, y se oponen al Almacén Temporal Centralizado (ATC)», concluyó.

Desde el PP, Sandra Moneo resaltó que el cierre de la atómica es «exclusivamente político» y los hechos ocurridos en las últimas semanas ratifican lo que el PP defendió desde el primer momento, que se está ante una «decisión personal, caprichosa, inmadura, irresponsable e impropia de un Gobierno democrático que se tomó a la torera el informe del CSN», que fue elaborado durante más de tres años por 250 técnicos, que dice que Garoña es segura y debe continuar.

«Tan caprichosa es su decisión, que no han tenido inconveniente en ponerla sobre la mesa del juego político», explicó, al tiempo que resaltó que es «bochornoso» que en el ultimo año y medio el Gobierno haya cambiado de criterio cinco veces.

La diputada burgales achacó a Sebastián el «empeño» del Ejecutivo en cerrar la central burgalesa para 2013, a su juicio, teniendo en cuenta el cambio de criterio de este Gobierno en relación a la vida útil de las centrales previsto en la Ley de Economía Sostenible (LES).

No se incluirá a los municipios vascos en el plan económico tras el cierre de Garoña

Asimismo, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó, con el respaldo del PP y del PSOE, una moción de los nacionalistas vascos, que instaba al Gobierno a incluir los municipios vascos en el plan de reactivación económica tras el cierre de la central burgalesa de Santa María de Garoña, previsto para 2013.

No obstante, dió luz verde, con el respaldo de todas las formaciones salvo UPyD, a que se respete «escrupulosamente» la configuración geográfica de las zonas de afectación de una central nuclear reguladas por el Real Decreto 1546/2004, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear, a la hora de establecer medidas de reactivación económica en la zona de influencia de la central.

El diputado del PNV encargado de defender esta moción, consecuencia de una interpelación debatida en el Pleno de la pasada semana, fue Emilio Olabarria, quien pidió en su argumentación la creación «inmediata» de una comisión mixta compuesta por el Ejecutivo central, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Áraba para extender el plan de dinamización económica para la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña.

«Lo que ha hecho el Gobierno ha sido no prever ningún sólo euro para la reactivación económica de los 13 municipios vascos y La Rioja, mientras sí están reconocidos por el ordenamiento jurídico«, indicó.

Desde el PSOE, el diputado José Javier Lasarte ratificó que la instalación atómica cumplirá 42 años de vida el 6 de julio de 2013, fecha en la que se cerrará «definitivamente». «Ha sido un Gobierno socialista el que ha dado satisfacción a una reivindicación histórica y casi unánime de toda la sociedad alavesa, sin el apoyo del PP, y que ha sido refrendada por el Parlamento y el Gobierno vasco en numerosas ocasiones», agregó.

Es más, ha argumentado que desde 1994 la central burgalesa tenía tanto problemas de seguridad como medioambientales, que podían afectar a la población del entorno. «Esa decisión es irrevocable y hay que decirlo una vez más de forma clara y nítida: Garoña se cierra en 2013. Ya está decidido el cierre de la central», reiteró.

Así, destacó que el mismo PP que no quiere el cierre de Garoña sí cerró Zorita (Guadalajara), y el mismo PP que ahora pide al Gobierno socialista un plan de empleo por el cierre de Garoña no lo hizo cuando cerró las instalaciones de Zorita.

Industria dice que la política nuclear es «imprescindible» y continuará «repotenciándose»

En una entrevista a TVE, Miguel Sebastián indicó que las centrales nucleares «son imprescindibles para el suministro de electricidad en España» y, por lo tanto, «no se va a cerrar ninguna central hasta que cumplan los 40 años». «Eso lo tenemos bastante claro», añadió.

Asimismo, señaló que la aplicación de la enmienda aprobada, que no limita a cuarenta años la vida útil de las centrales nucleares, va a depender de cada Gobierno «en función de las circunstancias económicas, medioambientales o de seguridad del suministro». Una decisión que, según explicó, «se tomará después de escuchar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».

Tras calificar de «importante e imprescindible» la energía nuclear, aseguró que el Gobierno está cumpliendo con el programa electoral del PSOE de mantenimiento de las centrales hasta los 40 años y negó la existencia de contradicciones en el Ejecutivo. «Son imprescindibles para el suministro de electricidad y no se va a cerrar ninguna», dijo.

El programa recoge que se irán cerrando a medida que cumplan 40 años de forma paulatina y en aras a la responsabilidad del Gobierno se amplió en dos años el funcionamiento de Garoña, dijo el ministro, quien añadió que «prácticamente se va a mantener todo el parque nuclear y se va a potenciar de aquí al 2021«.

Por otro lado, se refirió a la política energética del Partido Popular. En concreto, afirmó que los populares «no tienen una definición clara de energía renovables». «Les hemos hecho una propuesta de un ‘mix’ energético, ya que queremos que más del 20 por ciento de nuestra energía sea renovable en 2020, así como el 40 por ciento de la electricidad. El PP no nos ha contestado», apostilló.

