El ministro de Medio Ambiente, el cristianodemócrata Norbert Röttgen, realizó esta afirmación ante los medios de comunicación al hacer público el informe de la Comisión de Seguridad Nuclear (RSK), solicitado por el Ejecutivo federal a raíz del accidente de Fukushima.

«Debemos encontrar una forma de abandonar la energía atómica tan rápido como sea razonable», destacó Röttgen como una de las conclusiones fundamentales del informe, pero matizó de seguido que también queda patente en el documento que el «apagón nuclear» no puede ejecutarse «de forma inmediata».

Al informe de la RSK se sumará a finales de este mes el de la llamada Comisión Ética nombrada por el gobierno para proponer plazos para el abandono de la energía nuclear, documentos que el equipo de la canciller federal, Angela Merkel, reclamó antes de tomar una decisión.

Röttgen agregó que Alemania debería buscar fuentes de energía «más interesantes» y «seguras», en referencia a las renovables, y resaltó que los resultados obtenidos del examen de riesgos por las 17 centrales nucleares del país han sido «muy diferenciados».

Así, las siete centrales más antiguas del país -las que se cerraron de forma temporal tras el accidente de Fukushima- son las que peor han puntuado en este análisis técnico, que considera posibles inundaciones, ataques terroristas incluso con aviones suicidas, terremotos y fallos del suministro eléctrico, entre otras eventualidades.

Reiterando las evaluaciones políticas previas, estas siete instalaciones se situarían en el nivel de seguridad más bajo, grado uno -o incluso cero, en el caso de cuatro-, sobre un máximo de tres.

No obstante, Röttgen evitó decir que estas centrales atómicas, construidas antes de 1980, vayan a ser clausuradas permanentemente una vez que concluya la suspensión de tres meses que se les impuso para su revisión tras la catástrofe de Fukushima.

A este respecto, algunos políticos de la oposición, como el recién nombrado primer ministro del estado federado de Baden-Wurtemberg, el ecopacifista Winfried Kretschmann, expresaron ya sus dudas sobre la posibilidad de que estas antiguas instalaciones vuelvan a entrar en funcionamiento.

Las otras diez centrales, por su parte, lograron una calificación media de grado dos, aunque ninguna obtuvo en todas las categorías el grado dos. Ninguna alcanzó la máxima categoría de seguridad trazada por el informe de la RSK.

«En cada central atómica hay una mezcla de fortalezas y debilidades, lo que implica una serie de riesgos diferentes que ahora hemos identificado», apuntó Röttgen.

En este sentido, Rudolf Wieland, jefe de la RSK, añadió que ninguna ha obtenido el grado tres de media, que ninguna obtuvo en todos los apartados un grado dos y que sí que algunas alcanzaron en todas las categorías el grado uno.

El ministro subrayó que este informe técnico debe servir de base «real» y cualitativa, con nuevos datos fruto de un trabajo «intensivo», para que el Ejecutivo federal pueda alcanzar «una decisión» sobre el futuro de la energía atómica en Alemania.

«Esta imagen de conjunto de los riesgos debe servir de base para el debate sobre el abandono de la energía nuclear», afirmó el titular de Medio Ambiente alemán.

Esta previsto que a principios de junio el Ejecutivo encabezado por Angela Merkel apruebe su nuevo plan energético, que sustituirá al proclamado a finales del año pasado y que apostaba por prolongar el uso de la energía atómica.

Tras el descubrimiento en el reactor 1, TEPCO anunció que a partir de ahora se intentará enfriar los reactores con otra técnica que consiste en hacer circular continuamente el agua que ya se introdujo dentro del reactor en vez de inyectar más.

La compañía consideró que parte del agua que se estaba inyectando en los reactores podría haberse filtrado al exterior después de que las vasijas presentasen grietas en su estructura. Este agua altamente contaminada pasaba después de estar en los reactores a piscinas y depósitos. Alrededor de 90.000 toneladas de esta agua radiactiva se encuentran almacenadas en Fukushima.

