Entra en vigor el nuevo régimen de protección de las plantas nucleares

La norma también garantiza la aplicación de medidas adecuadas para recuperar el material nuclear perdido o sustraído, protegerlas contra actuaciones ilegales y reducir al mínimo las consecuencias radiológicas de un sabotaje.

Su aplicación afectará a la instalaciones, materiales y fuentes radiactivas durante su producción, uso, manipulación, procesado, almacenamiento y transporte.

Si embargo, estas disposiciones excluyen a los materiales utilizados para la defensa u otros fines militares y a los transportes de fuentes radiactivas que se realicen por vía aérea y marítima, que se regirán según su normativa específica.

Las centrales nucleares necesitarán de un sistema de protección física que garantice la existencia de elementos de protección que disuadan a un posible adversario de materializar las amenazas contra la misma, y de los adecuados medios organizativos, humanos, técnicos y materiales.

En este sentido, será indispensable el uso de barreras físicas que retrasen la entrada de personas y vehículos no autorizados a las áreas protegidas y un servicio de vigilancia con efectivos entrenados y equipados para impedir la posible agresión.

Las nucleares habrán de elaborar planes emergencia en caso de retirada no autorizada o sabotaje de materiales en sus instalaciones.

Asimismo, deberán disponer de un Departamento de Seguridad, al frente del cual se encontrará un Director de Seguridad, habilitado por el Ministerio del Interior. Las empresas de seguridad a las que se encomiende la vigilancia de la instalación estarán debidamente acreditadas por el Ministerio del Interior.

El real decreto, aprobado el pasado 23 de septiembre, responde a la exigencia de cumplir con los compromisos internacionales de España y actualizar la anterior norma en esta materia, que ahora se deroga tras 16 años de vigencia.

Finlandia construirá su sexta central nuclear, la primera desde Fukushima

Según los planes preliminares de Fennovoima, la nueva central, la sexta que se construye en Finlandia, tendrá una potencia de entre 1.500 y 2.000 megavatios y empezará a funcionar a partir de 2020.

El consorcio Fennovoima está formado por 70 compañías finlandesas, entre las que figura la filial de la eléctrica alemana E.ON, y su objetivo es producir electricidad para suministrarla a sus propietarios a precio de coste.

El consorcio tiene previsto recibir en los próximos meses ofertas de varios fabricantes de reactores nucleares, entre ellos el francés Areva y el japonés Toshiba.

Una vez elegido un proveedor, Fennovoima deberá solicitar al Gobierno finlandés el permiso definitivo de construcción, por lo que el inicio de las obras, cuyo coste total se situará entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros, podría retrasarse hasta 2015.

En julio de 2010, el Parlamento finlandés autorizó la construcción de dos nuevas plantas nucleares con el objetivo de reducir la dependencia energética y las emisiones de gases contaminantes del país nórdico.

Además de Fennovoima, obtuvo una licencia del Parlamento la compañía eléctrica Teollisuuden Voima (TVO), propietaria de las tres centrales nucleares de Olkiluoto (costa oeste), una de ellas aún sin terminar.

La planta de Olikuoto 3, la primera del mundo equipada con un Reactor Europeo Presurizado (EPR), arrastra un retraso de más de tres años y su coste se disparó respecto a los 3.000 millones de euros presupuestados inicialmente.

La Sociedad Nuclear Española (SNE) afirma que las centrales deberían continuar en nuestra cesta energética

La presidenta de la SNE consideró que para que la energía nuclear siga siendo parte de la cesta energética es necesario tomar el punto de vista de la operación de las centrales nucleares a largo plazo y tener en cuenta la influencia socioeconómica positiva en su entorno.

Montes insistió también en la conveniencia de mejorar la información sobre esta energía, porque «la sociedad tiene derecho a tomar decisiones pero debe hacerlo a partir de la información». En este sentido, destacó el papel de las plantas nucleares en el desarrollo económico y la generación de empleo en su entorno.

La presidenta de la SNE recordó que el 80% de las materias primas energéticas que se utilizan en España proceden de la importación, lo que está por encima de la media de la Unión Europea.

Precisó que a este factor de encarecimiento y dependencia se suma el problema del «importante déficit tarifario en España» y el marco retributivo de primas a las energías renovables, que contribuyen a que la electricidad que pagan las industrias en España esté entre las más caras de Europa.

