Domínguez descartó que en la nuclear deba estar el ajuste necesario para atajar el problema del déficit tarifario, generado al ser los ingresos vía recibo de la luz insuficientes para cubrir los costes.

«Ni mucho menos tienen rentabilidades excesivas», subrayó la presidenta de esta asociación que agrupa a los titulares de las centrales nucleares españolas.

«Cuando se analice la realidad de la nuclear se entenderá que no es una energía que se pueda tocar ni que tenga beneficios extraordinarios (…). Estas instalaciones no están en situación de soportar más impuestos», defendió.

Domínguez destacó asimismo que las instalaciones nucleares ya llevan incorporadas muchas externalidades y que deben acometer crecientes inversiones.

«Una central nuclear nunca está amortizada», subrayó Domínguez, antes de advertir de que si se empiezan a poner más cargas a estas centrales puede llegar un momento en que no sean «viables económicamente».

Entre las soluciones para acabar con el déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones, algunos sectores plantearon la necesidad de revisar los costes que reciben instalaciones como la nuclear por su producción o incluso de establecer una tasa adicional sobre esta energía.

También se criticó los denominados «windfall profit», o «beneficios caídos del cielo», que recibirían las eléctricas por la producción de centrales como las hidráulicas o las nucleares y que el sector niega.

Agilizar los permisos de las nuevas plantas

Por otra parte, Domínguez pidió cambios legislativos para agilizar la autorización de nuevas plantas y garantizar la inversión en las mismas con un «fondo» que evite riesgos en el largo camino de su construcción (de 10 a 15 años).

La presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española opinó además que transcurrido casi un año de Fukushima (11 de marzo), el sector «se ha afianzado» y la percepción de los españoles sobre esta energía «ha mejorado», tras el paréntesis provocado por esta tragedia.

En el terreno doméstico, la responsable de la patronal, creada en 1962 y que reúne a las principales empresas vinculadas a la energía nuclear, aclaró que afrontar hoy la edificación de centrales «no es prioritario», pero sí es «urgente» una planificación energética a largo plazo.

Recordó, en este sentido, que el Foro estimó necesario sumar tres nuevos reactores a los ocho que están hoy operando en el país.

Así se lo la transmitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que realizó una consulta pública -por encargo de Industria- sobre las posibles medidas para atajar el déficit de tarifa.

En cuanto a los posibles emplazamientos de futuras unidades, Domínguez recordó que el programa nuclear español había concebido treinta y se hicieron estudios de ubicación, entre ellos uno «muy detallado» en Trillo (Guadalajara) para albergar un segundo reactor.

«Todos los emplazamientos son válidos», dijo la responsable, que pidió mirarse en el espejo de EEUU, un país que acaba de dar luz verde a dos nuevas centrales por primera después de 30 años. Para ello, su Departamento de Energía aprovisionó fondos por valor de 8.000 a 10.000 millones de euros para garantizar a las eléctricas la inversión en caso de toparse con «riesgos reguladores por el camino».

«No son primas, pero si el proyecto tiene un riesgo regulador en el camino y se para, la compañía tendría su inversión garantizada», defendió.

Actualmente hay 63 reactores en construcción en quince países y están planeados otros 156, sobre todo en naciones vías de desarrollo porque en las occidentales «las necesidades de demanda son menores».

Por último y en relación a Garoña (Burgos), juzgó que, con independencia del análisis de los números «puros» y «fríos», deben prevalecer otros criterios para decidir su prórroga hasta 2019.

Esta semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, informó de que Garoña registró pérdidas en 2009 y 2010 (los datos de 2011 aún no están cerrados). La planta es propiedad de Nuclenor, participada en un 50 % por Endesa e Iberdrola.

«Garoña es un poco símbolo de la energía nuclear en España», admitió y defendió que se tenga en cuenta la capacidad tecnológica de su equipo humano, el impacto socioeconómico en la zona y la aportación energética que realiza al sistema.

De acuerdo con sus datos, al final de la vida de una central se invierte «alrededor del doble de la inversión inicial (sobre todo por cuestiones de seguridad). Esto hace que en realidad nunca esté amortizada».

En 2011, los ocho reactores que operan en España aportaron el 19,6 % de la electricidad, seguida del ciclo combinado (17,37%) y la eólica (14,82%).

No obstante, el regulador atómico precisó que este dictamen «no excluye y es independiente del que deberá realizar el organismo regulador» ante una nueva petición de licencia para la instalación. «Tampoco prefigura en ningún caso el sentido o el contenido del informe que deberá realizarse sobre la licencia de la central», recalcó.

