El pleno tiene hasta el 1 de septiembre para elevar un informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el que se pronunciará sobre la solicitud de renovación de licencia por diez años. Este informe es preceptivo si es favorable y vinculante si es negativo, en cuyo caso, la central tendría que cesar su operación.

Posteriormente, el Ministerio que dirige Miguel Sebastián dispondrá hasta el 1 de octubre para pronunciarse al respecto y comunicarle al titular de la planta, Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), si podrá o no seguir operando a partir de esa fecha.

Los miembros del Consejo tendrán en cuenta distintas cuestiones del ámbito técnico, de seguridad operativa y radiológica, el cumplimiento de las distintas instrucciones dictadas por el organismo regulador y evaluarán si la central será capaz de operar en seguridad durante 10 años más, aunque la planta no cumplirá los 40 años de vida hasta 2023.

Asimismo, los consejeros tendrán en cuenta los distintos sucesos que Ascó comunicó al CSN, algunos de los cuales fueron clasificados como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Entre estos INES 1, figura el comunicado el pasado 25 de enero, cuando se detectaron deficiencias de funcionamiento que impedían la apertura completa de algunas válvulas motorizadas del sistema de agua de los servicios de salvaguardias tecnológicas, a causa de las bajas temperaturas. Aunque el suceso no tuvo impacto en los trabajadores, la población y el medio ambiente, el CSN consideró que significaba un incumplimiento de la Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y envió a la planta una inspección reactiva para analizar las medidas adoptadas por el titular.

Sin embargo, uno de los episodios más significativos de esta década fue la liberación de partículas radiactivas al exterior a finales de 2007 pero que no fue notificada al CSN hasta abril de 2008 y que concluyó, un año más tarde, en mayo de 2009, con una orden ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la que se sancionaba al titular de Ascó con una multa de 15,39 millones de euros por cuatro infracciones graves en relación con la partículas, tras rebajar en 7,5 millones de euros la propuesta de sanción elevada por el organismo regulador al departamento que dirige Sebastián.

La central de Ascó, de 1.032 megavatios (MW) de potencia, produce al año más de 760.000 megavatios hora (MWh). De los ocho grupo nucleares españoles, el de Ascó es el cuarto con mayor potencia instalada.

La planta se ubica en la margen derecha del río Ebro, en Tarragona y está compuesta por dos unidades o reactores que funcionan, cada uno de ellos mediante un sistema de agual ligera a presión PWR suministrado por la empresa estadounidense Westinghouse. El primero de los reactores inició su marcha el 22 de julio de 1982 y la segunda unidad empezó a operar el 22 de abril de 1985, con una autorización que fue válida hasta el 1 de octubre de 2001 y que posteriormente fue renovada hasta el 1 de octubre de 2011.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el encuentro «Los nuevos retos de una energía eficiente: mix energético y orientación al cliente« de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Domínguez lamentó que la «controversia política y social» haya impedido decidir la ubicación del cementerio nuclear, una instalación que, subrayó, es «sumamente segura y sencilla» y de la que destacó los beneficios que reportaría al municipio que la albergase.

«Estas controversias políticas y sociales hacen que las decisiones sean más lentas de lo que fuera conveniente y deseable», dijo la presidenta del Foro Nuclear, quien reconoció que el proceso de elección de emplazamiento está siendo «más complicado» de lo que se preveía.

En un encuentro con periodistas, Domínguez señaló la necesidad de tomar «decisiones responsables» en España sobre la energía nuclear, que, a su juicio, pasarían por «continuar con las centrales en operación e, incluso, pensar en construir alguna unidad más en los próximos años».

La presidenta del Foro Nuclear destacó el «esfuerzo en la actualización y modernización» de las centrales que se llevó a cabo en los últimos años en España e indicó que el sector espera que la revaluación que se está haciendo de esas instalaciones tras el accidente de Fukushima demuestren «una vez más las condiciones de seguridad» de las centrales nucleares del país.

De hecho, aseguró que «será importante» conocer los resultados de esas pruebas de seguridad y opinó que, a pesar de la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, «es replanteable que pueda seguir operando». «¿Y por qué no? Si consideramos que España se lo debe de replantear, también es replanteable que pueda seguir operando Garoña», apuntó.

La presidenta del Foro Nuclear señaló que la decisión de la Audiencia sólo da respuesta a un requerimiento del titular de la propiedad, Nuclenor, ante la decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Domínguez subrayó, además, que España «es una isla energética», aislada del resto de Europa y del mundo y con carencia de recursos naturales «de hasta un 80%», por lo que no puede importar toda la energía que precisa. Por tanto, a su juicio, «ahora» no se hubiese podido tomar la decisión de Alemania de cerrar sus centrales nucleares, que consideró «más política, que técnica».