Asimismo, acusó al Partido Popular de no definirse en política energética y criticó que el PP «unos días quiere nucleares y otros dice que no quiere residuos, eso es una contradicción».

En este sentido citó el carbón, un tema, afirmó en el que hay comunidades autónomas que lo apoyan «y otras, como Galicia, que lo paralizan y lo denuncian, haciendo daño a Castilla y León, y a toda España».

Falta de consenso para ubicar el ATC

Sebastián también habló de los «problemas» a la hora de ubicar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por la falta de consenso entre administraciones y mostró su voluntad de alcanzar un acuerdo «también con las comunidades autónomas», ya que entiende que «es una oportunidad económica para la zona en la que se ubique».

El Gobierno ha obtenido el acuerdo con el Parlamento, con los ayuntamientos candidatos a acoger el ATC «pero todavía existen resistencias de las comunidades autónomas, y aunque la competencia sea estatal nos gustaría contar con su acuerdo«.

En cualquier caso, señaló que ya hay ocho candidatos «de los cuales tres están en los puestos más altos de la lista de condiciones técnicas favorables para albergarlos», aunque reconoció que aún deben resolverse algunas «incertidumbres», como los candidatos a gobernar la Comunidad Valenciana o las conversaciones que mantendrá con el nuevo Gobierno en Cataluña, «para tomar la decisión».

Sebastián insistió en que el ATC «es seguro» y recordó que, en la actualidad, España paga una multa diaria de 60.000 euros a Francia por albergar los residuos que se generan en el país.

El Gobierno busca «fórmulas» para evitar otra subida de la luz

Por último, el ministro de Industria aseguró que su Gobierno buscará «fórmulas» para evitar que se produzca una nueva subida de la luz este año, después de que en enero se aplicase un incremento del 9,8%.

«Somos un país dependiente de la energía, tanto del gas como del petróleo, y los precios internacionales nos afectan. Buscaremos fórmulas para que la subida de la luz no se repita este año», afirmó Sebastián.

Sobre la subida de tarifas de enero, consideró que se trató de una medida «excepcional e irrepetible» que respondió a la «necesidad de corregir el déficit tarifario, que estaba causando problemas, incluso a la credibilidad de España».

Juan Rosell (CEOE) cree que no es descabellado construir nuevas centrales nucleares

En la presentación del informe «Seguridad del Parque Nuclear Español: análisis de los principios fundamentales de la seguridad de las instalaciones y actividades nucleares«, realizado por el Foro de la Industria Nuclear, Juan Rosell pidió un marco estable en materia energética y una apuesta clara por esta energía, que permita a las eléctricas invertir en nuevas centrales. Una decisión que sólo tomarán si cuentan con esta estabilidad que les garantice la rentabilidad.

A su juicio, habría que considerar «muy mucho» la nuclear de cara al futuro, dada la independencia energética que aportaría a la economía española (que se ve obligada a importar gas y petróleo), la seguridad de suministro que introduce y la competitividad de los precios de la electricidad nuclear.

«Sin energía buena, bonita y barata no habría crecimiento económico. En tiempos de crisis, se nota cuándo suben los precios de la energía. En estos momentos queremos todos salir de la crisis, y los costes del petróleo repercuten en los costes derivados de la industria para el crecimiento económico», dijo. Además, Rosell aseguró que la nuclear es una energía «fiable, que da seguridad al sistema y un precio asequible» que, en su opinión es «lo que las empresas españolas necesitan».

La nuclear, añadió el presidente de la patronal, «no es la solución a todos los problemas, pero sí una parte de la solución. No podemos decir que no» a ninguna energía, añadió Rosell, «sobre todo cuando la nuclear no ha dado ningún problema en España. Sería «un desperdicio económico que no nos podemos permitir», dijo.

Recordó, además, que muchos países están viviendo un «renacimiento nuclear». En este sentido, consideró que «no sería una idea descabellada» construir nuevas plantas en España; al contrario, consideró que sería bueno y fiable.

El presidente de la CEOE afirmó que los empresarios quieren un «marco legal estable» y que serán las compañías eléctricas las que decidan si es «bueno o rentable» construir más centrales nucleares. Pero agregó que previamente, «lo que hace falta» es una ley eléctrica «con todas las consecuencias.

Sin duda, «es una apuesta clara sumada a la independencia energética que te puede dar la energía nuclear. Tiene todos los factores positivos a favor como para considerarla mucho de cara al futuro», ha apostillado.

Por su parte, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, dijo que el concepto de seguridad de las centrales nucleares ha cambiado «enormemente», ya que ha pasado de ser «una cosa puramente tecnológica a algo puramente social.

En este contexto, insistió en que los programas nucleares duran unos diez años y que, a su juicio, en España se debería «comenzar» a elaborar un plan nuclear, no para sustituir el parque nuclear actual sino para que todos los elementos estén «organizados» de modo que la propuesta del Foro Nuclear es alcanzar una participación atómica en el «mix» energético del 30 por ciento, para lo que sería preciso construir tres centrales nuevas.

