Según el CSN, la central nuclear de Almaraz está funcionando «con normalidad y bajo los parámetros de seguridad establecidos». Concretamente, la unidad 1 se encuentra en parada por recarga, mientras la unidad 2 opera al 100% de potencia. Además, la Subdelegación del Gobierno de Cáceres informó a los municipios del entorno de la central de la inexistencia de situación de emergencia alguna.

«Se desconocen las causas por las que el sistema de megafonía del ayuntamiento de Almaraz se activó, advirtiendo a la población de una emergencia inexistente», explicaron desde el CSN.

Por este motivo, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior envió un técnico para estudiar y analizar por qué se activó la megafonía de emergencia nuclear.

Fuentes de Protección Civil subrayaron que dicha megafonía «se activa de forma manual», aunque aún se desconoce si se debió a un error humano o a un fallo de electricidad porque, reiteró que «se activa manualmente».

Además, aseguraron que dicha emergencia «no existe» y que la central opera con normalidad. En todo caso, destacaron el «ejemplar» comportamiento de la ciudadanía que siguió «todos los protocolos establecidos» para dicha eventualidad.

Al mismo tiempo, a instancias del Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres) se solicitó a la Guardia Civil que inicie una investigación para determinar los motivos de este funcionamiento erróneo e depurar responsabilidades.

Por su parte, los responsables de la central nuclear de Almaraz indicaron que le es «totalmente ajeno» el «mantenimiento y gestión» del sistema de megafonía de emergencia nuclear instalado en el área urbana de la localidad.

Mientras tanto, la alcaldesa de Almaraz (Cáceres), Sabina Hernández, advirtió que «no me gustaría pensar que haya sido un acto de sabotaje», quien se lamentó de los «momentos malísimos» que pasó la población, con vecinos que presa del nerviosismo tuvieron que ser atendidos en los centros de salud.

«Desde luego vamos a exigir que se investigue hasta el fondo y, por supuesto, cuando tengamos los informes exigiremos la máxima responsabilidad por lo que ha sucedido a quien corresponda, y más cuando hay indicios» de que la alerta pudo ser activada intencionadamente, como no descarta el propio CSN, precisó la alcaldesa.

La primer edil añadió que es la primera vez en la «historia nuclear» del pueblo que saltó la alerta, al tiempo que advirtió de que los planes de emergencia «están obsoletos y hay que ponerlos al día por la Dirección General de Protección Civil».

A este respecto, los representantes de organizaciones ecologistas también criticaron el estado de los planes de emergencia nuclear en España después de que se activara la megafonía del Ayuntamiento que anunciaba una emergencia nuclear en Almaraz(Cáceres), aunque dicha emergencia no existía.

El responsable de Campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, afirmó que esta activación «demuestra que los planes de emergencia nuclear españoles están mal implementados y que los alcaldes, además de no conocer bien lo que tienen que hacer, hacen cosas tan irreflexivas como esta». También indicó que el problema es «claramente» una falta de coordinación entre las instituciones que participan en los planes de emergencia, que son los ayuntamientos, Protección Civil, la Guardia Civil y el CSN.

Castejón, que calificó de «vodevil» la activación de la alarma nuclear en la localidad cacereña, defendió que la falta de coordinación «se ha puesto de manifiesto en los simulacros» y recordó que Ecologistas en Acción lo denunció.

Por su parte, el responsable del Área Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, afirmó que «no se puede valorar esta activación como un hecho muy preocupante», aunque añadió que la situación de los planes de emergencia nuclear «es de dejadez absoluta y que en caso de accidente nuclear los problemas existentes contribuirían a empeorar todavía más la grave situación que podría provocar un accidente nuclear».

De esta forma, señaló que «el gran problema que existe es que en el Ayuntamiento de Almaraz no sabían dónde estaba el documento del Plan de emergencia nuclear de Cáceres ni dónde estaban las pastilla de yodo, que pueden paliar los efectos del yodo radiactivo en caso de un escape, tal y como constató hace unos años Greenpeace en una visita.

Asimismo, denunció que la situación de cómo siguen los ayuntamientos los planes de emergencia «es bastante lamentable» en general porque «a pesar de que se hacen simulacros, estos están absolutamente programados y no se llevan a cabo por sorpresa».