En todo caso, señaló que llegó a esta conclusión una vez analizada la experiencia operativa de la instalación y sus resultados en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC). Del mismo modo, el escrito enumeró las condiciones adicionales relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica que deben añadirse a las ya existentes en la autorización vigente.

Concretamente, el titular de la central tendrá que justificar al CSN, antes del 3 de julio de 2012, que las actividades de vigilancia, inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009 se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019 y, en caso contrario, llevará a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización.

Además, el titular de la central deberá revisará, antes del 3 de julio de 2012, los análisis realizados considerando un tiempo de explotación hasta 2013, incluyendo los análisis de experiencia operativa y de nueva normativa realizados desde julio de 2009, para comprobar que no se ha limitado el alcance o el contenido de los mismos y las acciones propuestas atendiendo al cese definitivo de la explotación en julio de 2013 y comunicará al CSN, antes de la mencionada fecha, el resultado de dicha revisión.

Igualmente, deberá comunicar, antes del 3 de julio de 2012, aquellas actividades de los programas de mejora de la seguridad establecidos para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019 que no se hayan llevado a cabo antes de la finalización de la presente autorización.

El dictamen recogió la documentación que el titular debería presentar si decidiera solicitar una autorización de explotación por un nuevo periodo de seis años. Dicha solicitud debería remitirse con fecha límite del 6 de septiembre de 2012.

Concretamente, deberá facilitar las últimas revisiones de los documentos a que se refiere la condición 3 de la Orden Ministerial vigente (estudio de seguridad, reglamento de funcionamiento, especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas, plan de emergencia interior, manual de garantía de calidad, manual de protección radiológica, plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado y plan de protección física).

A su vez, deberá aportar la revisión periódica de la Seguridad de la central, la revisión del análisis de la Normativa de Aplicación Condicionada, la revisión del estudio probabilista de seguridad; el análisis del envejecimiento experimentado por los componentes, sistemas y estructuras de seguridad de la central; análisis de la experiencia acumulada de explotación durante el periodo de vigencia de la autorización que se quiere renovar; análisis de cumplimiento de los actuales límites y condiciones asociados a la autorización hasta 2013, y cumplimiento de las Instrucciones Técnicas complementarias asociadas.

Igualmente, deberá presentar un programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear Fukushima, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN.

Adicionalmente, clarificó que en caso de que el titular presentara una nueva solicitud y sin prejuzgar el contenido del dictamen del CSN sobre la misma, el Consejo exigiría, en todo caso, que se realicen las modificaciones de diseño requeridas en el informe aprobado el 5 de junio de 2009 (que fueron excluidas al limitarse el período de la autorización a cuatro años).

Nuclenor reitera su voluntad de operar Garoña tras 2013

El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nucleanor consideró que es una «decisión positiva» que el informe del CSN no vea impedimento en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda revocar la orden de cierre de esta planta atómica en julio de 2013.

Así, según aseguró Antonio Cornadó, director de comunicación de Nuclenor, la voluntad de Nuclenor es «seguir operando» la planta más allá de 2013, hasta 2019, y que con este objetivo está «cumpliendo y manteniendo todas las condiciones del dictamen de 2009, tanto lo que se puede como en lo que no se puede hacer» porque la prioridad es que la planta se mantenga en «las mejores condiciones posibles para poder operar el tiempo que sea». «Estamos cumpliendo a rajatabla», aseveró, aunque subrayó que, ahora «toda la iniciativa está en manos del Ministerio».

En todo caso, hasta superar julio de 2013, recordó que primero tiene que modificarse la órden ministerial de cierre, a continuación el CSN tendría que emitir un informe favorable a su continuidad y, después, el Gobierno tendría que tomar una decisión a favor o en contra de que siga operando.

«Primero tiene que levantarse la barrera que nos impide actuar contra la orden de cierre de 2013», añadió, en alusión a la necesidad de que el Ministerio que dirige José Manuel Soria, tendrá que revocar dicho cierre.

Finalmente, aunque reiteró que la voluntad de Nuclenor «siempre» fue seguir operando, antes deberá conocer en qué condiciones, porque, a su juicio, para cualquier industria, es importante conocer cuál es su horizonte.

El informe del CSN es «muy positivo» pese a la situación «atípica»

El Foro de la Industria Nuclear calificó de «muy positivo» el informe del CSN que no ve impedimento a la posibilidad de revocar la Orden Ministerial de Industria que decretaba el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para julio de 2013, la cual hará «todo lo necesario» para cumplir.