«Otros países lo están haciendo. ¿Por qué España no empieza ya?»; ha planteado Domínguez que considera que estos son los años más adecuados para esta planificación porque en la actualidad hay exceso de potencia instalada.

De hecho, Domínguez afirmó que «el debate» en torno a la energía nuclear, «sobre todo al hilo de Garoña», y en el contexto económico actual y la dependencia energética de España ha calado en la sociedad «hasta tal punto» que, en su opinión, «nadie tiene duda sobre la necesidad de un planteamiento estratégico de la energía nuclear».

Los «vientos difíciles» para Garoña «ya han pasado»

No obstante, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, señaló que «aún viniendo vientos difíciles» para la la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cree que éstos «ya han pasado», porque Nuclenor, su empresa titular (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) invirtió 300 millones de euros con vistas a la renovación de su licencia de explotación y que la planta «está preparada» para seguir operando cuando «todos estén de acuerdo».

«El titular no escatimó esfuerzos en decirle al Consejo: lo que sea necesario estamos dispuestos a hacerlo. Esa es una generosidad que hay que apreciar por parte de los inversores, que tienen sus gestores. La central está preparada y eso nos tiene que dar tranquilidad y poner en valor a los titulares de las centrales que operan bajo los criterios de que la seguridad es prioridad«, aseguró.

Por su parte, el presidente de la CEOE consideró que «todavía no está todo dicho respecto a Garoña», y que «sería bueno reconsiderar» la decisión de cerrarla, desde el punto de vista económico. «Sería bueno que se atendiese a las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, y reconsiderar el cierre».

De este modo, confió en que la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que elimina el plazo de 40 años de vida útil para los reactores se aplique también a la central burgalesa.

Rosell apuntó que «vemos con buenos ojos que las centrales sigan pidiendo renovaciones y esperamos que el planteamiento de Garoña no se haya acabado» porque, en su opinión, «no mantenerla sería un desperdicio económico que el país no se puede permitir» debido a como se están poniendo los precios de las otras posibilidades energéticas.

Futura ubicación del ATC

Finalmente, preguntado sonbre la posibilidad de que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos se ubique en Cataluña (Ascó, Tarragona), Rosell incidió en que lo importante es que haya pacto político, así como «unidad y consenso» entre las administraciones para que se tome una decisión cuanto antes.

El ATC es una buena instalación para evitar el transporte a Francia de los residuos españoles. De hecho, «cada día nos cuesta 60.000 euros» no contar con esta instalación, dijo.

En todo caso, afirmó que la decisión definitiva le corresponde al Ministerio de Industria y al propio ministro, Miguel Sebastián. «Lo que haga, bien hecho está, porque habrá hecho sus planteamientos, informes, estudios. Una vez haya decidido bien decidido está. Para mi es poco importante dónde se haga», expresó.

Informe sobre la «Seguridad del Parque Nuclear Español»

El informe presentado demuestra, según su autor, el experto nuclear Agustín Castro que la energía nuclear es «segura», tras analizar los aspectos que afectan a este engranaje, como los aspectos reguladores, la responsabilidad e los titulares, la protección radiológica, o las actividades para la gestión segura de los residuos radiactivos.

Según el estudio presentado, las plantas nucleares funcionaron casi 8.000 horas en 2010, y no registraron ningún accidente ni incidente significativo, únicamente sucesos operacionales clasificados en las categorías más bajas (1 y 2 en la escala de sucesos nucleares ?INES-).

El documento destaca que el marco jurídico español relativo a la nuclear es «satisfactorio, completo y está en armonía con la práctica internacional». Igualmente valora el rigor del control del Consejo de Seguridad Nuclear y la «excelencia» de la labor de los titulares de las plantas.

En cuanto a la gestión de los residuos radioactivos, los de baja y media actividad están «muy bien gestionados gracias a la instalación de El Cabril, a manos de Enresa». El documento invita a que las autoridades resuelvan pronto el problema del combustible usado de alta actividad. En el futuro, su reutilización hará de la nuclear una fuente «verdaderamente sostenible de energía».

El director de Trillo aboga por asegurar el futuro de las centrales a construir nuevas

Por su parte, el director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, abogó por asegurar el futuro de las ocho centrales nucleares operativas que hay en España y velar por su correcto funcionamiento antes de abrir un debate sobre la necesidad de construir unas nuevas. «Hoy por hoy veo más factible que se prorrogue Trillo a que se abra Trillo dos«, dijo.

El director de Trillo explicó que la aspiración de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años «es una buena noticia, muy esperanzadora para el sector» y el primer paso para «un planteamiento nuclear a mayores».

Rodríguez recordó que hay países como EE.UU. y Gran Bretaña que ya han tomado la decisión de alargar la vida de sus centrales.

Asimismo, destacó el carácter de «estabilidad y rutina» que tiene la energía nuclear, en referencia a la dependencia energética de España. En ese sentido, Rodríguez señaló que el uranio proviene de países muy estables políticamente como Australia o Canadá y eso garantiza a su vez estabilidad en el precio.

