El mismo fabricante es el responsable de veintidos reactores repartidos en todo el mundo, entre ellos una decena en Estados Unidos, nueve en Europa -dos en España, dos en Países Bajos, dos en Alemania, uno en Suecia, dos en Suiza– y otro en Argentina, según el diario galo «Le Monde«.

Según confirmaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en España hay dos centrales que compraron los materiales para fabricar sus vasija en el misma empresa: la de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

«Estas centrales tienen que cerrar de forma permanente si encontramos fisuras serias. Esperamos que todos estos países lleven a cabo inspecciones, especialmente si descubrimos que también hay fisuras en Tihange», explicó De Roovere en una entrevista publicada este sábado en el diario «De Morgen«.

De Roovere, que informó a expertos nucleares de varios países, incluido España, sobre los problemas detectados en Doel III, puso en duda la continuidad del reactor belga a partir del 31 de agosto por las fisuras descubiertas -8.000 de dos centímetros– en la vasija del reactor, que permanecerá cerrado hasta entonces para concluir los análisis técnicos definitivos.

Este hecho, fue calificado por la Agencia Internacional de Energía Atómica como un suceso de nivel 1 en la escala INES. Pero más allá de la clasificación de lo descubierto se consideró que el verdadero problema radica en el procedimiento de detección.

Según parece la inspección de la vasija del reactor Doel-III se llevó a cabo mediante un nuevo tipo de equipo de detección ultrasónica que no se había aplicado antes, y en unas zonas de la vasija que no eran sometidas a inspección de manera rutinaria. Lo que explicaría que el fenómeno estuviese tan extendido.

De Roovere reconoció que será «muy difícil» probar la seguridad total del reactor tras recordar que nunca antes se ha cambiado una vasija de un reactor nuclear en ninguna parte del mundo y confirmó que en Bélgica revisará la seguridad de todos los reactores sin excepción.

La agencia nuclear belga consideró en todo caso que la reparación de la vasija es «prácticamente imposible» y no sería la opción adecuada por los riesgos de radiación y por el riesgo de provocar más fisuras en las paredes de la vasija.

Los fallos detectados en Doel III, a priori achacados a un fallo de fabricación de la vasija, fueron descubiertos en el marco de una inspección de seguridad rutinaria en la central, que llevaron a su cierre provisional a principios de junio.

De Roovere reconoció al diario «De Morgen» que estaría «sorprendido» si no se detectan problemas similares a Doel III en el segundo reactor de la central belga de Tihange, cuyas inspecciones se llevarán ahora a cabo. «Hay más del 50% de probabilidades que encontremos fallos de fabricación similares», admitió, aunque hasta «mediados de septiembre» no se conocerán los resultados de los controles.

Aunque las primeras pruebas en Doel III apuntan a un fallo de fabricación en la vasija, el director de la agencia nuclear belga no descartó que las fisuras detectadas puedan deberse a un problema de calidad del acero empleado en su fabricación, algo que podría dar lugar «a un problema a nivel mundial» porque afectaría a todos los reactores de la misma generación que Doel y Tihange, es decir, alrededor de 350 del total de 450 que existen en todo el mundo.

De Roovere reconoció que el cierre de ambos reactores en Bélgica provocaría problemas de suministro eléctrico en el país en invierno, dado que se perdería una producción de unos 2.000 megavatios.

La Comisión Europea espera que los diferentes países realicen inspecciones en sus reactores y prometió «extraer las lecciones» a raíz de los problemas detectados en Doel III. En este sentido, apostó por que la legislación europea y nacional que cubre aspectos como la calidad de los materiales de las centrales nucleares y las normas sobre la protección de los empleados de las mismas «deben ser revisadas y controladas por las autoridades y los reguladores nacionales».

IU de CyL y la CEAN exigen la paralización de Garoña y Cofrentes

Por su parte, Izquierda Unida en Castilla y León y la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN) exigieron la paralización de las centrales de Garoña y Cofrentes, después de que la FANC anunciara su decisión de cerrar el reactor nuclear Doel-III ante la detección de problemas de degradación de la vasija, cuyo fabricante sería el mismo en las tres instalaciones citadas.

A través de un comunicado, calificaron de «irresponsabilidad» que los representantes del CSN asistentes a la reunión en Bruselas aún no hayan informado directamente de los resultados de la reunión y de la información que fue puesta en su conocimiento.

«Creemos que es una negligencia que, dada la gravedad de los datos disponibles, el pleno del CSN no se haya reunido para decidir e informar sobre las medidas a aplicar en el caso de Garoña y Cofrentes, las centrales que pueden estar afectadas potencialmente por el mismo problema», censuraron IU y la CEAN.