En su opinión, reducir los costes propicia una mejora de la competitividad que se traduce en la creación de empleo.

En este contexto, el vicepresidente de la SNE, Diego Molina, defendieó que las pruebas de resistencia de las centrales nucleares son una respuesta «rigurosa y exigente frente lo ocurrido en Japón» y que permiten confirmar las fortalezas en seguridad nuclear de las centrales españolas e identificar aquellas mejoras que amplíen, aún más, los márgenes de seguridad.

Por otro lado, la consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Rosario Velasco, animó y expresó su apoyo a favor de la investigación en materia nuclear y la gestión del conocimiento para el futuro del sector.

Asimismo, el subdirector general de energía nuclear del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), Javier Arana, animó a los jóvenes a escoger estudios de ingeniería nuclear porque estos «serán imprescindibles en el futuro».

Arana destacó también que las centrales nucleares españolas «están funcionando con resultados plenamente satisfactorios» y apuntó que «hasta la actualidad» generó el 20% del consumo eléctrico del país.

El director de Garoña confía en retrasar su cierre hasta el año 2019

En declaraciones a los periodistas durante la XXXVII reunión anual de la Sociedad Nuclear Española, que se celebró en Burgos, Torralbo afirmó que no hay razón para cerrar Garoña en 2013 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear avala que la instalación es segura.

Además, apuntó argumentos económicos, como el mantenimiento de unos 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, las ayudas y convenios con ayuntamientos de la zona y la contratación de empresas del entorno.

Torralbo reconoció que la prórroga de la vida útil de Garoña más allá de 2013 obligaría a elaborar un nuevo mapa de actuaciones en la planta y un calendario para llevarlas a efecto.

No obstante, recordó que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la solicitud de prórroga para Garoña hasta 2019 impuso una serie de mejoras.

Estas mejoras se rebajaron después al cambiar el horizonte de cierre a 2013, aunque Torralbo aseguró que las que se han realizado suponen un alto porcentaje de las que se señalaron inicialmente.

El director de la planta nuclear burgalesa añadió que la mayor parte de las mejoras que se decidieron a partir de las pruebas de resistencia posteriores al accidente de Fukushima ya se aplicaron y recordó que el informe preliminar del Consejo de Seguridad Nuclear ratificó que la planta tiene condiciones de diseño y márgenes de seguridad para seguir operando de forma segura.

El PP de Burgos confía en que el próximo Gobierno aplace el cierre de Garoña

Por su parte, el Partido Popular de Burgos confió en que el próximo Gobierno central mantenga la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), al entender que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) son favorables a la prórroga de una planta que consideraron «segura y necesaria».

Así lo explicó en Burgos el senador y presidente de la Diputación Provincial, César Rico, quien entendió que la decisión tomada en el seno del Ejecutivo central es «arbitraria», porque no ha tenido en cuenta «ninguno» de los informes que avalan la viabilidad de la planta ubicada en el norte de la provincia de Burgos.

Para Rico, el Ministerio de Industria no ha tenido en cuenta los informes positivos que ha realizado el CSN, hecho por el que entiende que el papel de este organismo evaluador «ha sido ninguneado por el Gobierno».

En este sentido, el senador anunció que los test de estrés desarrollados en la planta atómica, y que se darán a conocer en las próximas semanas, «son altamente positivos», por lo que desde el PP de Burgos se anima a revisar una decisión gubernamental que no comparten y que dejaría en la calle a miles de trabajadores.

«En estos momentos por una decisión arbitraria no se puede echar a la calle a mil personas«, recalcó Rico, quien consideró que el cierre de la central no es una decisión que se deba tomar en un momento de crisis económica y de inestabilidad laboral como el que atraviesa el territorio español.

Sobre la posibilidad de que ante el cumplimiento de la vida útil de la central pueda construirse en el Valle de Tobalina (Burgos) una central nueva, Rico no descartó esta idea, aunque declaró que «es más difícil».

«Lo cierto y lo grave es que por el momento hay una fecha de caducidad marcada para 2013, y eso es lo que nos preocupa ahora», finalizó.