Gas Natural Fenosa considera lógico que la vida útil se prolongue más allá de los 40 años

También, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, afirmó que, cuando una central nuclear cumple con los requisitos precisos técnicos y económicos para seguir funcionando con seguridad, «es lógico» que se alargue su vida útil más allá de los 40 años.

En rueda de prensa, fue preguntado sobre la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que elimina el límite de 40 años de vida útil para las centrales.

Villaseca consideró que evitar esa alusión a los 40 años es una iniciativa «razonable», ya que abre la puerta a la posibilidad de que una planta, cuando cumpla con los criterios técnicos y económicos adecuados para poder continuar su actividad, pueda hacerlo.

«Me parece bien; es lo lógico», dijo.

Francia prepara alargar la vida de sus centrales nucleares más allá de los 40 años de vida útil

El consejo, presidido por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y en el que participaron varios miembros del Ejecutivo, espera que ambos grupos puedan constituyan una «asociación estratégica que comience con un acuerdo técnico y comercial antes del próximo verano.

Este deberá contemplar, entre otros puntos, un capítulo dedicado a «la mejora del mantenimiento y de la explotación del parque nuclear existente con el fin de incrementar el resultado operacional de los reactores y de preparar la prolongación de su explotación más allá de los 40 años».

La Presidencia francesa agrega que se ha encargado que se desarrollen negociaciones con las autoridades chinas «con vistas a una asociación global entre Francia y China sobre el conjunto de actividades nucleares civiles, incluida la seguridad».

«El conjunto de actores de la industria nuclear francesa estarán vinculados a esa asociación», agrega el Elíseo.

Además, el Consejo de Política Nuclear solicitó a Areva que traslade a sus filiales su actividad minera y a EDF y a la también energética GDF Suez que cooperen en el proyecto del reactor nuclear de 1.100 megavatios Atmea que Areva desarrolla con su socio japonés Mitsubishi Heavy Industries.

Además, el Elíseo avanzó que se estudiará la construcción en Francia de un primer reactor Atmea, aunque no se desveló nada sobre un eventual aumento de la participación de EDF en el capital de Areva, aspecto que sí se trató en el último consejo, el pasado julio.

El Consejo busca reestructurar el sector nuclear francés, después de que en 2010 Corea del Sur se llevase un importante contrato que perseguía París.

Artur Mas confirma por carta el rechazo de la Generalitat de Cataluña a ubicar el ATC

En la misiva, fechada el 14 de febrero y remitida por los ecologistas, Artur Mas afirma que «sigue plenamente vigente» la votación en la cámara catalana por la que se denegó que Ascó pueda acoger el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.

«Teniendo en cuenta que no ha habido ninguna modificación sustancial sobre este asunto, sigue plenamente vigente el sentido de la resolución» negativa del Parlamento catalán, asegura concretamente la carta.

Mas aprovecha también para afirmar que su intención es hacer de Cataluña un «referente internacional en la protección del medio ambiente», y agradece a Greenpeace su oferta por colaborar en el desarrollo de la sostenibilidad.

Ante dicha negativa, la entidad ecologista pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que anule la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que daba inicio a la búsqueda de emplazamiento para el ATC, un punto que justifica en el «rotundo rechazo social» a la instalación y en el incumplimiento del proceso de participación pública.

Precisamente, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc) acusó el 15 de febrero a CiU de «claudicar ante el Gobierno español», al entender que con las declaraciones de los últimos días habían abierto la puerta a que el almacén de residuos nucleares se instale finalmente en Cataluña.

Los antinucleares recordaron que CiU no había resuelto el expediente al alcalde de Ascó (Tarragona), Rafael Vidal, abierto cuando éste anunció la candidatura del municipio, y apuntaron a que será ratificado como candidato en las próximas municipales de mayo.

En la misma línea, criticaron que los dirigentes de la formación «se contradicen» respecto a las declaraciones hechas durante la campaña electoral y con las dos resoluciones del Parlamento catalán que votaron en 2008 y 2010, en las que se oponían a la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Cataluña.

Los antinucleares piden a Mas que rechace el silo nuclear ante el Gobierno

También, la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (Canc) insistió al Govern a pedir al Gobierno central que desestime Ascó (Tarragona) como candidata a acoger el almacén temporal de residuos nucleares (ATC), después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, confirmase a Greenpeace su rechazo a la instalación.

La organización reclamó al Govern que pida la desestimación de Ascó al Gobierno de forma «expresa y pública», y pidió que concrete qué medidas políticas, administrativas o legales emprenderá para hacer valer el rechazo a la infraestructura que aprobó en su momento el Parlament.

Asimismo, pidió al presidente de CiU en Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, que resuelva el expediente al alcalde de Ascó (Tarragona), Rafael Vidal, abierto cuando éste anunció la candidatura del municipio. La ratificación de Vidal como candidato de la formación en las elecciones municipales de mayo «significará el aval de CiU a la instalación del cementerio nuclear en Cataluña», advirtió.