«Ahora mismo no podemos prescindir de la energía nuclear en España, ni tomar, ni siquiera, una decisión a corto plazo, como la que ha tomado Alemania», incidió. «Lo único que hay que hacer es que todos seamos conscientes de ello y hagamos lo máximo que podamos: confiar en los técnicos, confiar en nuestras organizaciones como el Consejo de Seguridad Nuclear«, dijo.

Por otra parte, añadió que Alemania debería replantearse su decisión de cerrar sus centrales nucleares por las repercusiones que puede tener para la Unión Europea, que tiene que pensar en «mantener la seguridad del suministro», aunque cada país tiene que decidir «por él mismo» su programa energético.

La presidenta del Foro Nuclear defendió también la necesidad de combinar las energías nuclear y renovable en la Unión Europea, para «mantener la seguridad del suministro», ya que, según añadió, no habrá otras fuentes de energía disponibles hasta mediados de este siglo. «La energía nuclear está empezando y tiene un gran recorrido», aseguró.

Según dijo, las renovables y la nuclear son dos tipos de energía que «se complementan». «Una hace de energía de base y otra alternativa y, en ese mix energético en Europa, tenemos que pensar en mantener la seguridad del suministro y afrontar una situación en la que no se conocen otras fuentes de energía y no podemos esperar que haya otras fuentes de energía disponibles hasta mediados de este siglo», aseveró.

«Tenemos que ser razonables, tomar decisiones coherentes y tener esa seguridad del suministro en Europa», añadió.

Cuestionada sobre si el accidente de Fukushima pone en riesgo el futuro de la energía nuclear, Domínguez se mostró contundente y afirmó que lo ocurrido en Japón fue una «catástrofe natural» ocurrida «en los alrededores» de esta central que, según dijo, fue la «única instalación» que consiguió y fue «capaz» de operar tras el terremoto.

Por eso insistió en que los programas sobre energía nuclear «siguen» y recordó que, después de lo ocurrido en Fukushima, «se han tomado decisiones muy importantes, incluso en Europa». Entre ellas, se refirió a las adjudicaciones para las centrales de Polonia y Lituania o los pasos que se están dando para una nueva planta en Finlandia.

En una sentencia, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo respondió así a los once recursos que se presentaron contra la orden del Ministerio de Industria, divididos entre los que pidieron su prórroga hasta 2019, como Nuclenor -empresa propietaria de la central nuclear- o la Junta de Castilla y León, y los que exigían su cese inmediato y desmantelamiento, como Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular.

A lo largo de más de 50 folios los magistrados analizaron los argumentos de los recurrentes y concluyeron que para prorrogar la explotación de una central ya existente no es necesario una evaluación de impacto ambiental, ya que estiman que no se trata de construir una nueva.

Sin perjuicio, añadieron, de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales y que se obtengan las autorizaciones necesarias, en particular las de carácter medioambiental.

Los magistrados tampoco estimaron que se haya incumplido el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas ni que sea necesario un trámite general de información pública, como alegaban algunos de los recurrentes.

En este sentido, la Sala tuvo en cuenta que las entidades que pudieran sentirse lesionadas en su derecho de acceso a la información y participación en el Procedimiento no reclamaron frente a la pasividad de la Administración, por lo que el Tribunal concluye que este se respetó.

El Tribunal también consideró que la autorización de la prórroga no significa, como argumentaba la empresa Nuclenor y otros recurrentes, que el titular de la explotación tenga «un derecho indefinido y temporalmente ilimitado, a continuar explotando la misma».

La Sala explicó que las autorizaciones de explotación y sus prórrogas tienen elementos reglados (la competencia del órgano que ha de concederla y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad nuclear), pero son condiciones «de mínimos» ya que se pueden tener en cuenta otros factores o circunstancias, como por ejemplo decisiones de política energética o medioambiental.

Por tanto, la Sala no apreció desviación de poder por parte del Ministerio de Industria.

Es lícito, según explicaron los jueces en su sentencia, que para decidir sobre la renovación o no de una explotación de una central nuclear pueda pesar una determinada opción de política energética del gobierno, basada en el fomento de las energías renovables.

