«El riesgo de que la situación empeore y de que haya nuevas emisiones masivas de materiales radiactivos es considerablemente menor», dijo Yukio Edano en una rueda de prensa, recogida por la agencia de noticias Kiodo.

Interrogado otra vez sobre una posible ampliación del perímetro de seguridad establecido en torno a la planta, indicó que el Gobierno va a ampliar el perímetro de seguridad establecido en torno a la planta de Fukushima más allá de los 20 kilómetros de radio, a fin de incluir ciudades y aldeas que han acumulado altos niveles de radiación.

«Estas regiones pueden acumular niveles de radiación de 20 milisieverts o más durante un periodo de un año», declaró Edano, en referencia a la aldea de Iitate (a 40 kilómetros de la central), a parte de la ciudad de Kawamata y a otras zonas. «No es necesario evacuarlas inmediatamente», prosiguió, aun admitiendo que lo deseable sería proceder a la evacuación en el plazo de un mes.

Hasta el momento, la evacuación es obligatoria para todas las personas que vivan a menos de 20 kilómetros de la central y voluntaria para quienes se sitúen en la horquilla entre los 20 y los 30 kilómetros. No obstante, a lo largo de este fin de semana algunos vecinos han regresado a sus casas para recoger sus pertenencias.

Este lunes se cumple un mes del terremoto de nueve grados en la escala de Richter que azotó la costa noreste de Japón y dio lugar a un tsunami con olas de hasta 38 metros de altura, desatando una grave crisis humanitaria y nuclear.

En referencia a los malos resultados que ha obtenido el gobernante Partido Democrático de Japón (DPJ) en las elecciones locales celebradas el domingo, Edano descartó que el primer ministro, Naoto Kan, vaya a dimitir.

«El primer ministro dedicará todas sus fuerzas a sus obligaciones», dijo el portavoz, al tiempo que apuntó a la reconstrucción del país como una de las principales.

Horas antes, Natsuo Yamaguchi, el líder de Nuevo Komeito, la segunda formación opositora, apuntó que estos comicios debían ser interpretados como una moción de confianza contra el Gobierno de Kan.

Por su parte, el gobernador de la prefectura japonesa de Fukushima, Yuhei Sato, se negó a recibir al presidente de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), Masataka Shimizu, durante su visita a la zona, según revelaron fuentes cercanas a las dos partes.

Durante su visita a la prefectura, Shimizu pretendía entrevistarse con Sato para disculparse por los problemas derivados de la situación de la central, en cuyo entorno se han detectado altos niveles de radiactividad que han obligado a evacuar a las personas que viven a menos de 20 kilómetros de distancia de sus instalaciones.

Esta es la segunda ocasión en la que Sato rechaza la petición de Shimizu, quien ya el pasado mes de marzo, cuando comenzaron los problemas en la central, manifestó su intención de celebrar una reunión con las autoridades locales.

Sin embargo, el dirigente de TEPCO sí se entrevistará con los operarios que tratan de contener las fugas radiactivas de la planta. Después ofrecerá una rueda de prensa, la primera desde el 13 de marzo.

Shimizu fue hospitalizado el 29 de marzo víctima de mareos e hipertensión, dolencias que le mantuvieron alejado de la gestión de la crisis nuclear durante las primeras semanas. Su lugar fue ocupado por el presidente del consejo de la compañía, Tsunehisa Katsumata.

Shimizu pidió perdón a los vecinos de la prefectura de Fukushima por el accidente nuclear de Fukushima, así como por el vertido de agua radioactiva al mar procedente de la planta, uno de los incidentes más criticados por los vecinos de la zona, que dependen en gran parte de la industria pesquera.

El CSN continúa detectando en España «ligeros incrementos puntuales» de sustancias radiactivas

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó de que, desde el pasado 28 de marzo, «algunas estaciones de gran sensibilidad de la red del CSN continúan detectando ligeros incrementos puntuales de la concentración de yodo y cesio en el aire procedentes de Japón».

Sin embargo, estos valores «no tienen significación desde el punto de vista de la protección radiológica ya que, en todos los casos, son muy bajos y sin ningún peligro para la salud de las personas y para el medio ambiente». Estas detecciones son, además, similares a las que se observan en otros países europeos.