«Zapatero se ha olvidado de sus promesas sobre las nucleares»

Por su parte, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, criticó que el Gobierno «se ha olvidado de sus promesas» para el cierre progresivo de las centrales nucleares, durante la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible.

Bravo manifestó que el Ejecutivo «prometió que fijaría la vida útil en 40 años». «Ahora se ha bajado los pantalones y en la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible se ha olvidado de sus promesas», lamentó.

Greenpeace asegura que «seguirá demostrando que es perfectamente posible, técnica y económicamente, tener un sistema basado al 100% en energías renovables».

Por su parte, Ecologistas en Acción anunció que también proseguirá con su campaña por el cierre de las centrales nucleares y «seguirá presionando» para que el Gobierno «haga efectiva al menos» su promesa de cerrar la central de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013. Así lo dijo el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, tras lamentar el «viraje nuclear» del Ejecutivo, al haber aceptado prolongar las vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años.

«Zapatero empezó con un programa electoral en el que se comprometía a cerrar las centrales de manera progresiva, y ahora abre la mano a una prolongación de su vida de manera indefinida, apostando por un mix eléctrico fuertemente insostenible», señaló González.

Por esta razón, la organización «seguirá en campaña por el cierre de todas las centrales» y «seguirá presionando» para que se cierre Garoña en 2013. «Confiamos en que al menos esta promesa del Gobierno se haga efectiva», concluyó González.

El CSN da su visto bueno a la continuidad de la central de Cofrentes hasta el año 2021

El informe, que ya ha sido remitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, incluye no obstante nueve límites y condiciones aplicables a la prórroga de explotación de la central, entre los que destaca la petición al titular de la misma para que antes del próximo mes de agosto realice una revisión de su Plan director de reducción de dosis (PDRD) en los trabajadores y que incluya objetivos cuantificables para cada una de las tareas concretas que se establecen en el mencionado PDRD.

Asimismo, y antes de un año desde la renovación de la autorización, en 2011, la empresa titular deberá llevar a cabo una auditoría independiente de su programa de protección radiológica ALARA.

El resto de condiciones se refieren a aspectos generales de todas las autorizaciones relativos a las empresas titulares, sus facultades y el marco técnico de operación de la central, las obligaciones de información al CSN, los requisitos necesarios para una futura renovación de la autorización o para el caso de decisión de cese de explotación voluntario por parte del titular y los programas de mejora y actuaciones a realizar durante la vigencia de la autorización, así como las modificaciones más relevantes y sus plazos de implantación.

Igualmente, el dictamen emitido por el CSN recoge también otras 14 instrucciones técnicas complementarias (ITC), que desarrollan las condiciones de la autorización, incluyendo las relativas a las modificaciones más importantes, y requieren asimismo acciones adicionales por parte del titular, según informó el organismo en un comunicado.

Entre estas últimas figuran acciones de mejora en relación con la experiencia operativa, gestión de accidentes, estudios deterministas de inundaciones, los análisis probabilistas de seguridad, el control de la configuración de la central y los paneles de parada remota, así como otras relativas a los nuevos requisitos normativos aplicables a los criterios de vigilancia meteorológica, los sistemas eléctricos, unidades de filtración y la independencia física de sistemas eléctricos.

El informe favorable a la continuidad de Cofrentes hasta 2011 se basa en los resultados de los 36 informes técnicos especializados realizados, así como en el cumplimiento los requisitos exigibles por el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y contempla la información procedente de las 267 inspecciones realizadas a la central durante la vigencia de la actual autorización por parte del CSN.

Incluye además los resultados de la supervisión continua del funcionamiento de la instalación mediante el «Sistema Integrado de Supervisión de Centrales» (SISC). Con estos datos, el CSN ha comprobado el correcto funcionamiento de la central y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación, así como en las modificaciones introducidas o previstas para dar respuesta a requisitos normativos de mayor exigencia a los estrictamente requeridos por la reglamentación vigente.

De igual forma, esta decisión tiene en cuenta la verificación del cumplimiento por parte del titular de los requisitos de la autorización concedida en el año 2001.

El Pleno ha revisado durante varias sesiones de estudio el cumplimiento, por parte de la empresa titular, de las condiciones de la autorización vigente y las instrucciones técnicas complementarias asociadas, la revisión periódica de seguridad y la normativa de aplicación condicionada.

Greenpeace critica que el CSN renueve la licencia de actividad de Cofrentes tras la «demostrada falta de seguridad»

Por su parte, Greenpeace ha criticado que el CSN «como se esperaba» haya renovado la licencia de explotación de la central nuclear de Cofrentes hasta 2021, al considerar «demostrada» la falta de seguridad de la planta, tras la acción «pacífica» de la ONG, cuando varios activistas se encaramaron a la torre de refrigeración y por los «gravísimos problemas» en algunos sistemas de la planta.

Así, según ha señalado Carlos Bravo, portavoz de la campaña nuclear de la organización, los activistas se «sorprendieron» de la «facilidad» con que se introdujeron en las instalaciones de la central valenciana ya que los equipos de seguridad «no se dieron cuenta de la presencia hasta que no desplegaron una pancarta».