La sentencia incluyó el voto particular de un magistrado de la Sección que discrepa de la resolución en dos puntos. Este magistrado entendió que se debió cumplir debidamente el trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Castilla León en relación con el cese definitivo de la explotación y que se incumplió el trámite de información y participación pública en los términos exigidos por la Ley 26/ 2007 y en el Convenio de Aarhus.

PSOE: «La sentencia ya no permitirá al PP esconderse sobre el cierre de las nucleares»

El secretario confederal de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, afirmó que la sentencia de la Audiencia Nacional no permitirá al PP «seguir escondiéndose» detrás de las decisiones de técnicos, a la hora de valorar el cierre de una central, por lo que deberá «dejar de ampararse» en los técnicos y pronunciarse respecto a su línea estratégica en política nuclear. «Queda claro que las decisiones estratégicas deben de ir mucho más allá de lo que pueda ser una opinión técnica», aseguró.

Morán señaló que la decisión de los magistrados respecto a Garoña «deja meridianamente claro» que los partidos políticos deben tomar decisiones «estratégicas» sin dejarlo «en manos» de los técnicos. «El Consejo de Seguridad Nuclear emite un informe, pero es sólo uno más», afirmó.

Asimismo, reiteró que la sentencia insiste en la necesidad de incorporar una mención específica al cambio climático a la hora de valorar las pruebas a las centrales. Por ello, aseguró que el próximo paso del PSOE «con carácter inmediato» será el de incorporar a la legislación contenidos ambientales homologables para regular la actividad de las centrales.

El PP dice que no hay «ningún problema técnico» para el cierre

A este respecto, el portavoz del PP en el Congreso en energía nuclear, Javier Gómez Darmendrail, aseguró que «no hay ningún problema técnico» para el cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), tal y como avaló la sentencia de la Audiencia Nacional, y que «finalmente, una decisión política se puede revocar por otra».

Darmendrail recordó que la sentencia de los magistrados «mantiene» la decisión del Gobierno para el cierre de 2013, pero que, para su formación, no existen problemas técnicos que «justifiquen» esta decisión, tal y como ya alertó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

A su entender, la sentencia «no entra en los temas técnicos» y, sin embargo, al Gobierno sí le «estorbaba» Garoña por su política energética, de cara al tema de las energías renovables. «Ahora en España tienen que caber todas las opciones energéticas y no se puede cerrar una nuclear por razones ideológicas«, criticó.

Por ello, Darmendrail reiteró que la energía nuclear «no compite» con las renovables y que, por el contrario, son «compatibles». «Es un error de base del Gobierno de Zapatero, porque las nucleares están 24 horas al día y las renovables 2.000 ó 2.400 horas al año», concluyó.

Para la diputada de ICV Nuria Buenaventura la sentencia de la Audiencia Nacional es «una buena noticia», puesto que «abre la posibilidad» del cierre de otras centrales nucleares y recordó que su formación «seguirá exigiendo» al Gobierno que cumpla con los futuros resultados de las pruebas a las centrales nucleares.

«Exigiremos que se haga con mucha seriedad las pruebas y, si los resultados recomiendan el cierre, deberán cerrarse aquellas que no tengan garantías», señaló. Asimismo, apostó por un compromiso «clarísimo» de las fuerzas políticas para pasar de la energía nuclear a otras «energías limpias».

Foro Nuclear: «El cierre ocasionará inestabilidad en el sistema eléctrico español»

Por su parte, el Foro Nuclear aseguró que el cierre de Garoña ocasionará inestabilidad en el sistema eléctrico español, ya que dejarán de producirse más de 4.000 GWh al año de electricidad en base, al tiempo que se destruirán más de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, así como el incremento de las las importaciones de materias primas energéticas en unos 2,5 millones de barriles de petróleo equivalentes al año. Asimismo, aseguró que se incrementarán las emisiones contaminantes en España en 3 millones de toneladas de CO2 anuales.

También señaló que la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas es «necesaria» porque constituye una garantía de diversificación e independencia en el abastecimiento eléctrico, respeto por el medio ambiente, mejora de la competitividad de la empresas españolas y de mantenimiento de las capacidades industriales y de empleo estable y de calidad.

Además, indicó que «las múltiples revisiones nacionales e internacionales demuestran en sus informes que la central nuclear de Garoña es segura, por lo que no existe ningún impedimento para la continuidad de su operación». En este sentido, subrayó que «en la actualidad funcionan en todo el mundo más de noventa reactores nucleares de la misma tecnología que la central burgalesa y más del 90 por ciento de los mismos tienen autorizada su operación a largo plazo.

