En declaraciones a TVE, Soria confesó que la renuncia de los operadores a la prórroga «ha sido una sorpresa» y apuntó que «la central podría haber operado otros seis años», siempre que cumpliese con los requisitos de seguridad que establece el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Soria insistió en que no encontró «ningún tipo de explicación a que los operadores hayan renunciado a pedir la prorroga», ya que se trata de una central que «está amortizada» y que produce 466 megavatios de energía como capacidad potencial, lo que «supone un 6,6% de toda la energía nuclear que se produce en España y un 1,6% de toda la energía de España.

En este sentido, el ministro mostró la predisposición del Gobierno a ampliar la vida de la central, pero recordó que la empresa que explota Garoña, Nuclenor -formada al 50% por Iberdrola y Endesa-, «no pidió la prórroga antes del 5 de septiembre» y, por lo tanto, «el Gobierno no la puede dar». «Es su derecho y no vamos a forzar a nadie para que amplíe este plazo», sentenció.

Todo apunta a que «no cabe marcha atrás». El asunto tiene «mala pinta»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, admitió su preocupación ante la decisión de Nuclenor de no pedir la prórroga para el funcionamiento de este reactor.

«Todo apunta a que no cabe marcha atrás», afirmó el presidente de la Junta en una entrevista al «Diario de Burgos» en la que llegó a asegurar que este asunto tiene «mala pinta» en cuanto a la reversalidad de la decisión ya que la formalización de la prórroga en plazo forma parte del conjunto de condiciones del CSN.

El jefe del Ejecutivo regional fue más allá en sus declaraciones y aseguró haber hablado con el ministro de Industria, quien no se mostró muy optimista respecto a la posibilidad de reconducir la situación.

«Espero que la empresa no haya tomado la decisión sin conocer que legal o administrativamente no hay paso atrás porque me parecería una frivolidad y más sin comunicarlo y sin poner encima de la mesa una decisión de cierre o un plan para estudiar alternativas», manifestó el presidente de la Junta.

«Nuclenor tiene la obligación de dar todo tipo de explicaciones y no refugiarse en argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen, que ofenden a la inteligencia y a la esperanza de sus trabajadores, a la de toda una comarca y al compromiso activo de muchas instituciones», sentenció el presidente, que tildó la decisión de la empresa de «capricho».

Herrera, que se confesó consciente de que hay «un pulso» y una «lucha soterrada» en relación al déficit de tarifa, a los impuestos y a la definición de la política energética, restó importancia al hecho de que la ecotasa anunciada en su día por la Junta haya sido una razón para no pedir esa prórroga. Según recordó a este respecto, la Junta «siempre» dijo que no tomaría ninguna decisión hasta que estuviera segura la vida futura de la central y su viabilidad económica, «nunca antes».

Finalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León reconoció que en estos momentos no hay un «plan B» si bien recordó que la «destrucción» de una central nuclear conlleva más actividad económica que su mantenimiento.

Juan Vicente Herrera defendió asimismo la posición de la Junta de Castilla y León en los últimos años respecto al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Nos hemos mojado y hemos luchado por la racionalidad», significó el presidente, que reprochó ahora a Nuclenor lo mismo que cuestionó en su día al Gobierno socialista: «Ustedes dejan caer caprichosamente la central».

En este sentido, lanzó una pregunta a los responsables de Nuclenor para saber si calcularon el alcance de esa decisión. «Si la respuesta es no, me parece una temeridad y si la respuesta es sí, es tremendo porque supone el reconocimiento de una contradicción», sentenció Herrera que aprovechó la ocasión para recordar que a raíz de la decisión del anterior Gobierno «estos señores» plantearon una reclamación de lucro cesante que valoraron en mil millones.

«Hoy estamos hablando de que el cumplimiento de las condiciones del CSN se estiman entre 100 y 120 millones. Por lo tanto, estamos sorprendidos, disgustados y enfadados«, concluyó el presidente.

Asimismo, el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, reconoció que la planta nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina (Burgos), está en estos momentos más cerca de no tener actividad que de tenerla y, tras confesarse «muy preocupado» por el futuro laboral y económico de esta zona, ha recordado que en la vida «no hay nada que no tenga solución, menos la muerte».

De este modo se pronunció tras la reunión mantenida con los ejecutivos de Nuclenor, con el director de la Central Nuclear, José Ramón Torralbo, a la cabeza, un encuentro en el que los responsables del reactor burgalés le trasladaron su voluntad de reconducir la situación, una vez que la pasada semana la empresa decidiese no solicitar la prórroga de la vida útil de la planta hasta el año 2016.