Así, la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, explicó que con este informe la energía nuclear demuestra una vez más su «capacidad de planificación» y dijo que el camino para retomar la operación de la licencia de Garoña más allá de 2013 «no era fácil», porque era una «situación atípica».

Además, añadió que este informe fue posible porque ha sido «solo» bajo la decisión firme del explotador de querer continuar explotando Garoña y la confirmación del CSN de que esto puede ser así, lo que permitirá que esto pueda acometerse de una forma «ordenada», dentro de unos plazos y cumpliendo los requisitos de seguridad que dicta el CSN.

«Una vez más se vuelve a demostrar la fortaleza de la energía nuclear como fuente de energía y como sector con un convencimiento de que las centrales pueden operar y eso es un bien para la sociedad», valoró.

En este contexto, Domínguez opinó que, pese a que únicamente el CSN es el que puede decir si Garoña podría seguir en funcionamiento hasta 2019, «no hay ningún indicio para pensar que no pueda haber un dictamen positivo a la continuidad».

«El proceso está desencadenado con una continuidad hasta la renovación de la licencia», apostilló, al tiempo que ha agregado que este es «un buen ejemplo de la buena reacción y planificación, un valor importante en la energía nuclear en la que no se improvisa nada».

Finalmente, apuntó que «retomar» el camino de Garoña es «muy importante» para los inversores, ya que se reconoce el valor de la energía nuclear en un momento «complicado» para la economía, en el que «quizá se vea un camino nuevo para que España fortalezca su tejido industrial».

Los ecologistas ven «lamentable» el «precipitado» informe del CSN

Por su parte, las organizaciones ecologistas consideraron «lamentable» y «precipitado» el informe del CSN, que no ve impedimento en que el Gobierno pueda revocar la Orden Ministerial de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), previsto para julio de 2013, cuando es «una temeridad» que la planta opere hasta 2019.

Así, el portavoz de energía de Greenpeace, Carlos Bravo, explicó que considera «lamentable» que el regulador no haya esperado a que terminasen las pruebas de estrés, ya que ahora se está revisando en el seno de la Unión Europea los informes finales de las pruebas de resistencia de los organismos reguladores de los distintos países en distintos grupos de trabajo.

En este sentido, advirtió de que los reguladores europeos podrían llegar a conclusiones «distintas» a las del informe final del CSN, algo que le puede pasar a España y a otros países.

A su juicio, este hecho «demuestra» que los estrés test son «un auténtico paripé» y que el regulador ya lo sabe, por lo que se pronuncia de esta manera, o bien, demostraría que el CSN es un «organismo decantado por la industria nuclear», por lo que no es «totalmente independiente», sino «plegado» a los intereses del Gobierno.

De este modo, criticó que el Gobierno quiere renovar una central amortizada, con «graves problemas» de inseguridad, que está «obsoleta» y que es «totalmente prescindible».

Bravo recordó que estos supuestos fueron ratificados por la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2011 que exponía que la orden de cierre era legal y estaba bien justificada. Dicha sentencia, ahora recurrida por el titular de Garoña (Nuclenor) ante el Tribunal Supremo, añadía que la planta atómica burgalesa no era esencial para el suministro eléctrico y que su generación se compensaba con la producción de energías renovables.

«España sigue siendo netamente exportador de electricidad y la que exporta al año es varias veces la energía que produce Garoña. Esta central no nos hace falta y su cierre disminuiría el riesgo de accidente nuclear y propiciaría avanzar hacia un aumento de las energías limpias«, apostilló Bravo que anunció que Greenpeace seguirá «luchando desde todos los frentes para que no se reabra», aunque de momento no podrán presentar ningún recurso contra el Gobierno hasta que no se revoque la actual orden.

De este modo, vaticinó que «mucho» se teme Greenpeace que el CSN volverá a «demostrar su falta de independencia» respecto a 2009, cuando emitió un informe favorable por 10 años de operación. En cualquier caso, consideró que el Gobierno debía haber decretado su cierre, justo después del accidente en la central nuclear de Fukushima (Japón) el 11 de marzo pasado.

Mientras, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón manifestó que «desgraciadamente» no les sorprendió la decisión del regulador español porque coincide con el informe que emitió cuando el PSOE se lo pidió.

Sin embargo, destacó que, en este caso, el CSN introduce un «nuevo concepto» que es de la autorización condicionada, que consiste en que deberá adoptar una serie de medidas en 2013 y 2015 para poder operar hasta 2019.

«Nos parece una temeridad que opere hasta 2019», apostilló Castejón porque, en su opinión «se ha pasado totalmente por encima de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima», ya que no tienen en cuenta los accidentes de origen externo, por lo que las pruebas de estrés «han demostrado la debilidad de Garoña».