La OIEA pide al CSN que facilite el proceso de selección de un lugar para albergar los residuos nucleares

Así, el informe sobre la visita que se realizó a petición del Gobierno de España por un equipo de 23 reguladores expertos en energía nuclear del 25 de enero al 1 de febrero de 2011, consideró también «necesario» establecer una política formal para poder disponer de un órgano asesor permanente, o creado «ad hoc» en caso de que sea preciso adoptar decisiones reguladoras de alta complejidad técnica.

Además, aconsejó al CSN que «debe seguir» trabajando para gestionar los cambios organizativos a nivel interno y «continuar colaborando» con las autoridades competentes relevantes y otros organismos a fin de ultimar el marco regulador para la seguridad de las fuentes radiactivas y la seguridad de la información.

Respecto al almacenamiento de los residuos radiactivos, el informe sugirió que el CSN «debe continuar colaborando con las autoridades competentes relevantes y otros organismos para facilitar el proceso de selección de un emplazamiento para disponer de un almacén definitivo de combustible gastado y residuos radiactivos de alta actividad», tal y como se estipula en el sexto Plan Generales de Residuos Radiactivos (PGGR) aprobado por el Gobierno.

Por eso, la OIEA consideró que el organismo regulador atómico español «debería» tomar en consideración las experiencias obtenidas del proceso de selección del emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) para que contribuyan al desarrollo del marco regulador (incluidos los criterios de selección del emplazamiento, los criterios técnicos, los mecanismos de consulta e información).

De acuerdo al informe, esto serviría de guía a ENRESA a la hora de desarrollar futuros Planes Generales de Residuos Radiactivos y facilitar el desarrollo de un diseño conceptual, así como el inicio del proceso de selección de emplazamiento.

Por otro lado, entre los hallazgos de la misión de seguimiento de 2011, el CSN debería contribuir a establecer los objetivos y condiciones apropiados que gobiernen, desde todos los puntos de vista, el proceso a fin de que «no haya retrasos innecesarios en la solución del problema» y que mejoren las estimaciones de los costes futuros para la gestión final de residuos radiactivos.

Igualmente, la misión de 2011 observó algunos «puntos fuertes» además de los identificados durante la misión de 2008, entre los que destaca que el CSN ha «mejorado su organización» y sus políticas relacionadas con las actividades de inspección, así como la comunicación al público a raíz de las lecciones aprendidas del suceso ocurrido en la central nuclear de Ascó (Tarragona) –en la que el titular comunicó al CSN una fuga de partículas radiactivas varios meses después de que se produjera–.

Por otro lado, destacó el establecimiento de marcos formales para la cooperación entre el regulador atómico nacional y varios organismos del Gobierno como el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio del Interior en terreno de la protección radiológica y la seguridad pública.

ATC: proceso transparente

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que entre esos «puntos fuertes» de la misión de 2011 los planes para desarrollar un proceso «transparente y técnicamente sólido de selección del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado y su centro tecnológico asociado».

Precisamente, entre los nuevos hallazgos de 2011, la misión de seguimiento constató que «no se han hecho grandes avances desde la Misión de 2008 con respecto a la construcción de una instalación de almacenamiento definitivo de combustible gastado y residuos de alta actividad».

Asimismo, criticó que las actuaciones se centran en mantener la competencia y en estar al tanto de los avances internacionales, más que en hacer progresar el programa español propiamente dicho.

No obstante, el informe reconoció «avances sustanciales» con respecto a los planes mediante el establecimiento de un ATC y su centro tecnológico asociado de acuerdo con el PGRR; consideró que el proceso fue»transparente y de carácter consultivo»; aseguró que los mecanismos para la toma de decisiones están «claramente establecidos» y que se definieron y comunicaron criterios relevantes.

El equipo, que estimó que el proceso de selección de un emplazamiento para el ATC es una «buena práctica» para una instalación nuclear de este tipo y subrayó que, a pesar de que la decisión gubernamental sobre el emplazamiento «todavía está pendiente», la experiencia obtenida en el proceso de selección de un emplazamiento para el ATC será una «experiencia importante que influirá en y ayudará» a la implementación de las etapas posteriores del programa de disposición final.

El resumen del informe subrayó el «gran esfuerzo» realizado por el personal del CSN para preparar la misión y calificó de «excelente» el soporte logístico y administrativo durante el examen.