Así, elogió el diseño en los años 80 del programa nuclear español porque, en su opinión, los 30 emplazamientos «se eligieron muy bien», aunque finalmente se construyeran 10 centrales. En este sentido, dijo que además de la ubicación, las centrales se construyeron con amplios márgenes de seguridad y porque España «siguió siempre muy de cerca» al organismo regulador estadounidense, que es un «organismo independiente y consolidado», y esto permitió que el parque atómico español haya ido incorporando nuevos requisitos.

Por su parte, el director de WANO (la asociación mundial de operadores), Ignacio Araluce, advirtió que le «extrañaría mucho que ninguna central diga que no va a tener que hacer nada» , y que en ese caso, se «preocuparía por dicha central» porque supondría una complacencia. De este modo, subrayó que «van a salir cosas, evidentemente, y que se van a tener que implantar cosas» que espera compensen a los titulares. En todo caso, indicó que en la metodología es «importante» la transparencia porque es una «garantía de eficacia». Al mismo tiempo, explicó que las pruebas son un análisis del estado, del diseño y de la operación de la central frente a determinados escenarios extremos.

Además, la presidenta del Foro Nuclear señaló que el proceso de revisión de las centrales será «abierto y transparente» porque de lo que se trata es de que los ciudadanos confirmen que la seguridad nuclear es importante y que el parque nuclear español es «seguro», al tiempo que destacó que todos los organismos internacionales tienen en muy buena estima tanto al Consejo de Seguridad Nuclear español como el funcionamiento de todas las plantas. «Se ha definido un alcance de la revisión muy precisa», añadió, porque el objetivo es que la sociedad «recupere la confianza en la energía nuclear, lógicamente maltrecha tras Fukushima».

Domínguez presentó los resultados y perspectivas nucleares de la industria nuclear española en 2010, un ejercicio que calificó de «excepcional» porque la producción eléctrica de origen atómico se incrementó un 2,6 por ciento respecto al año anterior, de tal forma que en 2010 supuso el 20,21 por ciento de la producción eléctrica total. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que en ese año se realizaron cinco paradas programadas por recarga mientras que en 2011 se efecturarán siete paradas, por lo que espera que en los resultados del presente ejercicio sean algo inferiores a los del pasado.

Además, agregó que la producción del parque nuclear representó más del 41 por ciento de la electricidad libre de emisiones de CO2 de todo el sistema, con el 7,56 por ciento de la potencia instalada. En total, la energía producida en los 8 reactores españoles fue de 61.914,26 millones de kilowatios hora, un quinto de la electricidad total. Asimismo, indicó que a 31 de diciembre de 2010 la potencia instalada de generación eléctrica en España era de 103.166 megawatios, un 4,47 por ciento más que el año anterior.

Respecto a la distribución de las centrales, Domínguez resaltó que están «estratégicamente» situadas y que esto se hizo, en su momento, para alcanzar una distribución uniforme. «Todos los emplazamientos, salvo Vandellós (Tarragona) son interiores. Estamos menos expuestos a tsunamis», manifestó, al tiempo que explicó que si no hay centrales en Andalucía es porque la caracterización sísmica así lo aconsejó durante la planificación nuclear«.

Domínguez defendió la nuclear, junto a la de ciclo combinado, como una energía de base que permite gestionar las energías no gestionables como la eólica o la solar y, en este contexto, recordó que en 2010 recibieron su autorización para operar durante 10 años más Almaraz I y Almaraz II (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona), mientras que a principios de 2011 se renovó la licencia de Cofrentes y recordó que próximamente se someterán a este proceso Ascó I y Ascó II. Con estas renovaciones, salvo la central de Trillo (Guadalajara) en 2014, quedarían cumplimentadas todas las renovaciones previstas.

A este respecto, opinó que el proceso de autorizaciones español es «atípico» porque en la mayoría de los países no hay autorización administrativa, que depende del Gobierno, sino que es de carácter técnico, en base a las consideraciones del organismo regulador y puso de ejemplo a Estados Unidos, donde se están iniciando los estudios para ampliar las licencias de operación a las centrales hasta 80 años.

Domínguez consideró que la potencia nuclear es «baja» de acuerdo a lo que entiende que sería «lo mejor para España» y reiteró el ideal de mix energético de la industria nuclear por el que su porcentaje debería llegar al 30 por ciento de la cesta energética. «Deberíamos retomar en serio el tema de la potencia, y aumentarla», apostilló porque la opinión y las decisiones «no deben verse afectadas» por Fukushima.