Estas son las dos principales conclusiones de esta reunión solicitada la pasada semana por la Junta, que aprovechó para trasladar su «sorpresa sincera» y su «decepción» ante la decisión final de Nuclenor de no solicitar la prórroga ya que, según defendió, la empresa había trasladado siempre al Gobierno autonómico su «voluntad» e «interés» por hacer efectiva esa posibilidad de continuidad, máxime cuando el cambio en la regulación de la energía «se sabía desde hace mucho tiempo».

A su juicio y así se lo trasladó a los directivos de Nuclenor, la empresa debería haber solicitado en tiempo esa prórroga de la vida útil de Garoña, como establecía el CSN, ya que dispondría de «otros mecanismos» después para desistir de esa posibilidad que obliga a los propietarios (Iberdrola y Endesa) a realizar inversiones por 120 millones de euros, muy lejos, en su opinión, del lucro cesante que en su día reclamó la propia compañía por el cese de la actividad.

Tras expresar su «respeto» por la «decisión incomprensible» adoptada finalmente por Nuclenor, Villanueva aseguró no entender los motivos de la empresa para no pedir en tiempo esa prórroga al apelar a una «supuesta incertidumbre» en el marco regulatorio y aclaró que los directivos le aseguraron en este encuentro que en su decisión no tuvo nada que ver un posible tributo autonómico a este tipo de energía, «entre otras cosas porque la Junta nunca ha pensado en este tributo en las actuales circunstancias de terminación de su actividad en el año 2013.

También, apeló a la voluntad y al «esfuerzo» de ambas partes para que se sienten a negociar «de forma inmediata» para reconducir la situación actual, a la que tildó de «difícil», si bien admitió desconocer las posibilidades jurídicas y administrativas de una posible prórroga para esa solicitud de continuidad de la vida útil de Garoña.

Villanueva reiteró el interés del Gobierno de Castilla y León porque la actividad continúe siempre que esté garantizada la seguridad de la planta, una decisión que tomarán los responsables de Nuclenor una vez conozcan el nuevo marco regulador y despejen las dudas sobre las tasas. «Harán sus números y verán su viabilidad», explicó el consejero, que rechazó cualquier tipo de presión o chantaje por parte de unas empresas «serias».

«Vamos a ver cómo evolucionan las cosas», concluyó el titular de la cartera de Economía y Empleo en el Gobierno de Castilla y León, que aseguró que de no producirse finalmente esa prórroga de la actividad la Junta pedirá a las compañías propietarias y al Gobierno de España un plan alternativo real para la zona, «y no precipitado como la otra vez» –en referencia al plan de reestructuración del Gobierno socialista–, que, según admitió, tampoco será fácil ante la actual coyuntura de la economía.

Finalmente, informó de que los responsables de Nuclenor le trasladaron «de forma inequívoca» la «garantía absoluta» del «buen funcionamiento» y del «buen estado» de las instalaciones de Santa María de Garoña que mantiene todos los indicadores en el estado verde en las evaluaciones trimestrales que realiza el CSN. «Estas instalaciones no tienen ningún problema», sentenció.

Greenpeace pide al CSN que aclare las condiciones del cierre

Greenpeace envió una carta al CSN en la que solicitó una aclaración sobre los procedimientos que van a seguir en el desmantelamiento de la central nuclear tras la renuncia de la empresa Nuclenor a la renovación de la explotación.

Desde Greenpeace recordaron que el pasado 5 de septiembre el ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció en el Congreso que el plazo para esa solicitud no iba a prorrogarse.

«Esa misma tarde, Nuclenor comunicó por escrito que no solicitaría la ampliación, y la vicepresidenta del Gobierno confirmó que según el Gobierno no cabe alargar los plazos, y culpa a las eléctricas de esta situación».

Por ello,»el CSN debe aclarar inmediatamente cuáles son las condiciones de cierre tras saber que los titulares no van a continuar con la explotación, y que el Gobierno así lo reconoce», manifestó la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

CCOO reclama la reactivación del plan de revitalización económica de Garoña

Por último, Comisiones Obreras reclamó al Gobierno que reactive el plan de revitalización económica de Santa María de Garoña tras la decisión de la empresa propietaria de la central nuclear de no solicitar la prórroga de su funcionamiento.

El sindicato exigió la convocatoria del Consejo para la Dinamización de la Economía y el Empleo de Garoña que fue desactivado cuando el Gobierno anuló la orden de cierre para permitir la prórroga de su funcionamiento.

CCOO critica que la central de Garoña «ha superado su vida útil y presenta insuficiencias de seguridad que supondrían un riesgo» si continuara en funcionamiento.

Por esta razón, considera que la «desacertada» decisión del Gobierno permitiendo la prórroga ha ido acompañada de la «paralización del plan de reindustrialización para las comarcas en las que se sitúa la central».

Este plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de 100 millones de euros entre 2010 y 2013, aunque los fondos para 2012 fueron paralizados.