«El equipo gozó de la más absoluta cooperación por parte de la organización durante las discusiones técnicas con el personal del CSN», concluyó el informe que incidió en que los homólogos del CSN mostraron «gran entusiasmo e interés» en obtener más asesoramiento con respecto a cómo hacen su trabajo y a sus planes de seguir progresando.

El equipo examinador de la OIEA estuvo formado por cinco reguladores expertos de cuatro Estados miembro de la organización multilateral, dos empleados de la OIEA y una auxiliar administrativa. Así, el informe concluyó que las recomendaciones y sugerencias de la Misión IRRS de 2008 habían sido tomadas en consideración de manera «sistemática en un exhaustivo plan de actuación» y que «varias áreas han experimentado avances importantes», ya que tras la implantación del plan de actuación se realizaron numerosas mejoras, incluida la finalización de la revisión del estatuto del CSN.

El documento incluyó aspectos que van desde la organización interna hasta la preparación ante emergencias, así como las competencias en desmantelamiento de instalaciones y gestión de residuos.

El desmantelamiento de las plantas atómicas alemanas tendrá un coste mínimo de 18.000 millones de euros

Esa cifra es adelantada por el rotativo económico germano «Handelsblatt» que se basó en un estudio de la asesoría de empresas Arthur D. Little (ADL) sobre el coste del proceso de desmantelamiento y limpieza de las distintas plantas nucleares germanas operadas por los grupos energéticos E.ON, RWE, Vattenfall y EnBW.

La decisión sobre el cambio radical de la política energética adoptada por el Parlamento germano llevó ya a la desconexión la pasada primavera de los ocho primeros reactores y a la paralización en los próximos 11 años de los nueve restantes.

El estudio subrayó que el desmantelamiento de las plantas atómicas supone un reto logístico y financiero para las compañías eléctricas afectadas, operación que beneficiará a las empresas especializadas.

El rotativo comentó que los consorcios eléctricos no han citado hasta ahora cifra alguna sobre el coste de dicho desmantelamiento, mientras el estudio de ADL especificó el precio de la operación para cada reactor, que oscila entre los 670 y los 1.200 millones de euros.

Portugal descarta por el momento la utilización de la energía nuclear

El ministro luso de Economía, Álvaro Santos Pereira, se refirió en declaraciones a la televisión estatal portuguesa, a la «posibilidad» de recurrir a la producción nuclear dentro de los planes para impulsar un «modelo sostenible» de producción eléctrica.

Pero matizó, al margen de un acto público, que no hay intención de apostar por la energía nuclear o reabrir la cuestión «en estos momentos».

El ministro, en declaraciones a los periodistas, puntualizó que no hay «temas tabú» para su Gobierno, que mantiene una «actitud abierta».

«Tenemos que tener la capacidad suficiente para la energía que necesitamos», destacó Santos Pereira, que no dio detalles sobre el plan para desarrollar un modelo sostenible en el mercado eléctrico que su Gobierno prevé anunciar a mediados de octubre.

El Gobierno conservador luso, vencedor de las elecciones de junio pasado, se mostró contrario a los costes extraordinarios que suponen para la producción de electricidad las energías renovables, impulsadas por el anterior Ejecutivo socialista.

El ministro de Economía comentó ahora que las energías renovables son una «buena apuesta» siempre que resulten competitivas y no supongan una carga para el país.

Portugal, sumido en una grave crisis económica que le obligó a pedir un rescate financiero internacional en mayo pasado, aplicó varios planes para reducir el gasto y las inversiones públicas y aspira a reformar diversos sectores de producción y servicios para hacerlos más baratos y competitivos.

La AIEA insta a todos los Estados miembros a financiar las medidas para reforzar la seguridad nuclear

Durante la Conferencia General de la AIEA, que se celebró en Viena (Austria) la semana pasada, los Estados apoyaron el plan de acción propuesto por su director general, Yukiya Amano, para evitar un desastre como el de Fukushima, desencadenado por un terremoto y un tsunami.

Amano señaló que el plan, que establece una serie de medidas voluntarias, precisa de «un seguimiento inmediato» y que va a crear un Equipo de Acción para la Seguridad Nuclear dentro de la AIEA con este fin.

«Para satisfacer las peticiones de asistencia relativas a la seguridad nuclear y otros ámbitos que han hecho los Estados miembros y las que harán en el futuro habrá que aumentar los recursos de la agencia«, declaró en una reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA.