Además, reconoce que se esperaban la renovación porque, en su opinión, el CSN es un «organismo puramente pronuclear», algo que, según apunta, «ya se vio en el caso de la renovación de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), a la que dio el visto bueno para 10 años más, a pesar de las grietas en la vasija del reactor o los problemas en la válvula de alivio».

«En el caso de Cofrentes el CSN estaba encantado con renovar», ha insistido Bravo, que achaca a la planta de Valencia problemas «conocidos» que indican «corrosión» que al «CSN le importan poco» porque, en su opinión, «siempre hace la vista gorda». A este respecto, ha manifestado que el anuncio del CSN de que se reforzarán las medidas de seguridad «efectivamente» les da la razón a los ecologistas tras su acción.

Mejoras en la seguridad tras la acción de Greenpeace en Cofrentes

Por otra parte, el Pleno del CSN ha acordado incluir nuevos aspectos genéricos de mejora de seguridad física para todas las centrales nucleares en la revisión prevista para este año de la Instrucción de Seguridad, IS-09, tras el incidente registrado en la central de Cofrentes (Valencia), donde activistas de Greenpeace lograron colarse en las instalaciones sin permiso.

El Pleno del CSN ha analizado el incidente en la central, durante el cual los activistas de Greenpeace rompieron el vallado de seguridad y asaltaron la torre oeste de refrigeración y, aunque no lograron acceder a zonas vitales de la instalación, obligaron a activar la Alerta de Emergencia, de acuerdo con su Plan de Emergencia Interior.

Tras este análisis, el Pleno ha propuesto mejoras en los sistemas de seguridad que contemplan, además de la mencionada, impulsar junto con las administraciones públicas implicadas en la seguridad física de las instalaciones un plan de acción para mejorar la capacidad de respuesta y de información preventiva ante actos de agresión, ataque o asalto a cualquier central nuclear española.

El CSN ha acordado además realizar, junto con el titular de la central, un análisis del suceso, un estudio sobre la capacidad de respuesta del sistema de seguridad física de la instalación, para identificar las mejoras que procedan a la luz de dicho análisis.

A pesar de estas recomendaciones, el CSN ha comprobado que el incidente no afectó al objetivo principal del sistema de seguridad física, pues durante el mismo no se produjo el acceso a áreas vitales de la instalación, así como que el sistema de seguridad física cumplió su función de detección y retardo de la intrusión, según ha explicado en un comunicado.

No obstante, sí reconoce que ni el vallado ni los vigilantes de seguridad de la instalación lograron detener la intrusión en el área protegida debido «a los medios utilizados por los asaltantes –con el consiguiente grado de violencia sobre las personas y las infraestructuras, ha dicho–, aunque sí se logró evitar el acceso de los asaltantes a cualquier área vital de la central.

Aguilar dice que la decisión de Garoña está tomada y que el Gobierno cambiará de postura pese a la enmienda

«La decisión sobre Garoña es una decisión del Consejo de Ministros, punto y final», ha aseverado la titular del MARM, quien ha recordado que el futuro de la central burgalesa ya se conoce.

Asimismo, Rosa Aguilar ha afirmado que la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que se aprobó en el Congreso «tiene la virtud de permitir a cada cual mantener su posición» por lo que rechazó que conlleve un cambio de postura por parte del Ejecutivo central y defendió que «se ha podido llegar al consenso» a pesar de que «cada uno tiene su opinión».

No existen razones «técnicas ni políticas» para no prorrogar su actividad

Sin embargo, para el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, no existen razones «técnicas ni políticas» para no prorrogar la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña después de que el pleno del Congreso abriera la puerta a la continuidad de la actividad de las nucleares más allá de los 40 años.

Villanueva ha considerado que la falta de razones «técnicas y políticas» debería empujar al Ejecutivo central a comunicar a Nuclenor la prórroga para que, de esta manera, la compañía pueda hacer un planteamiento «a largo plazo».

Asimismo, ha destacado que la incorporación de las enmiendas supone un «reconocimiento», en un «ejercicio de responsabilidad», de un error «del propio Zapatero». Villanueva ha aseverado que los temas energéticos no se pueden resolver «de forma parcial» –minería, producción energética, gas, renovables y nuclear por separado– como, a su juicio, se hace «todos los días».

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha remitido a la carta que el pasado 24 de enero envió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le pedía que no se cerrase la central de Santa María de Garoña y se pudieran salvar los empleos existentes.

Asimismo, Herrera ha aseverado que «más que hablar de un cambio de criterio» por parte del Gobierno tras la enmienda aprobada «habría que abordar esta cuestión como una oportunidad» para que el Ejecutivo central «sea consciente de que volver atrás y reconsiderar la decisión –sobre Garoña– es un acierto».