Por su parte, el Gobierno asumirá su responsabilidad en la gestión de la crisis nuclear para apoyar a todas las víctimas afectadas. Además, el primer ministro, Naoto Kan, añadió que actuará en concordancia con el nuevo plan de TEPCO para seguir con el calendario previsto. Hace un mes, la empresa anunció que en tres meses se reducirían notablemente los niveles de radiación y que necesitaba nueve meses para conseguir que la planta nuclear se enfriase del todo.

Las nuevas informaciones dadas por las autoridades muestran que los núcleos de uranio de los reactores 1, 2 y 3 estuvieron descubiertos sin agua entre seis y catorce horas tras el terremoto, lo que provocó el sobrecalentamiento y la posible fusión de parte de las barras de combustible que fueron a parar al fondo de la vasija.

En el caso del reactor 1, del que sí que se confirmó su fusión, el uranio líquido podría haberse filtrado fuera de la vasija de contención, provocando el aumento de los niveles de radiación cuando comenzaron las operaciones de enfriamiento de emergencia. Además, el reactor 3 no se logró enfriar hasta niveles por debajo de la ebullición del agua.

Otra preocupación es que el reactor 4, que estaba apagado en el momento del terremoto, fue gravemente dañado por una explosión de hidrógeno. Los trabajadores tienen que apuntalar el reactor con nuevas vigas de acero y cubrirlo de hormigón para evitar que explote.

Más de dos meses después del terremoto y posterior tsunami que afectaron a la central de Fukushima, provocando la peor crisis nuclear desde Chernóbil (Ucrania) hace 25 años, las autoridades aseguraron que ya ha pasado el peligro de una nueva explosión, pero parece que cada intento de tomar el control total de la planta se vio salpicado por un nuevo fracaso.

El Gobierno anunció que desarrollará un plan propio para ayudar a los evacuados y proteger la salud de los trabajadores de Fukushima ante la frustración de la población. El Ejecutivo calificó a los afectados por el desastre como «víctimas de la política nacional», en referencia a la calificación de la energía nuclear como el corazón de la política energética del país.

El Ejecutivo recibió fuertes críticas por su gestión de la crisis tras el terremoto y el tsunami, que dejaron 25.000 personas muertas o desaparecidas, mientras que unas 116.000 siguen viviendo en refugios. Unas 80.000 personas tuvieron que evacuar sus casas por el riesgo a contaminación. Los agricultores del sur de Tokio, en Kanagawa, tuvieron que destruir sus cosechas de té por el riesgo a que estuviesen contaminadas por cesio.

La semana pasada, las autoridades comenzaron a sacrificar unas 1.500 vacas y cerdos en la zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de Fukushima. La quema de los cuerpos podría extender la radiación, así que se cubren con una lona azul y se espera a que se descompongan.

Las autoridades pretenden conseguir el «apagado frío» de los reactores, para permitir que las autoridades limpien los alrededores sin riesgo de radiación y quitar el combustible de los reactores afectados. Este proceso podría durar más de diez años.

La OIEA enviará una comisión científica a Fukushima

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene previsto enviar una misión de expertos a Japón el 24 de mayo, para analizar la seguridad de Fukushima. Según informó la ONU, el equipo estará formado por 20 especialistas y será liderado por Mike Weightman, del Reino Unido.

Estos expertos permanecerán en el país hasta el 2 de junio, y visitarán la central y otros sitios relacionados con sus instalaciones.

El objetivo es realizar una evaluación preliminar sobre la seguridad de la planta e identificar otros factores que precisen ser examinados según los parámetros de seguridad del OIEA.

La misión presentará un informe con sus hallazgos durante la conferencia ministerial sobre seguridad nuclear que se celebrará en Viena del 20 al 24 de junio.

Para la OIEA, la situación en la central sigue siendo «preocupante», aunque reconoció que se ha avanzado en los trabajos de enfriamiento de los reactores y prevención de fugas de radioactividad.