Por ello, solicitaron al CSN y al Gobierno que, como medida de precaución, procedan a ordenar la parada inmediata de las centrales nucleares de Garoña y Cofrentes, y que determinen con urgencia un procedimiento para aplicar a las vasijas de ambas centrales las pruebas técnicas realizadas a la central de Doel-III, informando en el plazo más breve posible de los resultados de las mismas.

Desde IU en Castilla y León y la CEAN consideraron que lo sucedido en la nuclear de Doel-III y la transparencia informativa, independencia de criterio y visión del problema manifestada por la agencia reguladora belga FANC contrasta vivamente con la actitud histórica mantenida desde el CSN.

Además, se reafirman en que los hechos de Doel-III justifican su petición de un calendario de cierre ordenado y urgente de las centrales nucleares en funcionamiento, comenzando por la central de Garoña, a la que los acontecimientos de Doel-III añaden un nuevo argumento a una relación ya abrumadora de motivos para su cierre inmediato.

Asimismo, la diputada de Esquerra Unida en las Cortes valencianas, Marina Albiol, reclamó el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) tras las advertencias realizadas por Willy de Roovere, y resaltó que el reactor supone un riesgo «real y latente» para la población.

Para Albiol, la decisión del Gobierno de mantener la central nuclear valenciana en funcionamiento es una «actitud irresponsable y peligrosa» y recordó que el Gobierno afirmó en una respuesta al diputado de EUPV-Els Verds en el Congreso, Ricardo Sixto, que mantendría abierta Cofrentes a pesar de los numerosos incidentes.

«Las recomendaciones de Bélgica muestran claramente que hay que cerrar Cofrentes y hay que hacerlo pronto«, insistió la diputada, que contrapuso la «pasividad» del Gobierno español frente a las medidas tomadas por el Ejecutivo belga, que revisó todas las centrales nucleares que tenían a la empresa Rotterdam Droogdok Maatschappij como proveedora.

«Sorprende la inactividad del Gobierno español y el poco interés en un asunto tan grave para la seguridad de la población«, concluyó Albiol.

«Personalmente no estoy para nada convencido de que todo esté listo para septiembre como dice Electrabel (operadora de la planta nuclear de Doel)», reconoció De Roovere en rueda de prensa tras la reunión de expertos nucleares de varios países, incluido España, para analizar la situación de la central belga, ubicada cerca de Amberes, en el norte del país.

El director de la agencia nuclear belga recordó que gracias al control rutinario sobre las instalaciones de Doel que empezaron a principio de junio, cuando se cerró la planta, pudieron «detectar indicaciones de fallos en Doel III que merecían análisis complementarios» y afirmó que será «muy difícil» probar la seguridad total del reactor tras recordar que nunca antes se cambió una vasija de un reactor nuclear.

«Nos tomamos muy en serio estas indicaciones de fallos (de fabricación) y los hemos presentado aquí durante la reunión internacional de las autoridades de seguridad nuclear», insistió, al tiempo que informó del cierre del reactor dos de la planta nuclear belga de Tihange para una revisión prevista desde hace tiempo.

«Se hará el mismo tipo de inspección que para el reactor de Doel III dado que la vasija ha sido fabricada por el mismo fabricante RDM en los años 70«, precisó, recordando que ambos reactores no representan «ningún peligro para la población, los trabajadores o el medio ambiente» puesto que fueron paralizados.

La AFCN informó el pasado 9 de agosto del cierre temporal, en principio, hasta finales de agosto, de un reactor en la central nuclear de Doel III para analizar las «numerosas anomalías» detectadas en su vasija y considera que su reparación no es «prácticamente imposible» aunque no sería la opción adecuada por los riesgos de radiación y por el riesgo de provocar más fisuras en las paredes de la vasija.

Las investigaciones iniciales apuntan a la marca holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, fabricante de la vasija afectada y que en la actualidad ya no existe, según recogen los medios belgas.

El mismo fabricante es el responsable de una veintena de reactores repartidos en todo el mundo, entre ellos una decena en Estados Unidos, nueve en Europa —dos en España, dos en Países Bajos, dos en Alemania, uno en Suecia, dos en Suiza– y otro en Argentina, según el diario galo «Le Monde«.

Según confirmaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en España hay dos centrales que compraron los materiales para fabricar sus vasija en el misma empresa: la de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

De Roovere no se quiso pronunciar sobre el posible impacto de los problemas detectados en la vasija del reactor belga para otros reactores nucleares en otros países y remitió a las autoridades de seguridad nucleares nacionales, aunque sí dejó claro que Bélgica revisará la seguridad de todos sus reactores.