Este organismo, según informa, continúa realizando un seguimiento de la situación, en coordinación con los organismos internacionales. El CSN mantiene el seguimiento habitual de los índices de radiación ambiental en todo el territorio nacional a través de las diferentes redes de vigilancia radiológica. En este sentido, aclaró que «todos los valores registrados en las estaciones están dentro de la normalidad».

Greenpeace proyecta mensajes antinucleares en las centrales españolas

Asimismo, activistas de Greenpeace proyectaron imágenes y mensajes antinucleares en todas las centrales españolas «para pedir el fin de la era nuclear, el cumplimiento del compromiso que tiene el PSOE al respecto y apostar definitivamente por un sistema energético suficiente, inteligente y cien por cien renovable», según informó la organización ecologista.

Así, Greenpeace proyectó mensajes como «No más Fukushima», «Peligro nuclear» o «Danger» con motivo del cumplimiento del primer mes después del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima. En este sentido, defendió que sus análisis «demuestran que hay altos niveles de radiactividad en zonas densamente pobladas en el área de 40 kilómetros de radio de la central nuclear».

Además, la organización ecologista afirmó que con esta «acción pacífica» pretende «llamar la atención sobre el funcionamiento peligroso de las centrales nucleares españolas» ya que, según añadió, «el parque nuclear español está al final de su vida útil y sufre graves problemas de seguridad«.

Por ello, Greenpeace pidió que se incluyan toda una serie de pruebas en los llamados «stress test» que se van a realizar a las centrales nucleares y recordó que está previsto que este martes se debata en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley del PSOE sobre estas pruebas y el cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), prevista para 2013.

Greenpeace también consideró que, además de probar la resistencia de las centrales nucleares ante terremotos e inundaciones extremas, estas instalaciones «deben demostrar que son capaces de superar posibles ataques terroristas, sabotajes y ciberataques, así como el impacto de aeronaves o misiles«.

Por otra parte, un equipo de científicos y expertos en protección radiológica de Greenpeace aseguró haber descubierto «altos niveles» de contaminación radiactiva en alimentos básicos producidos en diversas localidades de Ucrania, 25 años después del accidente nuclear de Chernóbil.

Greenpeace decidió hacer estos análisis tras la decisión del Gobierno ucraniano de finalizar su realización, que la organización ecologista considera «equivocada».

En concreto, la ONG dice haber encontrado en un pueblo de la región de Rivnenska el isótopo radiactivo cesio-137 en el 93% de las muestras de leche recogidas. El cesio-137, con una vida media de 30 años, aparece en esas muestras de leche en un nivel entre 1,2 y 16,3 superior al considerable aceptable en Ucrania, afirmó Greenpeace.

La organización aseguró que los niveles «más peligrosos» se encontraron en alimentos «clave», como leche, bayas y setas.

«Existe la necesidad urgente de continuar analizando con rigor y de manera científica la contaminación por isótopos radiactivos de las tierras de cultivo y de pasto en las áreas afectadas de Ucrania», señaló Iryna Labunska, científica de Greenpeace.

Los ecologistas lamentaron que, «después de 25 años», la población que vive a cientos de kilómetros de Chernóbil «continúe todavía expuesta a niveles de radiación peligrosos a través de la comida de origen local».

Durante la inauguración de la jornada «Novedades normativas en la industria nuclear» organizada por el Club Español de la Energía, Mariano Bacigalupo se refirió al «impacto terrible» que el incidente de Japón tendrá sobre el debate sobre la energía nuclear, puesto que 25 años después del accidente de Chernobyl, a su juicio, este debate parecía «acabado» y ahora parece que «vuelve a la casilla de salida».

Además, criticó el «alarmismo oportunista» fomentado por varios líderes «de primera magnitud» y se refirió en concreto a la canciller alemana, Angela Merkel, que en medio de unas elecciones llegó a suspender la derogación de la ley de abandono nuclear.

En este contexto, el abogado del Estado y ex secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Morales, subrayó que la exigencia del ordenamiento jurídico en materia nuclear requiere de «un andamiaje jurídico muy bien estructurado» porque la regulación nuclear tiene unas «características muy peculiares y propias», como el desbordamiento absoluto del concepto de soberanía y territorialidad de las normas.