El presidente del Ejecutivo comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, confió en que este jueves sea posible lograr un consenso y dejó claro que las pruebas de resistencia deberán incluir criterios «muy estrictos» y contemplar el «abanico más amplio» de escenarios.

«Los tests han de ser completos e incluir una gama tan amplia como posible de escenarios, ya sean de (causa) natural o de origen humano», explicó una portavoz de Barroso. El presidente de la Comisión cree que las plantas europeas afrontara las normas «más estrictas» pero que hay que seguir «avanzando».

El presidente de la Comisión Europea apoyó además el refuerzo del marco legislativo internacional sobre seguridad nuclear, en concreto, la Convención de Seguridad Nuclear y el sistema de alerta rápida de accidentes nucleares.

«Europa ya cuenta con la regulación más estricta del mundo en materia de seguridad nuclear», afirmó Barroso y aseguró que aún así la Unión Europea está dispuesta a seguir avanzando y exigir a los países que elijan seguir con la nuclear que apliquen los máximos estándares de seguridad, ya que los incidentes nucleares «ignoran fronteras».

La propuesta que defenderá en la reunión el comisario de Energía, Günther Oettinger, se centrará en incluir el factor humano en los escenarios que se pongan a prueba en los test de estrés, con el objetivo de evaluar la resistencia de las 143 centrales nucleares que existen en territorio comunitario ante situaciones como un ataque terrorista o el choque de un avión.

También insistirá en que el resultado de las pruebas debe ser público, pese a las reticencias de varios Estados miembros, en especial en lo que respecta a datos sensibles como las medidas previstas por una central ante el riesgo de atentado. El comisario defenderá la importancia de garantizar la «transparencia», pero cree «evidente» que hay información que «no puede publicarse», según matizó su portavoz, Marlène Holzner.

La portavoz recordó que las pruebas de resistencia cuyos criterios están aún por definir son de carácter voluntario y Bruselas no tiene competencia para obligar a las centrales a someterse a estas pruebas ni para forzar el cierre de una planta si no supera el examen. Con todo, la Comisión cuenta con el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que en su última reunión pidieron avanzar en esta línea.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) espera poder concluir pronto la propuesta que España tiene que elevar a la Unión Europea en relación con los test de esfuerzo de las centrales nucleares españolas, aunque no precisaron si la propuesta verá la luz esta semana, si bien se está trabajando de manera intensa en la misma.

En su opinión, y en alusión al accidente de la central japonesa, el ministro consideró que «algunos dicen que ha sido el último» accidente nuclear, «que ya se ha acabado con la energía nuclear y hay que desmantelarla» y los que por el contrario dicen que «hay que todavía se le puede dar otra oportunidad, siempre que se revise la seguridad. El mundo está en ese dilema», dijo en el acto de clausura de la jornada sobre energía eólica organizada por MCA-UGT.

«España tiene que tomar la decisión y hacer una reflexión sabiendo que a corto plazo la nuclear es imprescindble. Lo que hay que hacer es asegurarnos más, si cabe, de la seguridad de nuestras centrales, que están bastante bien hechas y diseñadas, sin riesgos sísmicos, de tsunamis ni de inundaciones», dijo Sebastián, en declaraciones a la prensa y subrayó que el Gobierno aún «no lo tiene claro».

«Por si acaso hay que someterlas a pruebas de esfuerzo y hay que tener bien amarrado lo que ha pasado en Fukushima, que es el mecanismo de respaldo de suministro eléctrico para refrigeración».

Para el titular de Industria, «de Fukushima vamos a aprender mucho, y vamos a tener una energía nuclear mucho más segura», sostuvo.

En su intervención, el ministro también mencionó los conflictos que vive el norte de África, y que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con fuentes autóctonas. En este sentido, defendió el importante papel del carbón en la mejora de la seguridad de suministro y como respaldo para la integración de las energías renovables.

También subrayó la necesidad de fijar un marco de futuro seguro para el sector en un nuevo plan del carbón con horizonte en 2018; el actual concluirá el año que viene.