La presidenta de Foro de la Industria Nuclear Española, María Teresa Domínguez, añadió que «Santa María de Garoña opera con todos los requisitos técnicos y cuenta con la dilatada experiencia de sus empleados. Ha superado con éxito las distintas revisiones nacionales e internacionales y no hay ninguna razón técnica ni económica que motive su cierre en 2013″.

Castilla y León recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional

Mientras tanto, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el Gobierno recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional para evitar el «capricho político» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar la Central Nuclear de Garoña en 2013.

De Santiago-Juárez explicó que la Junta no conoce por el momento la sentencia, aunque destacó que existe un voto particular que refrenda la tesis de la Junta de prorrogar la actividad de la central y aseguró que tienen hasta septiembre para presentar un recurso a la sentencia.

Nuclenor trabajará por la continuidad de la central

Nuclenor, titular de la central burgalesa, señaló que seguirá trabajando por el mantenimiento de la instalación tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional. En este sentido, señaló que espera la valoración por parte de su equipo jurídico para decidir las medidas y acciones legales pertinentes.

Además, aseguró que la sentencia no cuestiona la seguridad de la instalación y basa la decisión en cuestiones de orden político. «Nuclenor seguirá trabajando por el mantenimiento de la instalación de forma segura y fiable y agradece a todos los que lo hacen posible con su trabajo día a día, así como a las entidades e instituciones que apoyan y confían en el futuro de la instalación», añadió.

Por último, reiteró que Garoña cumple con todas las normas legales y técnicas que garantizan la seguridad de la instalación para poder seguir funcionando.

El alcalde de Tobalina pide al Gobierno soluciones para Garoña

Por su parte, el alcalde de la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, Rafael Mediavilla, pidió al Gobierno que busque una solución a una «injusticia total» ya que el cierre de la central de Santa María de Garoña supondrá la pérdida directa de unos 600 trabajadores y el Plan Especial de Garoña sólo permitió crear siete empleos.

Mediavilla recordó que Garoña «produjo energía para todo el país» y que ahora «se deja tirado al valle» con el cierre en 2013 de la central nuclear, por lo que se preguntó «qué es lo que va a pasar» cuando la planta de Santa María deje de funcionar «porque nadie parece preocuparse por ello».

Ante esta situación, el alcalde de la localidad burgalesa pidió «por Dios» al Gobierno que busque una «solución» a lo que definió como una «injusticia total» al tiempo que reconoció que el Plan de Dinamización de Garoña «no sirvió para nada porque no se ha hecho nada y no se ha cumplido nada».

De hecho, el Colegio de Economistas de Burgos realizó un seguimiento de dicho plan especial y concluyó que sólo se crearon 15 empleos el pasado año y sólo se materializó el 25 por ciento de la inversión prevista.

Ecologistas: «La sentencia otorga potestad al Gobierno para cerrar las nucleares»

Finalmente, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra coincidieron en que la sentencia de la Audiencia Nacional que avala la prórroga hasta 2013 y el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) otorga potestad al Gobierno para cerrar las centrales nucleares en España.

Así, el coordinador del área antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, calificó de «positiva» la decisión de la Audiencia, ya que «faculta al Gobierno a tomar decisiones sobre la vida de las centrales nucleares cuando expiró su plazo de explotación, independientemente de la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». Asimismo, pidió que el Gobierno «establezca un calendario de cierre del resto del parque nuclear español (otras siete centrales nucleares)».

En este sentido, el responsable de la campaña anti-Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, añadió que la sentencia también «autoriza al Gobierno a no dar ningún tipo de indemnización debido al cierre de la misma». Por ello, valoró «muy positivamente» la sentencia, ya que, «en parte, da la razón a las asociaciones ecologistas».

Igualmente, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró que «Garoña no siga funcionando hasta 2019, como pretendía Nuclenor y la Junta de Castilla y León, USO y UGT, entre otros». Sin embargo, cuestionó por qué «se permite a la planta seguir funcionando en la actualidad, con los sistemas de seguridad muy degradados y con los graves problemas de contaminación térmica que está produciendo en el río Ebro».

Según Ecologistas en Acción, CGT y Greenpeace, el CSN «reconoce en sus dictámenes la existencia de numerosos elementos severamente degradados y la necesidad de atacar una serie de reparaciones para seguir funcionando». En esta línea, el responsable del Área del Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, subrayó que «la mejor decisión habría sido el cierre inmediato de Garoña, por sus problemas de refrigeración y contra incendios».