Reunión de expertos nucleares

Expertos nucleares de nueve países, incluido España, intercambiaron información sobre «controles e integridad de las vasijas de los reactores» nucleares en el marco de una reunión convocada por la AFCN tras detectarse problemas en las vasijas del reactor número tres de la planta belga de Doel.

«Esta toma de contacto internacional permitió intercambiar experiencias en materia de controles e integridad de las vasijas de los reactores», explicó el director general de la AFCN, que recordó que el objetivo de la reunión era presentar por parte de la agencia nuclear belga «el estado de situación sobre la vasija del reactor número tres de Doel» al resto de expertos nucleares, a las que también informaron sobre «los controles complementarios exigidos por la AFCN».

A la reunión en Bruselas acudió por parte de España la jefa de área de ingeniería mecánica y estructural del Consejo de Seguridad Nuclear, Belén Sánchez, junto a expertos nucleares de Estados Unidos, Francia, Suiza, Suecia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Bélgica.

De Roovere dejó claro, no obstante, que en Bélgica no se tomará una decisión sobre la conveniencia o no de cerrar la central belga de Doel hasta que se concluyan «los análisis complementarios» a finales de septiembre.

«Estos análisis serán presentados ante un foro internacional de expertos en octubre –la fecha todavía no está confirmada– para poder pronunciarse de forma totalmente neutral sobre el futuro de Doel III», explicó. Posteriormente, habrá una segunda reunión de los responsables de seguridad nuclear en la AFCN a lo largo del mes de octubre.

Aunque la Comisión Europea consideró «evidente» que los Estados miembros realizarán controles de seguridad de estos reactores, reconoce que sólo les puede hacer recomendaciones y que no puede imponer ninguna decisión, incluido el cierre potencial de instalaciones.

Eguzki informó de que la reforma energética que prepara el Gobierno central contempla un impuesto general del 4% para todas las tecnologías del régimen ordinario, tasa que afectaría a la energía nuclear, a la que también se le gravaría con una adicional por sus residuos.

Para los ecologistas, este impuesto «no es conciencia de la posición abusiva del lobby de las empresas nucleares, ni de la sensibilidad hacia la seguridad de la población o de la generación de residuos, sino de un filón, el nuclear, al que se le ha puesto la alfombra roja». «Se le ha considerado un bien en sí mismo por generar energía, sin valorar la forma ni los residuos que genera, sino tan solo su capacidad de producción», resaltó.

Sin embargo, señaló que los residuos nucleares, «que permanecen siglos en condiciones inciertas, son costeados por la sociedad, con lo que la seguridad o medidas parciales para paliar la inseguridad nuclear y el almacenamiento y control de los residuos, son un coste social».

Según explicó, «para funcionar hasta el año 2019, la central nuclear de Garoña tendría que acometer inversiones que el sector cifró en 100 millones por las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), consecuencia de un acuerdo europeo tras las muestras de Fukushima, y más si cabe ante la parada de la planta belga de Doel, del mismo fabricante que Garoña».

En este sentido, criticó que accidente de la central de Fukushima (Japón), cuyo primer reactor es gemelo al de Garoña, «no cambió la decisión pro nuclear del PP, mientras Alemania, Suiza, Italia y Bélgica daban marcha atrás en sus planes atómicos».

Asimismo, recordó que Industria publicó el pasado 3 de julio la orden para mantener Garoña hasta el año 2019, seis años después de la fecha de cierre fijada por el Gobierno anterior.

Por otro lado, denunció que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) limitó sus ultimas inspecciones a la central de Almaraz (Cáceres), «dejando Trillo (Guadalajara) y Garoña fuera del circuito de los inspectores».

«No pasar controles y no asumir el coste de ninguna carga impositiva es la demostración de que el lobby nuclear se impone a gobiernos y decisiones populares, cargando los costes de su explotación a la población, mediante una exención fiscal que aspiran y airean en los medios como chantaje social a la producción energética, algo totalmente inaceptable», lamentó.

Eguzki explicó que Garoña es «insegura», ya que la central burgalesa es «similar a la de Doel, parada por fallos este mes, y Fukushima, parada tras su siniestro», por lo que advirtió de que su funcionamiento supone «colocar a más de un millón de personas ante el riesgo nuclear».

Para el grupo ecologista, «prorrogar la central mediante la exención fiscal, evidencia más a las claras el negocio de Garoña, una central amortizada totalmente que no asume ni pagar una parte de impuestos». «La responsablidad de los efectos que se puedan producir corresponde al gobierno de Rajoy, y sus adláteres el diputado general de Álava, Javier de Andres y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto», concluyó.