Asimismo, explicó que la regulación nuclear interesa no sólo a los países que tienen centrales nucleares porque existen multitud de instalaciones radiactivas que también hay que regular. «Los países que tienen centrales tienen interés en que se regule adecuadamente, pero también los que no la tienen, incluso los países anti-nucleares y, al mismo tiempo, es importante para la industria nuclear que se regule bien, algo que queda demostrado en Fukushima», agregó.

En cuanto a los organismos reguladores defendió que, en el caso de España, la independencia está muy bien definida, aunque manifestó que, en su opinión, se observa una tendencia a la «sobre-regulación» y, en todo caso, recordó que la regulación nuclear debe permitir, respetando los límites de la seguridad, que las empresas sean rentables, porque no son ONGs.

Respecto a la transparencia, señaló que en la reforma de la normativa del CSN de 2007 se amplió el grado de acceso a la información y defendió que «no hay nada que ocultar» porque la transparencia es «fundamental», ya que implica buena regulación y minimiza a la población la sensación de riesgo.

Por otro lado, el catedrático emérito de tecnología nuclear y ex consejero del CSN Agustín Alonso Santos, explicó la pirámide normativa nuclear y se refirió a la potestad del CSN para elaborar y aprobar instrucciones, circulares y guías de carácter técnico relativas a las instalaciones nucleares y radiactivas, a las actividades relacionadas con la seguridad nuclear y a la protección radiológica.

Mientras, la subdirectora general de la Asesoría Jurídica del CSN, Victoria Eugenia Méndez, explicó la última directiva de la Unión Europea en materia de seguridad nuclear y dijo que ésta deberá estar transpuesta al ordenamiento jurídico español antes de julio, puesto que entrará en vigor el día 22 de ese mes.

Así, desglosó la Directiva 2009/71 de Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares y que es vinculante para todos los Estados Miembro aunque estos podrán hacerlo de distintas formas.

En el caso de España, aseguró que el Estado está «de acuerdo» con la citada directiva y que «realmente, no va a tener que hacer prácticamente ningún esfuerzo para cumplirla, porque ya tiene incorporados varios elementos de dicha Directiva». De hecho, apuntó que España ya tiene realizada su «tabla de trasposición», la cual ya fue entregada a la Comisión Europea. «España hizo sus deberes mediante el Ministerio de Industria y el CSN», apostilló.

Finalmente, reiteró que en España, «al igual que otros países con elevados estándares de seguridad nuclear, no parece que haga falta una reforma en profundidad del marco normativo para cumplir la Directiva».

Montoro cree que el siniestro de Japón puede cambiar la política energética

Por su parte, el ex ministro y actual coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, admitió la posibilidad de que Europa modifique su política energética como consecuencia de la fuga radiactiva de la central nuclear de Fukusima.

«Estamos en una situación tan grave que puede haber cambios», afirmó el que fuera ministro de Economía del segundo Gobierno de José María Aznar.

Montoro dijo que el siniestro de Japón ha creado «incertidumbre» sobre el futuro de la energía en Europa, que ahora se enfrenta al «desafió de garantizar la seguridad» de las centrales nucleares.

El dirigente del PP se manifestó partidario de una reforma energética que incluya el carbón como una de las fuentes y que «alejada de ideologías» contemple los costes de producción como una de las prioridades.

El CSN analiza los sistemas de seguridad de las centrales de Finlandia y Suecia

En otro orden de cosas, una delegación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), encabezada por su presidenta, Carmen Martínez Ten, y el consejero Antonio Colino, y una representación de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados visitaron algunos de los emplazamientos nucleares de Finlandia y Suecia entre los días 4 y 6 de abril.

La representación de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados estuvo encabezada por su presidente, Antonio Cuevas, y los diputados Francesc Vallès, Antonio Erías, Pedro Azpiazu, Jordi Jané, Mª Nuria Buenaventura y José Luis Ruiz-Navarro, todos ellos, miembros de la Ponencia de seguridad nuclear del Congreso.

El motivo de este viaje fue el conocimiento, de primera mano por parte de los parlamentarios españoles, de los sistemas de regulación propios de otros países y los sistemas de operación de centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado.