Además, animó a todos los países que puedan hacerlo «a que pongan más recursos a disposición de la agencia». No obstante, Amano no dijo cuánto dinero se necesita para llevar a la práctica el plan y fue criticado por algunos países que consideran que no es suficientemente ambicioso.

Ya antes del accidente de Fukushima, varios expertos advirtieron de que las medidas de austeridad de los Estados miembros podrían privar a la AIEA de los fondos que precisa para funcionar. Este organismo, que tiene más de 2.300 trabajadores, se financia principalmente a través de contribuciones voluntarias de sus miembros.

Para 2010 consiguió aumentar su presupuesto en un 2,7%, hasta los 315 millones de euros, pero esta cifra es bastante menor de lo que pretendía la AIEA.

El plan de acción exhortó a los países a realizar evaluaciones «sin demora» en sus centrales nucleares para saber cómo podrían soportar fenómenos naturales extremos y a mejorar su preparación ante posibles situaciones de emergencia y la información que se ofrece.

Finalmente, Amano destacó que algunos Estados ya solicitaron revisiones de la AIEA. «A petición de Japón, por ejemplo, voy a enviar una misión que se encargará de ayudar en los planes para la rehabilitación de grandes zonas contaminadas como consecuencia del accidente en Fukushima», adelantó.

Iberdrola y Suez suben al 50% su peso en el consorcio nuclear del Reino Unido tras abandonar SSE

Según informaron ambas compañías, este movimiento confirma su fuerte compromiso con NuGen, tras la decisión de SSE de poner fin a su presencia en el consorcio.

La decisión final de inversión de esta futura instalación, de hasta 3,6 gigavatios (GW) de potencia y planeada en West Cumbria (Reino Unido), se tomará en torno al año 2015 y la planta nuclear podría estar en operación comercial en 2023.

Las dos empresas están «seguras» acerca de las perspectivas de desarrollo del proyecto y añadieron que la decisión de SSE no afectará ni al calendario ni a los planes previstos.

No obstante, insistieron en la necesidad de contar «con un marco claro, estable y predecible» que permita tomar la decisión final de inversión.

Iberdrola y GDF Suez afirmaron que en el último año se realizaron «importantes progresos» para asegurar que NuGen cuente con los recursos necesarios y que se acaba de solicitar la licencia para los trabajos preliminares de estudio topográfico del emplazamiento, que está previsto comiencen antes de finales de este año.

Las tres empresas constituyeron NuGen en noviembre de 2010 tras adquirir un año antes el emplazamiento de Sellafield, ubicado al norte del país, por 70 millones de euros.

Iberdrola y GDF Suez arrancaron en el consorcio, creado en febrero de 2009, con un 37,5% cada una, mientras que SSE contaba con el 25% restante.

El Reino Unido aprobó ocho emplazamientos para nuevas centrales nucleares, la primera de las cuales podría entrar en funcionamiento en 2018.

Industria renueva la autorización para operar la central de Ascó I y II (Tarragona) por diez años más

Así, fuentes de Industria confirmaron que la orden ministerial «ya fue firmada» por el ministro Miguel Sebastián y que comenzó a ser enviada a los interesados, siendo «los primeros» ANAV. Para ello, este departamento dispone de un plazo de diez días y será enviado a la comunidad autónoma, al municipio, a la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC), entre otras entidades.

En su decisión, Industria consideró el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se basa en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación y la comprobación del correcto funcionamiento de la central.

La semana pasada, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció que el Gobierno prorrogará el permiso de explotación de la central nuclear de Ascó (Tarragona) si supera las condiciones de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y los test de estrés fijados por la Unión Europea.

Esta misma semana, Sebastián insistió en el Congreso de los Diputados en que la planta de Ascó había superado las pruebas de estrés que el Consejo de Seguridad Nuclear realizó a todas las instalaciones atómicas españolas, por acuerdo europeo tras el accidente nuclear registrado en la central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi a causa del tsunami que siguió al terremoto del 11 de marzo.

«Respecto a Ascó I y Ascó II quiero señalar que, para las órdenes ministeriales que se están tramitando con el objeto de la renovación de la explotación por un periodo de diez años a partir del 2 de octubre de 2011, se toma como base el informe favorable a esta renovación, un informe que es importante subrayar que contó con la unanimidad del CSN», argumentó.

Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI), emitida por la secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

Este ATI albergará el combustible gastado y los residuos radiactivos de la central nuclear de Ascó (Tarragona), «siempre y cuando» queden adecuadamente protegidos el medio ambiente y los recursos naturales.

Dicha declaración queda, en todo caso, sujeta al cumplimiento del Programa de garantía de calidad aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a las condiciones que el organismo regulador establezca en relación con el control y minimización de los impactos de carácter radiactivo del material almacenado.

El proyecto consiste en construir una instalación de almacenamiento en seco para el combustible gastado de la central nuclear de Ascó, una necesidad que surge «como solución transitoria» para almacenar los residuos radiactivos procedentes de la saturación de las piscinas de la CN Ascó, que tendrá lugar a partir del ciclo 24 de Ascó I y 23 de Ascó II (que se encuentran en el ciclo 21 y ciclo 20, respectivamente), «hasta que se disponga de un Almacén Temporal Centralizado (ATC)» de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

Además, la DÍA subrayó que la construcción del ATC es «uno de los objetivos prioritarios en la estrategia básica para la gestión del combustible gastado», que se recoge en el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), elaborado por ENRESA y «actualmente vigente».

Dicho Plan precisó que «en los próximos años» se debería disponer de capacidad de almacenamiento temporal complementaria suficiente, convergiendo la mayor parte de estas necesidades en torno al período 2009-2014.

Hasta entonces, el ATI proyectado será un sistema en seco que garantice la seguridad y la protección de las personas y del medio ambiente durante el tiempo necesario hasta que se gestionen de forma definitiva o, «al menos, a muy largo plazo».

PP ve «perfecto» que Industria renueve las licencias de Ascó I y II

El portavoz de energía del PP, Javier Gómez Darmendrail, consideró «perfecta» la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se concede una renovación de la licencia de explotación de las plantas atómicas Ascó I y II (Tarragona) durante diez años más.

Gómez Darmendrail señaló que tras el accidente nuclear de Fukushima, se estableció un calendario y que en las pruebas de resistencia todas las centrales españolas pasaron los test, según los informe preliminares.

Además, valoró que los titulares del parque nuclear español están haciendo todas las inversiones para mantener en buen estado las plantas atómicas.

«Está muy bien que a Ascó se le renueve la licencia para otros diez años porque la central está cerca de estar amortizada y, entonces, el kilowatio de electricidad sale más barato«, añadió, al tiempo que recordó la importancia de llegar a un acuerdo del mix energético de país de cara al futuro.

La industria nuclear no tenía «ninguna duda» de la renovación

El Foro de la Industria Nuclear española no tenía «ninguna duda» de que el Ministerio de Industria emitiría una orden ministerial favorable a renovar la licencia de explotación de las centrales nucleares de Ascó I y II.

Así lo expresó la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, que manifestó que el sector ve este proceso «dentro de toda la normalidad» porque se conocen los niveles de seguridad de las centrales españolas.

Además, hizo hincapié en que «no podría ser de otra forma, mucho menos con el actual panorama económico» que vive España, contexto en el que indicó que la contribución de las centrales nucleares a la economía del país está «fuera de toda duda», no solo en términos de generación eléctrica sino de contribución al empleo y a trabajos de alta tecnología.

Por otro lado, respecto a la publicación de la autorización para construir un almacén temporal individualizado (ATI) para albergar los residuos radiactivos de Ascó, la presidenta del Foro Nuclear calificó de «bueno» tener un ATI, independientemente de que posteriormente se construya un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

«Son compatibles, porque en cuanto a metodología son dos instalaciones análogas y dan un buen margen a la seguridad», subrayó Domínguez, quien opinó que una de las lecciones «importantes» que se pueden extraer del accidente nuclear de Fukushima es que «siempre es bueno tener estos emplazamientos» y si hay un ATC es mejor todavía porque «se optimiza el tratamiento».