Para Ecologistas, esta decisión «era de esperar», ya que se trata de un organismo «dirigido» por cinco consejeros «pro-nucleares» –dos del PP, dos por el PSOE y uno por CiU–. «La petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad», señaló.

Finalmente, pronosticó que «desgraciadamente» Ecologistas en Acción se teme que el dictamen que emita el CSN en el futuro en que se informe sobre la ampliación de la licencia de operación de la central, será «favorable a la continuidad» porque no están observando un «cambio de a actitud serio» en el organismo regulador.

«Sigue adelante», recalcó el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas antes de participar en una reunión de los ministros de Energía de los Veintisiete para hablar de las infraestructuras energéticas prioritarias en Europa y los objetivos en energía que marca la estrategia 2020.

«El Gobierno ha tomado esta decisión, que es una decisión más que política de sentido común», insistió el ministro, descartando así que el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy dé marcha atrás en la construcción del ATC en la localidad de Cuenca.

«Llegué a un acuerdo con la presidenta de Castilla La Mancha, con Dolores de Cospedal, y esa es la razón por la cual va el emplazamiento en Villar de Cañas», recordó el titular de Energía, que insistió en que la decisión sobre el almacén «no podía esperar más» dado que España desembolsa a diario 60.000 euros por almacenar de forma temporal sus residuos nucleares en Francia en la actualidad.

El ministro insistió en que «prácticamente todos los trámites» para crear este almacén fueron «realizados por parte del anterior Gobierno» y que el Ejecutivo del PP sólo tuvo que «elegir de entre los ocho emplazamientos que cumplían el 100% de los objetivos». Además defendió que el almacén «tiene todas las bendiciones y todo el respaldo» del Ayuntamiento de Villar de Cañas.

Soria subrayó además que el ATC implicará una inversión de «aproximadamente unos 800 millones de euros» porque a su juicio contribuirá a «crear mucho empleo» y además defendió que «el desarrollo de un parque tecnológico y empresarial» que también será creado junto con el almacén «va a dar un impulso no sólo a Villar de Cañas sino a toda la zona».

Entre mil y cinco mil personas (según las cifras de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y de los organizadores, respectivamente) se concentraron en Villar de Cañas este fin de semana para mostrar su rechazo al ATC.

Los ecologistas y partidos como Izquierda Unida y Equo acusaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy de haber tomado esta decisión por razones políticas, sin contar con la opinión ciudadana y con una rapidez inadecuada, solo nueve días después de la toma de posesión cuando la polémica cuestión había estado encallada durante siete años.

El único ATC que existe en España es el de El Cabril (Córdoba), que tiene capacidad para tratar solo residuos de baja y media actividad, de manera que los de alta radiactividad son almacenados en las piscinas de las propias centrales nucleares o en sus almacenes temporales en seco (como es el caso de Zorita).

Estos contenedores están al límite de su capacidad, por lo que buena parte de los residuos se envían a Francia para ser almacenados, lo que supone el pago de 60.000 euros diarios al país galo por incumplir el plazo previsto de almacenamiento de los residuos, al no contar con una sede en España para devolverlos.

Cospedal recrimina al PSOE que solo vaya las manifestaciones a protestar

Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que la manifestación que se celebró el pasado domingo en contra de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) tuvo «poco éxito», y recriminó al PSOE que «no se puede ir solo a protestar a los sitios». A su juicio, «antes hay que haber dado oportunidad a los pueblos y los pueblos no se pueden morir».

Preguntada por esa manifestación durante una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Cospedal dijo que «comprende» las declaraciones del primer edil de Villar de Cañas, José María Saiz, cuando dijo que el expresidente regional José María Barreda –que secundó la manifestación– no sabía si existía o no consenso social en torno a este asunto porque «era la primera vez» que iba al municipio desde que él era alcalde.

Dicho esto, indicó que en la localidad conquense «hay unanimidad» al igual que existe en la provincia y entre todas las organizaciones sociales de la misma, de la que forman parte «toda suerte de colectivos», que dijeron que la ubicación del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas es «una gran noticia».

En cualquier caso, la presidenta regional defendió que la instalación del ATC va a permitir «hacer unos centros de investigación tecnológicos muy importantes» que harán que se pueda mantener «un espacio de creación de riqueza y puestos de trabajo» en una provincia que pierde población todos los años, «que está muy deprimida» y que estuvo «olvidada por la Junta», que no creó allí ninguna infraestructura que deje riqueza.