Ambas delegaciones visitaron la instalación de Olkiluoto en Finlandia y CLAB y Äspö, en Suecia y mantuvieron una reunión con el organismo regulador sueco para analizar los sistemas de seguridad y los sistemas de almacenamiento que se llevan a cabo en estos países del norte de Europa.

Japón lleva luchando más de tres semanas para controlar la planta nuclear que se vio afectada por el terremoto y el posterior tsunami del 11 de marzo, lo que ha abierto el debate sobre la energía nuclear en todo el mundo.

«La crisis en Fukushima Daiichi tiene grandes repercusiones para la energía nuclear y nos coloca a todos nosotros ante un desafío importante», aseguró Yukiya Amano en una reunión con 72 países en Viena.

Durante la Convención sobre Seguridad Nuclear, que pretende revisar las normas de la seguridad nuclear y que fue convocada antes del inicio de la crisis en Japón, Amano dijo a los delegados que no pueden tratar la cuestión nuclear como si no hubiera pasado nada.

«La preocupación de millones de personas en el mundo sobre si la energía nuclear es segura debe tomarse seriamente», indicó. «La adhesión rigurosa a las normas más importantes de seguridad a nivel internacional y una completa transparencia, en buenos y malos momentos, son vitales para restaurar y mantener la confianza pública en la energía nuclear», aseguró Amano en su discurso.

Una de las formas para mejorar las normas es dicha Convención, aunque la adhesión de sus miembros a este pacto es voluntaria. La AIEA no puede obligar a los países a aceptar sus recomendaciones en materia de seguridad, aunque sí a poner fin a la proliferación de armas atómicas.

Amano aseguró que a finales del pasado año más de 60 miembros de la AIEA anunciaron a la organización que estaban barajando la posibilidad de introducir programas de energía nuclear.

«A la luz del accidente de Fukushima Daiichi, algunos países han anunciado la revisión de sus planes de energía nuclear«, aseguró y añadió que las razones por las que se elige la energía nuclear no han cambiado. «Estas incluyen la creciente demanda de energía a nivel mundial, al igual que la preocupación por el cambio climático, los volátiles precios de los combustibles fósiles y la seguridad energética«, indicó Amano.

Alemania y Suiza ya han anunciado que cerrarán todos los reactores viejos o que suspenderán nuevas concesiones. China ha suspendido la construcción de nuevas plantas y Taiwán estudia el recorte de su producción nuclear.

El grupo energético consideró que la obligación de defender los intereses de sus accionistas le fuerza a presentar la demanda y sostuvo que la moratoria carece de base legal, opinión que comparten varios expertos jurídicos, quienes estiman que la denuncia podría tener éxito.

Pese a todo, RWE comunicó que apoya la decisión del Gobierno de dictar la moratoria para verificar la seguridad de todas las plantas atómicas con nuevos y mas severos estándares.

Es mas, la presentación de la denuncia permitiría a RWE hasta el dictado de una sentencia reactivar la central atómica de Biblis A, aunque la compañía eléctrica subrayó que la mantendrá desconectada de la red.

La decisión de RWE contrasta con la anunciada por la compañía eléctrica E.ON, que comunicó su intención de no actuar judicialmente contra la moratoria, pese a que los estados federados de Baja Sajonia y Baviera ya han ordenado la desconexión temporal de dos de sus centrales atómicas, las plantas de Isar I y Unterwesser.

El Consejo Directivo de E.ON, tras una larga deliberación, llegó a la conclusión de que el camino correcto es participar de forma constructiva en el debate sobre el futuro de la energía atómica lo que se vería entorpecido si se lleva el asunto a los tribunales.

Tras la catástrofe nuclear en Japón, el Gobierno alemán decretó una moratoria atómica de tres meses, durante los que se deberán revisar la seguridad de todos los reactores que existen en Alemania.

Además ordenó la desactivación temporal durante ese plazo de 7 de las 17 centrales existentes en Alemania, entre ellas las dos pertenecientes a E.ON arriba mencionadas. La eléctrica alemana tiene participación en otras dos centrales nucleares, cuya gestión comparte con el consorcio energético Vattenfall.

Por otro lado, el rotativo Leipziger Volkszeitung informó de que la coalición de Gobierno que preside la canciller federal, Angela Merkel, ha llegado a un acuerdo para clausurar definitivamente las siete plantas atómicas desconectadas provisionalmente en base a la moratoria.