El alcalde de Garoña pide que no haya una «discriminación injusta»

Por su parte, el alcalde de Valle de Tobalina -municipio burgalés en el que se ubica la central nuclear de Garoña -, Rafael González Mediavilla, ha pedido al Gobierno que no cometa una «discriminación injusta» con este reactor, después de que los grupos parlamentarios hayan aceptado que la vida útil de las centrales pueda alargarse más allá de los 40 años, en función de las garantías que dé el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

González Mediavilla ha sostenido que, si es el CSN el que ha de decidir, habrá que tener en cuenta que, «en su día, ya dijo que Garoña podía seguir funcionando con seguridad».

A su juicio, el asunto del cierre de la planta burgalesa en 2013 «debería retomarse», teniendo en cuenta la riqueza y empleo que genera en la zona y las repercusiones de su cierre para el sistema energético y el precio de la electricidad. Dejar fuera a Garoña sería «injusto» y «discriminatorio». «No sería coherente» con la enmienda a la Ley de Economía Sostenible, ha afirmado.

El alcalde de Burgos cree que cerrar Garoña es un «capricho político»

Asimismo, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha asegurado que no mantener la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña una vez levantada la restricción de los 40 años de actividad sólo respondería a un «capricho político» del Gobierno.

A su juicio, no se puede «excepcionar» a una central después de anunciar el levantamiento, máxime cuando los informes avalan sus condiciones de seguridad en el futuro y teniendo en cuenta la dependencia energética exterior que padece España.

«No se puede estar jugando con los sentimientos y los puestos de trabajo de más de 1.000 familias y de una provincia que tiene uno de sus activos importantes en Garoña», aseveró Aparicio en declaraciones a los medios.

Greenpeace: «Zapatero se ha olvidado de sus promesas»

Por su parte, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha criticado que el Gobierno «se ha olvidado de sus promesas» para el cierre progresivo de las centrales nucleares, durante la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible.

Bravo ha manifestado que el Ejecutivo «prometió que fijaría la vida útil en 40 años». «Ahora se ha bajado los pantalones y en la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible se ha olvidado de sus promesas», ha lamentado.

También, Ecologistas en Acción proseguirá con su campaña por el cierre de las centrales nucleares del país y «seguirá presionando» para que el Gobierno «haga efectiva al menos» su promesa de cerrar la central de Santa María de Garoña.

Así lo ha dicho el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, tras lamentar el «viraje nuclear» del Ejecutivo, que ha aceptado prolongar las vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años.

«Zapatero empezó con un programa electoral en el que se comprometía a cerrar las centrales de manera progresiva, y ahora abre la mano a una prolongación de su vida de manera indefinida, apostando por un mix eléctrico fuertemente insostenible», ha señalado González.

Foro Nuclear: «Es un acierto político y económico»

También, el Foro de la Industria Nuclear Española ha considerado que apostar por el funcionamiento a largo plazo de las centrales «es un acierto político y económico». De este modo ha valorado la enmienda a la Ley de Economía Sostenible aprobada por el Parlamento, que elimina el límite de 40 años de funcionamiento para los reactores nucleares.

El «lobby» nuclear español ha manifestado que es vital un amplio acuerdo en materia de energía con el consenso de las fuerzas políticas. El acuerdo «debe contemplar un marco normativo predecible, estable e incentivador no sometido a arbitrariedades, en el que se consideren todas las tecnologías y fuentes energéticas».

A su juicio, la política energética en España debe contemplar la continuidad de los ocho reactores nucleares en funcionamiento a largo plazo. Estos ocho reactores nucleares españoles tienen una potencia total instalada de 7.796 megavatios (MW) y una producción de energía eléctrica que representa cerca de la quinta parte de la producción total de electricidad en España.

Para Foro Nuclear, la operación a largo plazo de las centrales nucleares constituye una garantía de independencia y diversificación del abastecimiento energético, mantenimiento de la competitividad en el mercado de generación eléctrica, estabilidad, mejora de la competitividad de las empresas españolas y respeto por el medio ambiente (de acuerdo con los compromisos adquiridos en Kioto).

La industria nuclear europea celebra el cambio «sutil, pero significativo»

Por último, y también en la línea del Foro Nuclear, la industria nuclear europea ha celebrado el «cambio político sutil, pero significativo» que, a su juicio, ha dado España con la aprobación de la enmienda de la Ley de Economía Sostenible (LES) para alargar más allá de los 40 años la vida de las centrales nucleares, si sus titulares así lo solicitan, porque supone un giro de la «política oficial de eliminación».

El director general del Foro Atómico Europeo (FORATOM), Santiago San Antonio, ha destacado que esta decisión es una muestra «clara» de que la energía nuclear «es vista como un medio eficaz y esencial» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes en la Unión Europea.

España «se hace eco» de un movimiento creciente en Europa que ha llevado a numerosos países a ampliar el funcionamiento de sus centrales o a construir nuevas instalaciones, según San Antonio.

También apunta que el hecho de que esta enmienda saliera adelante prueba que existe un «consenso creciente» a favor de las nucleares entre los partidos políticos en España.