AMAC celebra la renovación de la licencia de las plantas de Ascó I y II

También la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) celebró la renovación de la licencia de las plantas de Ascó I y II (Tarragona) durante diez años más, aunque señalaron que no esperaban una decisión distinta por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Así, el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, manifestó que, puesto que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a este respecto era favorable, daban «por hecho que el Gobierno daría la licencia, si cumplía los mínimos de seguridad», ya que, además, «parece que» en este momento, la política en España es la de considerar los 40 años de edad el fin de la vida útil de una planta atómica.

Por otro lado, respecto a la publicación de la autorización para construir un ATI de residuos nucleares y combustible gastado para la central de Ascó, Vila D’Adabal dijo que se trata de «una mala noticia que demuestra la inoperancia del Gobierno».

En este contexto, recordó que España paga cada día 65.000 euros diarios a Francia por que le almacene los residuos de la central nuclear (cerrada) de Vandellós I, y que el Gobierno está gastando el fondo de reserva, que han ido pagando los ciudadanos hasta hace tres o cuatro años y que ahora pagan las eléctricas, «en cosas absolutamente provisionales que no llevan a ningún sitio». «Veremos qué pasa con la nueva Directiva Europea que obliga a gestionar los residuos y a construir un almacén temporal centralizado de residuos nucleares por cada país», concluyó.

Greenpeace acusa a Sebastián de basar su decisión «en una mentira»

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace acusó al ministro de Industria de basar su decisión de «alargar la vida» de la central nuclear de Ascó (Tarragona) en «la mentira de que superó las pruebas de estrés», ya que, según argumentó su portavoz nuclear, Carlos Bravo, estos exámenes aún no han terminado, puesto que se trata de un informe preliminar y agregó que «si se mira bien», ninguna central aprobó, porque todas tienen condiciones y aspectos que mejorar y revisar. «Ascó ni siquiera superó las pruebas de resistencia de terremotos», apuntó.

Por eso, criticó la «visión miope que de la política energética tiene el Gobierno» porque alargar la vida útil de una central «no tiene sentido» y culpó a Sebastián de haberse «tirado a la piscina para favorecer al lobby nuclear».

«No se puede dar un permiso en base a una mentira.», apostilló, al tiempo que dijo que lo que debería haberse hecho, en todo caso, sería paralizar la actividad de Ascó cautelarmente hasta que concluyan las pruebas de resistencia, ya que le tocó su renovación en medio de los exámenes.

«Sebastián engaña a la opinión pública porque el proceso no ha terminado. Es como si un profesor aprueba a un alumno que no ha superado los exámenes finales. Nos parece una vergüenza.», sentenció.

Por ello, reclamó al Gobierno que revoque la decisión del titular de Industria, ya que todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Además, Bravo recordó el compromiso electoral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar las centrales nucleares por lo que consideró que tendría que haber tomado la decisión de decretar su cierre tras el próximo 1 de octubre, cuando expira la actual licencia de explotación, y lanzar una apuesta más decidida por las energías renovables.

Ecologistas en Acción denuncia que supone una «grave temeridad»

Asimismo, Ecologistas en Acción criticó la decisión del Ministerio de Industria de renovar la autorización de explotación por diez años más a la central nuclear de Ascó (I y II) en Tarragona, lo que cree que supone una «grave temeridad» que crea «incertidumbre» por no saber «predecir su comportamiento en el futuro».

La formación criticó el alargamiento del funcionamiento de Ascó por representar el riesgo potencial que «conlleva alargar la vida de esta central que se incrementa por el inevitable desgaste que con los años se produce en la instalación».

Para la organización, a esta decisión hay que sumar la «incertidumbre» de no saber predecir el «comportamiento futuro y los factores ambientales que la envuelven». «Estos han sido claves por ejemplo en el accidente de Fukushima», alertaron.

En este sentido, denunciaron que la construcción de un Almacén Temporal Individual (ATI) para Ascó I y II «no resuelve de ninguna manera el problema de los residuos radiactivos de alta actividad que se han generado». «Tan solo se produce un nuevo escenario que aunque se pretende como transitorio puede convertirse en definitivo», precisaron.

Por todo ello, Ecologistas en Acción subrayó que el permiso de explotación para Ascó «no debería renovarse». «No solo porque han agotado ya su vida operativa sino porque adolecen de serios problemas estructurales de diseño y operatividad, como que se asienten sobre terrenos expansivos, inundables o sísmicos, entre otros, que afectarían por igual a la construcción del ATI», enumeraron.