El diario reveló que en una reunión confidencial celebrada el pasado martes los líderes de los partidos y jefes parlamentarios de la coalición de cristianodemócratas, socialcristianos bávaros y liberales llegaron a un acuerdo básico al respecto.

El cierre definitivo afectará a esas siete plantas, así como a la central atómica de Krümmel, al norte del país, más moderna, pero que actualmente se encuentra desconectada por una avería y que reiteradamente ha dado problemas en su funcionamiento.

La información subrayó que el endurecimiento de los criterios de seguridad para el funcionamiento de las centrales nucleares «garantiza» que las ocho actualmente desconectadas nunca volverán a suministrar electricidad a la red.

En la reunión, España estuvo representada por el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Antonio Gurguí y la directora técnica del CSN, Isabel Mellado.

Así, los reguladores fijaron como plazo para la realización de estas pruebas de resistencia un total de seis meses para que las centrales se sometan a revisión (a partir de la aprobación de la propuesta) y tres meses más para la evaluación por parte de los organismos reguladores. Las evaluaciones, según consideró WENRA, permitirán analizar el comportamiento de las centrales nucleares ante una serie de situaciones extremas que pudieran poner en riesgo la seguridad de las mismas.

Para ello, los reguladores europeos crearon un grupo de trabajo que precisará en un documento que se elaborará en las próximas semanas el alcance y contenido de las pruebas de resistencia

Mientras, el CSN envió a los titulares de las seis centrales y ocho reactores nucleares españoles la propuesta de WENRA, en la que se explican las pruebas de resistencia a las que se deberán someterse. El organismo regulador español señaló también que ya inició una ronda de reuniones con los responsables de las plantas para plantear el desarrollo de los test de estrés.

Igualmente, el CSN remitió al Gobierno la información de la reunión del WENRA para contribuir a promover una definición «común» del alcance de los análisis europeos, sin menoscabo de que las autoridades nacionales amplíen estas evaluaciones si lo estiman necesario.

Concretamente, para llevar a cabo las pruebas de resistencia se identificaron una serie de sucesos iniciadores de un potencial accidente, así como situaciones que podrían ocurrir en el desarrollo de una emergencia más allá de las bases de diseño, con el fin de adoptar medidas para su prevención y para afrontar sus posibles consecuencias.

De este modo, el CSN precisó que de acuerdo a la información recibida hasta la fecha sobre el accidente nuclear de la central de Fukushima Daiichi, las pruebas deberán incluir, como mínimo, sucesos iniciadores como un terremoto superior al de base de diseño; inundaciones superiores a las de base de diseño; otras condiciones externas extremas, dependiendo de las características del emplazamiento que deriven en pérdida de las funciones de seguridad; pérdida total prolongada del suministro eléctrico.

Asimismo, se deberá incluir al menos exámenes en base a la pérdida prolongada del sumidero final de calor. Problemas de gestión del accidente con fusión del núcleo, como la acumulación de hidrógeno, y condiciones degradadas en el almacenamiento del combustible gastado, como la pérdida de blindaje contra la radiación.

Finalmente, el CSN agregó que, adicionalmente, se tendrá que tener en cuenta las acciones automáticas; las acciones específicas de los operadores descritas en los procedimientos operativos de emergencia; cualquier otra medida prevista de prevención; recuperación y mitigación de accidentes, así como la situación fuera de la planta, o la posibilidad de que varias unidades se vean afectadas al mismo tiempo.

La presidenta del CSN se reunirá AMAC el martes

Asimismo, la comisión directiva de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), de la que forman 21 alcaldes, se reunirá el próximo martes con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, para que ésta les explique «en detalle» la información que se maneja hasta el momento acerca de las causas, la evolución y las consecuencias de la situación de emergencia nuclear en Japón.

AMAC señaló que desde que comenzó la emergencia, el CSN ha mantenido un seguimiento continuo de la situación de las centrales nucleares japonesas desde la Sala de Emergencias (SALEM) del que ha sido informada «de forma permanente».

Así, los municipios señalaron que los alcaldes pedirán información acerca del contenido de los nuevos análisis de seguridad a las centrales nucleares españolas, encargados por el Gobierno al CSN.