Fabrizio Hernández comparece ante el Congreso para explicar su informe en torno a Garoña

A petición de ERC-IU-ICV, el secretario de Estado se ocupará de la posición del Gobierno ante el contencioso administrativo interpuesto por Nuclenor por lucro cesante, como consecuencia de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Antes de acceder al cargo el pasado 7 de enero, Fabrizio Hernández fue director asociado de la consultora NERA Economic Consulting, a través de la cual elaboró y firmó un informe encargado por Nuclenor (titular de Garoña) denominado «Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor».

En él llega a la conclusión de que Nuclenor perderá 951,4 millones por el cierre de la central, cantidad que debería ser indemnizada por el Gobierno del que ahora forma parte el propio autor, según la argumentación que la sociedad ha presentado ante la Audiencia Nacional.

Industria sostiene que el hecho de que Hérnandez elaborara este informe no es incompatible con su actual actividad y que el hecho de que haya estado en contacto con estos temas es un activo, porque conoce las debilidades y fortalezas del sector.

En todo caso, consideran que, aunque proceda de la empresa privada, al entrar a formar parte del Gobierno Fabrizio Hernández asume las decisiones del Gobierno y su postura es la de la defensa del interés general de los ciudadanos.

Además, el PP le exigirá aclaraciones sobre la situación sectorial de las energías renovables tras la nueva regulación de preasignación en las energías termosolares y fotovoltáicas.

Por último, y a petición propia, Hernández informará sobre las políticas relacionadas con el ámbito de la energía.

Miguel Sebastián condena que los ecologistas hayan usado la violencia al asaltar Cofrentes y Greenpeace niega el hecho

A preguntas de los medios, Miguel Sebastián ha indicado que los ecologistas se han subido a «una parte que no afecta a la instalación nuclear o vital de la central», en lo que ha definido, tras condenar que se haya empleado la violencia, como un acto «más festivo, reivindicativo».

«Lo único que lamentamos es que se haya utilizado la violencia, ójala utilizaran otros métodos para hacer llegar su mensaje, a nosotros siempre nos ha gustado el debate nuclear y el diálogo, y no nos gusta que se utilice la violencia pero, en cualquier caso, las centrales nucleares son plenamente seguras y la gente tiene que tener tranquilidad de que lo son», ha señalado Sebastián.

El ministro ha advertido, en este sentido, de que «todos los organismos internacionales han dicho que nuestras centrales son totalmente seguras y el papel que juega de seguimiento e inspección el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es impecable y así nos lo dicen todos los informes internacionales».

Activistas de Greenpeace se han subido a la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para reclamar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno que no se renueve el permiso de explotación de la central, que vence el próximo 19 de marzo, y se proceda a su cierre definitivo.

Después de su reivindicación, la Guardia Civil ha detenido a nueve activistas de Greenpeace de la veintena que ha accedido a Cofrentes, según han informado fuentes de Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. No obstante, Greenpeace ha asegurado que son 16 las personas detenidas –15 activistas y un fotógrafo– por acceder a la central nuclear.

Varios escaladores se han encaramado a una torre de refrigeración de la central nuclear, de 125 metros de altura, con la intención de realizar una pintada con el mensaje «Peligro nuclear». Además, otro grupo de activistas ha desplegado una pancarta con el lema «Cofrentes: cierre ya».

De hecho, el CSN dió por finalizada la situación de alerta de emergencia en la central de Cofrentes, aunque mantendrá activado un dispositivo de vigilancia especial mientras duren los trabajos de reparación de la valla perimetral dañada en la intrusión.

Según la comunicación recibida por el CSN, en esta acción, uno de los vigilantes de seguridad de la planta resultó herido leve y otros dos requirieron atención de los servicios médicos propios de la central, por contusiones.

Greenpeace ha negado «rotundamente» que se haya utilizado la violencia durante la acción. Asimismo, ha asegurado si durante la acción tres trabajadores de la central han resultado heridos «en ningún momento se ha debido a ningún comportamiento violento de los activistas».

La directora Ejecutiva de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, ha explicado que «el desvío de la atención hacia la incuestionable actitud pacifista de los activistas es una maniobra para evitar la cuestión clave» como es, en su opinión, «la falta de seguridad en las centrales nucleares y la necesidad urgente de establecer un calendario de cierre».

Por este motivo, Greenpeace ha exigido «seriedad» en las valoraciones sobre su protesta y considera «especialmente grave» que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, haya afirmado que «se haya utilizado la violencia». Por ello, ha pedido una «rectificación pública» al ministro porque «sus declaraciones carecen de todo fundamento».

Asimismo, al respecto de su declaración en la que ha añadido que desde el Gobierno mantendrán un diálogo respecto al «debate nuclear», Miren Gutiérrez, ha añadido que «para que haya un diálogo sobre el debate nuclear, la otra parte ha de escuchar».

No obstante, según Gutiérrez, el ministro Sebastián «lleva años sin querer hablar con los grupos ecologistas» y «solo atiende a la industria nuclear, del carbón y del petróleo, atacando y destruyendo las energías renovables».

El CSN tiene de plazo límite hasta el 23 de febrero para hacer una propuesta al Ministerio de Industria, que tendrá un mes para tomar una decisión, según han informado fuentes del CSN.