Por otro lado, presentó los resultados de la encuesta de opinión sobre la energía nuclear que el Foro realiza cada año, según los cuales, la catástrofe ocurrida en Japón el pasado mes de marzo provocó una «reacción desigual» en los distintos países en el corto plazo. En cuanto a España, en 2011, uno de cada cuatro encuestados está a favor de la energía nuclear y tres de cada cinco está en contra. Es decir, que el 64 por ciento de la población española se opone a la energía nuclear mientras que el 24 por ciento estaría a favor. Sin embargo, los datos apuntaron a que el 74 por ciento de los españoles opinó que las centrales nucleares españolas operan «con seguridad».

A este respecto, Domínguez comentó que cuando se ofrece información sobre la aportación eléctrica que ofrecen las nucleares o la no emisión de gases de efecto invernadero, los indecisos se muestran a favor de la energía nuclear. «A mayor información existe más aceptación», apostilló.

Por otro lado, dijo que España está entre los países con programas nucleares muy confirmados y que, por este motivo, no encuentra explicación a asociar la energía nuclear a las ideologías políticas.

«La sociedad no puede estar tan opuesta a una energía que fue tan beneficiosa para España a la que permitió un desarrollo industrial tan importante. No es ni medio razonable que la sociedad no esté a favor de este tipo de energía. Esto es así y por desgracia las ideologías pueden hacer que las cosas se vayan hacia un lado u otro de la balanza», concluyó.

Así, la central nuclear que comunicó más sucesos al CSN es la planta de Santa María de Garoña (Burgos), con un total de 8 sucesos notificados. A esta le siguen, con seis sucesos respectivamente Ascó I y Ascó II (Tarragona), a los que se suman otros tres sucesos o reseñas que afectaron a los dos reactores juntos, Ascó I y II.

Con cinco sucesos notificados al organismo regulador en el primer semestre siguen la central atómica de Vandellós II (Tarragona) y Almaraz I (Badajoz) cada uno, a las que sigue, con tres sucesos notificados, Almaraz II (Badajoz). La que menos veces comunicó algún tipo de incidencia al CSN fue la central de Trillo (Guadalajara), con 2 sucesos notificados.

En cuanto al nivel en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), los reactores de Ascó y de Vandellós registraron sucesos de nivel 1 en dicha escala, mientras que el resto de los sucesos notificados por el resto de las centrales fueron clasificados de nivel cero, lo que significa que no supusieron riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, al considerarse que no tiene significación para la seguridad.

Concretamente, Ascó I y II comunicó el 21 de enero un suceso al CSN que fue clasificado por el organismo regulador de nivel I. Se trató de un incumplimiento de un requisito de vigilancia propio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Concretamente, la instalación notificó que durante las maniobras de colocación de la compuerta de separación entre la piscina de combustible gastado y la zona auxiliar de operaciones, se realizaron movimientos indebidos, en ambas unidades, al trasladar la compuerta por encima del combustible gastado. Se trata de una operación no permitida, por lo que el incidente se clasificó con nivel 1 en la Escala INES.

Por su parte, la central de Ascó I comunicó el 28 de abril al CSN que estando la planta en parada por recarga, se vertieron unos 25 metros cúbicos de agua desde el sistema de refrigerante primario hacia el sumidero, dando como resultado que se mojase el calzado de 14 trabajadores que estaban en la zona. En primer lugar el suceso fue clasificado con nivel 0, sin embargo, tras la inspección reactiva, el CSN encontró que se produjeron varios errores de operación en la respuesta ante el suceso, que son considerados factores adicionales que justificaron elevar el nivel, por lo que definitivamente alcanzó el nivel 1 en la Escala INES.

Respecto al INES 1 de Ascó II, el CSN determinó este nivel el 26 de enero, un día después de que el titular de la planta notificase que había detectado deficiencias de funcionamiento que impedían la apertura completa de algunas de las válvulas motorizadas del sistema de agua de los servicios de salvaguardias tecnológicas, debido a las bajas temperaturas.

Este hecho supuso un incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) ya que este sistema de agua debe estar operable para hacer frente a posibles situaciones de emergencia. Este suceso motivó que el CSN enviase una inspección reactiva para analizar sobre el terreno el suceso y las medidas adoptadas por el titular de Ascó II.

Por su parte, Vandellós II comunicó el 21 de febrero al CSN que las pruebas que se venían realizando para la verificación del punto de tarado de algunas válvulas de seguridad (presión a la que se produce su apertura) no satisfacen todos los requerimientos establecidos en el código ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Este hecho supuso un incumplimiento del requisito de vigilancia 4.0.5 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), por lo que el CSN lo clasificó como nivel 1 en dicha escala.